La fiebre del cobalto en el Congo.

Jérôme Duval

(El Salto)

Para el pueblo congolés la historia se repite. En tiempo en los que los smartphones y los automóviles eléctricos marcan la pauta, las vastas reservas de cobalto situadas en el subsuelo de la República Democrática del Congo son objeto de codicia por parte de las grandes multinacionales. Empresas chinas y el gigante minero suizo Glencore se reparten un jugoso mercado.

Históricamente, las industrias extractivas de los países occidentales han tenido un papel central en el pillaje de las materias primas no agrícolas de los países del Sur. Según un informe de la Comisión Económica para África, “La mayor parte de los capitales privados extranjeros invertidos en África, entre 1830 y 1935, fueron destinados a la industria extractiva y buena parte de las inversiones públicas coloniales iban destinadas a este sector.”

Un siglo después, esta explotación continúa a un ritmo desenfrenado a pesar de su contribución al cambio climático y de las indiscutibles consecuencias negativas que la explotación minera ha tenido para el grueso de la población y su medio ambiente. De acuerdo con un informe de la WWF publicado en 2015, un tercio del patrimonio natural mundial se encuentra actualmente amenazado por la explotación petrolera, de gas o minera. Un sector que se encuentra controlado por gigantes industriales como Glencore – fundada por Marc Rich, un hombre de negocios con un pasado dudoso – y sus 107 filiales offshore.

UN BOOM DEL COBALTO ALIMENTADO POR LA ESPECULACIÓN

Junto al litio, el cobalto es parte importante de las baterías de litio-ión de los teléfonos móviles de última generación, los smartphones. Aproximadamente un cuarto de la producción mundial de cobalto es utilizada en este tipo de teléfonos. Esas mismas baterías deberían equipar nuestros vehículos eléctricos llamados también “vehículos limpios”, pues se supone que liberarán a la humanidad de los hidrocarburos y contribuirán a disminuir nuestras emisiones de gas de efecto invernadero.

La República Democrática del Congo, a pesar de ser uno de los Estados más pobres del planeta, está repleta de riquezas. No obstante, desde su colonización por parte del rey de los belgas Leopoldo II, esas riquezas (recursos hidráulicos, oro, diamante, cobre, coltan, uranio y cobalto) han sido explotadas sistemáticamente para el único beneficio de los intereses occidentales. Este país, que es el mayor productor de cobre de África, posee la mitad de las reservas de cobalto de todo el planeta y asegura mas del 50% de su producción, o sea, cerca de 66.000 toneladas de un total global aproximado de 123.000 toneladas en 2016. Los beneficios de esta producción se concentran mayoritariamente en las manos del gigante suizo Glencore (en las minas de Kamoto Copper Company y de Mutanda Mining) y de las firmas chinas China Molybdenum (TFM) y CDM. Para este año 2018, Glencore proyecta producir aproximadamente el 35% de la producción mundial de este metal precioso.

La República Democrática del Congo posee la mitad de las reservas de cobalto de todo el planeta. El otro gran productor es China. La producción mundial de cobalto está concentrada en dos países: la República Democrática del Congo, sumida en un profundo marasmo político, y China, que es el segundo productor mundial. Esto implica riesgos importantes para empresas multinacionales que dependen fuertemente del suministro de este recurso, tales como Apple, Samsung, Volkswagen o Tesla. De hecho, recientemente, Volswagen anunció su decisión de instalarse en Ruanda para construir una fábrica ensambladora, con el propósito de acercarse a los yacimientos de cobalto de la RDC.

FISCALIDAD REDUCIDA

Es de notar que el mismo Estado congoleño se beneficia muy poco de los ingresos del cobalto, pues según Albert Yuma, presidente de la Federación de Empresas del Congo (FEC) y de la empresa estatal (Gecamines) que explota el cobre y el cobalto en la RDC, solamente 88 millones de dólares (83 millones de euros) de un total de 2.600 millones de dólares de ingresos producidos por las compañías privadas en 2016, fueron a parar a las arcas de Gecamines. Incluso Martin Kwabelulu, ministro de minas de la RDC y cercano al presidente de la República Joseph Kabila, afirmó su deseo de aumentar la tasa de imposición fiscal y “en consecuencia, revisar el código minero ya obsoleto”.

Este código minero que favorece excesivamente a los capitales extranjeros, fue adoptado en 2002 bajo el dictado del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. La tasa de imposición fiscal inscrita en este código es de solamente del 2% para el cobre y el cobalto. A manera de ejemplo, y según un informe publicado en 2015 por el mismo FMI, la tasa de imposición del cobre en Indonesia es del 4%, en Zambia del 6% y en Chile del 14%.

El código minero del Congo, adoptado en 2002 bajo el dictado del Banco Mundial y del FMI, favorece excesivamente a los capitales extranjeros

El boom de la explotación de cobre en la RDC que pasó de una producción de 450.000 toneladas a un millón de toneladas desde que finalizó la guerra en 2002, no benefició realmente ni al Estado – a excepción de algunos intermediarios bien ubicados – ni mucho menos al pueblo congoleño. Esta vez parecería que las autoridades de la RDC están interesadas en beneficiarse más activamente del alza y de la expansión del mercado del cobalto. Sin embargo, esto no implica garantías en cuanto a la transparencia y a una mejor redistribución de los ingresos provenientes de esta renta.

UN INTENSO LOBBY EN TORNO AL NUEVO CÓDIGO MINERO

El primer anuncio de reforma del código minero en 2016 generó fuertes reacciones. En enero de 2018, la Asamblea Nacional y el Senado congoleño adoptaron el nuevo código minero, el cual recibió luz verde por parte de Joseph Kabila… quien a pesar de que su mandato expiró en diciembre de 2016, se mantiene aún en el poder. Este nuevo código prevé un aumento de las regalías del 2% al 10% para aquellos minerales considerados estratégicos, como el cobalto. No obstante, según el ministro de minas, Martin Kabwelulu, los arreglos siempre son posibles en el reglamento que va anexo a la ley. Incluso si este nuevo código intenta un nuevo equilibrio en la repartición de las riquezas, no ataca la corrupción que ha gangrenado a todo el sector. Así el Instituto de Gobernanza de los Recursos Naturales (NRGI) nota que “una de las medidas contenidas en el proyecto del nuevo código minero prevé reservar un 10% de las acciones de las empresas operadoras en el sector privado congoleño, pero nada impide que estos sean miembros del gobierno, funcionarios públicos o personas cercanas al poder”, pudiendo acarrear nuevos conflictos de intereses. Finalmente, estas negociaciones parecen haber puesto frente a frente los dos grupos de predadores que se disputan el botín del Congo, extraído por decenas de miles de congoleños, en condiciones cercanas a la esclavitud.

EL TRABAJO INFANTIL Y LA ESCLAVITUD MODERNA EN LAS MINAS

De acuerdo con UNICEF, más de 40.000 niños de entre 3 y 7 años trabajan en las minas del sur del país. Un reportaje de Sky News, difundido en febrero de 2017, muestra como niños de poca edad trabajan bajo condiciones infrahumanas en las minas congoleñas de cobalto, al mismo tiempo que Amnistía Internacional denunciaba, en un informe publicado en noviembre de ese mismo año, las deplorables condiciones del trabajo infantil. Según Lauren Amistead “aproximadamente el 20% de la producción total de cobalto de la RDC se realiza a mano, los niños lo extraen usando herramientas rudimentarias y sin ningún tipo de protección”.

Entre 110 y 150 mil “excavadores” o mineros artesanales venden el mineral bruto en los puestos de compra – controlados en su mayoría por los chinos, como por ejemplo el “deposito de Apple” situado cerca de la ciudad minera de Kolwezi en el sureste del país – a un precio aproximado de 7.000 dólares la tonelada. Los compradores son los que fijan el precio siguiendo teóricamente el curso de la bolsa de Londres, mientras los “excavadores”, quienes por supuesto ignoran las derivas de esta bolsa, sobreviven con ingresos miserables.

En las minas industriales administradas por las multinacionales, las condiciones no son necesariamente mejores, pues según los resultados de una misión de investigación de la Federación Sindical Internacional Industrial realizada en las minas de cobre y de cobalto de Glencore, los empleados en la mina de Kolwezi describieron sus condiciones de trabajo como “de nada menos que esclavitud”. Al no disponer de lavaderos ni de duchas en sus lugares de trabajo, estos deben llevarse la ropa sucia a sus casas, exponiendo a sus familiares a las enfermedades provocadas por el polvo de los minerales. Uno de los trabajadores afirma: “Al volver del trabajo estamos tan sucios, que no podemos ni siquiera abrazar a nuestros hijos”.

