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martes, 11 de diciembre de 2018

De la culpa a la responsabilidad.


José Arregi

¿Quién es el culpable de los males del mundo, de la emisión en aumento del CO2, del cambio climático, del exterminio animal, de la guerra del Yemen, de la desigualdad creciente, de las supremas amenazas de las biotecnologías e infotecnologías, del dominio abusivo de Google, Facebook, Apple o Amazon, y de que el futuro pueda quedar pronto fuera del control humano? El culpable no es nadie. O es Nadie el culpable, pero ¿quién es Nadie?

Sí, lo sabemos, es la economía neoliberal del sálvese quien pueda, esa “libre” competición universal y desigual, responsable de que cada vez menos gente se enriquezca cada vez más y cada vez más gente gane cada vez menos para vivir. ¿Pero quién es “la economía neoliberal”, el sistema ciego y depredador que asfixia la vida en el planeta? Somos todos, unos más que otros, pero en el fondo nadie.

¿Quién es el culpable de las doctrinas asesinas, de las guerras de banderas, de las violaciones, de la violencia de género, de la marginación de la mujer, de la homofobia?
Son los prejuicios, la cultura, las creencias, las ideologías, las instituciones. Nadie.
¿Quién es el culpable de nuestros odios, celos, codicias, envidias, miedos y angustias, causa de casi todos los males de la Tierra? Nadie lo es. Son los genes, la educación recibida, los abusos y las carencias sufridas en la infancia, la exclusión, la miseria, el abandono. Son las neuronas, las hormonas, la falta de serotonina, el déficit de dopamina. Es la bioquímica. Los algoritmos. O el azar. O la necesidad. O, simplemente, no sabemos. Una cosa es segura: nadie hemos elegido aquello que en última instancia nos hace ser lo que somos y hacer lo que hacemos.

¿Y entonces? ¿Nos quedaremos donde estamos, haciendo lo que hacemos? ¿Dejaremos la historia a su deriva, desistiendo de otro futuro? No. No basta con decir “Yo no he sido, soy inocente”, ni con buscar al culpable y castigarlo, ni dejarlo todo como está porque nadie es culpable. ¿Queda algo? Queda la responsabilidad más allá de la culpa, más allá de los tribunales, por necesarios que sean, más allá de sentencias absolutorias o condenatorias, más allá de penas y castigos que a nadie humanizan.
Cuenta el libro bíblico del Génesis que Adán y Eva, es decir, “Tierra” y “Viviente”, fueron creados por Dios inmaculados, indemnes e inmortales, y fueron puestos en un paraíso de armonía donde no les faltaba de nada.

Solamente, Dios les prohibió comer el árbol del conocimiento del Bien y del Mal, es decir, creerse el criterio o el dueño absoluto del bien y del mal, porque eso les llevaría a matar y a morir, como sigue sucediendo. Pero de pronto, sin explicación alguna, una serpiente (que es como decir “Nadie” o “No sabemos ni quién ni por qué”) los sedujo, y comieron. Y todo se malogró: se vieron desnudos, se avergonzaron el uno ante el otro, empezaron a exculparse y a inculpar: “Yo no he sido”, “Ha sido Eva”, “Ha sido la serpiente”. Podrían haber dicho “Ha sido Dios”, si Dios fuera el Señor Supremo que se ha imaginado, el que habría creado a la serpiente y luego les habría expulsado del paraíso. Dios ha sido llamado tanto “Todo” como “Nadie”. Dios es la Voz que te dice: “No eres culpable, ni Dios o Nadie te castigará, pero tampoco te castigues tú ni castigues a nadie, a Nadie. Cuídate, cuida al prójimo, cuida la Tierra, la Vida. Responde del daño, sé responsable”.

Es un hermoso mito que. Lo malo es que los mitos se vuelvan dogmas que hay que creer a la letra. Por ejemplo, el dogma del pecado original que se impuso con San Agustín (ss. IV-V). Dice este dogma que todos nacemos con la culpa y el castigo de Adán y Eva, y por ello sufrimos y morimos. Que somos culpables de hacer el mal que no queremos y de no hacer el bien que queremos, y de que vaya el mundo como va. Que todos nacemos culpables y condenados, menos una: María de Nazaret, la madre de Jesús. Que solo ella por singular favor divino, fue concebida y nació inmaculada, sin culpa ni castigo, sin “pecado original”.

Los católicos lo celebramos ayer, Fiesta de la Inmaculada Concepción. ¿Pero qué celebramos? No lo que dice a la letra este dogma, tan absurdo como el del pecado original y todos los demás. El dogma de la Inmaculada, en su literalidad, resalta nuestra culpabilidad universal y, muy en particular, la culpabilidad de la mujer: hace de María la mujer ideal, perfecta, la mujer irreal e inalcanzable, Nueva Eva desencarnada; ante ella, la mujer real, de carne y hueso, se siente indigna y culpable, merecidamente sometida, vieja Eva pecadora, Eva tentadora, Pandora de todos los males.
No, amigos, no es eso lo que celebramos. En la figura de María nos celebramos en nuestra realidad carnal, contradictoria, abierta. No somos culpables ni estamos condenados. El Ángel de la Vida te dice como a María: “No, tú no eres culpable, nadie te ha de castigar. Eres bendito, eres tierra frágil y bendita, llena de gracia. Cuida la gracia de tu ser. Y aunque no seas culpable, hazte responsable del daño que haces, del bien que no haces y hasta del mal que padeces. Tú puedes, como María, sin ser perfecto ni inmaculado, como tampoco lo fue María”.

(Publicado en DEIA y en los Diarios del Grupo NOTICIAS el 9 de diciembre de 2018)

domingo, 26 de agosto de 2018

Corrupción y extractivismos: un vínculo estrecho y diseminado.

