Mostrando entradas con la etiqueta democracia. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta democracia. Mostrar todas las entradas

domingo, 26 de abril de 2020

Propuestas realistas para que la época del coronavirus sea la del cambio.



Fortalecimiento de la democracia, desmantelamiento de la carrera armamentista, reforzamiento de la cooperación global, transformación de la arquitectura financiera mundial, configuración de la economía con criterios sociales y ecológicos, valoración del bien común como primer mandamiento, las deuda de los sistemas de salud y la seguridad social; son las propuestas del economista Hans-Jürgen Burchardt para que la época del coronavirus sea la del cambio.

Por Hans-Jürgen Burchardt*

Nueva Sociedad, 24 de abril, 2020.- El coronavirus ha desnudado las desigualdades del capitalismo y ha mostrado más claramente el sufrimiento de los países de América Latina. Esta crisis puede abrir el camino hacia una redefinición del orden mundial que establezca criterios de justicia, igualdad y transformación social y ecológica. Para eso, habrá que dar una dura batalla.

Las imágenes de los muertos en las calles de la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, o en los abarrotados estadios-hospitales en Brasil, serán recordadas por mucho tiempo. Pronto se leerá: «El virus fue mortal. Era rápido como un rayo, invisible e imparable. Particularmente insidioso, pérfido: se alimentaba de los viejos y los débiles».

Así, o similares, serán las narraciones que un día describan la crisis en la época del coronavirus. Se hablará de «época», porque una cosa está clara: para cuando hayamos enterrado a nuestros muertos y hayamos hecho nuestros duelos, ya todo habrá cambiado. Es por eso que vale la pena ir pensando, desde ahora, en lo que estamos viviendo.

La política también mata. Desde el decenio de 1980, la política ha avanzado decidida y convincentemente, sin límites ni sensibilidad. Desde entonces, tanto en América Latina como a escala internacional, se ha volcado hacia la optimización de las condiciones de los mercados financieros, de las grandes fortunas y de las empresas. Abrió la puerta a la globalización económica y obstaculizó su regulación social y ecológica. En todo el mundo se descuidaron las políticas de protección social y se destruyó el medio ambiente.

Con el desarrollo del neoliberalismo, muchos fueron lanzados a la pobreza. Hoy en día, miles de millones de personas en todo el mundo viven en la miseria. Este ha sido un escenario particularmente obsceno porque se ha producido, además, bajo la bandera de la prosperidad, la libertad y la democracia.


No solo mata el altamente infeccioso coronavirus. También son letales las profundas trincheras de la desigualdad social, la miseria material de gran parte de la población y la completa ausencia o fragmentación de los servicios sociales. 

No solo mata el altamente infeccioso coronavirus. También son letales las profundas trincheras de la desigualdad social, la miseria material de gran parte de la población y la completa ausencia o fragmentación de los servicios sociales. Todas estas son cuestiones que la política ha ignorado, tolerado o, incluso, promovido.

Al igual que en Estados Unidos o en Europa, en América Latina las vidas se pierden no solo por la agresividad de un virus, sino por la fractura social, la sobrecarga laboral y la ausencia de financiación de los servicios de cuidado y de salud.


En América Latina –como en la mayoría de las demás regiones del Sur global–, el distanciamiento social es una terapia de lujo que solo una minoría puede permitirse. 

En América Latina –como en la mayoría de las demás regiones del Sur global–, el distanciamiento social es una terapia de lujo que solo una minoría puede permitirse. Más de la mitad de la población económicamente activa de la región trabaja en la economía informal. La subsistencia de familias enteras depende de su desempeño en calles y mercados.

Por lo tanto, la cuarentena y la interrupción del trabajo significan hambre, inanición o incluso la muerte. Esto alimenta la escalada social, la violencia y los conflictos políticos. Además, el virus no distingue fronteras ni estratos sociales. Las clases medias y altas también sufren recortes y sienten, por primera vez, lo dependientes que son sus privilegios de sus mal pagados empleados. Por eso la cuarentena no puede ser la única respuesta para el contexto latinoamericano.

La crisis del coronavirus, que pone en cuarentena a un tercio de la población mundial, está llevando a muchas familias a los límites de su resiliencia. La cuarentena, sin embargo, también abre espacios para pensar en nuestro mundo después del coronavirus.

Seguimos sin estar preparados. Nos encontramos inseguros y asustados. Pero quizás podamos, al menos, ganar algo nuevo durante la desaceleración forzada, sobre todo desde los lugares donde no hay una lucha diaria por la supervivencia: una reflexión sobre el futuro.


La «coronacrisis» legitima la concentración del poder en el Ejecutivo y vuelve seductoras las medidas autoritarias y represivas. 
Fortalecer la democracia

En la actualidad, muchos países se encuentran en circunstancias excepcionales y requieren medidas de ese mismo tipo. Los Estados del mundo parecen estar respondiendo al llamado del secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, y están declarando la «guerra al coronavirus». Sin embargo, muchas medidas, como las operaciones militares, los toques de queda y las prohibiciones de reunión, traen consigo recuerdos desagradables de tiempos que creíamos que habían pasado. Los Estados de América Latina saben muy bien cómo se manejan las guerras, especialmente las domésticas. La «coronacrisis» legitima la concentración del poder en el Ejecutivo y vuelve seductoras las medidas autoritarias y represivas. ¿Cuánto se socava la democracia en esta lucha contra el coronavirus? Una acción decisiva es tan indispensable como mantener la máxima transparencia en la información sobre las medidas y su aplicación. Los derechos democráticos no deben ser restringidos en tiempos de crisis. Se debe prestar especial atención a la participación social y política y a las minorías.


Europa y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) deberían ser los abanderados y frenar la actual carrera armamentista. 
Desmantelando la carrera armamentista 

La lucha contra el virus como «enemigo invisible» ha estado, con demasiada frecuencia, plagada de metáforas bélicas por parte de los gobernantes de Estados Unidos, Europa, China e incluso por los líderes de América Latina. Pero el coronavirus no conoce fronteras nacionales y no puede ser derribado con disparos. Quien quiera derrotarlo debe ajustar sus estrategias: un primer paso sería la suspensión inmediata de todas las acciones bélicas, seguida del cese de todas las acciones militares amenazantes, como las de Estados Unidos hacia Venezuela. Otra medida debería reorientar de forma inmediata los fondos de los gastos militares hacia la financiación de la salud pública mundial. Actualmente, los gastos para armamentos ascienden a 1,8 billones de dólares. Con fondos de esta magnitud no solo se logrará combatir el coronavirus, sino también establecer una atención médica básica en muchos países del Sur global. Esta propuesta tiene implicancias concretas para América Latina, en tanto el gasto militar de la región en 2018 aumentó en 3% en comparación con el año anterior. Con un gasto de alrededor de 1,5% del PIB, Brasil es actualmente el país que más está invirtiendo en armamento. Quien decide sobre los armamentos es exclusivamente el Estado. Europa y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) deberían ser los abanderados y frenar la actual carrera armamentista.


La pandemia es, por lo tanto, una advertencia para fortalecer y ampliar nuevamente el multilateralismo. 
Reforzar la cooperación global

La pandemia transfronteriza exige una respuesta mundial coordinada. El aterrorizante número de muertos en Estados Unidos da un nuevo y brutal significado al postulado de «América primero». Nos recuerda que los esfuerzos nacionales aislados no han podido prevenir ni evitar la propagación del virus. Por el contrario, estas posturas están exacerbando sus consecuencias. Una respuesta internacional concertada habría frenado y contenido la difusión del virus. Pero la cooperación multilateral ha perdido influencia en estos últimos años. La pandemia es, por lo tanto, una advertencia para fortalecer y ampliar nuevamente el multilateralismo.

En la lucha contra la pandemia, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha demostrado –a pesar de todas las criticas recientes– la eficacia de la cooperación multilateral. El Fondo Monetario Internacional (FMI), en cambio, hace alarde de su desprecio por la humanidad cuando se niega a ayudar a un país como Venezuela, que ha sido asolado por una catástrofe social. Las lecciones son simples: más recursos y más democratización para la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y para las organizaciones regionales e internacionales, suspensión inmediata de todas las sanciones contra países como Irán, Cuba o Venezuela por motivos humanitarios. Se necesita rápidamente condonar la deuda de los países vulnerables, a través del FMI y el Club de París. También con este fin resulta necesario el establecimiento de un amplio fondo de ayuda internacional para el Sur global. La propuesta de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo de un Plan Marshall global de 2,5 billones de dólares es un paso en la dirección correcta. Todo sistema sanitario débil crea residuos locales para el virus, a través de los cuales nuevas olas pandémicas se propagarán globalmente a mediano plazo.
Transformar la arquitectura financiera mundial

En la última crisis financiera, los responsables (los grandes bancos y otros actores globales) solo fueron rescatados gracias a una drástica intervención estatal. Esta experiencia no ha frenado a estos sectores en su insaciable búsqueda de ganancias: el número de multimillonarios en todo el mundo casi se ha duplicado desde 2008. Incluso ahora se ha intentado sacar provecho de la crisis del coronavirus, como lo ha demostrado la especulación contra el euro. Los instrumentos económicos solo pueden, en escasa medida, alinear los mercados financieros con la financiación de los servicios públicos o con las inversiones ecológicas. Por lo tanto, debemos erradicar las ideas neoliberales de austeridad e implementar préstamos públicos masivos, que deben ser garantizados internacionalmente por el FMI y los bancos regionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).


Es hora de asumir la responsabilidad de estos superricos y aumentar sus tasas tributarias. Desde el punto de vista técnico, su implementación no es tan difícil. 

