Mostrando entradas con la etiqueta anti minería. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta anti minería. Mostrar todas las entradas

lunes, 23 de octubre de 2017

Minería destruye más selva amazónica de lo que se pensaba.

Foto: La Voz Arizona

Investigadores de la Universidad de Vermont, en Estados Unidos, concluyen que la pérdida de masa forestal provocada por la actividad de las mineras representa en torno al 10 % de la pérdida forestal total en la Amazonía entre 2005 y 2015, por encima de lo estimado previamente

Eco América, 20 de octubre, 2017.- La expansión de la minería en Brasil está destruyendo más zonas de bosque amazónico de lo que se pensaba hasta ahora, según un estudio sobre la deforestación tropical en esa región que publica hoy la revista Nature Communications.

Investigadores de la Universidad de Vermont, en Estados Unidos, concluyen que la pérdida de masa forestal provocada por la actividad de las mineras representa en torno al 10 % de la pérdida forestal total en la Amazonía entre 2005 y 2015, por encima de lo estimado previamente.
Deforestación y minería

Cerca del 90 % de la deforestación relacionada con la minería se ha registrado fuera de los espacios mineros habilitados por el Gobierno de Brasil, según los científicos. En concreto, la pérdida de masa forestal debido a la minería es doce veces mayor fuera de esas áreas que dentro de ellas, y puede llegarse a extender 70 kilómetros a la redonda desde los límites de una mina.

Foto: VICE News



“Estos resultados muestran que la minería se considera ahora una causa sustancial de la pérdida de bosque amazónico”, afirmó la investigadora Laura Sonter en una nota de la universidad.

“Las estimaciones previas asumían que la minería provocaba quizás el 1 % o el 2 % de la deforestación. Llegar al límite del 10 % es alarmante y requiere que se tomen medidas”, afirmó.

Las infraestructuras relacionadas con la minería que pueden ser dañinas para los bosques incluyen las viviendas para los trabajadores y las nuevas rutas necesarias para el transporte de mercancías y personas, como carreteras, vías ferroviarias y aeropuertos, señala el trabajo.

“Nuestros hallazgos muestran que la deforestación en el Amazonía está asociada con un tipo de minería que se extiende a lo largo de grandes distancias desde el punto donde se extrae el mineral”, subrayó la investigadora Gillian Galford.
Masa forestal

El estudio se publica en un momento en el que Brasil está estudiando implementar legislación que flexibilice las normas medioambientales y levante restricciones a la minería en zonas protegidas. Los autores del trabajo subrayan además que cuando las compañías piden permiso para desarrollar excavaciones mineras no necesitan tener en cuenta los daños que pueden causar sus operaciones más allá de sus instalaciones.

Para alcanzar sus conclusiones, los expertos han analizado los cambios en la masa forestal alrededor de las mayores 50 minas activas en la Amazonía durante diez años, a partir de datos obtenidos por la Agencia Espacial de Brasil (INPE).

“Esperamos que estos hallazgos ayuden al Gobierno, a la industria y a los científicos para que trabajen unidos a fin de lograr una solución a este problema”, dijo Sonter.

Los científicos subrayan que las selvas tropicales aportan numerosos beneficios al medio ambiente, ayudan a regular el clima del planeta, albergan riqueza animal y vegetal, y absorben dióxido de carbono, entre otras funciones.

Recalcan asimismo que los esfuerzos globales que ya se han llevado a cabo para preservar la Amazonía han hecho que disminuyan prácticas nocivas relacionadas con la agricultura y la ganadería, pero son necesarias más acciones respecto a la minería.
----

jueves, 28 de agosto de 2014

El precio del oro: ganadores y perdedores en la industria minera de Latinoamérica.


Por Meghan Walsh
Traducción de Silvia Campos


En una tarde de viernes de junio, la Plaza de Armas en Cajamarca estaría a rebosar de vida. Ahora es invierno, y aunque las densas nubes blancas revolotean bajo en la distancia, el sol en el norte de esta ciudad peruana aprieta caluroso. Las parejas se sientan en los bancos unas frente a otras. Los niños corren en la hierba entre parterres. Hombres trajeados avanzan por el perímetro. Es un día idílico. Pero algo más amenazador no escapa a la vista. En la ladera de la montaña que domina la ciudad se han tallado en la vegetación las palabras Nova Conga. Es una advertencia constante más allá de la plaza, cercada con hoteles internacionales y restaurantes caros. Allí hay otra realidad. 

En las calles laterales, fuera de la vista de la Plaza de Armas, los campesinos se alinean a pie de carretera para vender queso, huevos de codorniz y cacerolas. Las mujeres nativas quechuas llevan las tradicionales faldas de franela hasta la rodilla, brillantes carteras estampadas colgadas al torso, y altos sombreros de paja sobre unas largas trenzas negras. Tienen la piel oscura y curtida por estar trabajando toda una vida a pleno sol. Cuando sonríen se les ven pocos dientes. 

Aquí, en las montañas de los Andes, en medio de las llanuras altas de hierba, se distinguen dos clases de personas: aquellas que han alcanzado una prosperidad económica gracias a la presencia de oro, y quienes han sentido que los tejidos sociales y ecológicos, que una vez mantuvieron unida a esta comunidad, se están desgastando por la invasión de los intereses corporativos. 


Manifestantes marchan hacia el lago Perol en junio contra el proyecto minero 
Conga. Imagen de Meghan Walsh.


Conga, cuyo mensaje en la montaña condeno abiertamente, es una mina de oro y cobre de 5 mil millones de dólares programada para que dé comienzo en 2016 a 20 años de excavaciones. Conga se acelerará al igual que otra operación minera masiva que reformó la región que está por terminar. Las mismas empresas que hay tras el proyecto Conga (Newmont con sede en Colorado es el principal accionista, seguida por la peruana Buenaventura) también gestionan Minera Yanacocha, un yacimiento que ha dado más de 7 mil millones de dólares del valor del mineral en las últimas dos décadas.

Yanacocha ha sido fuente de tumultos sociales y ambientales a lo largo de su permanencia. Muchos de los lugareños, temerosos de que la historia vuelva a repetirse, han pasado varios años dedicados a ahuyentar a los inversores. Los manifestantes detuvieron los intentos de Yanacocha de anclarse en el pasado, y sus protestas virulentas contra Conga llevaron al presidente peruano a suspender temporalmente la construcción, así que parecía que la oposición podría prevalecer. Pero a medida que pasa el tiempo, es más evidente que el proyecto continuará según lo estipulado. Por tanto la pregunta ahora es: ¿Conga será otra Yanacocha? ¿O ayudará a los cajamarquinos a salir definitivamente de la pobreza?

La minería no tiene el potencial suficiente para reforzar un desarrollo económico en zonas empobrecidas. Pero tal y como escribiera Leonith Hinojosa, una becaria de investigación de la Facultad de Medioambiente y Desarrollo de la Universidad de Manchester, en un debate en Internet organizado por la Universidad de Columbia en torno a si la minería es la clave para la prosperidad en Latinoamérica: "Todo depende de las reglas del juego."


Mirando al pasado


Cuando Yanacocha abrió las puertas por primera vez a principios de los 90, los vecinos del lugar —la región tiene una población total de unos 1,3 millones— pensaron que representaría una oportunidad para vivir mejor. Como con cualquier proyecto de este calibre, habría un coste ambiental, junto con el desplazamiento forzado de la población rural. Pero también habrían puestos de trabajo, regalías y nuevos negocios. Las personas, en su mayor parte, eran acogedoras. Sin embargo, la desilusión pronto se asentó. 


El lago andino de Perol. Acabará agotándose y se usará como vertedero
de residuos si dan luz verde al proyecto. Imagen de Meghan Walsh.



"Cajamarca tuvo una oportunidad, y la hemos perdido," dijo Carlos García, un nativo que ha trabajado como ingeniero minero durante casi una década. Le cambiaron el nombre desde que lo desautorizaron a que hablara conmigo. "Cuando Yanacocha apareció, todo el mundo hizo las cosas mal. Yanacocha no tenía las mejores normas ambientales. El gobierno [de Cajamarca] no estaba preparado, así que echaron a perder las oportunidades." 