Por su lado, dos ONG defensoras de los derechos humanos: el Observatorio Africano de Recursos Naturales (AFREWATCH) junto a la Asociación para el desarrollo de las comunidades del lago Kando (ADCLK), ya han alertado a la opinión publica sobre la contaminación de las aguas y la destrucción de los campos como resultado del derrame de sustancias ácidas y toxicas provenientes de las tuberías de la empresa minera Mutanda Mining (MUM), controlada por Glencore, Durante la noche del 16 al 17 de abril de 2017, este liquido toxico se expandió por los campos agrícolas de los habitantes de la zona hasta llegar al rio Luakusha, que a su vez desemboca en el lago Kando.

¿QUIEN SE BENEFICIA CON LA EXPLOTACIÓN DEL SUBSUELO CONGOLEÑO?

Al igual que el petróleo de Nigeria, en el Congo la materia prima es extraída por las grandes multinacionales para luego ser exportadas a lugares en donde se efectúa su transformación y por lo tanto, se genera allí la plusvalía. El economista y activista Florent Musha asevera que “la RDC no exporta productos acabados y listos para ser utilizados por Apple, Samsung u otro gran utilizador de baterías en el mundo. La RDC exporta un producto minero para ser procesado”. Del procesamiento del cobalto se beneficia principalmente China, que es la principal comercializadora de cobalto refinado en el mundo. Así, 80% de la producción de la RDC sale rumbo a China desde los puertos de Dar es Salaam o desde Ciudad del Cabo en Sudáfrica.

Al llegar a China una decena de refinerías se encargan de la transformación final del mineral. Alexis Muhima, del Observatorio de la sociedad civil por los minerales de Paz, situado en Goma, al este de la RDC, se queja de que “la explotación de recursos naturales no beneficia para nada a la población congoleña, sino solo a un puñado de personas”. Como lo explica el analista económico Al Kitenge, “uno se percata que la mayoría de los operadores internacionales son sociedades offshore en las que ni siquiera se sabe quienes son sus verdaderos accionistas. Desafortunadamente, esto permite que algunos operadores políticos sean a su vez actores económicos. Esto representa, desde luego, un conflicto de intereses absolutamente inaceptable que nos ha llevado a la lamentable situación en la que nos encontramos actualmente”.

EL MONOPOLIO DE LAS GANANCIAS

En el marco de la celebración de la 30ª Cumbre de la Unión Africana, celebrada en Addis-Abeba, el comisario de comercio y de industria Albert Muchanga, asevera que “África pierde anualmente 80.000 millones de dólares en flujos financieros ilícitos, de los cuales un 70% proviene de las industrias extractivas, y particularmente de los recursos minerales. Estas pérdidas son el resultado de una variada gama de métodos contables particularmente creativos practicados por las corporaciones multinacionales”. Tales métodos, que incluyen la evasión fiscal y la sobrefacturación, son usuales a la hora de repatriar las ganancias. La multinacional Glencore, regularmente involucrada en casos de contaminación ambiental y ampliamente citada en los “Paradise Papers”, emplea 115.000 personas en 50 países alrededor del mundo, en cifras de 2016, y registró en 2017 un aumento de sus ganancias netas del 319% para colocarse en 5.780 millones de dólares. “Nuestros resultados de 2017 son los más altos de nuestra historia” indica, satisfecho, Ivan Glasenberg, para quien esos resultados no están nada mal, ya que recibió una remuneración estable de 1,5 millones de dólares en 2012, sin contar los 242,4 millones de dólares de dividendos basados en su parte de 8,40% de derechos de voto de la empresa.

Fuente: redescristianas.net

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Canadá: Defensa de la tierra y extractivismo en encuentro internacional de mujeres indígenas.

Foto: Ketty Marcelo

Más de 40 mujeres indígenas de diversos países del mundo compartieron sus experiencias por la defensa de la tierra y el territorio frente al extractivismo. Reunión fue en Canadá.

Servindi, 3 de mayo, 2018.- Alrededor de 40 mujeres indígenas de diversas regiones del mundo participaron del encuentro "Mujeres indígenas en resistencia frente al extractivismo", realizado en Montreal, Canadá, del 27 al 29 de abril.

El encuentro tuvo por finalidad compartir sus experiencias en la defensa de la tierra y el territorio, así como sus estrategias de resistencia ante el embate extractivista.

Asimismo, fue un espacio de denuncia ante las amenazas que enfrentan a diario en la lucha por la defensa de la Madre Tierra.

De igual forma se discutió acerca de como el liderazgo de las mujeres contribuye a la reapropiación de los derechos tradicionales indígenas y a la mejora de las condiciones de vida de sus pueblos y comunidades.

El encuentro reunió a lideresas de Perú, Chile, Brasil, Bolivia, Ecuador, Guatemala, Filipinas, Sudáfrica, México, Turquía, Colombia, Canadá y otros países.

Asimismo, tuvo como marco antecedente la audiencia especial del Tribunal Permanente de los Pueblos sobre la industria minera canadiense en América Latina, realizada en Montreal en 2014.

Entre las lideresas participantes estuvieron Ketty Marcelo (Perú), Margoth Changaray Taborga (Bolivia), Shannon Chief (Quebec), Ely López Faúndez (Chile), Chantheany Mout (Camboya), entre otras.

La organización estuvo a cargo de un comité conformado por diversas organizaciones como:

Mujeres indígenas de Quebec, Proyecto de Acompañamiento y Solidaridad con Colombia (PASC), Comité por los Derechos Humanos en América Latina (CDHAL) y organización Desarrollo y Paz.

Asimismo por Oxfam Canada, Solidaridad Laurentides América Central (SLAM), Mining Watch, Kairos, Federación de mujeres de Quebec y el Colectivo de mujeres de diversos orígenes (FDO).

Fuente: Servindi.org

Cuando los extractivismos y la corrupción se encuentran.

Los extractivismos, especialmente aquellos de tercera y cuarta generación (como la megaminería, el fracking o la explotación petrolera en áreas tropicales), por su propia naturaleza, ofrecen muchos flancos a la corrupción, en especial aquella donde se articulan ventajas empresariales e intereses político-partidarios. Con esto está en riesgo pérdidas ecológicas, condiciones de vida, así como la fortaleza de las políticas públicas; pero también se arriesga la calidad de nuestras democracias y la salvaguarda de los derechos humanos.

Por Eduardo Gudynas*

9 de noviembre, 2017.- En los últimos meses ha quedado en evidencia que en América del Sur, varias de las grandes aventuras extractivistas quedaron envueltas en tramas de corrupción. Casos como los de Petrobras en Brasil o la minera SQM en Chile, treparon hasta los titulares de la prensa y desencadenaron serias consecuencias políticas dentro de cada país.

Inmediatamente surgen todo tipo de preguntas: ¿cuáles son las relaciones entre los distintos extractivismos y la corrupción? ¿cómo se organizan esas redes de corrupción? ¿quiénes son los principales participantes? ¿cuáles son las consecuencias más destacadas?

Un análisis de este tipo se aborda en el libro "Extractivismos y Corrupción", que se acaba de presentar en Lima. Entre los resultados de esa investigación se destaca que se han encontrado casos de corrupción en todas las variedades de extractivismos, cubriendo todas sus posibles manifestaciones (mineros, petroleros, agrícolas, forestales, pesqueros, etc.). Ningún tipo de aprovechamiento de recurso natural parece estar a salvo.

De la misma manera, existen casos en todos los países sudamericanos sin excepción, incluyendo aquellos que muestran los mejores indicadores frente a la corrupción. Es la situación de Chile, que posee muy buenos registros de transparencia y fortaleza institucional, pero que en los últimos años ha vivido muy serios casos de corrupción alrededor de los extractivismos (incluyendo pagos ilegales de mineras a congresistas de todos los partidos, tráfico de influencias en la reforma de las regalías, irregularidades con la ley de pesca, y escandalosos manejos en el fondo del cobre controlado por los militares).

Estos y otros hallazgos se ilustran en el libro "Extractivismos y Corrupción", que sigue una metodología que respeta distintos criterios. Por un lado, sólo se tomaron en cuenta los casos confirmados por procesos judiciales o que cuentan con clara evidencia de respaldo, para no entrar en las controversias sobre denuncias en marcha. Por otro lado, el acento no está puesto en individualizar culpables, sino en entender cómo funciona esa relación entre extractivismos y corrupción. Aquí se comparten algunos de los resultados en esta obra.

Los ámbitos, los involucrados y las dinámicas

En los extractivismos se encuentran distintas prácticas de corrupción, como por ejemplo, sobornos para acceder a concesiones a yacimientos mineros o petroleros; el cohecho en modificar una evaluación de impacto ambiental; abuso de funciones para ocultar los impactos ecológicos; o tráfico de influencias que ampara la violencia contra las comunidades locales.

Sin duda que no todos los emprendimientos extractivos están envueltos en la corrupción, pero tampoco puede negarse que se pueden señalar muchos ejemplos. En efecto, existen casos a lo largo de todas las fases de los extractivismos, desde las primeras etapas de exploración y prospección, pasando a la explotación del recurso natural, hasta los momentos finales de abandono. De la misma manera, se registran casos en los propios enclaves extractivos, como de las obras de infraestructura que son necesarias (como sucede con la corrupción en los contratos de rutas y caminos), así como en el manejo de los dineros que resultan de ese tipo de aprovechamiento de los recursos naturales.