Al mismo tiempo, necesitamos una regulación democrática de los mercados financieros mediante controles más estrictos de los créditos y las transferencias de capital. Las ganancias de los activos y del capital deben ser gravadas más fuertemente. Según Oxfam, alrededor de 2.150 multimillonarios tienen ahora más riquezas que 60% de la población mundial. Es hora de asumir la responsabilidad de estos superricos y aumentar sus tasas tributarias. Desde el punto de vista técnico, su implementación no es tan difícil. De hecho, cada país de América Latina puede hacerlo por sí mismo. Lo relevante de la cooperación internacional es que puede drenar a los paraísos fiscales y evitar la fuga de capitales. El debilitamiento de la Bolsa de Valores de Londres está abriendo excelentes oportunidades en esta dirección.
Configurar la economía con criterios sociales y ecológicos

Hoy en día, es en Estados Unidos y Europa donde se están elaborando los mayores paquetes de apoyo económico después de la Segunda Guerra Mundial. También en algunos países latinoamericanos como México se pretende contener los efectos económicos de la crisis mediante programas de ayuda gubernamentales. Este apoyo es esencial para amortiguar los efectos de la crisis. El tiempo del coronavirus debe convertirse en el tiempo de un nuevo New Deal mundial, que no solo incluya a todos, sino que comprometa a todos (incluidas las empresas y los ricos) y en el que el Estado democrático no solo despeje el camino, sino que marque el ritmo y establezca los objetivos.

Es sorprendente lo poco imaginativos que han sido hasta ahora los programas de muchos gobiernos. Sus enfoques principales han sido la estabilización y el mantenimiento sistémico. Pero especialmente ahora hay oportunidades extraordinarias para comprometer más fuertemente toda la economía con formas de producción ecológicamente compatibles, para reducir el transporte privado en favor de la movilidad pública, para ampliar las fuentes de energía sostenible, etc. También hay que velar por que se preste un apoyo especial a la economía local, a las pequeñas y medianas empresas y a las economías regionales y por que se acorten las cadenas de suministro y producción, en particular en lo que respecta a los criterios de sostenibilidad.

Este es el momento en que América Latina puede realinear su matriz productiva, reflexionar sobre el potencial del mercado interno y reducir la dependencia de las exportaciones de materias primas, las remesas y el turismo. Sin renunciar drásticamente al comercio mundial, que a través de una ponderada e inteligente regulación puede generar efectos de bienestar para todos, los gobiernos deberían considerar hasta qué punto una re-regionalización de ciertas relaciones económicas no solo sería buena para el clima. La noticia de que ciertos países alcanzarán inesperadamente sus objetivos climáticos debido a la «coronacrisis» solo parece cínica a primera vista. Lo que hay que proyectar ahora es un cambio social que sea tanto ecológico como socialmente decente, como sugieren los enfoques de la llamada «transición justa».
El bien común como primer mandamiento

Si no es solo el coronavirus lo que mata, sino también el descuido de nuestros bienes comunes, debemos finalmente dedicar suficientes recursos a nuestros servicios públicos. Aquí, las actividades reproductivas del cuidado deben ser revalorizadas. 18 millones de personas en América Latina (7% de la fuerza de trabajo) se desempeñan en el servicio doméstico. Más de 90% de ellas son mujeres y casi 80% están empleadas sin contrato de trabajo, sin seguridad social y con salarios bajos. Los indígenas y los negros están sobrerrepresentados en este grupo.

Solo la crisis del coronavirus les ha atribuido a estas actividades la importancia que siempre han tenido para todos nosotros: son «sistémicamente relevantes». La OMS estima que habría que cubrir alrededor de seis millones de puestos de trabajo a escala mundial en el sector del cuidado para poder cumplir la meta para 2030 de garantizar el objetivo 3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) vinculado a la salud y el bienestar. Grandes zonas de América Latina, también experimentan el grave impacto de esta escasez.
La deuda de los sistemas de salud

Lo más imperioso en esta coyuntura es poner aceleradamente los fracturados y disfuncionales sistemas de salud en condiciones de poder hacer frente a la avalancha de enfermos de Covid-19. Sin embargo, para el escenario latinoamericano, esto sería una tarea titánica, pues apenas hay servicios públicos eficientes. Esto claramente demuestra otras de las limitaciones de los gobiernos progresistas de América Latina de los dos últimos decenios. Aun cuando han sacado a muchas personas de la pobreza, no han utilizado los enormes ingresos del boom de las materias primas para construir sistemas de salud pública robustos y consolidar las garantías de derechos sociales. La situación actual de Venezuela es particularmente trágica a este respecto, pero los países con sistemas de atención de salud de amplia cobertura, como Cuba y Uruguay, también están siendo sometidos a una enorme prueba de estrés debido al alto nivel de envejecimiento de sus sociedades.
Seguridad social

En los países con una atención sanitaria deficiente y una elevada proporción de economía informal, solo quedaría la alternativa de una ayuda inmediata y directa para la seguridad básica de la población pobre. La experiencia de los gobiernos progresistas que implementaron políticas de transferencias de ingresos (como el Brasil de Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff) ha demostrado que esas medidas pueden ser muy eficaces y tienen bajos costos (en promedio, menos de 1% del PIB nacional). La creatividad para trazar estrategias de garantías de seguridad básica ha quedado demostrada por el presidente de El Salvador, quien no solo ordenó una cuarentena de un mes en un plan de emergencia, sino que al mismo tiempo decretó una amplia equiparación de cargas (como la suspensión de pagos de alquileres, préstamos, electricidad, etc.), lo que garantiza una red de protección básica para los más pobres. También el gobierno argentino sostiene una amplia política social de emergencia, Esta política contrasta con la adoptada por Chile, que implementó un paquete económico que supuso un notable 4,7% del PIB, pero que ofrece pocas medidas para los vulnerables. En aquellos países donde no se han implementado estrategias de seguridad básica adecuadas –o donde no ha existido la voluntad política–, los resultados pueden no ser los más deseados. El costo de la sangre será imperdonablemente alto, como muestran las dramáticas imágenes de Guayaquil.

Después de la crisis del coronavirus, el objetivo debe ser construir una estructura pública lo más universal posible, mediante una inversión masiva en infraestructura de salud, cuidado, educación, protección social, servicios básicos, transporte y fortalecimiento de las zonas rurales. Esto solo puede lograrse a través del espíritu colectivo. Aquí es donde las elites económicas de América Latina tienen un primer deber. En algunos países, su concentración de riqueza corresponde a 60% del PIB nacional. Apenas se pagan impuestos por estas enormes fortunas. En la región, los ingresos estatales en concepto de impuesto al patrimonio corresponden a menos de 2% del PIB. En comparación, en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se sitúan en torno de 8%. Los gobiernos progresistas de los dos últimos decenios no han logrado establecer un sistema fiscal justo en ninguno de los países de la región.

El tiempo del coronavirus es un momento para tomar decisiones aquí y ahora. La pandemia ha privado a las elites de su exit option más importante: pueden todavía enviar su dinero a Estados Unidos, pero no pueden acompañarlo. Este es un buen momento para ganarse al 10% más rico de la región, para lograr un equilibrio en la carga pública, algo de lo que ellos también pueden beneficiarse. Los virus como el del Covid-19 no pueden ser detenidos por los seguros privados o los muros de las comunidades cerradas. Lo que necesitamos en el futuro es un buen cuidado para todos y con todos.

Pero no nos engañemos: ¡después de la crisis, será el antes de la crisis! Las ondas de choque con las que el coronavirus hace explotar esta América Latina fracturada no garantizan ningún cambio. Las crisis son procesos en los que las constelaciones sociales, económicas, culturales y políticas se sacuden, se rompen y se crean nuevas constelaciones. Pero las existentes pueden fortalecerse de la misma manera.

Todos estamos pagando las facturas de la crisis. ¿Todos? Si después de la crisis volvemos a caer en los viejos patrones, los mercados financieros y los bancos pronto volverán a dominar y las políticas de austeridad se harán presentes y conducirán a recortes sociales que se cobrarán la vida de más personas de las que ya se ha llevado el Covid-19. Nuestros servicios sociales se agotarán aún más y ofrecerán cada vez menos protección. Si la próxima pandemia –o el cambio climático, que tampoco conoce fronteras– llega y ataca a estos últimos restos de la humanidad, es poco probable que nuestros hijos se salven una vez más.

Todos decidimos hoy qué historia hay que contar. La época del coronavirus debe ser la del cambio.

---
*Hans-Jürgen Burchardt* es economista y científico social alemán. Actualmente es Profesor Titular de Relaciones Internacionales e Intersociales en la Universidad de Kassel. 
----
Fuente: Publicado en abril de 2020 en la Revista Nueva Sociedad: https://nuso.org/articulo/coronavirus-futuro-propuestas-cambio/

lunes, 2 de marzo de 2020

Luis Lacalle Pou consuma el final de 15 años de Gobiernos de izquierda en Uruguay.

El presidente Luis Lacalle Pou reza en el balcón del Palacio Estévez, sede protocolar del Ejecutivo uruguayo. REUTERS


El líder conservador asume la presidencia con las promesas de un nuevo rumbo económico y mano dura contra la inseguridad

En una jornada de calor abrasador, Luis Lacalle Pou se convirtió este domingo en el octavo presidente de Uruguay desde el regreso de la democracia, en 1985. Al frente de una coalición de derechas, el nuevo mandatario iniciará una serie de ambiciosas reformas que podrán foco en luchar contra la inseguridad pública y cambiar el rumbo económico del país.

Luis Lacalle Pou, hijo y bisnieto de presidentes y dirigentes del Partido Nacional, tendrá el desafío de mantener consolidada una coalición de varios partidos que incluye al ultraderechista Cabildo Abierto, sacar adelante en el Parlamento una ley de procedimiento rápido con más de 400 artículos y hacer frente a la oposición del Frente Amplio, coalición de izquierdas que perdió las elecciones del pasado mes de octubre por menos de 40.000 votos luego de 15 años ininterrumpidos en el Gobierno.