Por Eduardo Gudynas
Los extractivismos se han vuelto muy visibles en América Latina, y en especial en Bolivia. Las explotaciones mineras, petroleras o los monocultivos, han dominado las estrategias de desarrollo de los países y están en el centro de muchas polémicas. 
Del mismo modo, la corrupción regresó al foco de la atención ciudadana. Aunque es un mal conocido desde tiempos coloniales, ahora adquirió más relevancia con nuevos escándalos que han alcanzado incluso a presidentes.
Sin embargo, menos evidentes han sido los vínculos entre corrupción y extractivismos. Pero ya no pasa desapercibido que varios complejos esquemas de corrupción incluían, por ejemplo a empresas mineras o petroleras. En algunos casos se necesitaba de la corrupción para poder acceder a los recursos naturales, y en otros, como allí se movía tanto dinero, era una fuente atractiva para alimentar financiamientos ilegales.
Esas relaciones son el objetivo de mi reciente libro “Naturaleza, extractivismos y corrupción – anatomía de una íntima relación”, que se acaba de presentar en la Feria del Libro de La Paz. Su objetivo es describir y sistematizar aquellas situaciones donde emprendimientos extractivistas quedaron envueltos en casos de corrupción. Dicho de otro modo, es un ejercicio de ecología política y economía política sobre como prácticas ilegítimas tales como sobornos, peculado, prevaricación, tráfico de influencias y otras, inciden en los modos de apropiación de recursos naturales. 
Un primer hallazgo llamativo fue encontrar casos de corrupción para todos los tipos de extractivismos. Sin excepción. Hay ejemplos que van desde proyectos mineros o petroleros, a los sectores forestal o pesquero. Ningún tipo de recurso natural está a salvo.
Estos y otros resultados se basan en más de un centenar de casos de corrupción en América del Sur examinados en el libro. A partir de ellos se realiza un análisis que es conceptual, considerando por ejemplo los actores o las instituciones envueltas en esos casos. De todos modos, el texto no es una investigación policial; no se indican culpables ni se relatan escenas de entregas de sobres con dinero. En cambio, explora los elementos y procesos comunes que surgen de aquellas situaciones donde quedan asociadas prácticas de corrupción con los extractivismos.
Desde esa perspectiva, otro hallazgo relevante es que existen ese tipo de prácticas en todos los países sudamericanos. Aquí tampoco hay excepciones; no surgen diferencias entre los distintos regímenes políticos, ya que aparece con gobiernos conservadores como progresistas. Del mismo modo, la corrupción en los extractivismos involucra todos los tipos de propiedad, desde las compañías privadas transnacionales a las empresas estatales, pasando por aquellas de capital mixto o las cooperativas. La promesa de varios progresismos de impedir la corrupción no se cumplió.
Estas prácticas afectan a todos los niveles relacionados con la explotación de la Naturaleza, desde los pagos para incidir en las evaluaciones de impacto ambiental hasta el tráfico de influencias para evitar controles de contaminación, desde incidir en las licitaciones de concesiones mineras o petroleras hasta la compra de impunidad para los infractores ambientales.
Buena parte de la atención ciudadana se ha centrado en grandes casos, como el del esquema organizado por Petrobras y las empresas constructoras, no sólo dentro de Brasil sino también en países vecinos. En el libro se analiza ese entramado, destacándose que se reorganizó a esa empresa petrolera en función de poder canalizar los dineros de las comisiones desde las compañías contratadas a los partidos políticos. Cada grupo político designaba su “representante”, que pasaba a ser gerente de una división, y desde allí gerenciaba los sobornos entre las compañías subcontratadas y su propio partido. Era un esquema cotidiano, muy organizado, donde estaban muy claros los porcentajes y los intermediarios, contando con la complicidad de una enorme lista de ejecutivos y empleados, y por ello operó por años. 
Esos y otros casos brasileños han tenido ramificaciones enormes. Pocos meses atrás, la fiscalía de ese país informaba que se habían realizado 1765 procesos, con 188 condenas a 123 personas. Las multas totales a las empresas han sido estimadas en 3 mil millones de dólares.
Aunque recibe muchas menos atención que el caso de Petrobras, distintas investigaciones en Chile revelan una situación igualmente grave. En ese país, por ejemplo, la minera SQM transfería pagos ilegales a todos los partidos políticos bajo el primer gobierno de Sebastián Piñera. Buena parte de la prensa no le ha dado tanta difusión ya que pone los focos más en Brasil, pero en Chile terminó afectando a todos los partidos con representación parlamentaria. Bajo lo que podría llamarse la “equidad en la coima”, los dineros entregados eran proporcionales al número de legisladores de cada partido, desde la derecha con la UDI (Unión Demócrata Independiente) al Partido Socialista y otros grupos de la oposición. 
El panorama puede resultar desolador por momentos, pero es necesario advertir que no todas las actividades extractivistas implican corrupción.  Ni la corrupción está enfocada específicamente en prácticas de apropiación de recursos naturales como los extractivismos.
Casos como los de Brasil y Chile expresan lo que se califica como “gran corrupción”, donde se involucra de distintas manera empresas de los sectores extractivos con gobiernos o partidos políticos; situaciones similares tuvieron lugar en Ecuador, Perú, Argentina y Venezuela. 
Pero la corrupción anclada en los extractivismos también penetra en las comunidades locales, lo que se analiza con detalle en el libro. En el libro esa problemática se ilustra con un caso peruano, donde un importante líder ciudadano fue grabado mientras negociaba un pago a cambio de detener la protesta local contra un megaproyecto extractivista. También se aborda la trama del Fondo Indígena de Bolivia, ya que allí también quedaron atrapados actores que provenían de organizaciones campesinas e indígenas.
Como la corrupción en proyectos extractivistas ocurre a cualquier escala, afectando muy diversos actores y avanzando dentro de la institucionalidad, en el estudio se subraya que termina afectando a la democracia. Tanto algunos casos como los estudios comparados muestran que la corrupción alrededor de los recursos naturales prefiere regímenes que aunque democráticos sean hiperpresidencialistas, así como puede operar bajo los autoritarismos. De esa manera logran impunidad con los impactos sociales y ambientales que esos emprendimientos generan, e incluso avanzan en su imposición quebrando la salvaguarda de los derechos de las personas y de la Naturaleza.
Enfrentar estas estrechas relaciones entre extractivismos y corrupción no será sencillo. Se necesitan no sólo nuevas normas y fiscalizaciones ante la corrupción, sino también un cambio cultural para no caer en ella. En su esencia sigue siendo un problema moral que involucra a toda la ciudadanía. Pero desde otro lado, se requieren alternativas a los extractivismos. Es que ese tipo de emprendimientos tienen severos impactos, y hay casos donde se apela a la corrupción para imponerlos. Además, como mueven enormes cifras de dinero, no es difícil que atraigan a quienes esperan ensayar nuevas maniobras ilegítimas. De este modo, combatir la corrupción en los modos de apropiación de la Naturaleza se convierte en otra razón para buscar las opciones para abandonar los extractivismos.
El presente artículo está basado en la ponencia del autor en la mesa redonda de presentación del libro “Naturaleza, extractivimos y corrupción – anatomía de una íntima relación” en la Feria del Libro de la Paz, compartida con los periodistas Andrés Gómez Vela (Rimay Pampa) y Ruben Atahuichi (La Razón), y en el seminario brindado en el Instituto de Investigaciones Socio-Económicas (IISEC), de la Universidad Católica Boliviana, donde también participaron Fernanda Wanderley y Cecilia Requena, docentes en esa institución. El libro fue publicado por La Libre en Cochabamba. 
Foto: Lalineadefuego
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*Eduardo Gudynas es investigador en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES), en Montevideo.
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Fuente: Publicado el 21 de agosto 2018 en el portal Rimay Pampa: https://www.rimaypampa.com/2018/08/corrupcion-y-extractivismos-un-vinculo.html

lunes, 7 de mayo de 2018

El silencio cómplice.


José M. Castillo, teólogo

Uno de los factores más determinantes del malestar, que se palpa (en España y fuera de España) en tantos ambientes, es el silencio de miles de cosas, que habría que saber y no se saben. Porque nadie se atreve a tirar de la manta. Y que, de una vez, nos enteremos de lo que realmente está pasando en este país.
Hay un hecho que es incuestionable: la corrupción está cimentada en el silencio; y el silencio es lo que la ha hecho posible. Cada año que pasa, España es más rica. Y cada año que pasa, el 90 % de la población se ve más apurado para salir adelante o simplemente para llegar a fin de mes. ¿Dónde se meten la cantidad de millones de euros que entran continuamente en este país? Esta pregunta no tiene respuesta porque hay demasiada gente, que sabe cosas que habría que decir, pero se las calla.


Yo no soy político, ni economista, ni jurista, ni sociólogo. Yo he dedicado toda mi vida a la teología. O sea, a las cosas de la religión. Por eso me pregunto muchas veces: ¿no es responsable también en esto la religión? Claro que lo es. Y mucho. La Iglesia tiene que mantener y proteger los privilegios que el Estado le concede. Pero eso tiene un precio. Que se paga con dinero o con silencio. ¿Por qué las mujeres se han tirado a la calle cuando se ha sabido el escándalo de “La Manada”? ¿Han hecho algo parecido los obispos y los curas? Unas monjas carmelitas de clausura han dicho lo que tenían que decir. Y los que nos hemos quedado tan tranquilos en nuestras casas, ¿por qué nos quedamos calladitos? ¿para no complicarnos la vida? ¿Por qué nos tranquilizamos la conciencia pensando que “esto a mí, ni me va ni me viene

Los cristianos tendríamos que saber – y tenerlo siempre muy presente – que en el Evangelio hay una palabra fuerte y clara, que fue dicha por Jesús cuando lo llevaban al tribunal para condenarlo a muerte. “Yo lo he dicho todo con libertad” (“ego parresía leláleka tó kósmo”) (Jn 18, 20). Aquí el término clave es “parresía”, que designa propiamente la libertad para decirlo todo (H. Balz).

En misas y sermones, los hombres de la religión predican contra los peligros del sexo, la falta de fe y de piedad, las amenazas del pecado, la muerte y el infierno. Y no cabe duda que todo eso, si se hace como Dios manda, es importante. ¿Pero han escuchado Vds muchas predicaciones que nos expliquen con claridad los peligros que entraña el silencio de tantas cosas que habría que decir y no las decimos?