Asimismo, se encuentran casos de corrupción extractivistas bajo los más diversos tipos de acceso a los recursos naturales y propiedad empresarial, tanto en las privadas como en las estatales, mixtas e incluso cooperativas. Por ello, es un problema que golpea tanto a gobiernos conservadores como progresistas.

La corrupción en los extractivismos opera tanto en el terreno de la ilegalidad, sin duda el más evidente, pero también en las llamadas alegalidades. Este es un concepto importante y útil, ya que ilustra los casos donde se cumplen las formalidades de las normas, pero se aprovechan sus vacíos o limitaciones 

La corrupción en los extractivismos opera tanto en el terreno de la ilegalidad, sin duda el más evidente, pero también en las llamadas alegalidades. Este es un concepto importante y útil, ya que ilustra los casos donde se cumplen las formalidades de las normas, pero se aprovechan sus vacíos o limitaciones para lograr beneficios que tienen consecuencias en contra del sentido de esa norma. Los ejemplos más conocidos son las empresas que sacan ventajas de esas limitaciones para pagar pocos impuestos o evadirlos. Algo similar se observa en el terreno ambiental, ya que hay emprendimientos extractivos que atienden las formalidades pero aprovechan, por ejemplo, ausencia de reglamentos adecuados, con lo cual persisten impactos ambientales que supuestamente la ley esperaba controlar. La investigación muestra que la corrupción parecería operar para ampliar el campo de las alegalidades.

Se puede señalar que es común que la corrupción en los extractivismos se organiza en redes, donde pueden actuar muy diversos actores, y que entre ellos fluye no sólo dinero, sino también información y relaciones de poder. Como en algunos sectores extractivos las inversiones y las ganancias son enormes, ese dinero es un botín jugoso para los interesados en prácticas corruptas.

Algunas de esas redes pueden alcanzar una gran complejidad, como muestra el caso Petrobras en Brasil. En esa empresa, el dinero de los sobreprecios se encaminaba por distintas gerencias que correspondía a distintos partidos políticos, revelándose como mecanismos de recaudación. La arquitectura financiera era muy complicada pero precisa; por ejemplo, la articulación de la petrolera con Odebrecht incluía cinco subsidiarias que enviaban el dinero a través de 14 compañías intermediarias que operaban en al menos siete países, involucrando a centenares de personas. Las reglas estaban muy claras, todos sabían los porcentajes que recibían los intermediarios, los operadores y los partidos. Todo esto se mantuvo funcionando por años, lo que muestra que contaba con una importante cobertura política.

Hay redes donde actúan, por ejemplo, periodistas que trafican con la información, académicos que distorsionan estudios de impacto ambiental u ordenamiento territorial, policías y fuerzas de seguridad que están involucradas en la represión con violencia, y hasta integrantes de organizaciones ciudadanas. 

Cuando se examinan los actores participantes en distintos casos de corrupción en todo el continente, aparece una enorme diversidad. Se cuentan directivos y gerentes de empresas, políticos (tanto los que ocupan puestos dentro de un gobierno o en empresas estatales, como los que son legisladores). Hay redes donde actúan, por ejemplo, periodistas que trafican con la información, académicos que distorsionan estudios de impacto ambiental u ordenamiento territorial, policías y fuerzas de seguridad que están involucradas en la represión con violencia, y hasta integrantes de organizaciones ciudadanas.

En efecto, posiblemente uno de los resultados más preocupantes de la investigación fue encontrar casos de corrupción en los extractivismos que involucraron a líderes campesinos o indígenas. Algunos de ellos son muy conocidos (como el pedido de "lentejas" para manipular la protesta ciudadana ante el proyecto Tía María), y otros lo son menos, pero tal vez más graves, como el desbarranco en Bolivia del "Fondo Indígena". Este repartía dineros obtenidos de los hidrocarburos administrado directamente por delegados de organizaciones campesinas e indígenas, y que terminó en un escándalo, con dos ministros y dirigentes encarcelados, sin saberse el destino o el uso de aproximadamente US$ 150 millones, aunque hay casos que evidencias su destino con fines electorales.

Espirales que desembocan en la política de extractivismos corruptos. Algunas de las debilidades y limitaciones institucionales que permiten la penetración de redes de corrupción y a la vez promueven los extractivismos.

Erosionando la democracia, comprometiendo los derechos

Esas y otras dinámicas muestran que la corrupción en los extractivismos penetra en distintos ámbitos de la vida política y social. Los análisis convencionales ponen el acento en sus impactos económicos, tales como los tributos que no se pagan o la pérdida de eficiencia. Pero esta investigación también deja en claro que la corrupción impacta en otros ámbitos, como los mecanismos democráticos esenciales, desde impedir el acceso a la información a anular la igualdad entre los partidos que compiten en las elecciones. Hay también pérdidas ecológicas y fragmentación territorial que se amparan en la corrupción. Todos estos ejemplos muestran que al final de cuentas lo que se deterioran son las políticas públicas.

la corrupción impacta en otros ámbitos, como los mecanismos democráticos esenciales, desde impedir el acceso a la información a anular la igualdad entre los partidos que compiten en las elecciones. Hay también pérdidas ecológicas y fragmentación territorial que se amparan en la corrupción. Todos estos ejemplos muestran que al final de cuentas lo que se deterioran son las políticas públicas. 

La situación más alarmante está allí donde la corrupción en los extractivismos incluso golpea a los derechos humanos. Hay casos que muestran que se apela a ella por ejemplo para amparar la criminalización de las disputas ciudadanas ante los extractivismos, mientras otros casos señalan al tráfico de influencias para dar impunidad a fuerzas de seguridad que asesinaron manifestantes.

El libro concluye con un mensaje de alarma. Los extractivismos, especialmente aquellos de tercera y cuarta generación (como la megaminería, el fracking o la explotación petrolera en áreas tropicales), por su propia naturaleza, ofrecen muchos flancos a la corrupción, en especial aquella donde se articulan ventajas empresariales e intereses político-partidarios. Con ello, lo que está en riesgo sin duda son esas pérdidas ecológicas y en las condiciones de vida, así como la fortaleza de las políticas públicas, pero también se arriesga la calidad de nuestras democracias y la salvaguarda de los derechos humanos.

"Extractivismos y Corrupción", por Eduardo Gudynas, fue publicado por CooperAcción y RedGE en Perú, y se discutió en un conversatorio en Lima con presencia de integrantes de organizaciones ciudadanas peruanas, periodistas y representantes de Chile, Ecuador, Colombia y El Salvador del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina. El autor es analista en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES), en Montevideo.

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*Eduardo Gudynas es analista en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES).

Fuente: Servindi

Corrupcion y Extractivismo: mutuamente asociados.

Brasil. Revista Instituto Humanitas Unisinos (IHU-Adital on-line

10 Fevereiro 2017

“Precisemos también que estas conclusiones y las que siguen, no quieren decir que todos los emprendimientos extractivistas estén envueltos en corrupciones. Sin duda hay muchos casos donde eso no se ha podido demostrar. Lo que aquí se pone en evidencia son tendencias sectoriales al quedar en claro que no hay ninguna forma de este tipo de apropiaciones de los recursos naturales que sea más inmune al dinero que fluye desde la corrupción”, escribe Eduardo Gudynas, ambientalista, en artículo publicado por acción y reacción, 26-01-2017.

El artículo puede ser leído abajo.

Los casos de corrupción han proliferado en toda América del Sur, y casi siempre la mayor atención está puesta en los políticos implicados o los grandes volúmenes de dinero manejado. Pero detrás de esas noticias existe una particularidad más que llamativa: buena parte de los casos de corrupción están relacionados directa o indirectamente con los extractivismos minero, petrolero o agrícola. Dicho de otro modo, se observa que allí donde hay aprovechamientos muy intensivos de recursos naturales, con todos sus impactos sociales y ambientales, es mucho más probable que opere la corrupción. Estamos ante una íntima relación entre extractivismos y corrupción, y ese es otro de los aspectos negativos de ese tipo de desarrollo.

La evidencia es abrumadora. En Brasil siguen avanzando las investigaciones, con 118 personas detenidas, incluyendo políticos y empresarios destacados, y se estima que desde la petrolera estatal Petrobras y las empresas de construcción se desviaron unos 1 895 millones de dólares. Ecuador no ha escapado a esa problemática, y sigue su marcha la investigación de una extendida red de corrupción vinculada a los negocios de la petrolera estatal Petroecuador, que involucran a gerentes y un ministro. El impacto en los medios de prensa internacionales del hallazgo de sobres con decenas de miles de dólares escondidos en un cielorraso, se igualó con el caso argentino de los bolsos de dinero que se intentaban esconder en un convento. En Venezuela se han indicado casos de corrupción en el sector petrolero y en el minero, sin olvidar que también fue un factor en los asesinatos de meses atrás para controlar yacimientos de minerales en el sur del país. En Argentina prosiguen las indagaciones, que incluyen, por ejemplo, negocios fraudulentos con la importación de gas natural.