Quizá por ello, Lacalle Pou dedicó su discurso ante el Parlamento (primer acto protocolario de la jornada) a detallar su acción de gobierno para los próximos cinco años ante el país y los numerosos invitados extranjeros, que incluyeron al rey Felipe VI y a los presidentes de Brasil, Paraguay, Chile, Colombia y Bolivia, entre otros. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, no viajó a Montevideo por el discurso de apertura de sesiones previsto en el Parlamento en su país.

Lacalle Pou expuso la situación económica de Uruguay, advirtió sobre su déficit y anunció políticas de austeridad, el establecimiento de una regla fiscal y la apertura de un debate sobre una reforma urgente del sistema de seguridad social y de pensiones. El lunes, en su primera jornada de gobierno, el líder blanco (color que identifica al Partido Nacional) prometió reunir a todos los integrantes de las fuerzas de seguridad del Estado para tomar medidas contra la inseguridad pública, una de sus prioridades.

A media jornada y con el trámite legislativo concluido, el sol seguía sin dar tregua y por menos de dos horas Uruguay tuvo dos presidentes. Fue el lapso de la liturgia republicana en el que Luis Lacalle Pou recorrió los pocos kilómetros que separaban el Palacio Legislativo de la Plaza Independencia, donde lo esperaba Tabaré Vázquez para darle la banda presidencial.

Lacalle Pou recorrió ese tramo final en el Ford V8 club Cabriolet que perteneció a su abuelo, Luis Alberto de Herrera, uno de los fundadores del Partido Nacional. Lo escoltaban decenas de gauchos a caballo con banderas blancas y azules que simbolizan la cercanía del PN con el campo y el interior de Uruguay. En la plaza esperaba Vázquez, primer presidente izquierdas de la historia de Uruguay, quien a las 16:24 horas se quitó la banda, se la puso a su sucesor y se fue caminando para su casa, convertido en un ciudadano más.
Leyes urgentes

El principal proyecto de la “coalición multicolor” que gobierna ya Uruguay es la tramitación de una Ley de Urgente Consideración (LUC) que consta de 457 artículos sobre temas tan variados como la seguridad, la reforma de la educación, las relaciones laborales o la política económica. El formato de la tramitación hace que si el parlamento no logra su aprobación en los plazos establecidos (y que suman unos tres meses en su conjunto), la ley queda aprobada automáticamente. Mezcla de medida de emergencia y de ley ómnibus, la oposición considera que la LUC vulnera la Constitución, ya que muchas de sus medidas no son urgentes. Como muestra ha señalado, en tono irónico, que uno de sus artículos otorga la autorización para que las carnicerías puedan fabricar chorizos artesanales.

El capítulo más amplio de la LUC tiene que ver con la lucha contra la inseguridad pública e incluye el aumento de las penas para los menores infractores, la ampliación de las potestades de las fuerzas policiales, la autorización de los controles de identidad basados en la sospecha o el aumento de las penas. El flamante ministro del Interior, Jorge Larrañaga, ha sido claro al respecto: “El nuevo Gobierno va a reprimir” y al que no le guste esa palabra “se la va a tener que tragar”.

Los ciudadanos esperan mucho de la nueva administración, ya que la inseguridad fue el tema predilecto de la oposición durante los tres gobiernos de la izquierda. Aunque regularmente Uruguay aparece clasificado como uno de los países más tranquilos de la región, el aumento de los robos y asesinatos en los últimos años es intolerable para una ciudadanía que se compara con Europa y no con sus vecinos.
Economía y pensiones

Sin duda, la cuestión económica será una de las principales batallas políticas de los próximos años, en un país con dos grandes bloques de izquierda y derecha, de peso y fuerza similar, pero con visiones muy diferentes a la hora de valorar el desempeño del país.

El presidente Lacalle Pou ha vuelto a advertir sobre la grave situación en la que se encuentra Uruguay debido al aumento del desempleo (que ronda el 9%), la subida de la inflación por encima del 8%, el déficit público, que terminó 2019 en el 4,7% del PIB y la importancia de la deuda externa, de excelente calidad crediticia pero cada vez mayor si se la compara con el PBI.

La administración saliente ve la cosa de un color muy diferente: Uruguay viene escapando de la crisis y de la recesión que sufren los países de la región y registra 15 años de crecimiento económico, las perspectivas de 2020 tienden al alza, el país tiene la renta per cápita más alta de Latinoamérica, los más bajos índices de pobreza de la región y las menores diferencias sociales. Seguro de su balance, el Gobierno de Vázquez recibió al Fondo Monetario Internacional el pasado mes de febrero para que hiciera uno de sus análisis periódicos. El informe de la misión señaló la “posición envidiable” de Uruguay en la región, pero advirtió de la importancia de corregir los desequilibrios que sufren las cuentas públicas.

Para la coalición conservadora, la necesidad de un ajuste y de políticas de austeridad es acuciante, y dentro de esas reformas se incluyen cambios en el sistema de pensiones. Y esa será, sin lugar a dudas, otra de las grandes batallas políticas de los próximos cinco años.

En la pasada legislatura, la mayoría parlamentaria de izquierdas reformó las jubilaciones de los militares, que suponen para las cuentas públicas un déficit similar al del resto del sistema previsional uruguayo. La reacción de los militares fue la creación de Cabildo Abierto, partido que en menos de seis meses se hizo con más del 11% de los votos en las pasadas elecciones y hoy en día, miembro de la coalición gobernante, tiene varios diputados y dos ministros. En este contexto, los cambios que se hagan al sistema serán polémicos.

Fuente: elpais.com

viernes, 24 de mayo de 2019

Reflexión: Humanizar la política, politizar la sociedad… y votar.



Luis A. Aguilar (*)

Si es cierto que hay que “Humanizar la política”, que hay que recuperarla para el fin primigenio de servicio a la cosa pública y a la ciudadanía, si nos creemos aquello de que “La verdad os hará libres” y si, en la actualidad, todo está siendo al revés, ¿qué hacemos? … Una vez más tenemos que creer y trabajar por la esperanza de que “Otro mundo más justo es posible” y, para ello, desde los planteamientos de la Ética y la Política, defendemos que hay que “Politizar la sociedad”, desaprendiendo primero todos los cuentos, farsas y prejuicios con los que los han anestesiado siempre, y más ahora con las “fakes” permanentes, las cloacas del Estado y las mentiras mil veces repetidas, para politizarnos después, en el mejor sentido de la palabra “Política”.


Hasta el Papa Francisco nos decía recientemente que la cristiandad tiene el deber de comprometerse en la sociedad y en la política. A mí me han oído mis hermanicos de las CCP “cienes y cienes de veces” que nosotras y nosotros solemos estar muy comprometidos en multitud de sectores sociales y ciudadanos pero muy poco en los políticos (de partido). ¿Por qué ahí siempre nos la cogemos con papel de fumar? … Así solía yo quejarme siempre en nuestros encuentros y Asambleas.


¿Que la política es sucia? Toma ya, pues claro, pero ¿por qué?… Pues sencilla y llanamente –y entre otras cosas- porque, salvo honrosas excepciones, quienes podríamos participar en ella de otra manera (no para medrar, ni para vivir de ella, ni para corromperla…), no solemos hacerlo o duramos muy poquito; y claro, cuando tú no estás para ocupar ese privilegiado espacio de servicio a la sociedad, son otros (y generalmente los más oportunistas) los que lo ocupan y, desde luego, no para defender aquello que tú defenderías. Lo mismo podría decir a la hora de votar, ya que ahora tenemos una nueva oportunidad el 26M y creo que va siendo hora de que no seamos tan tiquismiquis, puritanos, exigentes o más papistas que el Papa y ¡votemos! (además por la izquierda, sin duda, si queremos defender la causa de los pobres en particular y del grueso de la ciudadanía en general, pues el trifachito, en bloque, no fallará y sus políticas ya sabemos a qué amigos, capitales, bancos y sectores apoyan).



Que “involucrarse en la política es una obligación para un cristiano” no es que lo diga yo, sino el hermano Bergoglio. Que “nosotros no podemos jugar a ser Pilatos, ni podemos lavarnos las manos, sino que debemos involucrarnos en la política, porque la política es una de las formas más altas de la caridad”, tampoco lo digo yo, sino el propio Francisco; y que “…la política está sucia, porque el cristiano no se involucra en ella, con espíritu evangélico” ni siquiera son mis palabras, aunque las dijera mil veces, sino del Papa Francisco.






¡Cuántas veces tuve que explicar cómo mis compromisos políticos (sobre todo cuando militaba en Izquierda Unida, o después en Podemos) lo eran para mí desde una exigencia de la Fe en Jesús de Nazaret! Y, sobre todo, cuánto cinismo social no habría cuando normalmente nadie ha cuestionado mucho que los cristianos del OPUS o de la derecha participasen en la política -y hasta controlasen ministerios-, y sin embargo cuánta gente se rasgaba las vestiduras cuando creyentes como Carlos Sánchez Mato, José Antonio Vázquez o yo mismo nos metíamos en ése fango (que no quiere decir que me olvide de las decenas de creyentes de izquierdas, que, sin necesidad de llamarse Alfonso Comín, García Laviana o Camilo Torres, trabajaron bien comprometidos en ayuntamientos y alcaldías desde su Fe cristiana).


Fue precisamente en el “II Encuentro Podemos Espiritualidad” de 2016, cuando, bajo el lema genérico de “HUMANIZAR LA SOCIEDAD Y LA POLÍTICA”, yo acuñé en mi intervención éste mismo título de “Humanizar la política y politizar la sociedad”, convencido de que ambas tareas son necesarias, visto lo visto, más que nunca. https://www.reddit.com/r/podemos/comments/52py46/ii_encuentro_podemos_espiritualidad_humanizar_la


Y es que estoy tan convencido de que la política precisa de una nueva humanización -¡vaya un descubrimiento, ¿verdad?!-, como de que nosotras y nosotros, en cuanto sociedad, necesitamos una nueva politización, en el sentido de desintoxicarnos, formarnos, informarnos, saber hacer un contraste crítico de las informaciones y comprometernos, cada quien según sus fuerzas y capacidades; porque como decíamos en nuestras comunidades hay que ser «activos en la contemplación y contemplativos en la acción».