El Papa Francisco ha sacado a la luz tantos y tantos escándalos de la Iglesia y sus clérigos por abusos que nos dan vergüenza ¿No es esto el mejor servicio que se nos puede hacer a todos para sanearnos desde lo más hondo de nosotros mismos?

domingo, 18 de marzo de 2018

Ética política ante la globalización del mercado y del capital.


por Agustín Ortega. 

Debido a algunas declaraciones y supuestas intenciones de Donald Trump, algunos han dicho de forma apresurada que estamos en una desglobalización. En donde se revierten los procesos mundiales de los mercados, las economías y finanzas que están marcando nuestra época. Más, como se ha mostrado por autores y la realidad misma, estamos lejos de esa pretendida desglobalización. La globalización ha venido para quedarse. Y es la que define la era en la que vivimos. No hay marcha atrás en los procesos científicos, tecnológicos e informacionales con la revolución de las redes informáticas y la economía del conocimiento. Todo lo cual ha sido aprovechado por la imponente economía financiera y especulativa que, con su tecnocracia del mercado y del capital e ingeniería bursátil-accionarial, es la que domina el mundo.

Los estados y gobiernos se encuentran a merced e impotentes ante todos estos poderes transnacionales, mercantiles y financieros que es el mayor poder conocido en la historia de la humanidad. Los auténticos amos y gobernantes del mundo son todas estas empresas multinacionales o corporaciones financieras-bancarias que concentran un poder mucho mayor que el de los estados. Entre otras cuestiones, esta imperante globalización del mercado y del capital tiene como prueba los numerosos y recientes casos de corrupción de gobernantes a manos de estas empresas y corporaciones.

La globalización no supone un proceso perverso e irreversible en todos sus aspectos, no es mala en sí misma. La revolución de las tecnologías y la técnica, per se, no tienen por qué ser malvadas. Y pueden -y en la realidad así lo han hecho- contribuir a unir con lazos de solidaridad y fraternidad. Aunque a nadie se le esconde la mala utilización y abuso de dichas redes tecnológicas e informacionales ya que, asimismo, paradójicamente, llevan al aislamiento, a la soledad, a adicciones, a la despersonalización e inhumanidad, etc. Como nos muestran todo tipo de estudios sociales e informes, el lado perverso de la globalización que se ha impuesto -la neoliberal y capitalista con su ídolo del mercado-capital- ha causado una creciente desigualdad e injusticia social, ambiental y global.

Cada vez más, unos pocos enriquecidos han acumulado en pocas manos la inmensa mayoría de los bienes y recursos. A costa del hambre, la pobreza y exclusión de la mayor parte de la humanidad. Entre las élites y ricos del mundo, ha generado mucho escándalo que el papa Francisco en su magisterio (véase sus encíclicas Evangelii Gaudium o Laudato si’) afirme que la causa de toda esta desigualdad e injusticia que padecen los pobres sea toda esta tecnocracia del mercado libre y de la especulación financiera. Es decir, la ideología neoliberal y capitalista, que impone ese fundamentalismo de la libertad de mercado y que lleva a su total autonomía, sin ningún control ético ni político. Como cualquier estudioso de la Doctrina Social de la Iglesia (DSI) sabe, desde sus inicios con León XIII (RN), los papas y la misma DSI se opusieron a aceptar esa libertad mercantil total. Por ejemplo, tal como ya nos muestra RN, en el ámbito del contrato de trabajo, sin ningún marco moral y gubernativo. Los empresarios podrán afirmar que disponen de libertad, con una legalidad formal, para contratar como quieran, pero si no se asegura un trabajo digno con un salario justo para el trabajador y su familia, entonces esa libertad de mercado se corrompe y se cae en la injusticia.

Y ya en 1931, después del crac del 29, Pío XI (Quadragesimo Anno) denunció todo este “imperialismo internacional” del dinero, que fue como la semilla de la actual globalización capitalista. Como es sabido, después de esta crisis, sobre todo fruto de las luchas del movimiento obrero, la economía y la política apuntalaron el estado social de derechos, hoy cada vez más destruido. Se hizo una intervención sobre los mercados para promover un empleo decente, una fiscalidad justa y políticas sociales en educación, sanidad, vivienda… que, en Europa, trajo una época de mayor solidaridad y justicia social.

Posteriormente siguiendo a Pío XI, el papa Pablo VI en su magisterio (Populorum Progressio y Octogesima Adveniens) insistiría en dicha cuestión de la injusticia del mercado capitalista libre, así como en la regulación ético-política de todo este mercado para orientarlo, al mismo tiempo, en la libertad e igualdad. En la línea de Francisco, ya en la época de la globalización, los papas Juan Pablo II (CA) y Benedicto XVI (CV), este último en el marco de la última crisis financiera global, reafirmaron que los mercados deben ser controlados por la sociedad civil y los estados, articulados con instituciones mundiales.

En este sentido, en el camino marcado por León XIII y con unos términos novedosos, Juan Pablo II (Laborem Exercens) mostró como el mercado de trabajo no sólo debe ser gestionando por el empresario como por la sociedad civil, los sindicatos, los gobiernos, etc. que han de velar y fiscalizar que el empleo sea decente. El mismo papa (Centesimus Annus), junto a los estudios de economía ética, nos mostró que en la sociedad y en el mundo no todo puede ser gobernado por el mercado y que este tiene unos límites, ya que la oferta y la demanda sólo funciona para quien es solvente y tiene dinero o recursos. En esta línea, hay bienes y recursos que, por su misma naturaleza, no pueden ser objeto de compra ni de venta mercantil.

Por todo ello, la economía y el mercado deben ser controlados con una ética política mundial, para que sirvan a la vida y necesidades de las personas, de los pueblos y los pobres, todos esos seres humanos, países y empobrecidos del mundo que no pueden acceder al mercado, y que impida que los bienes vitales como, por ejemplo, la tierra con los alimentos y la salud o la misma educación, sean productos de la mercantilización para el lucro, la privatización y la especulación.

sábado, 17 de marzo de 2018

La mediatización de la corrupción.


Por Osvaldo León
ALAI

El tema de la corrupción, un problema permanente a lo largo de la historia de la humanidad, nuevamente está en escena. Obviamente gravita la exposición mediática que ha adquirido ante la magnitud y extensión con que hoy se manifiesta, pero como de por medio priman cálculos políticos, poco se habla de las causas estructurales y sus expresiones tangibles, como los intocables paraísos fiscales, por ejemplo.

Por cierto que es un problema serio e ineludible a enfrentar, aunque en el juego político su tratamiento se ha convertido en un discurso de ocasión para sacar réditos inmediatos. Al punto que, por ejemplo, hay quienes pregonan que de llegar al gobierno o desde éste van a “acabar” (milagrosamente, de seguro) con dicho flagelo. Es más, en América Latina se ha transformado en un eje de la geopolítica del vecino del norte.


el conglomerado mediático hegemónico viene desplegando una campaña sincronizada como adalid de esta lucha, no para informar y mucho menos con un sentido educativo de rescate de valores, de la ética en la política, sino como estrategia política selectiva (e incluso con tintes partidarios) para acorralar contrincantes 

En este contexto, capitalizando la justa causa del combate a la corrupción, el conglomerado mediático hegemónico viene desplegando una campaña sincronizada como adalid de esta lucha, no para informar y mucho menos con un sentido educativo de rescate de valores, de la ética en la política, sino como estrategia política selectiva (e incluso con tintes partidarios) para acorralar contrincantes, por lo general con discursos moralistas no exentos de procedimientos y recursos poco éticos, como la manipulación.

Vale tener presente que, en tanto espacio clave de la mediación política y social, el poder mediático tiene un peso gravitante en la conformación de la opinión pública, no solo porque ello le permite influir en la configuración de actores sino también por el margen de maniobra que disponen para establecer los temas de debate, en tanto tienen el poder de decidir a quiénes dan visibilidad y a quiénes no, qué relatos refuerzan y a cuáles desfiguran o acanallan, entre otras prerrogativas.
Para muestra dos botones

En Colombia, Octavio Quintero, Director del Grupo Editorial El Satélite, comenta(1):

“La Corte Suprema de Justicia de Colombia ha resuelto abrir investigación preliminar contra todos los congresistas de la Unidad Nacional (senadores y representantes) bajo la sindicación de varios delitos: cohecho, colusión, peculado, celebración indebida de contratos, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito: ¡Hágame el favor!