En todos los países, en todos los sectores

Una investigación que hemos realizado desde CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social), que está en su etapa final, ya permite señalar algunas conclusiones. La primera es que en todos los países sudamericanos se han identificado casos de corrupción que envuelven a los extractivismos. No se han salvado ni siquiera las dos naciones que exhibían los mejores registros de transparencia ante la corrupción, que son Chile y Uruguay.

En el primer país se sufren varios casos. Por ejemplo, en el sector minero, la empresa Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), enviaba dinero a legisladores por medio de consultorías ficticias, y con ello, entre otras cosas, logró que se votara una reforma tributaria que le fue ventajosa. El caso SQM es impactante por su duración en el tiempo y por haber involucrado a todos los partidos presentes en el parlamento. En el sector pesquero, la empresa Corpesca también logró ventajas gracias a pagos a legisladores y hay un proceso legal por corrupción y fraude en marcha. En Uruguay, aunque los casos investigados son de una escala mucho menor, de todos modos son significativos. Su petrolera estatal, ANCAP, está siendo investigada por sobrecostos, y ya se han confirmado casos de corrupción en su sector de minería de calizas.

La segunda, es que se han encontrado casos de corrupción para todas las variedades de extractivismo: minero, petrolero, forestal, agrícola y pesquero. En los dos primeros tipos son frecuentes situaciones que involucran corrupción en el acceso a áreas de exploración o explotación, tráfico de influencias para obtener ventajas tributarias, sobrecostos de operación o triangulación con otras empresas para captar dinero, ocultamiento de los impactos sociales y ambientales, cobertura a los que criminalizan o agreden a las comunidades locales, etc. Situaciones similares se repiten con los permisos forestales o pesqueros.

En la agricultura intensiva se repiten problemas parecidos con el acceso a las tierras y los permisos de deforestación, la cobertura dada a mafias que están involucradas en el tráfico ilegal de madera, o las redes que ocultan o impiden investigar o sancionar la contaminación por agroquímicos.

Un tercer aspecto es que la corrupción está presente bajo muy distintos regímenes de propiedad en el acceso y extracción de los recursos naturales. Nos encontramos, otra vez, con grandes empresas extranjeras envueltas en el pago de sobornos u otros hechos similares, pero lo mismo aparece en empresas mixtas estales – privadas (como Petrobras de Brasil) o estatales (como PDVSA de Venezuela o PetroEcuador en Ecuador, y que en ambos casos fueron admitidas por los propios gobiernos). La esperanza que las empresas nacionales, controladas por el Estado, fueran inmunes a la corrupción extractivista se ha derrumbado.

Recordemos aquí que el concepto de extractivismo no es exactamente un sinónimo, por ejemplo de minería o agricultura. En efecto, esa idea se refiere a los casos particulares de apropiación de recursos naturales pero en grandes volúmenes o por procedimientos intensivos de altos impactos ambientales, para exportarlos como materias primas. Se alude a casos específicos como la megaminería a cielo abierto, las perforaciones de gran profundidad de las petroleras, el fracking, o los monocultivos de transgénicos.

Precisemos también que estas conclusiones y las que siguen, no quieren decir que todos los emprendimientos extractivistas estén envueltos en corrupciones. Sin duda hay muchos casos donde eso no se ha podido demostrar. Lo que aquí se pone en evidencia son tendencias sectoriales al quedar en claro que no hay ninguna forma de este tipo de apropiaciones de los recursos naturales que sea más inmune al dinero que fluye desde la corrupción.

Contextos políticos y sociales

Un cuarto aspecto es que la actual corrupción extractivista mantiene esos conocidos componentes de algunas personas ambiciosas que desean llenar sus bolsillos. Pero a ello se suma su papel como vía de financiación de partidos políticos, como muestran por ejemplo distintos casos en Bolivia y Brasil con los partidos políticos gobernantes, y en Chile, con casi todos los partidos que tenían representación parlamentaria. El caso chileno con SQM involucró a 4 candidatos presidenciales, 6 senadores, 12 diputados y dos ministros en el gobierno Piñera, y siete partidos políticos recibían sus dineros. De esta manera, el sistema político queda comprometido por esa corrupción ya que ella cumple un papel de proveedora de dineros especialmente para las campañas de publicidad, actos y otros apoyos partidarios similares.

A su vez, los promotores de proyectos mineros apelan a ella para implantar o proteger sus actividades. Encuentran allí una de las pocas vías para forzar aprobaciones, asegurarse concesiones, impedir controles efectivos u ocultar irregularidades diversas, desde derrames a la criminalización de comunidades locales.

Una quinta particularidad es que esta asociación entre extractivismos y corrupción afecta a todo tipo de actores, tal como surge de sistematizar los participantes en todos los casos conocidos. Nadie está a salvo. Es evidente que están involucrados políticos y empresarios, y con ellos de funcionarios estatales, personas en el poder judicial, policías y militares, e incluso consultores. Además hay situaciones con la participación de periodistas, por ejemplo cayendo en criminalizar la protesta local ante la megaminería (como ocurrió alrededor del proyecto megaminero Tía María en Perú).

Pero la corrupción también ha alcanzado a organizaciones de la sociedad civil, como pueden ser líderes locales, o grupos campesinos o indígenas. En Perú sigue presente en la memoria los reportes periodísticos sobre las “lentejas” (un eufemismo para dólares) que un dirigente local pedía a cambio de detener una protesta ciudadana.

Sin embargo es más alarmante, y tal vez más triste, la situación que involucra a líderes indígenas en Bolivia que manejaban un fondo que se nutría de los impuestos sobre los hidrocarburos. Un reporte que se acaba de presentar afirma que el daño para el Estado es de aproximadamente 78 millones de dólares (el presidente Evo Morales lo ha estimado en el pasado en unos 2 millones de dólares). No estamos frente a empresarios o políticos envueltos en la corrupción, sino ante líderes de base, representantes de organizaciones indígenas y campesinas, que quedaron atrapados en esas redes.

Esta es una de las conclusiones más graves de nuestra investigación. La corrupción de los extractivismos también está erosionando algunas organizaciones de la sociedad civil. Son tan enormes las cantidades de dinero alrededor de proyectos extractivistas y tan pobres muchas de las comunidades que viven allí donde están esos recursos naturales, que se crean abismales asimetrías de poder. Las expectativas de remontar la pobreza local, por cierto muy comprensibles en muchos casos, pero también las miserias humanas, hacen que poco a poco penetre la racionalidad del mercado, y con ella la corrupción.

Los extractivismos dejan también en claro la diversidad de expresiones en la corrupción. Usualmente se la concibe como sobornos o dádivas de algún tipo para conseguir una ventaja. Pero en realidad el concepto de corrupción es más amplio ya que se refiere a los casos donde se recibe una contrapartida, que puede ser en dinero como en otras formas (por ejemplo, conseguir un cargo en el gobierno o en una empresa), y que explica actos ilegítimos que se apartan de las normas, que por lo tanto son ilegales o alegales. La ilegalidad implica violaciones del marco legal, como pueden ser leyes o decretos; la alegalidad se refiere a hacer trampas aprovechando los huecos que hay en nuestra legislación para obtener ventajas que claramente son contrarias al espíritu de las normas. Posiblemente las alegalidades más conocidas sean las trampas tributarias que hacen las empresas extractivistas para reducir los pagos de impuestos (como se ha demostrado en Perú, Chile y Colombia).

Esto desemboca en muy distintas formas de corrupción, y una vez más, en todas ellas se pueden observar casos asociados a los extractivismos. Se pueden señalar al cohecho, por ejemplo cuando un funcionario público modifica un juicio para conceder una explotación minera o petrolera, el tráfico de influencias para esconder las denuncias de impactos sociales o ambientales, la prevaricación que ocurre cuando una autoridad judicial dicta una resolución arbitraria, ilegal o incorrecta, a sabiendas de ello y con la finalidad, pongamos por caso, entorpecer la investigación de la represión a comunidades locales. Tampoco puede olvidarse que son conocidas las circunstancias donde es mucha gente la que sabe de la corrupción que envuelve a un emprendimiento extractivista, y nada hace ni dice, y con ello contribuye a una densa red de encubrimiento y obstrucción de la justicia.

Se llega así a una inevitable conclusión: la corrupción en los extractivismos no es el resultado de hechos aislados fruto de unos pocos inescrupulosos. Por el contrario, hay una repetida, consistente e íntima asociación entre extractivismos y corrupción.