Otro mundo es posible…

Defiendo, convencido, que humanizar la política es vivirla con vocación de servicio, buscando el mayor bien posible para el mayor número de personas. Pero, a la vez y de manera permanente, creo que cada día es más necesario que nunca “politizar la sociedad” de la manera antes citada y ponerse al servicio de los más desfavorecidos de la sociedad (no sólo hablo de los más empobrecidos, que también) a través de la generación de conciencia crítica colectiva. Hay que politizar la sociedad para transformar la sociedad», he dicho ya en algún momento, y ojalá que lo hiciéramos en la línea de las contribuciones de figuras como Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Pepe Mujica o Pili Zabala para asumir la causa de humanizar la política.


PIli Zabala

En esta nueva oportunidad de participar en la política que tenemos con la próxima cita electoral del 26M, empecemos por pensar si la vida de nuestros pueblos y ciudades y la de sus gentes va a ser la misma si votamos a los partidos del frente de derechas -PP y C´s, que harían piña sin inmutarse con la ultraderecha de VOX para gobernar-, que si elegimos las opciones del centro izquierda (PSOE) o de la izquierda de UNIDAS PODEMOS (con IU, Equo, Podemos y diferentes alternativas ciudadanas)… Ésta es una primera opción de compromiso, ir a votar, aunque siempre haya alguna persona que no nos guste del todo o algún punto del programa que no sea de mi total convicción. Así que no te asusten con falsos radicalismos, ni con descalificaciones interesadas, ni mucho menos con que las promesas que mejoran la vida de la gente no son posibles porque ya te digo yo que “Sí, se puede”.





Luis Ángel A Aguilar


Mi perfil, compromisos, acciones, creencias e ideología

los tenéis en abierto en mi blog "LA TERCA IUTOPIA" sita en http://luisangelaguilar.blogspot.com y en el perfil mas reducido de Twitter: Republicano, creyente, laico y de izquierdas. Estoy en ATTAC, Constituyentes, CCP, 15-M, Stop Desahucios, ACAIM, CONMILAB

sábado, 18 de mayo de 2019

La democratización de la comunicación, pendiente en América Latina.

Foto: Última Hora SV

Por Leonel Herrera*

El pasado 5 de mayo se cumplieron tres años de aprobadas las reformas a la Ley de Telecomunicaciones en El Salvador. Dichas reformas incluyen el reconocimiento legal de los medios comunitarios, la eliminación de las prórrogas automáticas de las concesiones radioeléctricas y la creación de mecanismos alternos a la subasta para asignar frecuencias de radio y televisión.

Las reformas también incorporan las nuevas tecnologías de la comunicación e información y actualizan la Ley en varios aspectos financieros, administrativos y técnicos.

La ley reformada sustituye a la caduca, excluyente y antidemocrática ley aprobada en 1998 en el marco de las privatizaciones y demás políticas neoliberales impuestas por los gobiernos de derecha en este país centroamericano.

Sin embargo, la democratización del modelo mediático salvadoreño sigue pendiente a pesar de las reformas. Asociación de Radios Comunitarias de El Salvador (ARPAS) y la Red por el Derecho a la Comunicación señalan retrasos en su implementación. Critican, por ejemplo: que aún no ha sido asignada ninguna concesión para medios comunitarios, que la mayoría de concesiones están siendo renovadas por veinte años más y que la digitalización de la televisión ha priorizado los intereses de los actuales concesionarios en detrimento de las posibilidades de ingreso de nuevos operadores que generen mayor diversidad y pluralismo mediático.

En otros países de la región, como Honduras y Guatemala, prevalecen marcos normativos que excluyen a los medios comunitarios y profundizan la concentración de los grandes medios privados.

Por tanto, la democratización de la comunicación y la construcción de modelos mediáticos donde se escuchen todas las voces y se vean todos los rostros es tarea pendiente en América Latina. Incluso, en países donde se aprobaron leyes democratizadoras, como en Argentina y Ecuador, se registran preocupantes retrocesos.

En Argentina, el gobierno de Mauricio Macri ha revertido importantes disposiciones de la Ley de Servicios de Comunicación audiovisual que establecían límites a la concentración; mientras que en Ecuador el gobierno de Lenín Moreno ha hecho que la Ley Orgánica de Comunicación sea letra muerta, al negarse a liberar frecuencias para otorgar a medios comunitarios.

Lo anterior confirmar la necesidad de que los pueblos de nuestra Abya Yala reclamen por su derecho a la comunicación y presionen por marcos jurídicos y políticas públicas que propicien la creación de modelos mediáticos democráticos, sin los cuales no es posible la verdadera democracia.

Fuente: servindi.org

jueves, 27 de diciembre de 2018

2019: un nuevo capítulo de la disputa por el futuro.


Por Javier Tolcachier*

Por estas épocas del año suelen oírse llamados a la concordia y la convivencia fraterna. Haciendo a un lado la hipocresía de quienes conciben la “paz social” como mecanismo para blindar la injusticia, no hay duda que los pueblos en estas fechas se desean honestamente un período de mayor calidez, de cercanía y humanidad. Del mismo modo que expresan con sinceridad de corazón, augurios de un año mejor.

Pasada la tregua, la ilusión de fin de año se desvanece, dejando ver que ninguno de los conflictos ha desaparecido verdaderamente. Lo que encalló a las orillas del nuevo año ahí está, a la espera de la nueva marea de sucesos, de un oleaje que traiga consigo transformación. Oleaje en el que corremos peligro de ser arrastrados, de no ser capaces de reflexionar, ver con mayor claridad y sentar postura frente a los principales conflictos.

Esto vale del mismo modo para quienes pretenden sostener posiciones de presunta “imparcialidad”, cercana en muchos casos a la fuga o al descompromiso, al cinismo, la indiferencia y ¿cómo no? también al temor, la decepción, la amenaza, la segregación, el chantaje o la persecución. Aún fundada, la pasividad, la no elección, tienen como consecuencia convertirse en objeto y no en sujeto de las circunstancias por venir.
Los conflictos 

Los conflictos existentes son polaridades, campos de “magnetismo social”, alrededor de los cuales se agregarán los grandes conjuntos humanos en el y los años venideros. Del potencial que cada polaridad acumule, dependerá la dirección que tomen los acontecimientos.

Las problemáticas están íntimamente entrelazadas, conformando una estructura en la que unas piezas engarzan con otras. Sin embargo pueden ser observadas en detalle sin adjudicarles prelación, linealidad o jerarquías.


Igualdad de oportunidades vs exclusión social

El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos enuncia que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.”

70 años después de haber sido consagrada esta Declaración, la realidad es bien distinta. Según el informe “Premiar el trabajo, no la riqueza” (Oxfam Internacional, 2018)(1) el 1% más rico sigue acumulando más riqueza que el resto de la humanidad. Citando distintas fuentes, el mismo informe señala que “cerca del 43% de la población joven activa no tiene trabajo o, si trabaja, sigue viviendo en la pobreza. Más de 500 millones de jóvenes sobreviven con menos de 2 dólares al día.”

En América Latina y el Caribe, en 2017 el 10% más rico de la población concentró el 68% de la riqueza total, mientras que el 50% más pobre contó solamente con un 3.5% para sobrevivir, agrega la citada fuente.

Por otra parte, 821 millones de personas padecen hambre en el mundo -una de cada nueve- y más de 150 millones de niños sufren retraso del crecimiento, indicó la ONU en un informe dado a conocer el pasado Septiembre en Roma. (2) Lejos de retroceder, el hambre ha aumentado en los últimos tres años, volviendo a los niveles de diez años atrás.

Ante esta barbarie, los esfuerzos políticos por paliar la desigualdad y el hambre son arteramente combatidos por quienes generan el problema -la banca y las corporaciones de negocios- en una espiral irracional de violencia económica que arroja a los grandes conjuntos a la asfixia y la desesperación.

La escala del agravio corresponde a un genocidio social que se parapeta detrás de la “inviolabilidad” de la propiedad privada, o sea, de la acumulación ilimitada. Frente a tamaño atropello, la articulación de las mayorías bajo las banderas de la inclusión social y la desmercantilización de la subsistencia digna es históricamente inevitable, pero debe acelerarse.

Autodeterminación, cooperación, integración vs unilateralismo y nacionalismo

La posibilidad de relacionamiento paritario entre naciones, muchas de ellas recién emancipadas del colonialismo luego de la Segunda Guerra Mundial, fue sepultada por la confrontación de bloques primero y por la globalización después, arrollando toda posible autodeterminación. Ante esta nueva dependencia los países del Sur global determinados a hacer valer su autonomía, amplificaron sus relaciones bilaterales y construyeron mecanismos multilaterales diversos. El objetivo de integrar virtudes y debilidades fue hacer fuerza común frente a la usurpación de facto. Al mismo tiempo, actores como China, India y Rusia emergieron o resurgieron en el tablero mundial, socavando la potestad única de EEUU (y de Occidente) en la esfera internacional.

Los nacionalismos surgidos en todo el mundo y gobernantes hoy en muchos países resultan de una reacción al intento de dominación mundial unipolar y la transferencia de poder de los Estados a las corporaciones transnacionales, como resistencia a la centralización fáctica del poder económico contraria a las necesidades populares. Al mismo tiempo, la decadencia del poder occidental pretende defenderse de su ocaso definitivo rompiendo las reglas de juego internacionales en el justo momento en que empieza a perder la partida, intentando imponer una vez más el propio interés como única regla posible.