“Y semejante noticia ni siquiera abrió los noticieros de TV y radio, ni las primeras planas de los diarios nacionales en sus ediciones digitales. Es más, la indagación habría sido ordenada desde diciembre pasado por el magistrado, Eyder Patiño, en virtud de una denuncia presentada en el 2013… Según la denuncia, los congresistas, ‘a cambio de puestos de trabajo para sus familiares, cupos indicativos y adjudicaciones a dedo de contratos, habrían aprobado proyectos de ley relacionados con los acuerdos de paz sin el debido estudio’.

“Bueno, que al cabo de los años se decida adelantar la investigación, y que la noticia no tenga el impacto mediático que se supone, lo que indica es que esas cosas, ‘por lo sabido se callan’ o se les otorga poca importancia”.

Mientras tanto, en Brasil, el protagonismo mediático, particularmente del grupo O Globo, aparece como un componente clave en el desenvolvimiento de la Operación Lava Jato. Impulsada por el gobierno de Dilma Rousseff para combatir la corrupción, en el transcurso ésta se torna en un operativo que gravita en su destitución, sin prueba alguna, y en el evidente intento de sacar del juego político al Partido de los Trabajadores (PT) y sus dirigentes, por la colusión entre segmentos del Ministerio Público, la Policía Federal, el sistema Judicial y los grandes medios.

En efecto, a finales de 2014, se impulsa una cruzada de combate a la corrupción focalizada en el gobierno y el PT, pues los medios hegemónicos blindan a figuras opositoras gravemente comprometidas, tal el caso del entonces presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, con cuentas secretas en Suiza que fueron reveladas por ese país; Aecio Neves, excandidato presidencial del opositor PSDB, denunciado por recibir jugosas propinas de Furnas; Geraldo Alckim, gobernador de Sao Paulo, acusado de desvío de fondos para la merienda estudiantil. De hecho, el 52% de quienes votaron en diputados para el juicio a Dilma, estaba involucrado en actos de corrupción.

En el marco de esta cruzada, con una serie de hechos montados artificialmente, los medios actúan como principales propiciadores de las cuatro movilizaciones golpistas que se realizan en 2015. La revista Veja (01-11-2015) coloca en la portada un montaje con la cara del expresidente Lula da Silva vestido con ropa de presidiario, siendo que para entonces no existía acción penal alguna. Cuando la presidenta Rousseff invita a Lula para que se integre a su gobierno, el juez de primera instancia Sergio Moro, intercepta ilegalmente una llamada telefónica que es editada y amplificada por la Globo; y un largo etcétera.

De los diversos análisis realizados sobre el tratamiento mediático de estos acontecimientos podemos señalar: una cobertura parcializada, adosada a una virtual censura privada; una gran espectacularización de las detenciones (muchas de ellas arbitrarias), de las delaciones premiadas y premeditadas, de las fugas selectivas de información bajo sigilo, para condenar a personas e instituciones en proceso de investigación, mucho antes de que exista decisiones judiciales; complicidad con métodos ilegales utilizados por el juez Moro (interferencias telefónicas); ocultamiento de información, como los actos de violencia contra locales del PT, entre otros.
Periodisjueces

A medida que se torna evidente que el campo de la comunicación adquiere una mayor predominancia, desplazando a otras entidades como las educativas, las iglesias, los partidos políticos, etc., comienzan a sonar alarmas sobre las implicaciones que podría alcanzar esta dinámica. Y una de ellas se refiere al terreno judicial. En este punto, Gérard Leblanc de la Universidad de Sorbonne-Nouvelle, alertaba(2): “Lo que está en juego no es solamente la verdad (el poder de discernir lo verdadero de lo falso que se arrogan ocasionalmente los medios) sino también la sanción, es decir, el derecho de castigar, aunque sea simbólicamente”.

Y bien, resulta que ya es una realidad la existencia de periodisjueces. Es un término acuñado por Adalid Contreras, quien al analizar el proceso contra el ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, señala(3): “ahora, medios y periodistas aspiran a cumplir los roles de jueces y fiscales enjuiciando, juzgando y condenando en los sets, lenguajes, estilos, alcances, levedades y ritmos mediatizados. Resulta paradójico (por decirlo de algún modo) ver cómo algunas autoridades de las entidades públicas, y también de la justicia, son puestas en el banquillo de los acusados, rindiéndoles cuentas a las ciudadanías a través de sus respuestas y explicaciones a sus eventuales inquisidores, los/las periodisjueces, quienes con un nivel de conocimientos de la extensión de una laguna y un dedo de profundidad sobre los temas en cuestión, provocan una suerte de espacios educativos, por las cátedras que los implicados dictan en sus respuestas a las acusaciones.

“Se trata de típicos esquemas de posverdad con primicia informativa en los que atrás quedó el recurso periodístico de la noticiabilidad, mientras que en su manejo está bien presente lo que la Ley Orgánica de Comunicación llama linchamiento mediático. Recordemos que la posverdad construye realidades a partir de indicios que sin ser necesariamente verificados ganan validez en los imaginarios, moviéndose en el mundo de las apariencias y de las emociones y abriendo caminos para la especulación con culebrones que saben convocar pasiones sin responsabilizarse de sus consecuencias. Como dice David Roberts, son productos de la pospolítica desconectada de las reglas de la política pública, que se generan en tiempos de desorden, levedad informativa y de redes”.
Moralismo impúdico

Aunque la corrupción engloba todo acto fraudulento contra la comunidad, por lo general lo que prevalece es un tratamiento periodístico focalizado en los indecentes implicados en la sustracción de dinero público. De ahí que, en esas “cruzadas” está ausente o es mínima la referencia a cuestiones como el enriquecimiento de políticos sobre la base de información privilegiada en el ejercicio de alguna función pública (compra y especulación de tierras en áreas previstas para construir infraestructura, por ejemplo), los conflictos de interés de empresarios en puestos de decisión política, el financiamiento poco transparente a partidos políticos por parte de negocios lícitos o ilícitos, la evasión fiscal, las cuentas de nacionales en paraísos fiscales, entre otras.

Es más, figuras públicas involucradas en alguna o varias de las cuestiones antes señaladas suelen tener espacios estelares como apóstoles de la moral. Y es que la tónica discursiva que galvaniza estos operativos es el moralismo, esa expresión que supone una sobrevaloración y exageración de la moral para convertirla en la única medida del comportamiento humano, ignorando la relativa independencia de los diversos ámbitos de la vida, como la política y el derecho(4). Por lo general como discurso, no necesariamente como práctica consecuente.

En esta línea, no solo que no se plantea interrogante alguna respecto a la intromisión de Estados Unidos en el contencioso interno en causas ligadas a la corrupción -por más que ese país explícitamente haya señalado que se trata de uno de sus principales ejes geopolíticos-, sino que se la glorifica… a nombre de la moral.
Anexo

¿Hay corrupción en Estados Unidos? Sí, tiene mucha y es legal

Con este título, André Araújo presenta un análisis(5) donde sostiene: “Estados Unidos siempre tuvo la pretensión de ser la policía moral del mundo y, después del surgimiento de la cultura de lo políticamente correcto, el tono moralista subió”, precisando que en ese país “resolvieron el problema de la corrupción de una forma lógica: legalizándola. Donde todo es legal no hay procesos por corrupción”.

En tal sentido, hace referencia a los PAC-Political Action Committees, pseudo comités por una causa, que se ocupan de intermediar en las donaciones de empresas contratistas a determinado candidato con el compromiso de que éste les asegure un contrato futuro; los lobbies, un mega sector de negocios al servicio de empresas y países, para incidir en las decisiones políticas en Washington; la “planificación tributaria” de las grandes corporaciones para evadir o pagar lo mínimo de impuestos; el mercado financiero donde es común la falsificación de balances, el mecanismo de tapar un fraude con otro y así por el estilo; y el nido mayor de corrupción: la industria bélica.

“Con base en esta supuesta superioridad moral –señala– Estados Unidos, a través de su Departamento de Justicia, lanzó sobre el planeta una gran red de pesca de ilícitos sobre los que cobra peaje a través de multas e indemnizaciones, convirtiéndose así en ‘socio’ de toda corrupción que ocurre en el planeta”.