En primer lugar, la seducción de empleo resultó ser un espejismo. Yanacocha creó más de 10.000 empleos directos (algunos a tiempo completo y otros sobre una base contractual), pero la mayoría fueron para los extranjeros con estudios. Si bien la pobreza en Cajamarca mejoró durante unos cuantos años, no fue más que en áreas comparables sin recursos naturales lucrativos. La región sigue siendo una de las más pobres del país. 

La posterior afluencia de personas, que estaban haciendo mucho más que la población en general, ha hecho subir el coste de vida. Según un informe de 2009 de la Corporación Financiera Internacional, un inversor en ambas filiales, Yanacocha ha creado "demanda excesiva" para los servicios públicos, mientras que sus contribuciones sociales han sido "relativamente insignificantes." La empresa construyó escuelas, pero sólo para las familias de los empleados, además de imprimir una división de clases. 

"Muchos conflictos asociados con la expansión de la minería están vinculados, de hecho, con la distribución de los beneficios," escribió Hinojosa, la experta panelista para el debate en Columbia. 

Luego había que lamentar las calamidades ambientales. El Ministerio de Pesca —y muchas otras fuentes— documentó miles de truchas muertas ya que el agua subterránea estaba contaminada por la escorrentía ácida. La erosión del suelo y los niveles de sedimento en los canales de agua aumentaron, mientras que los arroyos comenzaron a secarse. La minería a cielo abierto necesita cantidades inmensas de agua para primeramente explotar la roca de la tierra y luego separar el mineral, que también precisa de vastas cantidades de cianuro.


La policía en una protesta que duró varios días. 
Imagen de Meghan Walsh.


Después de que Yanacocha empezara a construir las minas a cielo abierto, próximas a los canales que traían agua a los agricultores rurales, se redujeron a una fracción de su anterior flujo de agua, según un estudio publicado por la Universidad de Wageningen en los Países Bajos. Si las comunidades locales querían Yanacocha para construir la infraestructura que restableciese los niveles de agua, estaban obligados a transferir sus derechos sobre éstos de manera indefinida. Así lo hicieron, y Yanacocha construyó la reserva de San José. Pero tras una serie de desperfectos, la presa nunca llegó a funcionar plenamente.

Entonces en el año 2000, un camión derramó 150 kilos de mercurio en más de 40 km de carretera. La empresa no consiguió notificar a los oficiales y limpiar el desorden, permitiendo que cientos de vecinos del lugar soñaran con la mezcla de oro contenido, el poder recogerlo con sus propias manos y llevárselo a casa como si de un tesoro se tratase. El incidente provocó disturbios.

"Cajamarca ha empeorado desde lo de Yanacocha," afirmó García. "Ha dividido mucho a la comunidad."

En realidad Newmont redactó en Diciembre de 2012 una carta a la población admitiendo su culpa: "Queremos reconocer los errores que hemos cometido en nuestro proceder de los hechos y los negocios realizados. Lo más importante, pedimos disculpas por la desconfianza que hemos generado y por no contar con su confianza."


La guerra por el agua


El Observatorio de Conflictos Mineros de Latinoamérica comunicó que se están llevando a cabo en la región más de 200 disputas sobre misiones mineras. El agua es el núcleo de la mayoría: por los derechos, su acceso y la calidad de ésta. El año pasado, José de Echava, ex- viceministro de medio ambiente de Perú, relató a la Agencia de Prensa de Francia (AFP) que la ferocidad y la frecuencia de los enfrentamientos están aumentando, y más que nada, "todo es por el agua."

El agua es la principal razón por la que los campesinos, así como el gobierno regional, luchan contra Conga. El proyecto, que ya ha desenterrado unas humedades frágiles, drenará cuatro lagos andinos y los sustituirá por embalses artificiales. Una vez que se use el agua para separar el mineral, será tratada antes de ser distribuida, por lo que también aumentarán las preocupaciones sobre la calidad.

De acuerdo a un estudio externo de la evaluación ambiental de Newmont, del que se encarga el presidente peruano, "la situación del agua mejoraría" – si la empresa cumple con sus promesas. Los autores afirman que la actual calidad bacteriológica del agua no es apta para el consumo humano y que causaría infecciones intestinales, mientras que el agua tratada cumpliría con los estandares más altos. Incluso así, el estudio destacó que los embalses, como estaba previsto, no tendrán suficiente capacidad. Tienen que ser más grandes.

Otro estudio independiente, esta vez por el hidrólogo asentado en Colorado, el Dr. Robert Moran, también sostiene que las instalaciones no podrán purificar el agua tal y como están diseñadas a un nivel lo suficientemente alto para el consumo humano.

Los consultores también aconsejaron a Newmont que aportara más dinero a un fondo social porque tras el cierre de la mina, los municipios locales aún tendrán que apoyarse en el nuevo sistema hídrico y gestionarlo.

"Lo que sugieren es que se controlen todos los recursos hídricos en esta zona," dijo Moran en una reciente entrevista. "Cuando se vayan, ¿quién se hará cargo de las operaciones? El pueblo subvencionará durante generaciones los costes futuros relacionados con el mantenimiento de la instalación y la acumulación y tratamiento de aguas contaminadas."

Los manifestantes continúan convocándose regularmente en las cuencas de Conga.

"Estamos aquí para proteger nuestra agua, y luchar por el pueblo" dijo Marina Catrina, de 19 años, durante una protesta que duró tres días el pasado junio y que atrajo a unos 1000 manifestantes. Catrina vive cerca del lago Perol —una de las lagunas que serán drenadas y usadas como vertedero— en una tierra que su familia ha cultivado durante más de un siglo.


El legado de Conga


Como se muestra en la Plaza de Armas, la minería puede significar prosperidad para los países en desarrollo de América Latina. Solo Yanacocha pagó 1,2 billones de dólares en impuestos y derechos nacionales entre 1994 y 2006, según una declaración de la Corporación Financiera Internacional (IFC). La extracción minera representa el 10% del PIB de Perú, y se espera que las inversiones en minería sean de un total de 14 mil millones de dólares este año. Se espera que estas cifras sólo aumenten en un futuro no muy lejano. 


Cajamarca. Imagen de Meghan Walsh.


A pesar de los legados del pasado, estas grandes sociedades no tienen los medios para financiar las inversiones sociales, proporcionar puestos de trabajo y actualizar la infraestructura. Pero la realidad ha sido más bien otra: en su lugar, los gobiernos tienden a apoyar a las empresas extranjeras, los líderes a menudo buscan ganancias financieras a corto plazo, y los promotores en general no respaldan el medio ambiente o la calidad de vida de las personas.

En 2008, Newmont presentó un estudio de impacto ambiental del que los expertos extranjeros dijeron que era "un desafío incluso para técnicos cualificados" el poder entenderlo. Sin embargo, el gobierno lo aprobó a toda prisa y sin el consentimiento de los líderes regionales. El ministro de Energía y Minas que lo firmó fue Felipe Ramirez del Pino, un ex-ejecutivo de Newmont. El presidente Ollanta Humala despidió al anterior ministro, que se opuso al estudio, y lo reemplazó por del Pino.

Según Moran, el estudio de impacto ambiental "no representa una ciencia independiente y desinteresada."

Pero la mayor crítica de Moran es que el estudio no mencionó Yanacocha ni una vez ni usó lo que pasó allí como un vaticinador de lo que es probable que se desarrolle con Conga, a pesar de que los sitios están a sólo unos pocos kilómetros de distancia y tienen la misma estructura ecológica.

"Tenemos más de 20 años de experiencia en el mundo real de Yanacocha," exclamó Moran. "No tenemos que depender de la especulación. La experiencia debería ser la base de hacer declaraciones futuras y no ha sido así." Entonces justo el año pasado, Humala enmendó la "Ley de Consulta Previa." La legislación requiere sociedades para negociar acuerdos con las tribus indígenas en la cordillera de los Andes, muy rica en minerales, y en el Amazonas antes de desarrollar proyectos sobre sus tierras. Pero ante la insistencia del ministro de minas, el presidente revisó la norma para excluir las comunidades de habla quechua, las cuales se encuentran mayormente en los Andes.
Manifestantes locales. Imagen de Meghan Walsh.