Frente a la irracionalidad del poder único, la relación solidaria entre pueblos y estados, la cooperación, la autodeterminación de los pueblos y su integración creciente hacia un nuevo paradigma de “nación humana universal”, la lucha por la desconcentración del poder de las corporaciones trasnacionales aparecen como el sendero a transitar.
Guerras o Paz

El interés colonial por monopolizar recursos y mercados, por imponer normas culturales únicas, sigue vigente. Ese interés, junto al gigantesco negocio del armamentismo, continúa siendo el promotor de guerras. Las rivalidades históricas existentes, no son las causantes de las masacres bélicas, sino que son avivadas y propagadas por los poderes para dividir, enfrentar y conquistar.

Frente a ese frenesí destructivo, el estandarte de la paz supone una propuesta y conducta revolucionaria, ya que constituye un escalón de conciencia superior imprescindible para encarar verdaderos desafíos de unidad popular y liberación del sometimiento.
Democracia participativa para derrotar al fascismo

Los esquemas democráticos están severamente dañados. Los pueblos están efectivamente alejados de toda decisión y los funcionarios electos suelen alejarse de sus electores viviendo en espacios autistas, aprovechando además los beneficios de su posición privilegiada. La excepción, aquellos militantes o dirigentes, que en base a un férreo propósito de servicio al pueblo intentan sustraerse a esa pandemia, son atacados por los medios hegemonizados por el capital, juzgados por causas inexistentes y condenados sin pruebas.

El lawfare, la persecución y proscripción política de líderes populares, el macartismo de los gobiernos ultraderechistas, son anticuerpos de la plutocracia del dinero que rechaza así toda “injerencia democrática en sus asuntos internos”, es decir, en sus negocios.

Los personajes de extrema derecha cuentan con el apoyo del capital para reprimir revueltas y garantizar su protección. Pero también concitan la adhesión de una gran parte del pueblo llano, cegada por un rencor manipulado mediáticamente pero también hastiada de una parodia de democracia autorreferente. En la percepción de este amplio sector, la democracia “realmente existente” se ha vuelto estéril, incoherente, mentirosa, envilecida, incapaz de poner fin a la injusticia y dar solución a las urgencias populares.

La futura democracia, tendrá que ser profunda o no podrá reconstituirse. El único modo de regenerar el espíritu democrático, al tiempo de equilibrar el enorme contrapeso antidemocrático del poder económico, será dar amplia participación a los pueblos en las decisiones. La democracia participativa se extenderá, en un aprendizaje de errores y aciertos, para dar finalmente por tierra al “Ancien Régime” de una representación cooptada por el poder real.

Soberanía alimentaria, Buen Vivir y Reforma agraria vs catástrofe climática

Capitalismo es sinónimo de violencia humana y medioambiental. Los recursos comunes del planeta son enajenados por una minoría que saca ventajas de posiciones de fuerza para dominar al resto. La irracionalidad del desperdicio, de la desigual utilización energética entre Norte y Sur, de la permanente extracción y contaminación de suelos, aire, cuencas hídricas, del monocultivo agrario, de la especulación inmobiliaria. La exhalación carbónica de un mundo exaltado, la deforestación, el envenenamiento de los cultivos, el consumo frenético… ¿acaso hay algo sustentable en ello? No existe un “capitalismo sustentable”, ni “tecnología verde” que lo vuelva sustentable, ya que la maximización del beneficio – energía motora del capital – no tolera limitaciones ecológicas. El rédito particular no acepta razones colectivas.

Por tanto, la única salvaguarda real del entorno que posibilita la vida en este planeta pasa por la transformación sistémica hacia un modo de vida que ponga como valor central el reparto de la riqueza como bien finito y común. Un sistema nuevo que consagre el derecho a compartir, desdeñe el consumo desenfrenado como irrelevante para la felicidad y priorice el bienestar colectivo por sobre el egoísmo individual.

Feminismo vs patriarcado

La masiva movilización de mujeres exigiendo el fin de un sistema de dominación patriarcal continuará siendo uno de los temas centrales en la agenda política del nuevo año. El conflicto será uno de los principales ejes de tensión intergeneracional y cobrará una enorme relevancia al poner en discusión hábitos arraigados en las distintas culturas, alcanzando una dimensión global inédita.

Las mujeres serán un factor clave para la re-definición de relaciones de fuerza frente a la reacción conservadora producida por la vorágine de cambios, las incertezas existenciales y la falta de oportunidades de subsistencia y desarrollo humano que presenta el sistema actual.
Ciudadanía Universal vs criminalización y discriminación de migrantes

No habrá muro, valla o ejército que logre contener la migración desesperada, si no se acaba con las guerras, el hambre, la violencia producida por la miseria, la desigualdad local y entre regiones del mundo.

No habrá migración justa y libre, si las empresas insisten en atraer mano de obra precarizada, en situación de ilegalidad, para evadir responsabilidades derivadas del derecho laboral vigente. No desaparecerá la discriminación, mientras se culpe a los inmigrantes por la falta de trabajo, en vez de señalar el vaciamiento productivo del capitalismo usurero y especulativo.

La ciudadanía Universal, la libertad de elegir el lugar de pertenencia y la igualdad de derechos para todo ser humano más allá de su proveniencia, sólo se hará realidad en el marco de un nuevo sistema, como ya se esbozó en apartados anteriores.

Sentido de comunidad y renovado proyecto transformador vs avance retrógrado

Muchos seres humanos se sienten arrastrados por veloces acontecimientos que no dominan, dejando atrás realidades conocidas en el mundo familiar, laboral, profesional y de relación. Vivimos en un mundo acelerado que borra de la faz de la tierra aquel paisaje que creíamos que iba a durar para siempre. En pocos años, poco queda de lo anterior, salvo en la memoria… y los libros de historia.

Ese es uno de los vértices que llevan a añorar un mundo perdido, a idealizar con nostalgia el pasado, a criticar las “nuevas costumbres”, a reclamar la devolución de una realidad irrecuperable. Es uno de los principales factores que motivan la visión retrógrada.

Alimentan esa visión el cúmulo de dificultades sociales presentes ya esbozadas, que presionan por salidas rápidas. La angustia personal y social es multiplicada por la soledad, la fugacidad de lazos de relación y la ruptura de pertenencias que den cobijo en medio del vendaval de inseguridades y violencias. A todo ello se suma la banalidad de un mundo que agota sus opciones en un hedonismo consumista, en un recorrido fatigoso que conduce fatalmente hacia la muerte.

Todo esto explica porqué las opciones eclesiásticas conservadoras avanzan, ofreciendo una oferta atrayente ante el desamparo y exclusión de una civilización acelerada, vacía y violenta.

A esta correntada contrahistórica se debe contraponer un proyecto fuerte y no transigible de transformación social, que además de contemplar las necesidades físicas y biológicas, contenga también las emocionales y las existenciales. Una práctica social que sostenga a cada persona en un tejido de comunidad.

Un proyecto que pondere a los seres humanos sobre toda otra consideración y que en sí mismo, dote de un nuevo sentido a la vida humana. Un sentido de evolución, de crecimiento colectivo, que permita el nacimiento de una especie humana renovada, que dé alas al viejo mito de la Mujer y el Hombre nuevos.

A lo enunciado deberíamos dedicar nuestros esfuerzos, aunar en ello nuestras luchas, hacia ese horizonte hacer converger la bienvenida diversidad.

Que tengan buenos festejos y renueven energías para el año que comienza, un nuevo capítulo en la disputa por el futuro.

Notas.

(1) Informe “Premiar el trabajo, no la riqueza”, Oxfam International (Enero 2018). http://bit.ly/2BeZCV1

(2) El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2018, Naciones Unidas

---
*Javier Tolcachier es un investigador perteneciente al Centro Mundial de Estudios Humanistas, organismo del Movimiento Humanista.
----

Fuente: Servindi

viernes, 12 de octubre de 2018

Política y Religión, una combinación peligrosa.


por Olga Larrazabal S. (Chile)
Octubre 2018

Últimamente hemos visto que ha aparecido una bancada religiosa de orientación evangélica, teniendo un protagonismo bastante agresivo en nuestra vida política; insultos a los Presidentes de la República y presiones de todo tipo.

También hemos sido testigos de la caída en picada de la Iglesia Católica como institución, debido a los actos de abusos sexuales por parte de sus clérigos, y que su voz va desapareciendo como referente en las masas.

Y aun cuando en Chile el Estado y la Iglesia están separados desde la Constitución de 1925, no podemos negar la influencia de esta religión en nuestra sociedad y la probabilidad de que este vacío de poder lo estén llenando las denominaciones evangélicas con el apoyo oportunista de la derecha política.

Digamos que salimos del fuego para caer en las brasas. Y digo esto sin tener nada en especial contra las religiones, habiendo pertenecido a una de ellas por nacimiento y reconociendo la atracción que tiene para mí el mensaje del fundador.

Y así como para mí el mensaje de humanidad de Jesús tiene un potente atractivo, también veo que para otros la atracción consiste en tragarse trozos completos de los evangelios sin digerir, matizados con trozos de los libros judíos escritos en la Edad de Hierro y destinados a lograr la cohesión del pueblo de los judíos con una moral propia de su época, cosa que a mi entender no beneficia ni la reflexión ni la conciencia que necesitamos para convivir a estas alturas de la historia.

Sea como fuere, la situación de poder de las diversas denominaciones cristianas está cambiando, y se parece peligrosamente a lo que existió en el siglo III de nuestra era, cuando no existía una iglesia oficial sino que muchas sectas.

El mundo griego y romano estaba lleno de sectas de todos colores y tamaños. Estaban los paganos, que todavía tenían poder estatal, las legiones eran adoradoras de Mitra y también del Cristo, existían los dioses locales y las comunidades cristianas supervisadas por algún Obispo ( esto significa “supervisor” ) y que tenían interpretaciones teológicas diferentes.