Los extractivismos necesitan de la corrupción por diversos motivos, como puede ser el acceso a las concesiones, disfrutar ventajas tributarias, y muy especialmente, para ocultar tanto sus impactos ambientales y sociales, y la criminalización violenta de las comunidades locales.

Paralelamente, distintos conjuntos de actores dentro del Estado y los partidos políticos precisan de la corrupción por diversas razones personales, pero también como fuente de financiamiento para un cierto modo de hacer política. Es una política que se basa en masivas campañas de publicidad, actos callejeros donde los participantes reciben dinero o comida, o que apela a pagar por favores. Como los extractivismos manejan enormes sumas de dinero, son una de las más apetitosas vías para alimentar las redes de corrupción.

Por todas estas razones, a los conocidos argumentos de construir alternativas a la dependencia extractivista para erradicar sus impactos sociales y ambientales, se suma ahora la lucha contra la corrupción. La recuperación de una política que sirva a los ciudadanos y el ambiente es imposible con esta penetración de la corrupción, y por eso mismo, es también incompatible con los extractivismos.

Fuente: RedesCristianas.net

Cuando el poder extractivo captura el Estado

El reciente libro de Francisco Durand ya se encuentra disponible para su libre descarga en internet. Se trata de "Cuando el Poder Extractivo captura el Estado. Lobbies, puertas giratorias y paquetazo ambiental en Perú",

La publicación presentada esta semana cuenta con el auspicio de la organización de cooperación solidaria Oxfam y ha sido puesta a disposición del gran público gracia a su publicación virtual en formato PDF.

El libro ha despertado un gran interés debido a que aborda el delicado tema de las relaciones de poder e influencia que las empresas, principalmente las extractivas, ejercen sobre el aparato legal y del estado.

El texto de 95 páginas describe el fenómeno de la captura política del Estado y cómo tiene efectos diferenciados. Por un lado favorece y fortalece a la élite económica y por otro afecta negativamente a grupos sociales vulnerables.

Entre sus multiples consecuencias se encuentrann: debilita la neutralidad y la capacidad fiscalizadora del Estado y erosiona su legitimidad, fortalece la concentración de poderes políticos, impide al Congreso cumplir un rol legislativo proactivo, limita la deliberación democrática y afecta el acceso a recursos materiales y a oportunidades para los pobres.

El valioso documento concluye señalando que la sociedad podría evitar estos costos y funcionar mejor con menos concentración de riqueza, mayor equilibrio de poderes, acceso alternativo a los medios de comunicación y mayor vitalidad organizativa y capacidad propositiva de la sociedad civil.

Paquetazo ambiental

La publiicación dedica un capítulo al análisis de la ley 30230, conocida como “paquetazo ambiental”, un controvertido conjunto de normas de índole ambiental, social y tributario sobre las cuales diversos sectores afectados exigen su derogatoria.

Tal como señala un fragmento del libro: “Frente a la abundancia de zonas grises entre lo legal y lo ilegal, lo legítimo e ilegítimo, lo correcto y lo arbitrario, Durand aborda y analiza de manera detallada la captura política en el Perú a partir de un hecho concreto: la aprobación en el año 2014 de la Ley 30230, o el llamado “paquetazo ambiental”, durante el gobierno de Ollanta Humala".

"A través de un detallado mapeo de actores, el autor explica el proceso de aprobación de dicha ley, develando la indebida influencia y las alianzas que se tejieron entre el poder económico, mediático y político, así como los costos para el Estado y la sociedad debido a la falta de transparencia y equidad en su aprobación” prosigue la presentación.

Para obtener el libro en su versión digital, debe ingresar al siguiente enlace:

- https://peru.oxfam.org/sites/peru.oxfam.org/files/file_attachments/capturadurand%20VF.pdf

Nota relacionada al tema de Servindi:

- http://www.servindi.org/peru-actualidad-noticias/30/06/2016/por-que-el-estado-protege-las-industrias-extractivas

A continuación compartimos la introducción:

Francisco Durand. Foto: Servindi

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Introducción

Este trabajo estudia el fenómeno de captura política. Se intenta explicar qué factores determinan la captura política en un gobierno y qué mecanismos concretos se combinan en un determinado momento para permitir que las corporaciones, en particular las extractivas, tengan influencia desmedida sobre determinadas ramas del aparato burocrático, al punto de producir una ley que las beneficia y, al mismo tiempo, va en desmedro de las instituciones públicas y grupos sociales vulnerables.

Existe un creciente interés internacional en investigar la captura del Estado debido a que refuerza el poder de las élites, concentra los recursos materiales, tiende al abuso de poder, debilita la legitimidad de las autoridades y genera consecuencias negativas para quienes son excluidos de la toma de decisiones. Si bien las modalidades de captura varían según países y niveles de desarrollo, este problema es hoy de preocupación universal (1)

Su estudio es también importante para llenar un vacío. La mayor parte de los trabajos sobre captura política (noción más amplia) o captura del Estado (centrada en el aparato burocrático), en sus distintas modalidades, se concentra en discutirla en abstracto, como fenómeno sistémico, sin generar suficientes estudios de casos que permitan explicar en qué instituciones, cuándo y cómo ocurren los procesos de captura. El trabajo como el que aquí se presenta es un esfuerzo por cerrar la brecha de evidencias existente en las publicaciones sobre el tema.

Este documento, además, estudia la captura corporativa en un contexto específico y a partir de un caso ilustrativo, en tanto asume que, dada la opacidad del fenómeno, hay gobiernos y momentos en los que es posible observarlo con mayor nitidez. Una adecuada selección de casos es, por ello, de fundamental importancia para avanzar en estos estudios. Para tal fin, consideramos que como la captura política se explica sobre la base de datos cualitativos y relaciones de poder, la metodología más adecuada es aquella que permite hacer un seguimiento de actores y especificar sus relaciones en una secuencia de hechos temporales (2)

El gobierno de Ollanta Humala (Perú 2011-2016) llegó al poder con una agenda de cambio social y crítica a las élites económicas, pero luego se alió con ellas y abandonó a sus seguidores, a quienes prometió representar, lo cual dio lugar a un debate nacional sobre captura política. Estudiamos el caso de la Ley 30230, aprobada en 2014 para eliminar trabas burocráticas a las grandes inversiones extractivas con el fin de “estimular las inversiones”, puesto que nos permite ilustrar con mayor claridad que otros casos cómo opera esta captura corporativa al identificar el contexto y los mecanismos que entran en acción para que las élites económicas tengan una influencia desmedida en ciertas decisiones que las favorece.

El trabajo se divide en seis secciones. En la primera, se realiza un breve balance de la literatura sobre captura del Estado, referida a actores económicos en países latinoamericanos. En la segunda, se discuten los factores estructurales que configuran un sistema de captura: la concentración de poderes económicos en una élite económica extractivista, el “decretismo” político y la debilidad de la sociedad civil. En la tercera, se discuten los mecanismos de captura usados por los actores para influir en los gobiernos: financiación de campañas, lobby y “puerta giratoria”. En la cuarta, se estudia el caso peruano durante el gobierno de Humala y la manera cómo se inicia una secuencia de hechos producida por la Ley 30230. La quinta parte analiza las reacciones de la sociedad civil y estima el variado impacto de la ley. El trabajo finaliza con reflexiones acerca del fenómeno de captura, basadas en las constataciones encontradas en el estudio del caso. Se presenta también un anexo metodológico sobre la captura corporativa a partir de la experiencia del caso peruano.

La presente investigación se desarrolló gracias a la colaboración de Oxfam en Perú, y contó con la asistencia del sociólogo Emilio Salcedo en tareas de investigación y elaboración de cuadros y gráficos. Las conclusiones del trabajo son responsabilidad única del autor.

Notas:

(1) Oxfam America, “Expert Event on Political Capture and Inequality”, Oxfam America, Washington D. C., January 27-28, 2016.

(2) Esta metodología se conoce como “process tracing analysis” . Ver, al respecto, David Collier, “Understanding Process Tracing”, PS: Political Science vol. 44, N° 4 (2011): pp. 823-30

Fuente: servindi org

Argentina: Bajo la lluvia y el Sol la Carpa de la Soberanía firme en el Obelisco.

Desde el 25 de septiembre permanece levantada en el Obelisco en la Ciudad de Buenos Aires una gran carpa. La misma tiene por objetivo informar a la comunidad sobre la grave situación social, cultural y ambiental del país a causa del denominado modelo “extractivista” que se impone a través de las políticas del Estado.

La carpa se ha denominado “Carpa de la Soberanía: Contra el extractivismo y el pago de la deuda externa y por la defensa de los bienes comunes” y se desarrollará hasta el 2 de octubre, todos los días, con diferentes actividades que apuntan a la denuncia pero también a las propuestas con alternativas al modelo actual, porque otros modos de vida, producción y consumo son posibles.