Sin embargo, han habido buenas noticias. A principios de este año, el jefe de la Autoridad Nacional del Agua del país, el Dr. Hugo Jara, anunció que el gobierno tiene previsto invertir un adicional de 394 millones de dólares en los embalses y proyectos de tratamiento de agua para beneficiar a los cajamarquinos. Dijo también que la autoridad garantizará los derechos de agua de las comunidades agrícolas andinas, dándoles mayor ventaja jurídica durante las negociaciones con las empresas mineras. Respecto a las recomendaciones de los expertos extranjeros, Newmont también ha declarado que considerará la reubicación del vertedero de residuos de Perol y ampliará la capacidad de los embalses. 

Aproximadamente el 41% del territorio de Cajamarca ha sido dividido por las concesiones mineras, sin embargo, el 58% de la población se gana la vida con la agricultura. Queda por ver si su medio de vida anterior será capaz de aguantar después del ir y venir de las minas.

Durante una visita el pasado verano, hablé con un empleado del Departamento Regional de Economía de Cajamarca, que dijo que las personas quieren un negocio que pueda prosperar en el tiempo sin afectar negativamente al medio ambiente, como el turismo, la reforestación o la agricultura. Pero las agencias locales ineficientes y no estructuradas no han sido capaces de desarrollar ninguna de estas industrias. 

"Cuando llegó Conga, no estábamos haciendo nada," dijo García. "¿Por qué el pueblo no propuso otra alternativa?." 

Mientras tanto, la ciudad permanece dividida y el número de víctimas de la mina en disputa. Y aquel soleado viernes, a sólo unas manzanas de distancia de la cuidada Plaza de Armas una campesina se encuentra sin un puesto de comida. En cambio, tiende una mano hacia el cambio y un cartel de cartón que dice: "El precio del oro." The price of gold.

Fuente: Chacatorex

miércoles, 21 de agosto de 2013

La minería a cielo abierto en Latinoamérica.


Martín Mantxo
Ecologista

Latinoamérica es uno de los principales proveedores de recursos minerales para el metabolismo industrial mundial. Mientras algunas multinacionales obtienen grandes beneficios de esta explotación, los impactos ambientales y sociales no paran de aumentar. Pero también cada vez es más fuerte la oposición popular.

Este octubre hemos asistido a un fenómeno mediático alrededor del rescate de 33 mineros chilenos que permanecieron 70 días atrapados en una mina. No es de extrañar que un accidente así ocurra en un país que aún no ha ratificado el convenio 176 de la Organización Internacional del Trabajo sobre seguridad y salud en las minas. Antes del rescate, en Chile ya habían fallecido otros 32 mineros este mismo año, con los que el total de fallecidos en minas se eleva a 200 en toda Latinoamérica entre enero y octubre de 2010 [1].

Hoy día América Latina continúa siendo víctima de la leyenda del El Dorado y de aquella locura que empujó a los conquistadores a cometer tanta atrocidad. El continente sigue siendo origen de materias primas básicas y de buena parte de los minerales en los que se ha basado nuestro sistema económico.

Tras épocas de imperialismo, de neoliberalismo, de esporádicos intentos de nacionalización con resultados diversos… por ahora la extracción de minerales se mantiene mayoritariamente en manos extranjeras, más en concreto de grandes compañías estadounidenses, canadienses o chinas, junto a muchas europeas, y cómo no, españolas. Así se denunció y probó, por ejemplo, en el último Tribunal de los Pueblos celebrado en Madrid el pasado mayo.

Por toda Latinoamérica el pueblo se alza contra la minería, sobre todo contra la de cielo abierto, que es la que más problemas ambientales y destrucción causa. El año pasado, el Banco Mundial y la CEPAL destacaron que éste fue uno de los sectores con mayor recuperación y empuje en Latinoamérica. Como en el caso del petróleo, la crisis hace que se exploten yacimientos en espacios naturales, de difícil acceso o en malas condiciones, o con minerales de baja ley o poco concentrados.

A causa de nuestra capacidad tecnológica, del petróleo barato y sobre todo de mucha codicia y poca sensatez, se ha impuesto una forma de minería, la minería a cielo abierto –hoy por hoy la más utilizada en Latinoamérica–, que consiste en arrancar todo el terreno, horadando más y más, para luego triturar los materiales y seleccionar lo requerido. Se configuran así paisajes dantescos, con cráteres de kilómetros de diámetro.

La minería a cielo abierto, además de ser responsable de un impacto directo como el del cráter que produce haciendo desaparecer todo lo existente con anterioridad (bosques, hábitats, acuíferos, etc.), y de otros impactos indirectos relacionados con su dependencia energética, también causa contaminación por filtraciones o derrames (sobre todo en actividades asociadas a la minería de oro y plata), pues a menudo se separan los minerales con productos altamente tóxicos como mercurio y cianuro, que luego provocan graves contaminaciones y envenenamientos. Otro impacto asociado a esta minería es el gran consumo de agua para limpiar el mineral, y el gasto de energía por el gran volumen y masa de los materiales que se mueven.

Una de las minas más grandes del mundo, en Colombia, es la gran explotación de carbón de Cerrejón [2], en pleno territorio Wayúu. Ocupa una extensión de 650 kilómetros cuadrados, lo que hace que el pueblo wayúu esté totalmente condicionado por la actividad minera. En el Estado español importamos carbón colombiano para las centrales térmicas: 2,24 millones de toneladas en 2009 (casi el 17% del total importado) [3].



Nueva amenaza: la minería de frontera


Las transnacionales mineras se expanden en busca de nuevos territorios. No sólo hacia los más remotos e inhóspitos sino que también se actúa sobre otros que por legislación todavía se encontraban exentos de actividad minera. Éstos pueden ser espacios protegidos o también zonas como las fronterizas, en las que cada Estado mantiene franjas de no acceso o de seguridad junto a la frontera. En los últimos años, las grandes transnacionales mineras han conseguido que los gobiernos firmen tratados entre ellos y concedan permisos, poniendo con ello nuevas zonas en explotación. La Constitución de Perú prohíbe que se otorguen concesiones en un espacio de 50 kilómetros de la frontera, salvo que se considere de interés nacional. Entre 2002 y 2009 se emitieron 23 de estos decretos.




Quizás el caso más conocido sea el de Pascua Lama, en la frontera entre Argentina y Chile, de la canadiense Barrick Gold, una trasnacional demanda en nueve países de cuatro continentes por atentados contra el medio ambiente. Este proyecto pretende extraer oro bajo ese glacial de los Andes, amenazando un espacio declarado por UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Este junio también hubo movilizaciones en la República Dominicana contra esta compañía por otro proyecto en Cotuí. La Barrick ha conseguido un acuerdo con el Gobierno dominicano para embolsarse nada menos que el 95% de los beneficios.

El pasado 30 de septiembre se celebró en Chile, en la sede de la histórica CUT (Central Unitaria de Trabajadores), un Tribunal Ético específico contra la minería de frontera por el riesgo enorme que está suponiendo como nueva forma de extracción de recursos. Como otros tribunales de los pueblos, éste tenía como objetivo recopilar datos y poner todos estos casos en un mismo contexto, a la vez que servir de plataforma para que trascendiera una denuncia conjunta.

En las zonas limítrofes entre países, las mineras eliminan las restricciones creando territorios binacionales bajo su control. Hasta ahora se han planteado otros cuatro proyectos en la cordillera de Los Andes, amenazando los glaciares: El Pachón de Xstrata, las Flechas, Vicuña y Amos-Andrés, y en trámite está el proyecto Cerro Cuadrado, de otra empresa canadiense. Los proyectos transfronterizos entre Guatemala y El Salvador (Mina Cerro Blanco, de Goldcorp), Brasil y Bolivia (El Mutún en El Pantanal, el humedal más grande del mundo con función reguladora del clima para Bolivia, Paraguay y Brasil), o los de Perú y Ecuador (aquí las concesiones se han triplicado en 5 años), donde destacan dos casos simbólicos: la mina de oro Afrodita (canadiense) y la de cobre de Río Blanco. Entre Guatemala y México nos encontramos la mina Marlin de Montana (Goldcorp) que afecta a 18 comunidades indígenas, o la Blackfire Exploration de barita en Chiapas, donde fue asesinado el lider anti-mineroMariano Abarca.

Una oposición que no cesa

Sí, el activismo minero se castiga duramente.