Había cristianos nestorianos, arrianos, gnósticos, el mandeismo, el docetismo, el maniqueísmo, ebionitas etc ( pueden buscarlo en la Wikipedia) cada uno de estas comunidades con un Obispo a la cabeza. Igual que los evangélicos de hoy día.

Estas sectas se peleaban unas con otras con furia, pues defendían sus creencias como si fueran verdades ciertas que merecieran el asesinato del otro. Y seguramente en su celo perdieron de vista la belleza y la gracia del simple mensaje de humanidad de Jesús, pues se dedicaron a tratar de obtener el poder.

Hay una película muy buena sobre Hypatia de Alejandría, filósofa, que fue asesinada por una rabiosa secta cristiana que además incendió la biblioteca donde se guardaban los datos recopilados durante cientos de años de ciencia y cultura.

El Emperador Constantino, que si de algo sabía era de poder, presionó a los cristianos para unificarlos, y de esta unificación salió la Iglesia Católica y se le dio categoría oficial de sacerdotes a los administradores de los ritos y al Obispo supervisor y me imagino que apoyó a alguno de estos obispos para que fuera su interlocutor dándole calidad de institución al papado. Un emperador no puede conversar cosas de Estado con una muchedumbre vociferante, sino con un Jefe y sus principales ayudantes.

Pero el poder siguió en manos del Emperador hasta que cae el Imperio, época en que las únicas instituciones que quedan en pie son las de la Iglesia, y entonces ésta pacta de igual a igual con los jefes bárbaros y crean un nuevo Imperio, cuyo poder se basa en que el representante de Dios en la tierra lo avala. El Sacro Imperio Romano Germánico, padre de la Europa actual.

Después de 2000 años en que hemos visto como funcionó esa amalgama de religión y poder político y que recién estamos conociendo las bondades de la democracia en el manejo de sociedades heterogéneas, y aplicando el uso de la política como sistema de negociación de las diferencias, algunos de nuestros políticos están cediendo a la tentación de introducir argumentos de tipo religioso sectario en la confección de políticas públicas incorporando en los escaños de parlamentarios a la llamada “bancada evangélica.”

Y esta tentación tiene su origen en el ascenso de una clase social perteneciente a denominaciones religiosas altamente agresivas, con muchos fondos disponibles y bastante poco educadas en el juego republicano.

Estas facciones no creen ni en la democracia, ni en la política ni en el manejo republicano, por lo que se ha visto en su actuación pública. Creen en su billetera y en la imposición por fuerza de sus creencias.

La historia nos muestra que cuando las religiones se salen de madre y el poder político no las controla, las pasiones se desbocan. Y esto se debe a la naturaleza de las creencias religiosas, por definición.

Estas creencias en general pertenece a la categoría de “verdades por derecho propio” que todos tenemos en la base de nuestra consciencia, y que nos suscitan emociones fuertísimas de adhesión y miedo. Las creencias en la democracia y en la república se construyen en nuestra comprensión de la realidad y no suelen pasar por nuestras emociones, por lo menos con esa fuerza.

La religión se construye alrededor de los premios y castigos de algo tan superior, que el solo pensar en desobedecer nos causa pánico. Y la adhesión a los principios construidos sobre estas emociones, nos pueden llevar a los más grandes atropellos del prójimo, si es que fuimos indoctrinados en que eso era bueno.

Y esas reacciones emocionales de defensa o ataque si tocan nuestra religión, no son muy aconsejables dentro de la cordialidad, la paciencia y la capacidad negociadora y el objetivo de aunar visiones que incluyan a la mayoría que debería tener el debate político republicano.

Tenemos así que la Inquisición, obra de los Papas para castigar herejías es decir las disensiones al canon religioso, al pasar al poder político como sucedió en el siglo XIV y XV hasta el siglo XIX, sirvió para exterminar pueblos completos, ideas y descubrimientos, en aras de una ortodoxia religiosa mal entendida.

Por esa razón creo que no hay que mezclar política con religión, sobre todo si nuestra Constitución así lo manifiesta.

Fuente: piensachile.com

viernes, 1 de diciembre de 2017

Honduras, la venganza electoral de los despojados.

Foto: http://www.elheraldo.hn
Por Ollantay Itzamá*
29 de noviembre, 2017.- El debilitado aparente Estado de Honduras, en sus casis doscientos años, estuvo controlado y gobernado por la élite de terratenientes y comerciantes auto rotulados como “conservadores” y “liberales”.
Durante los primeros cien años, los patrones colocaban a los capataces de Honduras mediante bayonetas y escopetas. A principios del siglo XX, los conservadores (partido Nacional), para hacer la pantomima democrática, crearon el denominado partido Liberal, y así Honduras vivió todo un siglo bajo el (des) gobierno del bipartidismo (nacionalistas y liberales), hasta noviembre del 2017.

Un golpe de Estado que abonó resistencia

A finales de la primera década del presente siglo (2009), con un golpe de Estado político-militar, los ricos en el poder aceleraron su auto desestabilización política. Y abonaron el surgimiento del movimiento social que fue el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) que exigía la restitución en el poder de Manuel Zelaya, Presidente defenestrado por el golpe de Estado, y cambios estructurales profundos en la Honduras empobrecida y enajenada.
A partir del 2012, el FNRP declinó, y dio origen al actual partido político Libertad y Refundación Libre. Este “nuevo” partido, conformado, en su mayoría por políticos ex liberales, en las elecciones generales del 2013 (su primera participación), quedó en el segundo lugar, con 37 diputados (del total de 128 diputados del Congreso de la República).
Pero, el gobierno de Juan Orlando Hernández, del partido Nacional (coautor del golpe de Estado, junto a los liberales), que tiene aún el control del Legislativo y Judicial, les hizo la “vida política” casi imposible. No sólo les excluyeron de las comisiones legislativas, sino también les impidieron sistemáticamente las iniciativas legislativas, hasta les retuvieron los honorarios a dichos diputados.

Una dictadura “democrática” que empobreció a todo un país

Después del golpe de Estado (2009), Honduras continuó en una sistemática dictadura “democrática”, donde la ilegalidad, la corrupción y disolución de los derechos fueron constantemente promovidos y premiados por el Estado y sus tres gobernantes posteriores al golpe.
La ilegalidad en la dictadura de Juan Orlando Hernández superó la imaginación máxima cuando éste, en contra del artículo pétreo de la Constitución Política (Art. 239), se autoproclamó como candidato presidencial buscando su reelección, bajo el lema: “La vida mejor para Honduras no puede parar”. En un país que después del golpe de Estado el nivel de pobreza empeoró en más del 10%, y el país adquirió la marca mundial de “país más violento sin guerra”.
La disolución de los derechos cobró visos dantescos con las masacres y asesinatos selectivos de defensores de derechos. Siendo el caso más repudiado el asesinado de Berta Cáceres. El disentir o difundir el pensamiento crítico se castigaba y castiga con la pena de encierro, o destierro, o entierro.

Un dictadura “democrática” que subestimó a sus víctimas

En estas condiciones la hondureñidad fue obligada a volver al ritual de las urnas. Y, el dictador, creyendo que sus víctimas estaban vencidas, intentó re ungirse en las urnas alegando ser el ungido del Dios desconocido para seguir gobernando “Honduras para Cristo”.
Pero, la resistencia no estaba muerta. Ésta volvió sobre sus cenizas y derrotó incluso a la dictadura mediática de los masivos medios de (des) información, a la dictadura divina en campaña a favor del dictador (Cardenal, obispos, curas, pastores, apósteles…). Derrotó a la dictadura del miedo.
El ilegal candidato presidencial y Presidente de la República, Juan Orlando Hernández, se mantuvo en campaña electoral permanente durante todo su gobierno.
Distribuyó a sus electores, que él mismo los empobrecía, bolsitas de frijoles africanos rotulados con su fotografía y logo de su partido. Distribuyó 50 Lempiras (equivalente a 2.5 dólares) a todos los pobres electores que crecieron en número en el decenio del golpe continuado. Regaló pelotas, casitas de cartón, hornillas…, sacramentadas de: “bendiciones con la sangre de Cristo”.
Encerró, desterró o enterró a todo defensor o profeta incómodo de los derechos humanos. Persiguió y expulsó a los “venezolanos”, fantasmas de Hugo Chávez, que supuestamente traían consigo el mortal del virus del “comunismo” a la “Honduras de Cristo”.
Pero, nada de eso funcionó. Ni la dictadura, ni la dolorosa Honduras había sido de Cristo. Los pobre recibieron las bolsas de frijoles, pero votaron por la Alianza (Libre-PINU). Los “venezolanos chavistas”, enemigos de la dictadura, tenían carnet de identidad hondureña, y en las urnas defenestraron al dictador ungido por Cristo.