La instalación cuenta con paneles informativos y de debate, intervenciones artísticas y stands de las organizaciones y asambleas con el fin de procurar abrir y enlazar caminos para la construcción de un modelo alternativo que erradique para siempre el saqueo de nuestras divisas a través de la deuda externa y de nuestros bienes comunes, su contaminación y destrucción solo para complacer los intereses de los grandes poderes mundiales y sus cómplices locales.

Las temáticas que se podrán encontrar girarán en torno al eje soberanía, y son: monocultivos, transgénicos y agrotóxicos, el falso progreso, crisis civilizatoria, mega minería, fracking, mega represas, extranjerización y concentración de la tierra, saqueo de nuestros mares y ríos, deuda externa, ilegitima y eterna y su relación con la entrega de bienes comunes, la consecuencia del empobrecimiento del pueblo (niñez, campesinado, pueblos originarios y ancianos), la contaminación urbana y periurbana. La pérdida de biodiversidad y de fuentes de vida como el agua y el suelo, alternativas de producción y consumo, energías renovables, experiencias de construcción de legislación popular hacia otra institucionalidad, incendios de bosques, energía nuclear.

La carpa permanecerá abierta las 24 hs. con actividades programadas e intervenciones artísticas varias. Durante los próximos días habrá:

Martes 29: Soberanía, Deuda ilegítima y bienes comunes.

Desde las 12 hs. Intervenciones artísticas

- Muestra "Soberanía / No al Saqueo", de Carlos Filomía, desde el sábado 26 de septiembre hasta el viernes 2 de octubre de 2015. Documentación sobre casos de saqueo a través del extractivismo, resistencia y erradicación del mismo.

La FLIA

Colectivo de arte teatro pintura campaña "el Buen Vivir". 

15 a 17 hs. Carlos Filomía y Claudia Valente en "Soberanía argenta": Juego para estrategas de mesa, serie 2015. 

17:30 hs Mesa debate (Asamblea por la Suspensión del pago e investigación de la Deuda y en Defensa de los bienes comunes: Mariano Pasi, Jaime Fuchs, Beverly Keene, Nora Cortiñas)

20 hs Proyección Colectivo Mate Amargo cine independiente “No lo harías en tu casa”.

Miércoles 30: Resistencias y Alternativas (1 parte)

- Muestra "Soberanía / No al Saqueo", de Carlos Filomía, desde el sábado 26 de septiembre hasta el viernes 2 de octubre de 2015. Documentación sobre casos de saqueo a través del extractivismo, resistencia y erradicación del mismo.

-14 a 17:30 hs: 

Carlos Pellegrini Folklore

Resistencias desde el Arte (Frente de artistas del Borda y Frente de Artistas Ambulantes Organizados)

-17:30 hs: Mesa debate sobre alternativas y resistencias (Enrique Viale, Comunidad Aynhi sobre Buen Vivir, Grupo de Reflexión Rural, Organización Lautaro de Jujuy, María Elena Saludas)

20 hs: Proyección “Pensar la Transición” de la serie América Latina Piensa.

Jueves 1/10: Resistencias y Alternativas (2 parte)

Intervenciones artísticas: Grupo GULP performance.

- Muestra "Soberanía / No al Saqueo", de Carlos Filomía, desde el sábado 26 de septiembre hasta el viernes 2 de octubre de 2015. Documentación sobre casos de saqueo a través del extractivismo, resistencia y erradicación del mismo.

-17:30 hs: Mesa debate (Claudio Lozano, Alfredo Grande, Comunidad Aynhi sobre Buen Vivir y Adolfo Pérez Esquivel)

20 hs. Proyección a confirmar

Viernes 2/10: Cierre de la carpa

- Muestra "Soberanía / No al Saqueo", de Carlos Filomía, desde el sábado 26 de septiembre hasta el viernes 2 de octubre de 2015. Documentación sobre casos de saqueo a través del extractivismo, resistencia y erradicación del mismo.

15 hs Charla “Arte indígena. Conviviendo en la ciudad” Comunidad Aynhi.

16 hs. Mesas: Resistencia desde la música / Resistencia desde los medios

17 hs Murga y Mural Julio Cesar Creativo //

Música en Vivo para la Presentación de su Disco Música por la Soberanía

Audiovisuales sobre conflictos de pueblos originarios.

Mate Amargo, cine independiente.

Organizaciones que organizan la acción:

CTA- Emancipación Sur - Todos los 25 hasta que se Vaya Monsanto - FLSAA (Frente de Lucha por la Soberanía Alimentaria Argentina) – Visión Sostenible - Unidad Popular – La Olla – Mate Amargo Cine independiente – Che Pibe – MOI – Tribu Verde - Activismo Político y Cultural - Asamblea por la Suspensión del pago e investigación de la Deuda y en Defensa de los bienes comunes – Candombe Curimbe – UTSAPA – Aynhi comunidad indígena - Nueva Organización Gastronómica – Diálogo 2000/Jubileo Sur Argentina - Asamblea El Algarrobo – Asambleas del Pueblo – Salvador Herrera – Tierra y Dignidad – Espacio Intercuencas -

Organizaciones y espacios que participan en las mesas y actividades:

La Revolución de la Cuchara- Conciencia Solidaria – Asamblea Unidxs por el Rio Vicente López y Foro por la salud de Vte. López -Autoconvocados contra el CEAMSE de González Catán – ELT Río Bravo - Moreno Ciudad Pulmón/ CPS 29 de mayo - Asamblea No a la entrega de la costa Quilmes Avellaneda – Acampe Malvinas - Frente de Artistas del Borda – Grupo GULP - Observatorio Petrolero Sur – SERPAJ – Grupo de Reflexión Rural - Attac-Argentina – FAAO (Frente de Artistas Ambulantes Organizados) – Foro Hídrico de Lomas de Zamora – FLIA – La Retaguardia – Festisheca – Acampe Malvinas – Organización Lautaro -

Contactos de prensa

carpasoberania2015@gmail.com

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1150368823

1161774783

Facebook: Carpa de la Soberanía

Fuente: Biodiversidad en América Latina y El Caribe

Si siembras extractivismos, cosecharás violencias.

Poco a poco está quedando en evidencia que los actuales extractivismos avanzan en un contexto de creciente violencia. Esto no es una exageración: se apela a distintas formas de violencia para imponerlos y protegerlos, y es cada vez más frecuente que la movilización ciudadana quede también atrapada en ella.

Esta deriva no puede resultar sorpresiva. Tengamos presente que el avance de los extractivismos por medio de emprendimientos tales como la megaminería a cielo abierto, la explotación petrolera en la Amazonia, o los monocultivos, tienen enormes impactos sociales, económicos, territoriales y ambientales.

Esos efectos son de tal envergadura, que muchas comunidades locales se oponen a ese tipo de explotación de los recursos naturales. Eso obliga a que los promotores de esos emprendimientos, sean empresas o gobiernos, deben presionar cada vez más para poder imponerlos. En unos casos eso resulta en una violencia de baja intensidad, pero persistente, como puede ser acallar a los líderes ciudadanos, lanzar campañas de descrédito contra grupos sociales, o criminalizar sus movilizaciones.

En otros casos, los niveles de violencia escalan hacia una mayor intensidad. Eso ocurre cuando los promotores de los extractivismos apelan a la policía o a militares para aplastar la movilización ciudadana, dejando detrás un saldo de heridos o muertos. Entre los ejemplos más conspicuos está Perú, donde bajo el gobierno de Ollanta Humala, ya han muerto 60 personas en conflictos sociales (los tres más recientes debido a las protestas contra el proyecto minero Tía María, lo que llevó a declarar el estado de sitio en esa zona en mayo de 2015). En otros casos, son sicarios los que asesinan a líderes locales, como ha ocurrido en Colombia o Brasil.

Este tipo de casos son muy conocidos en casi todos los países latinoamericanos. Pero se están sumando otras situaciones, más complejas y en buena medida paradojales. Como muchos actores, desde analistas a empresarios, pero sobre todo los gobiernos, han insistido tanto pero tanto en difundir los mitos de extractivismos como fuente de enormes riquezas económicas y bienestar, hay amplios sectores que se lo han creído. Entre los convencidos están los que abandonaron sus prácticas rurales para lanzarse a la minería, comunidades que hicieron tratos con petroleras o agricultores familiares que se endeudaron para comprar la nueva tecnología de la soja. Algunos de ellos consiguieron aumentar sus ingresos económicos en tiempos de altos precios de las materias primas.

Pero eso también contribuyó a fomentar otro tipo de violencias, donde unos grupos se enfrentaban a otros por acceder, por ejemplo a un yacimiento minero. Se generaron así situaciones muy complejas, donde comunarios se enfrentan unos contra otros, los que quieren más minería contra los que la rechazan, o mineros que invaden predios de otros mineros, y a todo esto se le agrega el accionar de la policía o fuerzas de seguridad privadas vinculadas a las empresas. Casos emblemáticos fueron los duros enfrentamientos entre grupos locales alrededor de la mina Mallku Khota, o las peleas por controlar el yacimiento de oro de Arcopongo, ambos en Bolivia.