Porque es un activismo de mucho nivel. Porque la actividad se multiplica como una epidemia y porque, como decimos, los impactos son drásticos y enormes los beneficios para las empresas. Pero las movilizaciones persisten pese a esa represión.

El 26 de octubre se realizó en Uspallata (Argentina) otro tribunal contra el proyecto megaminero de oro y cobre San Jorge. A mitad de noviembre (este artículo se escribe antes) se celebrará también en Andalgalá (Argentina) el 14º Encuentro Unión de Asambleas Ciudadanas por ser este lugar de resistencia de un pueblo que ha conseguido, tras batallas campales, la paralización del proyecto mega-minero Agua Rica, y que lucha contra otra existente en La Alumbrera.

En octubre se realizaron consultas en Guatemala, en Santa Cruz del Quiché y en San Miguel Uspantán. En ambos casos, como en otros antes (Huehuetenango, San Marcos y Alta Verapaz), se rechazó unánimemente la explotación minera y también las instalaciones petroleras e hidroeléctricas. En el primero participaron 87 comunidades y 186 en el segundo [4]. La consulta de San Miguel Uspantán se realizó pese a las coacciones, intentos de bloqueo por parte del mismo alcalde, y la intimidación con un gran contingente de policías antidisturbios, vuelo de aviones y helicópteros. Y eso que además de ser una práctica antigua y tradicional, la consulta está amparada por la legislación guatemalteca.

También se reunieron este octubre en Lima activistas organizados en la red CONACAMI (Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería), una de las redes más asentadas y constantes. Ahí declararon que “durante miles de años los pueblos originarios hemos protegido a la Pachamama, conscientes que es la única esperanza de vida para toda la humanidad. Es por ello que nos mantenemos firmes en nuestra decidida defensa de la Madre Tierra y todos los recursos que nos provee”, exigiendo el cese de “actividades extractivas como la minería, la explotación petrolera y otras que amenazan la existencia de la vida, y son la principal causa de contaminación en diversas partes de nuestro planeta”. En Perú la minería representa el 60% de sus exportaciones, pero, además, es el origen de la mayoría de sus conflictos sociales: según la Defensoría del Pueblo, de los 270 conflictos del pasado año, un 70% estuvo relacionado con esa industria.

En Ecuador la organización y coordinación de las afectadas por la minería continúa. El 9 de octubre se reunieron en Pallatanga (Chimborazo) convocados por el Comité de Defensa de la Vida y la Naturaleza de este cantón, representantes de comunidades, organizaciones y autoridades para continuar “la resistencia contra las transnacionales mineras a pesar de la represión, persecución y criminalización que implementa el Estado y el gobierno para proteger a las corporaciones saqueadoras de minerales”. La actividad de las grandes mineras ha sido objeto del mayor conflicto entre el gobierno de Rafael Correa y la ciudadanía ecuatoriana


Notas

Rebelion

Imágenes google
[4] www.noalamina.org/mineria-la...







Fuente: Chacatorex

domingo, 7 de julio de 2013

Panamá: Regresó el Obispo minero.


Por Pastor Durán Espino

El pasado mes de abril el Papa Francisco trasladó a Mons. Audilio Aguilar, Obispo de Colón y Guna Yala, a Veraguas, su tierra natal (es cañaceño). Monseñor Aguilar, oriundo de Cañazas y párroco de aquella Comunidad de Veraguas cuando se explotaba allí la mina “Santa Rosa”, conoció los daños a la salud y al ambiente provocados por la minera; pero fue muy conocida su actitud de benevolencia y complicidad con ese proyecto de muerte.

En 1997, cuando nos agitábamos en el Frente Nacional de Lucha por la Vida y Contra la Minería (FRENALVCOMI), tuvimos conocimiento de las calamidades que pasaban los moradores de Cañazas. Estudiantes internos del Primer Ciclo, padecían de vómitos, mareos, dolores de cabeza, etc. en horas de la mañana. Se sospechaba que era producto de sustancias tóxicas provenientes de la mina, ya que detrás del centro educativo había un vertedero de esas sustancias y las canchas de lixiviación quedaban a sólo 300 metros. Incluso, se detectaron casos de leucemia o cáncer en la sangre, probablemente, causado por la presencia de plomo y/u otras sustancias venenosas que proliferan en las minas de oro, cobre y plata, y que salen a flote del fondo de la tierra.

En aquella ocasión hubo que hacer mucha presión y denuncias públicas, para lograr que las autoridades de Salud accedieran a tomarles pruebas de sangre a los niños afectados. Las autoridades de Salud tampoco dieron fe de cuáles eran los niveles de contaminación de la sangre de los internos del Primer Ciclo, sino que simplemente, informaron que no había presencia excesiva de “mercurio” en la sangre, es decir, no dijeron qué otros contaminantes se habían encontrado.

En el año 2003, después de haberse cerrado la mina, la población de Cañazas continuó padeciendo una serie de enfermedades. Gracias a la solidaridad de la ONG alemana “DRITTE-WELT-KREIS PANAMÁ”, muestras de sangre de personas de Cañazas de Veraguas fueron enviadas al laboratorio “Medizinisches Labor”, de la ciudad de Bremen (Alemania). La respuesta fue contundente: “Achtung ¡Blei Belastung!”, es decir, “Atención ¡Demasiado plomo!”. El plomo es un metal pesado muy venenoso y su presencia en el ambiente es común, especialmente en las minas de oro y plata; afecta sensiblemente el sistema nervioso, la sangre y los músculos del cuerpo humano. Desconocemos cuál fue el destino final de aquellos enfermos.

En el 2005 Audilio Aguilar fue nombrado obispo de Colón y Guna Yala. ¿Coincidencia? Ese fue el año en que la ANAM inició una investigación administrativa, porque la empresa “Minera Panamá” había empezado los trabajos en la Costa Abajo de Colón y el norte de Coclé, para la explotación de la mina de Cerro Petaquilla, sin el estudio de impacto ambiental necesario y requerido por las leyes panameñas.

El 31 de diciembre de 2007, un grupo de Misioneros Claretianos fueron expulsados de la Diocésis de Colón, por mandato del Obispo Aguilar. Los Claretianos habían desarrollado durante 81 años un trabajo de acompañamiento a las comunidades campesinas de aquella área.

El “pecado” de los Claretianos para ser expulsados por el Obispo minero, fue solidarizarse con las comunidades campesinas en lucha contra esa mina de oro a cielo abierto, por las consecuencias medioambientales y sociales negativas que dicha explotación les traería. En contraste con esta actitud del Obispo minero, por aquellos años el entonces Obispo de Veraguas, Monseñor Oscar Brown, el 10 de febrero de 1998 en reunión sostenida con miembros del FRENALVCOMI, dijo entre otras cosas: “Cuenten con el apoyo de la Iglesia, ella está por la defensa de la vida y al lado de los más necesitados”. También dijo:“No somos enemigos del progreso ni del desarrollo que tiene como centro al ser humano”. Por su parte, el entonces Obispo de Azuero, Monseñor José Luís Lacunza, en carta enviada el 15 de julio de 1997 al entonces Ministro de Comercio e Industrias, Raúl Arango G., con relación al proyecto minero de Cerro Quema, en la Provincia de Los Santos, citó el caso de la Mina “Santa Rosa”, de Cañazas de Veraguas, diciendo lo siguiente: “La experiencia de la mina ‘Santa Rosa’ de Cañazas no deja buen sabor de boca en quienes conocen de cerca el proyecto”.

Hoy, que el Obispo minero ha sido trasladado a Veraguas (¿coincidencia?) campesinos latinos y originarios, obreros y profesionales de Veraguas se aprestan a reiniciar una lucha sin cuartel contra los depredadores proyectos mineros e hidroeléctricas en la tierra del indomable Cacique Hurakán. Démosles todo el apoyo necesario. ¡No al becerro de oro!
Otro artículo del mismo autor en 2010 en que se recuerdan las anteriores luchas contra este tipo de criminales explotaciones: Ngäbes, Bugles y Cerro Colorado

Fuente: ATRIO

viernes, 28 de diciembre de 2012

Brasil: Las mineras lanzan una ofensiva de inversiones en la Amazonía.