La venganza electoral de los empobrecidos

El dictador, y su virginal Primera Dama, antes de los primeros resultados electorales emitidos por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), de rodillas, y ante sus cámaras de televisión, agradecían llorosos a su Dios desconocido y a su Cristo por haberle “ungido por segunda vez como Presidente de Honduras”. Incluso creyentes o cómicos gobernantes de Guatemala y Ecuador, le felicitaron al dictador por anticipado. Pero, las urnas dijeron lo contrario.
Deprimente fue la sorpresa para el dictador y su cohorte cuando el TSE anunció, lo que ya habían anunciado los políticos de la oposición: “Salvador Nasralla, candidato de la Alianza Libre-PINU, aventaja con 5 puntos por encima del candidato del partido Nacional, Juan Orlando Hernández”.
Allí, la algarabía, el fervor y gratitud religiosa, la prepotencia “democrática”, se diluyó en el rostro del ungido.
“Fue un acuerdo entre los partidos de la oposición y el partido Nacional para que en los mismos centros de votación se entregase a todos los representantes de los partidos copias legalizadas de todas las actas de votación. Nosotros, como Libre hemos cuidado y asegurado para que ese acuerdo se cumpla. Así, ellos (partido Nacional) ya no podían fabricar o modificar actas de votación”, indica Dilcia Cantarero, dirigente departamental de Libre en Copán. Y así fue. Éste fue el “talón de Aquiles” de Juan Orlando Hernández.
En 2013, Libre denunció que el TSE modificó las actas electorales (fraude), pero no tenía modo de mostrar evidencias. Esta vez, tiene en su poder todas las actas electorales del país legalizados por el TSE. El dictador no pudo hacer la tradicional costumbre de: “aceitar con dinero público los resultados electorales a su favor”.
Esta venganza electoral de los empobrecidos significa una máxima responsabilidad para el gobierno de Salvador Nasralla y para toda la estructura política de Libre. Honduras, como primer paso necesita la restauración de los derechos fundamentales cercenados, y resarcimiento de las víctimas de la dictadura. Tareas nada secundarias son la revisión de todos los contratos de concesión del territorio y bienes nacionales a empresas transnacionales, la supresión de la corrupción pública como la industria más fácil para enriquecimiento ilícito, la restauración de la pacífica convivencia social interna, etc. 
---
*Ollantay Itzamná es indígena quechua. Acompaña a las organizaciones indígenas y sociales en la zona maya. Conoció el castellano a los diez años, cuando conoció la escuela, la carretera, la rueda, etc. Escribe desde hace más de 10 años no por dinero, sino a cambio de que sus reflexiones que son los aportes de muchos y muchas sin derecho a escribir se conozcan.

Fuente: Servindi.org

domingo, 26 de noviembre de 2017

Honduras celebra elecciones bajo la sospecha de fraude.


La incertidumbre sobre qué ocurrirá el día después de los comicios presidenciales condiciona el ambiente en un país marcado por el golpe de Estado de 2009 y las altas tasas de homicidios.

ALBERTO PRADILLA (*) 

“Hay un dicho en Honduras. Juan Orlando Hernández ya ha sido reelegido como presidente, solo falta que se celebren las elecciones”. Gustavo Pacheco, profesor, que se reivindica como militante de izquierdas, resume una idea generalizada entre la oposición hondureña: los comicios que tendrán lugar el domingo 26 de octubre son un mero trámite, ya que el actual jefe de Gobierno tiene preparado el fraude.

Pacheco se encontraba el lunes en colonia Kennedy, uno de los barrios más populares de Tegucigalpa, donde cerró la campaña Salvador Nasralla, candidato de la Alianza de Oposición contra la Dictadura. La plancha opositora es una coalición formada entre Libre, el partido del expresidente Juan Manuel Zelaya (depuesto tras un golpe de Estado en 2009) y el Partido Innovación y Unidad-Social Demócrata (PINU-SD).

Su cabeza de lista es Nasralla, un empresario y antiguo presentador televisivo que fundó sus propias siglas, el Partido Anti Corrupción (PaC) pero que ha terminado encabezando la principal alternativa al oficialismo. Su mitin, en una pequeña placita en la que se mezclan las banderas rojas con la noria de una feria, tiene un punto de izquierda estéticamente nostálgica, con el inevitable Quilapayún y “el pueblo unido jamás será vencido”.

También se percibe una gran incertidumbre. La idea de que el domingo habrá fraude la comparten todos los asistentes al acto. La duda es qué ocurrirá después. Si se saldrá a la calle y si hay fuerza para mantener una protesta sostenida. Cómo responderá el Gobierno. Si habrá una escalada en un país donde cualquier excusa es buena para que se desate la violencia.


Oficiales de la Policía Militar y miembros de la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA) participan en una operación en barrios y barrios marginales de Tegucigalpa contra pandillas callejeras. AFP/Orlando Sierra

Un día antes del acto de Nasralla, en la colonia Los Robles, también en Tegucigalpa, miles de personas arropaban al candidato oficialista, Juan Orlando Hernández, cabeza de lista del Partido Nacional. Hernández encabeza una formación derechista (y en Centroamérica decir derecha es decir mucha derecha), con más de un siglo de historia y que se aferra al discurso securócrata como principal baza.

Su principal reivindicación de los últimos cuatro años es sacar a la calle a la Policía Militar y la construcción de los “pozos”, cárceles de máxima seguridad en las que ha encerrado a decenas de líderes pandilleros, principalmente del Barrio 18, en condiciones de absoluto aislamiento. “Lo principal es que se mantengan los militares en la calle y que se mejore la seguridad”, resumía Araceli Castillo, empleada estatal, que acudía a la marcha enarbolando una bandera azul del partido y una camiseta con el lema “cuatro años más”, que reclama la continuidad del presidente en su puesto.

A pesar de ser un acto mucho más masivo que el opositor, se respira menos entusiasmo. Los asistentes, organizados por grupos de barrio o centro de trabajo, llegan en autobuses, aplauden un rato bajo un sol abrasador y se marchan por donde han venido.

Pedir que las elecciones en Honduras se desarrollan en un ambiente normalizado sería demasiado. Con una tasa de 51,9 homicidios por cada 100.000, estamos ante el segundo país más violento del Triángulo Norte centroamericano, uno de los lugares con mayores porcentajes de asesinatos del mundo. Por encima, El Salvador, con 60 muertes violentas por cada 100.000.

Entre los factores que explican esta sangría está la actividad de las pandillas (en especial Barrio 18 y Mara Salvatrucha, aunque también cuenta con grupos autóctonos, como Los Chiricos) y el narcotráfico, ya que el país se encuentra en el tránsito entre productores como Colombia y el consumidor final, que es EEUU.


Una niña en un barrio de chabolas en Tegucigalpa (Honduras). REUTERS/Edgard Garrido

La violencia no es lo único que lastra Honduras. Según el Banco Mundial, cerca del 20% de su población sufría pobreza extrema en 2015. El salario mínimo está en 8.000 lempiras (350 dólares) y no todo el mundo tiene la suerte de acceder a él, la miseria es evidente a simple vista y el Estado, simplemente, está ausente en muchos de los ámbitos que debería regular.

En los últimos años se han destapado graves casos de corrupción como el saqueo de la Seguridad Social, con un desfalco de 335 millones de dólares (unos 283 millones de euros).

Por si esto fuera poco, desde hace una década el país está marcado por la polarización política y la represión. Zelaya, entonces al frente del Partido Liberal, fue depuesto por los militares en 2009.

Como recordaba recientemente la revista salvadoreña Factum, EEUU tuvo conocimiento del golpe desde el principio. Y jugó un papel determinante en su legitimación. La excusa fue la denominada “cuarta urna” que el presidente quería instalar en las elecciones que iban a tener lugar ese mismo noviembre. En ella, los hondureños debían responder si apoyaban el inicio de un proceso constituyente.

Una propuesta que el actual partido en el gobierno vinculó con Venezuela (en efecto, aquí también se juega el comodín bolivariano) y con la supuesta voluntad de Zelaya de perpetuarse en el poder, ya que la Constitución impide que un jefe de Gobierno sea reelegido. Los militares se hicieron con el mando del país, Zelaya se exilió y unos nuevos comicios dieron la victoria a Porfirio Lobo, inaugurando un ciclo de triunfos del Partido Nacional.


El presidente de Honduras y candidato del Partido Nacional, Juan Orlando Hernandez, en un mitin en Tegucigalpa. REUTERS/Jorge Cabrera

Lo paradójico es que, ahora, Juan Orlando Hernández aspira a mantenerse en el poder sin ni siquiera cambiar la Constitución. Para ello se sirve de una ambigua sentencia de la Corte de Constitucionalidad que permite su inscripción como candidato pero no dice nada de su reelección, que en principio está vetada. Al tener controlados todos los poderes del Estado, el presidente tiene claro que no va a encontrar oposición institucional. Tampoco es cuestión de perderse en tecnicismos. Si Hernández es reelecto, permitiría de rebote que Zelaya pueda volver a presentarse en 2021.
Clientelismo e irregularidades

“Tenemos informaciones de que Juan Orlando va a salir a las 8 de la tarde (3 de la madrugada en España) anunciando su victoria y que sacará al Ejército para detener a los opositores”. La denuncia la realiza Mario Sorto, diputado por Libre y aspirante a la reelección, pero es una idea que se extiende entre los partidarios de la Alianza.

En su opinión, el proceso viene “viciado” por el control del Partido Nacional de la administración. “No hay tarjetas de identidad y se han comprado credenciales (que es lo que permite a los partidos controlar el proceso, ya que las mesas están en manos de voluntarios y no de ciudadanos por sorteo como ocurre en España)”, afirma.


El candidato de la Alianza en las presidenciales hondureñas, Salvador Nasralla, en el cierre de campaña en Tegucigalpa.EFE/Gustavo Amador

Salvador Nasralla, el candidato opositor, ha asegurado tener encuestas que le dan “hasta 30 puntos de ventaja”, al tiempo que pone en cuestión la fiabilidad del proceso. En apariencia, esto solo dejaría la salida de la movilización en caso de que el domingo Hernández anuncie su victoria. Aquí nada es lo que parece y, en ocasiones, mientras los líderes lanzan proclamas incendiarias, pactan con sus rivales a espaldas incluso de sus propias bases. Todo es complejo. Juegan los intereses, los cálculos a largo plazo, las alianzas y las propias fuerzas. Hay que ver si la oposición tiene capacidad real de plantear un pulso a un Estado cada vez más militarizado y donde apelar a la securocracia, aunque sea a costa de derechos civiles, genera más beneficios que pérdidas en cuestión de opinión pública.

La posibilidad del fraude va más allá del recuento. Tiene que ver con un modelo.La estructura del Partido Nacional se mezcla con la del Estado y miles de personas dependen de salarios que están vinculados a la continuidad del partido en el poder.