“Se extiende esa red bajo el pretexto de que los corruptos y corruptores usaron el dólar como moneda o usaron el sistema bancario estadounidense o, si no encuentran nada que los ligue a Estados Unidos, porque usaron Internet, que es una red basada en Estados Unidos. Buscan un vínculo con Estados Unidos para justificar un proceso en el Departamento de Justicia y así cobrar una indemnización muchas veces mayor que el valor de la propina, un negocio formidable”, añade. (O.L.)

Notas:

(1) La mermelada al banquillo, RED-GES/El Satélite, 14-02-2018. (subrayado nuestro)

(2) “Del modelo judicial a los procesos mediáticos”, Comunicación y política, Gedisa, 1998.

(3) De periodisjueces y accountability, 14/09/2017, https://www.alainet.org/es/articulo/188061

(4) Küng, Hans, Una ética mundial para la economía y la política, editorial Trotta, Madrid, 1999.

(5) “Há corrupção nos EUA? Sim, tem muita e é legal”, https://www.alainet.org/pt/articulo/191154
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Fuente: Artículo publicado en la Revista América Latina en Movimiento: La corrupción: Más allá de la moralina 06/03/2018. Ver en: https://www.alainet.org/es/articulo/191605

Fuente: Servindi

viernes, 23 de febrero de 2018

Sociedades en decadencia.

Imagen: difundir.org

Caracteriza a la humanidad una urgencia por la destrucción que solo conduce a un bienestar ficticio. A continuación una reflexión de la escritora guatemalteca Ilka Oliva Corado sobre nuestra relación con el planeta.

Por Ilka Oliva Corado*

Cada día, apresuradamente, con la urgencia de la destrucción; característica principal de la humanidad que conformamos, nos estamos convirtiendo en el bagazo de una sociedad en decadencia.

Nos creemos superiores a la naturaleza que nos creó y la atacamos constantemente buscando terminar con ella y eliminar de la faz de la tierra todo vestigio de su existencia. Creemos, absurdamente que sobreviviremos sin ella y su inmenso amor.

Destruimos ecosistemas: secamos ríos, lagos, desaparecemos a especies en peligro de extinción, (¿cómo llegaron a estar en peligro de extinción?) ecocidios que en otros tiempos eran el horror de una imaginación macabra, hoy son la realidad de un día a día en la vida del ser humano, tan comunes que dejaron de ser noticia; tan importantes que la mediatización no lo pronuncia porque significan el inicio del fin de la humanidad.

Es común ver un río seco, árboles talados al por mayor, la contaminación ya no es solo mental, la hicimos presente en la comida y el aire que respiramos.

Creemos, como buenos idiotas que seremos eternos, cuando somos, como humanidad lo más fugaz que puede pasar sobre el universo, pequeñas partículas de nada, eso somos. Somos nada comparado con la magnitud de un universo maravilloso en el que jamás debimos aparecer.

Muchos hablan de moralidad y valores, con la arrogancia propia de quien engaña y estafa, de quien se cree superior a los demás, ungido por las babas de un dios creado por atracadores, para manipular masas y oprimir mujeres.

Mientras solapan violaciones sexuales, feminicidios, corrupción, asesinatos, torturas, desapariciones forzadas; y apoyan un no al aborto y un no al Matrimonio Igualitario en nombre de ese dios que les dijeron que era el de ellos: mentes colonizadas, masas decadentes que son tierra fértil para los vividores que hacen de éstas la mejor arma para la destrucción de la sociedad.

Saben y siguen solapando la violencia y la infelicidad de otros, con sus juicios pro vida, pro valores, de doble moral. Cortando con esto la armonía natural del amor.

Y se creen dueños de la tierra y fortifican fronteras y excluyen y señalan y violentan a los nómadas que saben que nada del mundo les pertenece y que están de paso. Muchedumbre manipulable que ha sido infestada de homofobia, misoginia, racismo y xenofobia que es alimentada de doble moral y falsos valores que carecen de conciencia, integridad y solidaridad.

Masas cada día más ineptas e intransigentes. Cada día más peligrosas, por su inconciencia y su tibieza de carácter, masas que son además de autodestrucción un peligro inminente para este planeta y el universo.

Masas sedientas de consumismo valorando las cosas materiales y desechando lo que no se puede comprar con dinero, que es lo esencial. Masas votando por corruptos, misóginos, estafadores, violadores de derechos humanos. Masas que tienen la incapacidad de sentir, que en lugar de crear destruyen. Masas marionetas, masas entorpecidas, ineptas, carentes de fuerza de voluntad y sentido común. Carentes de coraje que son incapaces de decidir por sí mismas y prefieren ser arrastradas por las turbas de impostores que se apropiaron de su voluntad.

Porque nada les importa, más que su burbuja de bienestar ficticio, piensan que ahí son intocables y que están a salvo de la destrucción del planeta que ellos mismos están solapando con su apatía y desgano.

Somos eso y mucho más y los resultados de nuestra indiferencia están a la vista. Quien lea entienda.

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*Escritora y poetisa. Ilka Oliva Corado nació en Comapa, Jutiapa, Guatemala, el 8 de agosto de 1979. Se graduó de maestra de Educación Física para luego dedicarse al arbitraje profesional de fútbol. Hizo estudios de psicología en la Universidad de San Carlos de Guatemala, carrera interrumpida por su decisión de emigrar a Estados Unidos en 2003, travesía que realizó como indocumentada cruzando el desierto de Sonora en el estado de Arizona. Es autora de cuatro libros.
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miércoles, 7 de febrero de 2018

La Carretera Interoceánica y la depredación de los bosques.


Interoceánica, una megaobra sobrevalorada por la corrupción

La construcción de la polémica Carretera Interoceánica comenzó en 2005 y si bien al inicio el valor calculado del proyecto fue de mil millones de dólares, cinco años después el gasto alcanzó los 4,500 millones de dólares, según documentos de la secretaría de Provías Nacional.

Se trata de la obra de infraestructura vial más costosa del país y está a cargo de las principales empresas brasileñas implicadas en América Latina en el gran escándalo de coimas y lavado de activos llamado Lava Jato: Odebrecht, Camargo Correa, Andrade Gutiérrez, Queiroz Galvao.

Con ellas participan sus socias peruanas Graña y Montero, JJC Contratistas e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales. 

Lo más preocupante es que los 4 mil 500 millones de dólares crecerán todavía más por los próximos tres lustros, debido a que contrato de concesión que firmaron Toledo y las empresas brasileñas dura 25 años. Este dinero sale del presupuesto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, o sea, de los impuestos de todos los peruanos. 

A pesar que la obra se efectuó con el propósito de incrementar el comercio entre Brasil y Perú luego de once años el comercio entre ambos países no pasa de los 3 millones de dólares al año, sostuvo Gustavo Guerra García, ex viceministro de Transporte,

Marcelo Odebrecht, el magnate de la constructora brasileña del mismo nombre, confesó a la justicia norteamericana en enero de 2017 que su empresa pagó 20 millones de dólares en coimas para adjudicarse la construcción de la Carretera Interoceánica. Es el monto en sobornos que Odebrecht habría pagado al expresidente Alejandro Toledo por el proyecto.

La construcción del tramo peruano de la vía se inició durante el gobierno del presidente Alejandro Toledo, en el cual se hicieron los estudios preliminares y se obtuvo el financiamiento para los tramos 2 (Cusco - Puente Inambari), 3 (Puente Inambari - Iñapari, hasta la frontera con Brasil) y 4 en que fue dividida.

El 23 de junio de 2005 el Estado Peruano y el consorcio CONIRSA (Odebrecht, Graña y Montero, ICCGSA y JJC Contratistas Generales) suscribieron el correspondiente contrato de concesión, dándose inicio a la ejecución de la obra.

El tramo 4 fue otorgado a Consorcio INTERSUR (Andrade Gutiérrez, Construcoes e Comercio Camargo Correa S.A. y Constructora Queiroz Galvao S.A.