Por si esto fuera poco, se siguen agregando procesos. La caída de los precios de las materias primas hace que muchos despierten de sus sueños económicos, y como la sombra de la pobreza regresa, algunos salen a protestar a las calles, se movilizan y exigen que los gobiernos les compensen de alguna manera ante la caída de los mercados globales. Están reclamando por aquellas promesas de riqueza y bienestar que les hicieron, y a veces recurren a la violencia. Los gobiernos, a su vez, reaccionan como casi siempre lo han hecho, también respondiendo con su propia violencia. Esto está ocurriendo en estos días en Bolivia, con la movilización de grupos ciudadanos y cooperativistas mineros desde Potosí hacia la ciudad de La Paz, que ha terminado en varias refriegas con la policía. Ocurrió en el pasado reciente en Perú, con las movilizaciones de mineros informales o ilegales de oro amazónico. En una y otra situación estamos frente a algo así como un extractivismo popular que le reclama al gobierno más extractivismo o en su lugar compensaciones económicas directas.

Todas estas situaciones muestran que, por distintas vías, los extractivismos generan y potencian la violencia. Desde el Estado se ha apelado repetidamente a ese recurso para imponer emprendimientos que, si se hubieran cumplido seriamente las evaluaciones ambientales, las consultas ciudadanas, o la contabilización de sus reales costes económicos, nunca hubieran sido aprobados. Hay comunidades que han resistido como han podido a ese empuje, sufriendo esa violencia, viviendo la cotidianidad de una “política” violentista. Por ello hay veces que recurren también a la violencia, o bien porque han sido acorraladas, o bien porque ese es el tipo de política que han visto por décadas. A medida que ahora se suman los que quieren todavía más extractivismos, las caídas hacia la violencia se potencian.

La primera responsabilidad ante estas situaciones no está en los movimientos sociales, sino en el Estado. Este ha insistido en presentar a los extractivismos como una segura forma de crecimiento económico y reducción de la pobreza, como actividades de escasos impactos y seguros beneficios, despreciando a quienes alzan sus voces de alerta. El Estado ha sembrado extractivismos, y lo ha hecho intensamente y durante años, apelando repetidamente a la violencia. Por ello ahora está cosechando violencias, tanto las suyas propias, debido a sus limitaciones en cuestiones que van desde la cobertura a los derechos humanos al censurable desempeño de sus fuerzas de seguridad, como las de otros, sea por oponerse a los extractivismos como por querer todavía más.

Todo esto deja en claro que los actuales extractivismos no pueden ser separables de esas dinámicas de la violencia. No existe algo así como un extractivismo neutro o inofensivo. Son emprendimientos que están inmersos a veces es una violencia disimulada o muy focalizada, como por ejemplo hostigar a las ONGs, pero que en otros momentos deben ser impuestos con toda la fuerza que les otorgan los despliegues policiales o militares. De una u otra forma la violencia siempre está allí, y termina afectando sobre todo a los más débiles, las comunidades locales, y entre ellos en especial a grupos campesinos o indígenas. De nada sirve ocultar estos vínculos, y por el contrario, reconocer esta estrecha relación es una condición indispensable para pensar cualquier alternativa. Desmontar esa espiral de la violencia sólo es posible si se inicia un serio proceso de transición de salida a la dependencia extractivista.

23/07/2015

- Eduardo Gudynas es investigador en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES); se lo puede seguir en twitter en: @Egudynas.

Fuente: ALAI

Fuente: Biodiversidad en América

El posextractivismo no es un cuento.

- Respuesta de Eduardo Gudynas al artículo “Los dilemas de la Tía”, de Manuel Pulgar-Vidal

Por Eduardo Gudynas*

Días atrás, el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, dedicó buena parte de su artículo “Los dilemas de la Tía”, publicado en El Comercio el 24 de mayo, a describir mis propuestas de un posextractivismo, para enseguida criticarlas y descalificarlas.

Comencemos por aclarar que extractivismo y minería (o explotación petrolera) son dos conceptos distintos. Los extractivismos, en plural, son apropiaciones de grandes volúmenes de recursos naturales, en que la mitad o más son exportados como materias primas. Por lo tanto, no todas las actividades mineras califican con ese tipo de apropiación, una diferenciación que la nota del ministro confunde una y otra vez. Esto hace que el posextractivismo no se oponga a la minería, sino que propone poder dejar atrás, de una vez por todas, el papel de ser meros proveedores de commodities. Esto se busca por medio de transiciones, bajo condiciones democráticas y defendiendo la información y participación ciudadana.

Cuando se presenta ese objetivo, las críticas comunes son tildarlo de romántico, “ideológicamente” sesgado o carente de “datos duros”, y como no serían alternativas “serias”, no hay más remedio que seguir siendo vendedores del patrimonio natural, y aceptar todas sus cargas de impactos. Esas ideas, que están en la nota de Pulgar-Vidal, carecen de fundamento.

Tampoco es cierto que el posextractivismo quiera limitar las inversiones. Muy por el contrario, busca alentarlas, pero bajo regulaciones sociales y ambientales, para no caer en la trampa de los especuladores y para promover reconversiones hacia modos de producción sustentables. Se busca desactivar los subsidios perversos y escondidos, donde dineros nacionales cofinancian empresas extranjeras, y en cambio montar subsidios legítimos para apoyar emprendimientos nacionales.

“Si un ministro del Ambiente está comprometido con el respeto a la naturaleza y el aprovechamiento de los recursos naturales en primer lugar para las necesidades nacionales, debería ser el más interesado en acompañarnos en esa tarea, en lugar de impedirla”

Cuando el posextractivismo cita modelos económicos para reformar la carga tributaria no es ni una locura ni una radicalidad de la vieja izquierda. Por el contrario, la idea de impuestos a las sobreganancias se discutió intensamente en la última campaña electoral en el Perú, y era defendida, por ejemplo, por el gobierno francés de Nicolas Sarkozy y por el billonario George Soros. Bajo la perspectiva de la nota de Pulgar-Vidal, debería pensarse que Sarkozy y Soros serían simpatizantes de Tierra y Libertad, tendrían “posición ideológica” en la izquierda “bucólica”, y serían ahuyentadores de inversores.

El ministro cuestiona que los posextractivistas quieran planificar la inversión en atención a la estabilidad de un país por encima de la rentabilidad empresarial. ¿Pero no debe ser el gobierno el primero en velar por la estabilidad económica nacional? ¿Atender primero a los balances de tal o cual empresa no pone en riesgo la autonomía nacional? El posextractivismo tiene una respuesta clara: se debe recuperar ese papel en el Estado.

Desde otro flanco, Pulgar-Vidal critica al posextractivismo desde una defensa de acuerdos de libre comercio como la Alianza del Pacífico. Allí hay una confusión conceptual, ya que no es lo mismo un acuerdo de liberalización comercial que un proceso de integración. Y además hay un olvido político, ya que los extractivismos imponen dependencias económicas.

A diferencia de lo que dice Pulgar-Vidal, el posextractivismo tiene claro que la recomposición de la integración no puede repetir los problemas de la Unasur o del Mercosur. Busca, en cambio, articular cadenas agropecuarias e industriales entre países vecinos, en procesos que en cierta medida se asemejan a los modos más positivos de la integración europea. A juzgar de lo escrito por el ministro, no hay nada que aprender de la integración europea, y, en cambio, el futuro del país será de un eterno exportador de materias primas.

Se llega así a un último aspecto que entiendo es el más revelador en la nota del ministro: en su artículo no presenta ningún argumento ambiental. Impacta que defienda la necesidad e inevitabilidad de los extractivismos solo por consideraciones económicas, y que además son externas al Perú (inversiones o TLC). Nada se aporta sobre daños o soluciones ambientales.

Esto no es raro. Es que los actuales extractivismos tienen impactos tan negativos, que pocas veces tienen soluciones tecnológicas, y, por lo tanto, no son defendibles desde una análisis ecológico serio (y por ello se evitan las revisiones independientes de los estudios ambientales). Se cae en una curiosa situación, que se repite en países vecinos, donde un ministro del Ambiente hace defensas económicas o se enfoca en cuestiones globales (como el cambio climático), esquivando las duras decisiones nacionales.

Para evitar todo esto, necesitamos explorar condiciones de salida a los extractivismos. Si un ministro del Ambiente está comprometido con el respeto a la naturaleza y el aprovechamiento de los recursos naturales en primer lugar para las necesidades nacionales, debería ser el más interesado en acompañarnos en esa tarea, en lugar de impedirla.

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*Eduardo Gudynas es investigador del Centro Latino Americano de Ecología Social (Claes), Uruguay.