Compañías anunciaron inversiones por US$ 24.000 millones al 2016: Empresas como Vale y Anglo American están aumentando sus apuestas en la zona.
Por John Lyons y Paul Kiernan
27 de diciembre, 2012.- Gigantes de la minería como Vale SA y Anglo American PLC están intensificando sus esfuerzos para extraer minerales del bosque tropical amazónico de Brasil, una incursión de alto riesgo en una de las regiones más remotas y ecológicamente sensibles del mundo.Las empresas mineras gastarán en conjunto unos US$ 24.000 millones entre 2012 y 2016 para impulsar la producción de mineral de hierro, bauxita y otros metales de la Cuenca del Amazonas, según el Instituto Brasileño de Minería, Ibram, una asociación del sector. Brasil ya capta una quinta parte del total de la inversión global en minería y la Amazonia representa para muchos el mayor potencial sin explotar del país. “El Amazonas será nuestra California”, predice Fernando Coura, presidente de Ibram.
La ofensiva minera en el Amazonas encaja dentro de la estrategia del país de aprovechar los recursos naturales de la selva tropical para potenciar el crecimiento económico. Brasil está construyendo represas hidroeléctricas en los ríos amazónicos, mejorando carreteras entre ciudades distantes de la región y conectándolas a la red eléctrica nacional. Cambios legales y la extensión de préstamos respaldados por el gobierno ayudarán a allanar el camino para nuevos proyectos mineros en el área.

La oposición ambientalista

A los ambientalistas, sin embargo, les preocupa que el desarrollo pueda acelerar la deforestación y abrumar a las pequeñas comunidades, conforme la llegada de miles de mineros pone a prueba la infraestructura y los servicios locales. La región amazónica es la mayor selva tropical que queda en el mundo, casi del tamaño de Europa occidental.
Los científicos dicen que la preservación de la mayor selva tropical y el sumidero de carbono más grande del mundo es clave para el clima global y para la supervivencia de aproximadamente una décima parte de todas las especies del planeta.
Aunque para explotar minas se talan menos árboles que en otras industrias de la Amazonia, como la ganadería, la construcción de carreteras puede acelerar la deforestación, al facilitarle el acceso a las zonas remotas a quienes talan en forma ilegal. “Las carreteras son enemigas de los árboles y las minas necesitan carreteras”, dice Jared Hardner, quien asesora a empresas como la minera Rio Tinto PLC sobre cómo reducir el impacto ambiental de sus proyectos. “El problema de la Amazonia es que una telaraña de infraestructura se está instalando cada vez más adentro en la selva”, explica.
Al mismo tiempo, algunos inversionistas dicen que las mineras han elegido un mal momento para incursionar en la región. Luego de varios años de crecimiento, los precios del mineral de hierro, la bauxita y otros metales han caído ante las preocupaciones sobre la economía de China. “El relato de crecimiento a largo plazo que pregona la industria no convence al mercado”, señala Felipe Gomes, analista minero de PricewaterhouseCoopers en Brasil.
Ejecutivos como Coura, de Ibram, indican que la percepción del mercado es “miope”. Puesto que una mina puede demorar una década en entrar en operación, las empresas tienen que mirar más allá de los ciclos del mercado, insisten. Los precios del mineral de hierro han recuperado parte del terreno perdido en los últimos meses y el desarrollo de minas en lugares remotos sigue siendo rentable, añaden. La bauxita, que se utiliza para hacer aluminio y es abundante en la Amazonia tropical, se mantendrá rentable, afirman.
“Después de un auge en los precios, habrá ahora una estabilización, pero creo que la demanda continuará”, dice Daryush Albuquerque, ejecutivo de Votorantim Metais SA, conglomerado brasileño que se encarga de desarrollar una nueva mina de bauxita en la Amazonia.
El mayor proyecto minero en curso en la región amazónica es el de Vale, que está invirtiendo US$ 8.100 millones en la expansión de su mina de mineral de hierro Carajas, en el estado de Pará, que ya es la más grande del mundo. Vale, el mayor productor global de mineral de hierro, recibió el 20 de noviembre un permiso ambiental para construir un ferrocarril amazónico de 800 kilómetros, para trasladar el aumento de la producción.
Votorantim anunció una inversión de US$ 3.000 millones en una nueva mina de bauxita en el estado de Pará. Los retos logísticos incluyen el transporte de la mayor parte o la totalidad del metal en camiones en un trayecto de casi 600 kilómetros de caminos a veces difíciles, dicen sus ejecutivos.
Anglo American evalúa un proyecto de níquel del orden de los US$ 4.700 millones que podría fortalecer su participación de mercado en forma significativa. Grupos de inversión de China y Corea del Sur también buscan sitios, indicaron funcionarios del gobierno.
Aunque la actividad minera en el Amazonas no es nada nuevo, la magnitud de las actuales inversiones no tiene precedentes. Los legisladores brasileños, asimismo, redactan un proyecto de ley que les permitiría a las mineras explotar terrenos que son parte de reservas indígenas, lo que actualmente está prohibido.
—-
Fuente: Conflictos mineros.net: http://www.conflictosmineros.net/contenidos/8/11668

Otras noticias:

Fuente: Servindi

jueves, 15 de noviembre de 2012

Latinoamérica: Política ambiental de los países “progresistas”: Buen Vivir vs. Neo-Extractivismo.


Por Rebecca Hollender*
15 de noviembre, 2012.- Los gobiernos progresistas de Latinoamérica, principalmente Bolivia y Ecuador (con cierto nivel de apoyo desde Venezuela, Nicaragua, Cuba, Argentina y Perú) han introducido un nuevo concepto al debate sobre modelos alternativos de desarrollo que resuena desde los Andes y la Amazonía hasta los Alpes: el concepto del Buen Vivir (1). La propuesta de construcción de un nuevo sistema socio-político-económico sobre los principios de Buen Vivir y el rechazo del modelo neoliberal que llevó a los países industrializados a la opulencia ha formado la plataforma electoral de los actuales presidentes Rafael Correa y Evo Morales. Además, les ha llevado a destacarse internacionalmente por su liderazgo socio-ambiental y su potencial para construir alternativas viables al sistema capitalista devastador e insostenible.
Pero mientras las academias europeas estudian y debaten el concepto del Buen Vivir, la sociedad civil de estos países, que tanto apoyó la llegada al poder de los gobiernos “progresistas” y la construcción (desde lo ancestral) de las propuestas que alimentan la visión moderna de Buen Vivir, se desilusionaba con las contradicciones que estaban ocurriendo entre el discurso y la práctica.
Poco a poco llegó a ser innegable la orientación de estos gobiernos hacia un modelo neoextractivista, que sólo contempla unos pocos avances sobre lo que le precedía: el modelo clásico extractivista que, desde hace quinientos años, ha dejado una estela de devastación social y ambiental y una dependencia económica de los países en la exportación de materiales primas.