La vía fue continuada por el gobierno del presidente Alan García iniciado en julio de 2006, fecha desde la cual se construyeron un total de 2 589 kilómetros de carretera, concluyéndose la obra en su totalidad (uno de los dos ramales) en diciembre de 2010.

¿A quién resulta beneficiar la Interoceánica?. Para el economista Juan Mendoza el proyecto solo ha beneficiado"a los que recibieron el soborno y a las empresas encargadas de la obra". Luego de ver el documental agregaríamos que ha beneficiado además a los mineros ilegales y a las mafias que operan detrás del negocio del oro.



Fuente: Servindi

lunes, 18 de diciembre de 2017

Se desmorona la industria petrolera de Venezuela.


El complejo refinador de Paraguaná, en el noroeste de Venezuela, uno de los mayores del mundo pues puede procesar un millón de barriles por día, trabajaría solo a un tercio de su capacidad instalada. Crédito: Pdvsa


Por Humberto Márquez

IPS, 17 de diciembre, 2017.- La corrupción en la estatal industria petrolera de Venezuela, denunciada por el propio gobierno y con exministros y altos gerentes tras las rejas, es la más reciente evidencia de que, en el país con las mayores reservas de petróleo en el planeta, el sector del que depende su economía se está desmoronando.

La primera baja “está en la producción de crudo, una merma de un millón de barriles (de 159 litros) por día”, señaló a IPS el docente universitario Luis Oliveros, pues en diciembre de 2013 se produjeron 2.894.000 barriles diarios contra 1.837.000 en noviembre de 2017, según cifras de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

En 2018 la producción podría disminuir otros 250.000 barriles por día, al ritmo actual, y Venezuela, cofundador de la OPEP en 1960, cuando era el mayor exportador mundial de crudo, se convierte en un actor casi irrelevante en el mercado global, apuntó Oliveros, especialista en economía.

Ello a pesar de que tiene el mayor depósito conocido de hidrocarburos líquidos, la sudoriental Faja Petrolífera del Orinoco, de 55.000 kilómetros cuadrados bajo los que habría 1,4 billones (millones de millones) de barriles de crudos, sobre todo extrapesados, de los cuales Venezuela considera reservas probadas 270.000 millones de barriles.


El petróleo es casi el único producto de exportación, la fuente de 95 por ciento de los ingresos de divisas, y a mediados de esta década representaba más de 20 por ciento del producto interno bruto 

El petróleo es casi el único producto de exportación, la fuente de 95 por ciento de los ingresos de divisas, y a mediados de esta década representaba más de 20 por ciento del producto interno bruto. La mayor parte del negocio está en manos de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), que tiene algunas asociaciones con trasnacionales.

El presidente Nicolás Maduro lanzó una purga el 28 de noviembre dentro de PDVSA, en medio de la madeja de denuncias e investigaciones de corrupción, y pidió a los nuevos mandos, encabezados por un general que debuta en la industria, Manuel Quevedo, que trabajen para elevar la producción en un millón de barriles por día.

Un objetivo inmediato sería cubrir la cuota asignada por la OPEP para 2017-2018, que alcanza a 1.970.000 barriles por día, planteó el asesor presidencial Alí Rodríguez.

“Solo para sostener la actual producción de 1,85 millones de barriles por día -no hablemos de incrementarla- se requiere inyectar a la industria entre 4.000 y 5.000 millones de dólares, y la evidencia es que ese dinero no está allí”, dijo Alberto Cisneros, presidente de la firma de asesoría petrolera Global Business Consultants.

Con su economía dislocada por una inflación de cuatro dígitos, control cambiario con varias paridades para una moneda que se deprecia a diario, escasez de alimentos, medicinas e insumos esenciales y una deuda externa de más de 100.000 millones de dólares, Venezuela no dispone de recursos suficientes para inyectarle a la industria, observó a IPS.

En ese entorno, la actividad petrolera “se resiente además por problemas de gerencia desde que PDVSA en 2003, tras una huelga contra el gobierno, despidió a 18.000 empleados, la mitad de su plantilla”, recordó a IPS el ex viceministro de Energía (1999-2002) Víctor Poleo.

Y la corrupción quedó espectacularmente visibilizada este diciembre, cuando la Fiscalía General envió a la cárcel, por delitos que van desde falsificación de cifras de producción hasta peculado y atentado a la soberanía del país, a 67 directivos y gerentes de PDVSA.

Están incluidos dos exministros de Petróleo del presidente Nicolás Maduro, en el poder desde 2013, Eulogio del Pino y Nelson Martínez, quienes además fueron presidentes de PDVSA y de su filial estadounidense, Citgo, a la que habrían perjudicado al renegociar deudas.

Más aún, la Fiscalía investiga penalmente a Rafael Ramírez, ministro de Petróleo y presidente de PDVSA entre 2002 y 2014, y hasta noviembre último embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, por su posible imbricación en operaciones de lavado de dinero a través de la entidad Banca Privada de Andorra.



Petromonagas, una sociedad de PDVSA con la compañía rusa Rosneft, extrae crudo de la Faja Petrolífera del Orinoco, en el sureste de Venezuela, considerada el mayor depósito de hidrocarburos líquidos del planeta. Crédito: Pdvsa.

Según el diario español El País, que reivindica acceso a informes que trabaja la jueza andorrana Canólic Mingorance, allegados a Ramírez cobraron al menos 2.000 millones de euros (2.360 millones de dólares) en comisiones ilegales entre 1999 y 2013.

Bajo la nube de acusaciones de corrupción, impericia y manejos dolosos aparece lacerada PDVSA, surgida de la nacionalización de la industria en 1975 y que durante años se ufanó de pertenecer al quinteto de las principales compañías petroleras del mundo.

La producción “declina por falta de inversión y mantenimiento, comenzando por la vetusta cuenca del noroccidental lago de Maracaibo, que no entrega más de 450.000 barriles por día”, señaló Cisneros. Desde 1914 se han perforado allí más de 13.000 pozos, y hasta comienzos de este siglo la cuenca del lago produjo más de un millón de barriles diarios.


Cifras oficiales

PDVSA se presentó, en sucesivos informes anuales, como la quinta empresa petrolera mundial, detrás de Aramco (Arabia Saudita), NIOC (Irán), CNPC (China) y Exxon (EEUU) con base en estas cifras que sostuvo oficialmente hasta el pasado noviembre:
Reservas probadas de crudo: 302.250 millones de barriles: Extra pesado: 261.253 millones, pesado 18.217, mediano 9.538, liviano 10.743, otros 2.499 millones de barriles.
Reservas probadas de gas 202.698 millones de pies cúbicos.
Producción de crudo y líquidos de gas natural (2016): 2.571.000 barriles diarios (b/d).
Producción de gas natural: 7.926 millones de pies cúbicos diarios
Oleoductos: 3.055 kilómetros.
Yacimientos: 4.310. 
Pozos activos: 18.566
Capacidad de refinación en Venezuela: 1.303.000 b/d.
Capacidad de refinación en el exterior (propietaria o socia de refinerías en Estados Unidos y Europa): 1.188.000 b/d.
Exportaciones (2016): 1.818.000 b/d de crudo y 371.000 b/d de productos
Ventas de líquidos al mercado interno: 510.000 b/d.
Fuerza laboral petrolera: 110.648 personas en Venezuela y 4.535 en el exterior.
Ingresos (2016): 48.000 millones de dólares. Costos y gastos: 46.000 millones. Patrimonio: 87.100 millones. Deuda financiera: 41.000 millones de dólares.


Los campos del oriente, relativamente nuevos, aportan el resto de la producción, pero la cifra de 1,3 millones de barriles diarios extraídos en la Faja del Orinoco, indicada por del Pino a mediados de año, ha quedado desautorizada por la investigación penal.

Las exportaciones, destaca el experto venezolano Francisco Monaldi, de la estadounidense Universidad Rice en Texas, ya están por debajo de 1,4 millones de barriles diarios (pasaban de 2,5 millones a comienzos de siglo) y a Estados Unidos, se despacharon en noviembre menos de 500.000 barriles diarios.

Estados Unidos fue durante un siglo el mayor destino de las ventas, que alcanzaron1,5 millones de barriles por día, y es actualmente la principal fuente de ingresos, pues las exportaciones a China, que pasan de 600.000 barriles por jornada, se usan para amortizar deudas.