Como Alicia Mendoza, que se encarga de una de las carpas de la formación del presidente en la colonia Quesada. Cobra 4.000 lempiras (142 euros) mensuales. Su labor es atender a los votantes, repartir propaganda y mantener la visibilidad en la calle. Si no es período electoral se encarga de otras cuestiones relacionadas con su barrio, siempre en términos partidistas (aka “clientelares”). ¿Qué ocurriría si Juan Orlando no ganase las elecciones? “Perderíamos el trabajo”, sentencia, pragmática.

Luego asegurará que ahí no hay nadie por dinero y que no se paga por voto. Sin embargo, son cientos los que, como ella, dependen directamente de los fondos del partido. Esto provoca que la oposición los califique como “acarreados” y denuncie que la asistencia a un mitin se cobra a 50 lempiras y el voto, a 100. Mendoza lo rechaza. “Cada quien va por amor al partido, nadie va pagado”, asegura.


Vista de Tegucigalpa, la capital de Honduras, que este domingo celebra elecciones presidenciales. REUTERS/Edgard Garrido

Que la oposición denuncie el fraude tiene sus razones. Recordemos que, en 2009, Zelaya fue expulsado del poder por los militares y que nueve meses después, con el presidente legítimo exiliado, se celebraron elecciones que EEUU dio por válidas y en las que se impuso Porfirio Lobo. Cuatro años después, en 2013, ganó Juan Orlando Hernández, el actual presidente, en un proceso que también fue impugnado por la oposición.

Las acusaciones de fraude también salpican a los opositores. El martes por la noche, una veintena de personas ocupaba la sede de Libre en Tegucigalpa. Acusaban a Aida Reyes, una de sus coordinadoras, de pactar con el Partido Nacional la entrega de credenciales y estar acordando un reparto de puestos.



El expresidente de Bolivia Jorge Quiroga (d), jefe de la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos, junto al presidente del Tribunal Supremo Electoral de Honduras, David Matamoros, en Tegucigalpa. EFE/Gustavo Amador

Según el Tribunal Superior Electoral, se desplegarán más de 15.000 observadorespara garantizar que las elecciones se desarrollan limpiamente. De ellos, unos 500 forman parte de la Unión Europa (UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA). El propio Nasralla, en declaraciones a Público, instó a la comunidad internacional a no permitir que sus instituciones se “deslegitimen” avalando un fraude.Seguidores de los dos principales partidos acusan a sus rivales de aferrarse a un discurso del miedo para evitar una afluencia masiva a las urnas.
La violencia siempre es un factor

La violencia es uno de los elementos que marcan las elecciones. Se trata de un fenómeno brutal, terriblemente normalizado, que forma parte de la vida diaria de los hondureños.

El jueves, en el Paraíso, una de las colonias más peligrosas de la capital, aparecían dos cadáveres dentro de bolsas de plástico. Desde una barandilla, dos decenas de personas seguían los trabajos de la policía y el Ministerio Público como si se tratase de la platea de un espectáculo. Algunos incluso comentaban la jugada. Que si los habían “amarrado bien” o que si eso te ocurre “si andas en malas cosas”.


Una patrulla de la Policía Militar, en las calles de Tegucigalpa. AFP/Orlando Sierra

Entre los curiosos (no hay otra definición para los que se arremolinan ante los cuerpos), la viuda de una de las víctimas, que solo acertaba a relatar que su marido desapareció la víspera junto a su madre. Posiblemente llevase desde entonces sabiendo cuál sería el desenlace, esperando únicamente el punto en el que los sicarios abandonarían el cuerpo.

En ese momento, ella no quiere dar los nombres de las víctimas ni detalles sobre qué ocurrió. Más adelante, la Policía explicará que las víctimas eran Glenys Yolanda Cruz Herrera, de 45 años, y su hijo José Gustavo Reyes Cruz, de 25. Encapuchados los secuestraron la víspera de su domicilio de la colonia Brisas de Olancho, en Comayagüela. Dos nuevas víctimas a una larga lista de crímenes que, generalmente, quedan impunes.

Los policías desplegados en el lugar aseguraban que estas escenas estaban haciéndose cada vez más raras ya que el número de asesinatos ha descendido. Al margen de los homicidios habituales, existe una categoría especial vinculada a las elecciones. Son los denominados crímenes políticos, que tampoco tienen por qué estar directamente relacionados con la actividad de la víctima, ya que en este país existen múltiples causas por las que una persona puede terminar asesinada.



Fotografía de una valla con publicidad del candidato presidencial por el Partido Liberal, Luis Zelaya (d), y el candidato a la Alcaldía de la capital, Osman Aguilar (i), en Tegucigalpa. EFE/Gustavo Amador

En la última semana se han contabilizado, al menos, tres homicidios de líderes de Libre, el partido de Zelaya, la muerte de otro activista de la alianza opositora y una quinta miembro del Partido Liberal.

La violencia condiciona el desarrollo de los comicios. Como explica Otto Argueta, de Interpeace, una organización que trabaja en procesos de pacificación en América Latina y otros lugares del mundo, “los partidos dependen de las relaciones formales e informales que tienen con las pandillas para garantizar su acceso a los barrios y llegar a los votantes”.

También los integrantes del Partido Nacional están bajo amenaza. Hace dos semanas, uno de sus activistas fue asesinado. Recientemente se han difundido audios, supuestamente atribuidos a pandillas, en la que se amenaza directamente a los integrantes del partido derechista. Resulta imposible verificar la autenticidad de las grabaciones.

Entre las personas que han recibido estas amenazas se encuentra Griselda Barrientos, integrante del partido de Juan Orlando Hernández en El Edén, una colonia atrapada entre dos fuegos (por el norte, el Barrio 18, por el sur, la MS). Asegura que tiene miedo aunque, por el momento, no ha sufrido ningún ataque diario. Mientras que las bases derechistas acusan a los opositores de tener una alianza con pandillas para hostigarles (concretamente con la 18), desde las filas de Nasralla se señala al Ejecutivo de desarrollar una campaña de “falsos positivos”. Como hace una semana, cuando la Policía presentó un supuesto hallazgo de una casa presuntamente vinculada con mareros en la que aparecieron cócteles molotov y propaganda de Libre y el movimiento estudiantil. Ni hecho de encargo.

De qué se discute al margen de todas las anomalías

Recordemos que estamos en unas elecciones y, en principio, se trata de contraponer modelos políticos, aunque esta campaña haya estado más centrada en cuestiones procedimentales y, por supuesto, la violencia. En total, algo más de seis millones de hondureños están llamados a las urnas. Además del presidente se eligen los 128 miembros de la Asamblea Nacional y sus suplentes, los 20 miembros del Parlamento Centroamericano y alcaldes de 298 municipios en 18 departamentos.

“No queremos que nos regalen nada, pero hemos mejorado mucho. Antes las casas eran cárceles, donde nos encerrábamos por miedo a la extorsión”. Jaime Sancho Pacheco es uno de los activistas del Partido Nacional que organiza la caminata de cierre de campaña en Tegucigalpa. Resume la posición de los fieles a Juan Orlando Hernández: seguir igual porque consideran que los últimos cuatro años han sido exitosos. Su principal argumento es afirmar que se ha reducido el número de homicidios, que se combate al crimen organizado y que se han desarrollado programas asistencialistas que mejoran la calidad de vida de los hondureños.


Un soldado hondureño con su fusil en un helicópero militar durante la operación denominada 'Paz y Democracia II', dentro de las medidas de seguridad en la campaña de las elecciones presidenciales. REUTERS/Jorge Cabrera

Desde la oposición acusan al Partido Nacional de haber recortado los derechos civiles y convertir el país en una dictadura desde el golpe de Estado de 2009. En los últimos años, los homicidios de activistas sociales se han incrementado. El caso más conocido es el de Berta Cáceres, asesinada en 2016 a pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había solicitado para ella medidas cautelares de protección.

“Aquí decide Washington”, denuncia la activista social Denia Mejía, que denuncia que “se ha entregado el país” a través de concesiones a empresas transnacionales. Los conflictos relacionados con empresas extractivistas se han incrementado exponencialmente.

La alianza opositora ha basado su campaña en deslegitimar la reelección de Hernández. Su principal propuesta es la de retomar la senda institucional rota en 2009 y poner en marcha un proceso constituyente. Mientras tanto, según explica el propio Salvador Nasralla, mantendrá a la Policía Militar en la calle hasta que se desarrolle un cuerpo comunitario que prevenga la violencia y pondrá el foco en la corrupción para recuperar activos que sirvan para programas sociales.

Desde el oficialismo, sin embargo, se acusa a los opositores de aliarse con la delincuencia al plantear que la seguridad pública esté en manos de la policía y no de los militares. Además, como ya es costumbre en cualquier proceso electoral, se tira de Venezuela y se acusa al Gobierno de Nicolás Maduro de supuesta “injerencia”.

Lo curioso es que el modelo de intromisión denunciado es a través de Internet y cuentas de Twitter. Básicamente, la misma teoría que esgrime el Ejecutivo español sobre Rusia en relación al proceso independentista en Catalunya.

Existe una sensación de incertidumbre sobre qué puede ocurrir a partir del domingo. Los oficialistas dan por seguro el triunfo y señalan a la Alianza contra la Dictadura como posibles instigadores de violencia. Frente a ellos, los partidarios de Nasralla, que están seguros del fraude y miden hasta dónde serían capaces de llegar en una movilización. No reconocerán los resultados que ofrezca el Tribunal Supremo Electoral hasta que lo cotejen con los datos que les proporcionen sus propios militantes. Esto abre un espacio de intranquilidad en el que un mal paso puede generar graves consecuencias.


(*) Periodista de Plaza Pública

Fuente: publico.es