Abandono del camino al buen vivir

Los gobiernos progresistas de Latinoamérica, en lugar de realizar una transición para alejarse del modelo extractivista y la herencia subsecuente de ruina ambiental, exclusión social, desigualdad, dependencia económica y erosión de soberanía estatal, han optado por el neoextractivismo. Este modelo se diferencia de la etapa previa por una mayor participación y regulación por parte del Estado: incremento en regalías recibidas desde las empresas transnacionales y cambios en la redistribución (principalmente a través de bonos sociales) de las ganancias de la extracción masiva de recursos naturales no-renovables y no-procesados (2).
El poder e influencia de las empresas transnacionales y los gobiernos que les apoyan no ha cambiado mucho, y menos aún el cumplimiento de estas instancias con normativas sociales y ambientales. A pesar de las políticas de nacionalización de algunas empresas privadas de extracción y producción, estas siguen apuntando sus ingresos en el corto plazo, basando sus operaciones en la rápida explotación y exportación del recurso sin invertir en infraestructura o exploración. Además, siguen disfrutando de condiciones óptimas y preferenciales para su inversión y operación.
Por otro lado, estos gobiernos están cediendo más aún a nuevas influencias que deterioran el marco normativo de los países, alejándolo del Buen Vivir. Tomando el ejemplo de Bolivia, han creado un marco normativo favorable para la expansión de la frontera agrícola en la Amazonía, la explotación de recursos naturales en áreas protegidas y la apertura del país a organismos genéticamente modificados. Todas estas actividades representan una amenaza al logro de los principios fundamentales del Buen Vivir en Bolivia, como los Derechos de la Madre Tierra, la soberanía y seguridad alimentaria y el derecho al agua (3).
El descontento de la sociedad civil frente a estas violaciones de sus derechos humanos, constituciones y esfuerzos de construir y vivir formas alternativas se refleja en el creciente rechazo del modelo neoextractivista y las discrepancias entre el discurso y las acciones de los gobiernos. La sociedad civil se está manifiestando cuestionando el poder de los líderes con los cuales lucharon en sus procesos políticos. La respuesta de los gobiernos frente al aumento de la oposición social confirma su apuesta por el neoextractivismo y el abandono del camino hacía el Buen Vivir: criminalizan y deslegitiman todo tipo de oposición de grupos indígenas, movimientos sociales y ONG, incrementan el control, monitoreo y censura de estos actores y hasta ejercen la violencia física.
Es más, los criticados bonos sociales, que representan una medida de corto plazo para redistribuir las ganancias de actividades extractivistas hacia programas sociales, sin enfrentar las causas estructurales que hacen necesario esas programas, llegan a ser la mayor herramienta de los gobiernos para defender y justificar el incremento del extractivismo. Mientras, el Estado se hunde más aún en la dependencia de estas actividades a pesar de sus impactos catastróficos sociales y ambientales (4).
A pesar de que los gobiernos de Bolivia y Ecuador han abandonado el camino hacía el Buen Vivir en la práctica (en el discurso continúa), esta propuesta ha llamado la atención de personas y movimientos del mundo entero que están en búsqueda de alternativas viables al modelo convencional basado en el consumismo y crecimiento económico ilimitado.
¿Pero qué es exactamente el Buen Vivir? No hay una sola definición. Como nos muestran claramente Gudynas y Acosta (5) el Buen Vivir es una propuesta en plena construcción que incorpora y está abierto a una pluralidad de conceptos donde los saberes indígenas se encuentran con la sociedad occidental. Existen varias versiones e interpretaciones del Buen Vivir, como las que se encuentran en las constituciones de Bolivia y Ecuador. Entre los puntos que tienen en común están: el enfoque en el bienestar de las personas y una “plenitud de vida”, la necesidad de convivir con un nuevo tipo de relación con la Naturaleza que reconoce su valor intrínseco y limitaciones físicas, y cambiar el rol, posición y mecanismos del mercado y las formas de relacionarnos económicamente.
Más fácil que definir el Buen Vivir es identificar lo que no es: el Buen Vivir no es un nuevo modelo de desarrollo, sino una alternativa al desarrollo que va más allá del mismo concepto de desarrollo, concepto que ha sido degradado y manipulado en los últimos 40 años hasta llegar a su extremo perverso actual, en el cual sirve como herramienta de empresas transnacionales, instituciones multilaterales, gobiernos y la elite económica para defender y justificar el consumismo y crecimiento económico a todo costa. El concepto de desarrollo reaparece cada cierto tiempo junto a nuevos términos para asociarlo a características de respeto ambiental y social como lo que fue el desarrollo sostenible y lo que ahora es la economía verde.

Economia verde: otra estrategia para enverdecer el extractivismo

Los planes de reestructuración económica, la ineficacia de la Responsabilidad Social Corporativa en garantizar que las empresas transnacionales respeten el medio ambiente, los derechos humanos y leyes de los países donde operan y el fracaso del llamado “desarrollo sostenible” en mejorar los problemas de desigualdad, exclusión y pobreza sin empeorar el deterioro del medioambiente demuestran que los principios neoliberales y el crecimiento económico no llevan al progreso que busca la mayoría (6).
Sin embargo, a pesar de las obvias y múltiples pruebas, constatadas a lo largo de décadas, que demuestran que el mercado no representa la solución a las metas sociales de desarrollo ni que el crecimiento económico, y el consumo ilimitado, son posibles en un planeta con recursos finitos, las empresas transnacionales, gobiernos y elites que se benefician de estas ideas siguen buscando nuevas maneras de hacer incuestionable la singularidad del crecimiento económico como solución a las múltiples crisis a la que nos enfrentamos.
Así, en el mes de junio de 2012, en Río de Janeiro (Brasil), en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), se buscará aprobar un nuevo término: la “economía verde”. Igual que la Responsabilidad Social Corporativa ha sido utilizada para el lavado verde de las empresas transnacionales, la “economía verde”, pretende hacer lo mismo, pero ahora con un respaldo institucional mucho más extenso: empresas transnacionales, gobiernos, agencias de cooperación, instituciones multilaterales y hasta la misma ONU. Estos actores están cada vez más alineados y aliados para garantizar las ganancias y aumentar el poder del sector privado. A través de los mecanismos de la “economía verde”, como la valorización y la internalización de “capital natural” en la economía (léase mercantilización y privatización de la naturaleza y servicios ambientales), inversiones en nuevas “tecnologías verdes” (con enormes riesgos ambientales) y un enfoque en la reducción de emisiones (sin priorizar el equilibrio ecológico) estos poderes económicos renovarán el modelo que les mantienen, a la vez de aumentar su potencial para nuevas ganancias desde la explotación y privatización de la naturaleza e inversiones en el sector verde (7).
Brasil es un actor crucial en Latinoamérica, y en el mundo, en la conformación y promoción de las propuestas que componen la “economía verde”, a la vez de jugar el rol de modelo para la puesta en práctica de los principios de este nuevo concepto. El modelo que está implementando Brasil ha permitido que sea una potencia económica en América Latina (aunque también ha determinado que sea el país con mayor desigualdad en la región) y está resultando en una serie de catástrofes ambientales y sociales (8). Además, para poder satisfacer la demanda insaciable de recursos naturales y energía que alimenten sus industrias y mercados, Brasil (y China (9)) está ejerciendo su influencia, conjuntamente con empresas brasileras, bancos de desarrollo e instituciones multilaterales, sobre los demás países de la región.
Sus políticas en América Latina incluyen la apertura de mercados a productos brasileros, la promoción y financiamiento de una serie de megaproyectos para la generación de energía y transporte de productos, la expansión de la frontera agrícola y el acceso a materias primas. El requerimiento de Brasil de grandes cantidades de materias primas y el impulso de las mencionadas políticas incentivan a países como Bolivia y Ecuador a seguir basando sus economías en el neoextractivismo, en detrimento de sus sociedades, el medioambiente y el avance hacia el concepto suscrito por estos gobiernos, el Buen Vivir (10).

La viabilidad del buen vivir

Frente a los escenarios de la “economía verde”, la presión desde Brasil, y la tendencia de los gobiernos progresistas de abandonar sus discursos y principios a favor del neoextractivismo, existe la urgente necesidad de una población concienciada y movilizada para rechazar todo aquello que favorece este modelo: el consumismo ilimitado y el crecimiento económico a todo costa. Es necesario formar a una población para construir y llevar adelante nuevas alternativas viables más allá del concepto de desarrollo, como es el Buen Vivir.
La viabilidad del Buen Vivir viene de su capacidad de ir más allá del crecimiento económico como sinónimo, mecanismo e indicador del desarrollo y de aceptar la realidad y limitaciones físicas de los ecosistemas y el carácter finito de los recursos naturales de nuestro planeta. Su viabilidad, igualmente, viene de su capacidad de reconocer que la diversidad no solo es importante en la Naturaleza, sino en nuestras sociedades y culturas también. Su base se asienta en la priorización del equilibrio con la Naturaleza, el respeto a los derechos humanos y la redefinición de la relación con el mercado. Por ello, el Buen Vivir nos ofrece la flexibilidad de construir alternativas desde el nivel local y regional.
Quizás más importante que la potencia y el potencial conceptual del Buen Vivir es su viabilidad de llevar el debate a la práctica (11). En Bolivia, Ecuador y varios otros países de Latinoamérica y el mundo, movimientos sociales, pueblos indígenas y comunidades conscientes están llevando a la práctica alternativas que entran dentro del marco del Buen Vivir. Entre estas alternativas existen modelos de gestión de recursos naturales locales, modelos locales/regionales de producción y consumo de alimentos ecológicos, la revalorización y uso de saberes tradicionales y ancestrales, el trueque, redes de apoyo mutuo comunitario basado en necesidades locales y la provisión de servicios básicos (educación, salud, etc.), la formación de cooperativas comunitarios industriales y para servicios financieros, etc.
Lamentablemente, la sostenibilidad en el largo plazo de cada una de estas alternativas está amenazada por la invasión continua del modelo capitalista y sus intentos de maquillarse con el nuevo paquete de la “economía verde”, lo cuál no propone los cambios estructurales necesarios para tratar los temas de fondo de las múltiples crisis. También, los mismos gobiernos “progresistas”, a pesar del discurso en favor del Buen Vivir, una propuesta que rechaza el crecimiento económico como indicador del bienestar de la población, en la práctica se siguen favoreciendo los intereses que promueven y se benefician de este modelo. Los gobiernos de Bolivia y Ecuador se alejan cada vez más de su retórica y dependen económicamente de la extracción y exportación de sus recursos naturales, lo cuál significa la continuación del saqueo y devastación que empezó con la llegada de la colonia española hace más de 500 años.
Lo bueno es que los círculos de debate y construcción ya existen y la comunidad internacional está debatiendo la propuesta del Buen Vivir, lo cual facilita un idioma y unos conceptos en común para construir propuestas y alternativas entre sociedades y tiempos, empoderando la construcción de modelos desde lo local. Muchas propuestas nacen como resistencia, o como forma de sobrevivir frente al modelo actual, pero todos van creciendo y adquiriendo apoyo e iniciativa propia.