En refinación “se está quizá aún peor” según Cisneros, pues las destilerías venezolanas, instaladas para procesar 1,3 millones de barriles diarios, “trabajaban hace unos años a 90 o 95 por ciento de su capacidad y ahora a un tercio, 30 o 35 por ciento. Ni siquiera abastecemos nuestras necesidades de gasolina”, que parte debe importarse, advirtió.

A la merma en la producción de gasolinas, lubricantes y otros derivados, se agregan los problemas de distribución a las 1.650 estaciones de servicio en este país de casi un millón de kilómetros cuadrados, 31 millones de habitantes y cuatro millones de vehículos.

Una base del problema está en el absurdo precio de la gasolina en el país, la más barata del mundo. Un litro cuesta un bolívar, que a un tipo de cambio oficial puede equivaler a 10 centavos de dólar, pero a la tasa del mercado negro equivale a un milésimo de centavo: con un billete verde se podrían comprar 100.000 litros.

El costo de oportunidad perdido al rematar de esa manera medio millón de barriles de combustibles cada día representa para PDVSA una pérdida de ente 12.000 y 15.000 millones de dólares anuales.

Adicionalmente, se genera un problema de “contrabando de extracción” hacia Colombia, Brasil y el Caribe, que el Estado contiene parcialmente con controles y racionamiento que originan escasez y enormes colas de vehículos ante expendios de gasolina en las fronteras.

PDVSA ha pagado con atrasos este año intereses por los bonos de su deuda y Sinopec, una firma estatal de China -aliado que ha aportado a Caracas créditos por más de 50.000 millones de dólares-, llegó a querellarse contra la empresa estatal venezolana, ante un tribunal estadounidense, por 21,5 millones de dólares en compromisos no honrados.

Finalmente, Estados Unidos impuso sanciones sobre Venezuela que dificultan la renegociación de las acreencias del país y de PDVSA.

“Las sanciones y el default (cese de pagos) técnico hacen más difícil que los socios inviertan en las empresas mixtas. La industria petrolera venezolana parece haber entrado en la espiral de la muerte”, dijo Monaldi.

Cisneros cree que una recuperación de la industria “es posible con otro esquema organizativo, como el argentino, con una empresa de papel, Enarsa, y una operadora, YPF (51 por ciento del Estado, 49 por ciento cotizada en bolsa)”.

Para llegar allí “hay dos posibilidades; una es que el actual régimen reaccione en materia económica y petrolera, y otro es que se produzca un cambio político y el país se vuelque a un aprovechamiento de sus recursos humanos, económicos y petroleros”, concluyó.

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Editado por Estrella Gutiérrez
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IMPORTANTE: Esta nota ha sido reproducida previo acuerdo con la agencia de noticias IPS. En este sentido está prohibida su reproducción salvo acuerdo directo con la agencia IPS. Para este efecto dirigirse a: ventas@ipslatam.net

Fuente: Servindi

miércoles, 15 de noviembre de 2017

La corrupción socava la democracia y el acceso a los derechos fundamentales.



"La corrupción socava la democracia y el acceso a los derechos fundamentales". En estos términos se refirieron los 24 organismos miembros de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) de las Américas al fenómeno de la corrupción.

La expresión se produjo en un seminario internacional que busca analizar los vínculos entre derechos humanos y corrupción, el contexto regional de este fenómeno a gran escala, los desafíos de las normas internacionales y regionales relativas a la lucha contra la corrupción, así como las buenas prácticas de mecanismos y estrategias judiciales.

El Perú fue elegido como sede por haber sido precursor en la creación de instrumentos nacionales de lucha contra la corrupción, pero porque al mismo tiempo posee elevados y sostenidos índices de corrupción.

Entre las principales conclusiones preliminares de la jornada del lunes se destacó que la corrupción no vulnera únicamente el patrimonio público sino también derechos fundamentales como el acceso a la educación, la salud y la justicia. Que esas vulneraciones pueden ser directas e indirectas y afectan desproporcionadamente a los más pobres y que se presenta tanto con gobiernos de izquierda como de derecha.

En nuestra región existe un alto correlato entre vulneración de derechos e índices de corrupción. En países con altos niveles de crímenes y violación de derechos humanos, la corrupción afianza la complicidad de las autoridades con los carteles de las drogas.

En algunos países, a través de la corrupción se logra acaparar las tierras, desviar fondos estatales. En otros Estados operan incluso bandas criminales instaladas en la esfera pública con el objetivo único de lucrar lejos de todo objetivo de interés y bienestar general.

El carácter oculto de la corrupción y las distintas formas que adopta, son elementos que dificultan su investigación. No obstante, existen marcos normativos internacionales con estándares para la lucha contra la corrupción que deben ser conocidos y aplicados. El desafío allí reside en vincularlos a los instrumentos de defensa de los derechos humanos para amplificar su llegada.

En el contexto local, los participantes expresaron su preocupación por la grave situación de corrupción en el Perú, reflejada en el caso “Odebrecht” (entre varios otros) que involucra a las élites públicas y empresariales del país y de otros de la región.

“Los crímenes de lesa humanidad no pueden ser indultados y los gobiernos no deben instrumentalizar el derecho para obstaculizar el trabajo de los fiscales que investigan a personas potencialmente involucradas en hechos de corrupción. Solicitamos independencia de la justicia y transparencia en la lucha contra este flagelo.” señalo Dimitris Christopoulos, Presidente de la FIDH quien se encuentra presente en Lima con ocasión de este evento.

Estos esfuerzos nacionales y regionales tendrán que ser complementados a largo plazo por políticas públicas eficaces para combatir la corrupción, como por ejemplo, el establecimiento de alianzas certeras y duraderas, el refuerzo o la introducción de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para el manejo de los recursos públicos, la prevención, entre otros, que serán abordados en la jornada cerrada de debate que la FIDH y sus organismos miembros sostendrán hoy y mañana.
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Fuente: Servindi

viernes, 10 de noviembre de 2017

Cuando los extractivismos y la corrupción se encuentran.


Los extractivismos, especialmente aquellos de tercera y cuarta generación (como la megaminería, el fracking o la explotación petrolera en áreas tropicales), por su propia naturaleza, ofrecen muchos flancos a la corrupción, en especial aquella donde se articulan ventajas empresariales e intereses político-partidarios. Con esto está en riesgo pérdidas ecológicas, condiciones de vida, así como la fortaleza de las políticas públicas; pero también se arriesga la calidad de nuestras democracias y la salvaguarda de los derechos humanos.

Por Eduardo Gudynas*

9 de noviembre, 2017.- En los últimos meses ha quedado en evidencia que en América del Sur, varias de las grandes aventuras extractivistas quedaron envueltas en tramas de corrupción. Casos como los de Petrobras en Brasil o la minera SQM en Chile, treparon hasta los titulares de la prensa y desencadenaron serias consecuencias políticas dentro de cada país.

Inmediatamente surgen todo tipo de preguntas: ¿cuáles son las relaciones entre los distintos extractivismos y la corrupción? ¿cómo se organizan esas redes de corrupción? ¿quiénes son los principales participantes? ¿cuáles son las consecuencias más destacadas?

Un análisis de este tipo se aborda en el libro "Extractivismos y Corrupción", que se acaba de presentar en Lima. Entre los resultados de esa investigación se destaca que se han encontrado casos de corrupción en todas las variedades de extractivismos, cubriendo todas sus posibles manifestaciones (mineros, petroleros, agrícolas, forestales, pesqueros, etc.). Ningún tipo de aprovechamiento de recurso natural parece estar a salvo.

De la misma manera, existen casos en todos los países sudamericanos sin excepción, incluyendo aquellos que muestran los mejores indicadores frente a la corrupción. Es la situación de Chile, que posee muy buenos registros de transparencia y fortaleza institucional, pero que en los últimos años ha vivido muy serios casos de corrupción alrededor de los extractivismos (incluyendo pagos ilegales de mineras a congresistas de todos los partidos, tráfico de influencias en la reforma de las regalías, irregularidades con la ley de pesca, y escandalosos manejos en el fondo del cobre controlado por los militares).