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Fuente: Diario El Comercio: http://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/posextractivismo-no-cuento-eduardo-gudynas-noticia-1816325

Otras noticias:

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Cambio climático y transiciones al buen vivir

COP 20: Crónica de un llamamiento que dejó infelices a la mayoría de delegaciones

Fuente: Servindi

¿Extractivismo o ecología?

Boaventura de Sousa Santos*

Al inicio del tercer milenio, las fuerzas de izquierda se debaten entre dos desafíos principales: la relación entre democracia y capitalismo, y el crecimiento económico infinito (capitalista o socialista) como indicador básico de desarrollo y progreso. En estas líneas voy a centrarme en el segundo desafío (sobre el primero, ver “¿Democracia o capitalismo?”, en Página/12 del 6 de enero pasado).

Antes de la crisis financiera, Europa era la región del mundo donde los movimientos ambientalistas y ecologistas tenían más visibilidad política y donde la narrativa de la necesidad de complementar el pacto social con el pacto natural parecía tener gran aceptación pública. Sorprendentemente o no, con el estallido de la crisis tanto estos movimientos como esta narrativa desaparecieron de la escena política y las fuerzas políticas que más directamente se oponen a la austeridad financiera reclaman crecimiento económico como la única solución y sólo excepcionalmente hacen una mención algo simbólica a la responsabilidad ambiental y la sustentabilidad. Y, de hecho, las inversiones públicas en energías renovables fueron las primeras en ser sacrificadas por las políticas de ajuste estructural. Ahora bien, el modelo de crecimiento que estaba en vigor antes de la crisis era el blanco principal de las críticas de los movimientos ambientalistas y ecologistas, precisamente, por ser insostenible y producir cambios climáticos que, según los datos la ONU, serían irreversibles a muy corto plazo, según algunos, a partir de 2015. Esta rápida desaparición de la narrativa ecologista muestra que el capitalismo tiene prioridad no sólo sobre la democracia, sino también sobre la ecología y el ambientalismo.

Pero hoy es evidente que, en el umbral del siglo XXI, el desarrollo capitalista toca la capacidad límite del planeta Tierra. En los últimos meses, varios records de riesgo climático fueron batidos en Estados Unidos, la India, el Artico, y los fenómenos climáticos extremos se repiten con cada vez mayor frecuencia y gravedad. Ahí están las sequías, las inundaciones, la crisis alimentaria, la especulación con productos agrícolas, la creciente escasez de agua potable, el desvío de terrenos destinados a la agricultura para desarrollar agrocombustibles, la deforestación de bosques. Paulatinamente, se va constatando que los factores de la crisis están cada vez más articulados y son, al final, manifestaciones de la misma crisis, que por sus dimensiones se presenta como crisis civilizatoria. Todo está vinculado: la crisis alimentaria, la crisis ambiental, la crisis energética, la especulación financiera sobre los commodities y los recursos naturales, la apropiación y la concentración de tierras, la expansión desordenada de la frontera agrícola, la voracidad de la explotación de los recursos naturales, la escasez de agua potable y la privatización del agua, la violencia en el campo, la expulsión de poblaciones de sus tierras ancestrales para abrir camino a grandes infraestructuras y megaproyectos, las enfermedades inducidas por un medioambiente degradado, dramáticamente evidentes en la mayor incidencia del cáncer en ciertas zonas rurales, los organismos genéticamente modificados, los consumos de agrotóxicos, etcétera. La Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible realizada en junio de 2012, Río+20, fue un rotundo fracaso por la complicidad mal disfrazada entre las élites del Norte global y las de los países emergentes para dar prioridad al lucro de sus empresas a costa del futuro de la humanidad.

En varios países de América latina, la valorización internacional de los recursos financieros permitió una negociación de nuevo tipo entre democracia y capitalismo. El fin (aparente) de la fatalidad del intercambio desigual (las materias primas siempre menos valoradas que los productos manufacturados), que encadenaba a los países de la periferia del sistema mundial al desarrollo dependiente, permitió que las fuerzas progresistas, antes vistas como “enemigas del desarrollo”, se liberasen de ese fardo histórico, transformando el boom en una ocasión única para realizar políticas sociales y de redistribución de la renta. Las oligarquías y, en algunos países, sectores avanzados de la burguesía industrial y financiera altamente internacionalizados, perdieron buena parte del poder político gubernamental, pero a cambio vieron incrementado su poder económico. Los países cambiaron sociológica y políticamente, hasta el punto de que algunos analistas vieron la emergencia de un nuevo régimen de acumulación, más nacionalista y estatista, el neodesarrollismo, sobre la base del neoextractivismo.

Sea como fuere, este neoextractivismo se basa en la explotación intensiva de los recursos naturales y, por lo tanto, plantea el problema de los límites ecológicos (para no hablar de los límites sociales y políticos) de esta nueva (vieja) fase del capitalismo. Esto es tanto más preocupante en cuanto este modelo de “desarrollo” es flexible en la distribución social, pero rígido en su estructura de acumulación. Las locomotoras de la minería, del petróleo, del gas natural, de la frontera agrícola son cada vez más potentes y todo lo que se interponga en su camino y obstruya su trayecto tiende a ser arrasado como obstáculo al desarrollo. Su poder político crece más que su poder económico, la redistribución social de la renta les confiere una legitimidad política que el anterior modelo de desarrollo nunca tuvo, o sólo tuvo en condiciones de dictadura.

Por su atractivo, estas locomotoras son eximias para transformar las señales cada vez más perturbadoras de la inmensa deuda ambiental y social que generan en un costo inevitable del “progreso”. Por otro lado, privilegian una temporalidad que es afín a la de los gobiernos: el boom de los recursos naturales no va a durar para siempre y, por eso, hay que aprovecharlo al máximo en el más corto plazo. El brillo del corto plazo oculta las sombras del largo plazo. En tanto el boom configura un juego de suma positiva, quien se interpone en su camino es visto como un ecologista infantil, un campesino improductivo o un indígena atrasado, y muchas veces es sospechado de integrar “poblaciones fácilmente manipulables por Organizaciones No Gubernamentales al servicio de quién sabe quién”.

En estas condiciones se vuelve difícil poner en acción principios de precaución o lógicas de largo plazo. ¿Qué pasará cuando el boom de los recursos naturales termine? ¿Y cuando sea evidente que la inversión de los recursos naturales no fue debidamente compensada por la inversión en recursos humanos? ¿Cuando no haya dinero para generosas políticas compensatorias y el empobrecimiento súbito cree un resentimiento difícil de manejar en democracia? ¿Cuando los niveles de enfermedades ambientales sean inaceptables y sobrecarguen los sistemas públicos de salud hasta volverlos insostenibles? ¿Cuando la contaminación de las aguas, el empobrecimiento de las tierras y la destrucción de los bosques sean irreversibles? ¿Cuando las poblaciones indígenas, ribereñas y de los quilombos (afrobrasileños) que fueron expulsadas de sus tierras cometan suicidios colectivos o deambulen por las periferias urbanas reclamando un derecho a la ciudad que siempre les será negado? Estas preguntas son consideradas por la ideología económica y política dominante como escenarios distópicos, exagerados o irrelevantes, fruto de un pensamiento crítico entrenado para dar malos augurios. En suma, un pensamiento muy poco convincente y de ningún atractivo para los grandes medios de comunicación.

En este contexto, sólo es posible perturbar el automatismo político y económico de este modelo mediante la acción de movimientos y organizaciones sociales con el suficiente coraje para dar a conocer el lado destructivo sistemáticamente ocultado del modelo, dramatizar su negatividad y forzar la entrada de esta denuncia en la agenda política. La articulación entre los diferentes factores de la crisis deberá llevar urgentemente a la articulación entre los movimientos sociales que luchan contra ellos. Se trata de un proceso lento en el que el peso de la historia de cada movimiento cuenta más de lo que debería, pero ya son visibles articulaciones entre las luchas por los derechos humanos, la soberanía alimentaria, contra los agrotóxicos, contra los transgénicos, contra la impunidad de la violencia en el campo, contra la especulación financiera con productos alimentarios, por la reforma agraria, los derechos de la naturaleza, los derechos ambientales, los derechos indígenas y de los quilombos, el derecho a la ciudad, el derecho a la salud, la economía solidaria, la agroecología, el gravamen de las transacciones financieras internacionales, la educación popular, la salud colectiva, la regulación de los mercados financieros, etc.

Tal como ocurre con la democracia, sólo una conciencia y una acción ecológica vigorosas, anticapitalistas, pueden enfrentar con éxito la vorágine del capitalismo extractivista. Al “ecologismo de los ricos” es preciso contraponerle el “ecologismo de los pobres”, basado en una economía política no dominada por el fetichismo del crecimiento infinito y del consumismo individualista, sino en las ideas de reciprocidad, solidaridad y complementariedad vigentes tanto en las relaciones entre los seres humanos como en las relaciones entre los humanos y la naturaleza.

* Director del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra, Portugal.

Traducción: Javier Lorca.

Fuente: Atrio