Notas:

(1) También conocido como Vivir Bien, sumak kawsay (en Kichwa y Quechua) y suma qamaña (en Aymara).
(2) Eduardo Gudynas, Behind New Extractivism: New Attitudes, Old Development, Presentación para seminario Environmental Politics in Bolivia: Buen Vivir vs. New Extractivism, New York University, 24 abril de 2012.
(3) Dos casos concretos de nuevas normativas aprobadas por el Gobierno boliviano que contradicen los principios constitucionales del Buen Vivir son: la Ley de la Revolución Productiva Comunitaria Agraria 2011 y la entrega, exploración y, en algunos casos, explotación de concesiones petroleras en áreas protegidas (Parque Nacional Madidi, Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure, Parque Nacional Aguarague).
(4) Eduardo Gudynas, “Debates sobre el desarrollo y sus alternativas en América Latina: Una breve guía heterodoxa”, en Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo, Más allá del desarrollo, Fundación Rosa Luxemburgo y Abya Yala, 2011. Y Raúl Prada Alcoreza, Crítica a la economía política del extractivismo, diciembre 2012.
(5) Eduardo Gudynas y Alberto Acosta, “La renovación de la crítica al desarrollo y el buen vivir como alternativa”, The Journal of Sustainability Education, 19 marzo de 2012.
(6) Que el concepto de desarrollo ni entra en el idioma de los pueblos indígenas es muestra de la irrelevancia que el modelo de desarrollo convencional tiene para numerosas poblaciones.
(7) Sandra Guzman, “Transición hacia una economía verde: de la forma al fondo”, y Silvia Ribeiro, “Los verdaderos colores de la economía verde” en Especial de Alai El cuento de la economía verde, septiembre y octubre de 2011.
(8) En su presentación “El cuento de la economía verde o como no solucionar la crisis”, 12 abril 2012, Cochabamba (Bolivia), Camila Morena desmitifica las virtudes de la “economía verde” con una serie de ejemplos que demuestran sus impactos devastadores sociales y ambientales en Brasil. Por ejemplo: la expulsión de comunidades de sus territorios y prohibición de acceso a sus recursos naturales debido a la creación de reservorios de carbono que fundamentan los bonos de carbono en las bolsas de valores, el aumento en contaminación y emisiones de gases de efecto invernadero resultando de proyectos industriales y extractivistas promocionados y subvencionados pero sin actualmente cumplir con criterio verde, el reemplazo de bosques nativas con plantaciones de especies genéticamente modificados más eficientes en la captura de carbono, etc.
(9) Un análisis de las actividades, rol e influencia de China en la región es fuera del alcance de este artículo.
(10) Entre los impactos de estas políticas son la desplazamiento de miles de personas y comunidades, la pérdida de biodiversidad y diversidad cultural, la contaminación del medioambiente, crisis energéticas internas debido a la exportación de recursos y energía, el aumento en la desigualdad, exclusión y pobreza de la población, la violación de Derechos Humanos, el atentado contra la soberanía y derecho de autodeterminación de los países, la dependencia económica de los países en un modelo exportador insostenible y la participación de ciudadanos en la construcción de sus propios modelos de vida, etc.

*Rebecca Hollender es miembro del Grupo de Trabajo sobre Cambio Climático y Justicia (Bolivia).
—-
Fuente: El presente artículo fue el ensayo final del curso online Repensar el desarrollo: Cooperación, derechos humanos y empresas transnacionales impulsado por OMAL y que se desarrolló del 16 de abril al 11 de mayo de 2012 para alumnado de Bolivia, Nicaragua, El Salvador y Colombia. Omal: http://omal.info/spip.php?article4661#nb2

Otras noticias:

Fuente: Servindi

jueves, 2 de agosto de 2012

Las falacias del neoextractivismo.


Imagen: Ecoportal.net
Por Martha Moncada
El potencial minero del Ecuador otorga al país la posibilidad de convertirse en un importante abastecedor de varios de los minerales que requiere el desarrollo industrial de las más ricas economías del planeta y cubrir algunos de los rubros de la demanda interna de minerales. La posibilidad de aprovechar este potencial ha dado paso al surgimiento de posiciones antagónicas dentro del país. Por un lado, el gobierno, sectores empresariales y población urbana y rural diversa, respaldan la tesis de explotar la riqueza minera del país como un medio para disponer de los ingresos que permitan superar la pobreza, expandir la cobertura de atención de servicios y corregir las asimetrías sociales y económicas existentes. 
Por otro lado, los pueblos y nacionalidades indígenas, sus organizaciones, sectores ambientalistas, así como población asentada en ciudades y en el campo, han manifestado su rechazo a la minería a gran escala por sus impactos sobre la naturaleza y por los efectos adversos sobre la continuidad histórica de pueblos indígenas que viven en territorios que podrían verse abruptamente modificados por la minería. Quienes se oponen a la explotación minera a gran escala cuestionan, adicionalmente, que la consecución del desarrollo suponga atravesar una única vía; por el contrario, afirman la existencia de concepciones culturalmente diversas que no necesariamente implican iguales condiciones de vida que aquellas que rigen en el occidente.
Estos últimos argumentos, lejos de ser incorporados como parte de una reflexión seria o de propiciar un debate democrático y transparente, han sido motivo de menosprecio y descalificación por parte de las autoridades gubernamentales quienes finalmente, y aún violentando disposiciones constitucionales expresas como la consulta previa informada, transparente y “de buena fe”, han impuesto el inicio de actividades extractivas de gran escala bajo la premisa de alcanzar el “bienestar colectivo”. Frente a esta imposición, merece la pena develar algunas de las afirmaciones en las que el gobierno ha sustentado su decisión.

Primera falacia: “Los ingresos económicos producto de la minería permitirán superar la pobreza y actuarán como un motor para el crecimiento económico”.

Esta afirmación es uno de los argumentos al que con mayor frecuencia recurren los promotores del neoextractivismo en el ánimo de legitimar el impulso de la minería y contener la conflictividad y la oposición de sectores sociales que advierten los impactos negativos de las actividades extractivas. El papel más activo del Estado que caracteriza al actual extractivismo posiblemente permitirá la obtención de mayores ingresos y la puesta en marcha de políticas redistributivas orientadas a cerrar las brechas de pobreza y las injusticias sociales que enfrentan los países poseedores de reservas minerales. No obstante, es una verdad a medias.
En los mayores ingresos que supuestamente podrían percibir nuestras economías no se contabiliza la pérdida de biodiversidad, el deterioro de ecosistemas y de los servicios y funciones ambientales que prestan, la eventual desestructuración de culturas ancestrales, ni los recursos económicos que será necesario destinar para descontaminar el agua y la tierra. En la medida en que no se ha realizado un balance objetivo que de cuenta de los activos y pasivos que provocarán las nuevas explotaciones extractivas, la afirmación sobre mayores ingresos debe al menos relativizarse.
La obtención de mayores ingresos como sinónimo de riqueza otorga a esta última una noción una acepción únicamente crematística, sin considerar que riqueza es también el patrimonio natural y cultural que poseemos, la mayoría sin valor económico en el mercado, a la vez que “naturaliza” el proceso de desarrollo seguido por las economías industriales y desconoce que existen otras vías y formas de vida para relacionarnos con el entorno. Por otro lado, desconoce o minimiza el hecho de que los sectores extractivos intensifican las presiones ambientales y profundizan las inequidades, pues, las perspectivas de crecimiento económico son limitadas por la capacidad de carga del ecosistema. Esta mirada parcial –más ingresos como condición para superar las dificultades actuales- eclipsa, finalmente, un análisis más riguroso sobre el estilo de desarrollo y el alcance y contenido del “buen vivir”.