Estos y otros hallazgos se ilustran en el libro "Extractivismos y Corrupción", que sigue una metodología que respeta distintos criterios. Por un lado, sólo se tomaron en cuenta los casos confirmados por procesos judiciales o que cuentan con clara evidencia de respaldo, para no entrar en las controversias sobre denuncias en marcha. Por otro lado, el acento no está puesto en individualizar culpables, sino en entender cómo funciona esa relación entre extractivismos y corrupción. Aquí se comparten algunos de los resultados en esta obra.
Los ámbitos, los involucrados y las dinámicas

En los extractivismos se encuentran distintas prácticas de corrupción, como por ejemplo, sobornos para acceder a concesiones a yacimientos mineros o petroleros; el cohecho en modificar una evaluación de impacto ambiental; abuso de funciones para ocultar los impactos ecológicos; o tráfico de influencias que ampara la violencia contra las comunidades locales.

Sin duda que no todos los emprendimientos extractivos están envueltos en la corrupción, pero tampoco puede negarse que se pueden señalar muchos ejemplos. En efecto, existen casos a lo largo de todas las fases de los extractivismos, desde las primeras etapas de exploración y prospección, pasando a la explotación del recurso natural, hasta los momentos finales de abandono. De la misma manera, se registran casos en los propios enclaves extractivos, como de las obras de infraestructura que son necesarias (como sucede con la corrupción en los contratos de rutas y caminos), así como en el manejo de los dineros que resultan de ese tipo de aprovechamiento de los recursos naturales.

Asimismo, se encuentran casos de corrupción extractivistas bajo los más diversos tipos de acceso a los recursos naturales y propiedad empresarial, tanto en las privadas como en las estatales, mixtas e incluso cooperativas. Por ello, es un problema que golpea tanto a gobiernos conservadores como progresistas.


La corrupción en los extractivismos opera tanto en el terreno de la ilegalidad, sin duda el más evidente, pero también en las llamadas alegalidades. Este es un concepto importante y útil, ya que ilustra los casos donde se cumplen las formalidades de las normas, pero se aprovechan sus vacíos o limitaciones 

La corrupción en los extractivismos opera tanto en el terreno de la ilegalidad, sin duda el más evidente, pero también en las llamadas alegalidades. Este es un concepto importante y útil, ya que ilustra los casos donde se cumplen las formalidades de las normas, pero se aprovechan sus vacíos o limitaciones para lograr beneficios que tienen consecuencias en contra del sentido de esa norma. Los ejemplos más conocidos son las empresas que sacan ventajas de esas limitaciones para pagar pocos impuestos o evadirlos. Algo similar se observa en el terreno ambiental, ya que hay emprendimientos extractivos que atienden las formalidades pero aprovechan, por ejemplo, ausencia de reglamentos adecuados, con lo cual persisten impactos ambientales que supuestamente la ley esperaba controlar. La investigación muestra que la corrupción parecería operar para ampliar el campo de las alegalidades.

Se puede señalar que es común que la corrupción en los extractivismos se organiza en redes, donde pueden actuar muy diversos actores, y que entre ellos fluye no sólo dinero, sino también información y relaciones de poder. Como en algunos sectores extractivos las inversiones y las ganancias son enormes, ese dinero es un botín jugoso para los interesados en prácticas corruptas.

Algunas de esas redes pueden alcanzar una gran complejidad, como muestra el caso Petrobras en Brasil. En esa empresa, el dinero de los sobreprecios se encaminaba por distintas gerencias que correspondía a distintos partidos políticos, revelándose como mecanismos de recaudación. La arquitectura financiera era muy complicada pero precisa; por ejemplo, la articulación de la petrolera con Odebrecht incluía cinco subsidiarias que enviaban el dinero a través de 14 compañías intermediarias que operaban en al menos siete países, involucrando a centenares de personas. Las reglas estaban muy claras, todos sabían los porcentajes que recibían los intermediarios, los operadores y los partidos. Todo esto se mantuvo funcionando por años, lo que muestra que contaba con una importante cobertura política.


Hay redes donde actúan, por ejemplo, periodistas que trafican con la información, académicos que distorsionan estudios de impacto ambiental u ordenamiento territorial, policías y fuerzas de seguridad que están involucradas en la represión con violencia, y hasta integrantes de organizaciones ciudadanas. 

Cuando se examinan los actores participantes en distintos casos de corrupción en todo el continente, aparece una enorme diversidad. Se cuentan directivos y gerentes de empresas, políticos (tanto los que ocupan puestos dentro de un gobierno o en empresas estatales, como los que son legisladores). Hay redes donde actúan, por ejemplo, periodistas que trafican con la información, académicos que distorsionan estudios de impacto ambiental u ordenamiento territorial, policías y fuerzas de seguridad que están involucradas en la represión con violencia, y hasta integrantes de organizaciones ciudadanas.

En efecto, posiblemente uno de los resultados más preocupantes de la investigación fue encontrar casos de corrupción en los extractivismos que involucraron a líderes campesinos o indígenas. Algunos de ellos son muy conocidos (como el pedido de "lentejas" para manipular la protesta ciudadana ante el proyecto Tía María), y otros lo son menos, pero tal vez más graves, como el desbarranco en Bolivia del "Fondo Indígena". Este repartía dineros obtenidos de los hidrocarburos administrado directamente por delegados de organizaciones campesinas e indígenas, y que terminó en un escándalo, con dos ministros y dirigentes encarcelados, sin saberse el destino o el uso de aproximadamente US$ 150 millones, aunque hay casos que evidencias su destino con fines electorales.
Espirales que desembocan en la política de extractivismos corruptos. Algunas de las debilidades y limitaciones institucionales que permiten la penetración de redes de corrupción y a la vez promueven los extractivismos.
Erosionando la democracia, comprometiendo los derechos

Esas y otras dinámicas muestran que la corrupción en los extractivismos penetra en distintos ámbitos de la vida política y social. Los análisis convencionales ponen el acento en sus impactos económicos, tales como los tributos que no se pagan o la pérdida de eficiencia. Pero esta investigación también deja en claro que la corrupción impacta en otros ámbitos, como los mecanismos democráticos esenciales, desde impedir el acceso a la información a anular la igualdad entre los partidos que compiten en las elecciones. Hay también pérdidas ecológicas y fragmentación territorial que se amparan en la corrupción. Todos estos ejemplos muestran que al final de cuentas lo que se deterioran son las políticas públicas.


la corrupción impacta en otros ámbitos, como los mecanismos democráticos esenciales, desde impedir el acceso a la información a anular la igualdad entre los partidos que compiten en las elecciones. Hay también pérdidas ecológicas y fragmentación territorial que se amparan en la corrupción. Todos estos ejemplos muestran que al final de cuentas lo que se deterioran son las políticas públicas. 

La situación más alarmante está allí donde la corrupción en los extractivismos incluso golpea a los derechos humanos. Hay casos que muestran que se apela a ella por ejemplo para amparar la criminalización de las disputas ciudadanas ante los extractivismos, mientras otros casos señalan al tráfico de influencias para dar impunidad a fuerzas de seguridad que asesinaron manifestantes.

El libro concluye con un mensaje de alarma. Los extractivismos, especialmente aquellos de tercera y cuarta generación (como la megaminería, el fracking o la explotación petrolera en áreas tropicales), por su propia naturaleza, ofrecen muchos flancos a la corrupción, en especial aquella donde se articulan ventajas empresariales e intereses político-partidarios. Con ello, lo que está en riesgo sin duda son esas pérdidas ecológicas y en las condiciones de vida, así como la fortaleza de las políticas públicas, pero también se arriesga la calidad de nuestras democracias y la salvaguarda de los derechos humanos.

"Extractivismos y Corrupción", por Eduardo Gudynas, fue publicado por CooperAcción y RedGE en Perú, y se discutió en un conversatorio en Lima con presencia de integrantes de organizaciones ciudadanas peruanas, periodistas y representantes de Chile, Ecuador, Colombia y El Salvador del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina. El autor es analista en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES), en Montevideo.

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*Eduardo Gudynas es analista en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES).

Fuente: Servindi