Segunda falacia: “La incursión en actividades extractivas generará nuevos y numerosos empleos”.

Es probable que en las primeras fases de explotación de un nuevo proyecto extractivo sea necesaria la contratación de un número significativo de trabajadores, sobre todo para las labores de remoción de la cubierta vegetal, apertura de vías, construcción de facilidades, instalación de maquinaria, etc. El empleo temporal requerido para estas actividades disminuirá significativamente una vez que el proyecto extractivo entre en operación. En esta fase, el funcionamiento de maquinaria y equipo, supervisado por técnicos especializados generalmente provenientes de los países de origen de la empresa extractiva, sustituye la mano de obra local.
De acuerdo a estimaciones, una mina genera 0,9 empleos por hectárea, mientras que una arrocera produce 6 empleos por hectárea. A la luz de esta realidad, la promesa de generación de empleo resulta por tanto también una verdad a medias y tergiversa lo que ha sido la contribución de los proyectos extractivos en materia de generación de empleo.

Tercera falacia: “Los impactos ambientales que generarán las actividades mineras pueden ser revertidos”.

Este argumento magnifica las bondades de la tecnología para reparar los daños ocasionados a la naturaleza y desconoce que, aún existiendo los recursos económicos suficientes, existen daños que son irreversibles. Frente a la complejidad de la naturaleza, más aún en zonas de megadiversidad como las que serán afectadas por las actividades extractivas, una postura ajena al antropocentrismo y al optimismo en el progreso tecnológico debería apelar, al menos, al principio de precaución debido a la incertidumbre respecto a la magnitud e intensidad de los impactos que se ocasionarán sobre un bosque tropical y sus cuencas hidrográficas. No existen suficientes experiencias en el mundo como para valorar las implicaciones de ejecutar minería en medio de un área de concentración de valiosa biodiversidad como lo pretende hacer Ecuador al inaugurar la minería a cielo abierto.
La minería a cielo abierto supone la remoción de inmensas cantidades de tierra por cada gramo de mineral lo que es posible gracias a procesos químicos altamente demandantes de agua y la utilización de elementos de alta nocividad como el cianuro y el mercurio. Se calcula que, en el caso de la minería de metales, por cada tonelada de mineral crudo extraído se requieren entre 636 y 7.123 litros de agua y que para los minerales no metálicos, este requerimiento fluctúa entre 136 y 4.532 litros de agua por cada tonelada extraída (Delgado 2011).
La ilusión respecto a la reversión de los impactos ambientales generados por la minería regulaciones débiles y un control ambiental insuficiente

Cuarta falacia: “El horizonte de largo plazo es el post-extractivismo”.

Las economías atadas a la exportación de materias primas han demostrado una escasa posibilidad de diversificar su matriz productiva y reactivar la producción para el mercado interno. Más aún en un escenario como el actual, caracterizado por una demanda creciente de materias primas para mantener en funcionamiento a las economías industrializadas, es probable que el aumento de los precios y el mejoramiento relativo de los términos de intercambio, experimentado en las últimas décadas, se traduzca en una progresiva reprimarización de la economía.
En estas condiciones resulta ilusorio pensar que países como Ecuador abandonarán el neoextractivismo que actualmente impulsan. Lo más probable es que esta nueva estrategia resulte tan adictiva como lo ha sido el petróleo desde hace 40 años atrás. La “trampa de la especialización” como lo denomina la economía ecológica o la “maldición de la abundancia” en palabras de Alberto Acosta, poco han abonado en la diversificación de la matriz productiva o en un mayor dinamismo para fortalecer la producción orientada al mercado interno.
La historia de nuestros países ha demostrado que la dependencia de bienes primarios, una vez agotado el mercado del producto “estrella” –por la competencia del mismo producto proveniente de otros países, por la saturación de la demanda, por medidas proteccionistas o por la disminución de la productividad y de los volúmenes producción a raíz del deterioro de las condiciones de producción (como sucedió en Ecuador con el cacao o más recientemente con el camarón afectado por la denominada “mancha blanca”)-, en lugar de promover la diversificación económica, lo que hace es presionar por la explotación de un nuevo producto apetecido por los mercados internacionales y mantener la inserción subordinada de nuestros países a la economía mundial.

Quinta falacia. “Quienes se oponen a la minería no presentan opciones”.

El actual énfasis concedido a la minería y que, según sus promotores, luego permitiría transitar a una economía post-extractiva, desconoce o minimiza, finalmente, que las potencialidades del país no se circunscriben al sector extractivo; que existen alternativas que pueden desarrollarse hoy como la agricultura y dentro de este sector, ciertos nichos especializados como la agricultura orgánica que experimenta una demanda creciente; el turismo responsablemente gestionado; la propia industria, con énfasis en la incorporación de valor agregado a la producción primaria generada en el país y aún la realización de actividades mineras en un esfuerzo político consistente orientado a no atentar contra las bases de lo que podría ser una nueva economía, un modelo post-extractivo profundamente respetuoso de los derechos de la Naturaleza y el buen vivir de la población.
Este planteamiento contrariamente a bloquear el debate o negar toda forma de  extractivismo, se sustenta en la necesidad de estimular una discusión amplia, transparente y democrática respecto a las áreas que podría destinar un país para la realización de actividades mineras (dónde hacerlo), el tipo de asociaciones que deberíamos buscar (con quién hacerlo), los parámetros técnicos, ambientales y laborales que deberían caracterizar la ejecución de actividades extractivas (cómo hacerlo) y sobre todo, el destino de los procesos extractivos (para qué hacerlo), en la perspectiva de acordar no solo la distribución y el destino de la renta minera, sino también el sentido mismo de la explotación de minerales.
No deberían tener igual ponderación las actividades orientadas a la extracción de minerales que pueden redundar en el bienestar de los seres humanos, que aquellas cuya finalidad es alimentar a la industria armamentista o las que persiguen satisfacer los apetitos insaciables de la acumulación. El primer caso puede de justificar el daño a la naturaleza bajo determinadas condiciones; la extracción minera para propósitos armamentistas o para acumulación no pueden de ninguna manera socavar las bases para iniciar una transición hacia un “extractivismo indispensable” como lo proponen varios pensadores de la región (Gudynas 2009 y 2011, Escobar 2012).
Bibliografía consultada
  • Acosta, Alberto. La maldición de la abundancia. Swiss Aid, Comité Ecuménico de Proyectos. Abya Ayala. Quito, 2009.
  • Delgado R., Gian Carlo. Bienes comunes, metabolismo social y el futuro común de la humanidad: un análisis Norte-Sur. Fundación Rosa Luxemburgo. Documento temático de la conferencia sobre los bienes comunes en Roma. Roma, 2011.
  • Escobar, Arturo. ¿Transformaciones y/o transiciones? Post-extractivismo y pluriverso. En:América Latina en Movimiento. No. 473. Agencia Latinoamericana de Información –ALAI-. 2012. Pp.14-17
  • Gudynas, Eduardo. Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo. Contextos y demandas bajo el progresismo sudamericano actual. En: Extractivismo, Política y Sociedad. Varios autores. Centro Andino de Acción Popular (CAAP) y Centro Latinoamericano de Ecología Social (CLAES). Quito, 2009.
  • Gudynas, Eduardo. Más allá del nuevo extractivismo: transiciones sostenibles y alternativas al desarrollo. En: El desarrollo en cuestión. Reflexiones desde América Latina. F. Wanderley, ed. Oxfam y CIDES UMSA. La Paz, 2011. pp.379- 410.
—-
Fuente: Ecuachaski: http://ecuachaski.blogspot.com/

Otras noticias:


Fuente: Servindi