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miércoles, 21 de agosto de 2013

La minería a cielo abierto en Latinoamérica.


Martín Mantxo
Ecologista

Latinoamérica es uno de los principales proveedores de recursos minerales para el metabolismo industrial mundial. Mientras algunas multinacionales obtienen grandes beneficios de esta explotación, los impactos ambientales y sociales no paran de aumentar. Pero también cada vez es más fuerte la oposición popular.

Este octubre hemos asistido a un fenómeno mediático alrededor del rescate de 33 mineros chilenos que permanecieron 70 días atrapados en una mina. No es de extrañar que un accidente así ocurra en un país que aún no ha ratificado el convenio 176 de la Organización Internacional del Trabajo sobre seguridad y salud en las minas. Antes del rescate, en Chile ya habían fallecido otros 32 mineros este mismo año, con los que el total de fallecidos en minas se eleva a 200 en toda Latinoamérica entre enero y octubre de 2010 [1].

Hoy día América Latina continúa siendo víctima de la leyenda del El Dorado y de aquella locura que empujó a los conquistadores a cometer tanta atrocidad. El continente sigue siendo origen de materias primas básicas y de buena parte de los minerales en los que se ha basado nuestro sistema económico.

Tras épocas de imperialismo, de neoliberalismo, de esporádicos intentos de nacionalización con resultados diversos… por ahora la extracción de minerales se mantiene mayoritariamente en manos extranjeras, más en concreto de grandes compañías estadounidenses, canadienses o chinas, junto a muchas europeas, y cómo no, españolas. Así se denunció y probó, por ejemplo, en el último Tribunal de los Pueblos celebrado en Madrid el pasado mayo.

Por toda Latinoamérica el pueblo se alza contra la minería, sobre todo contra la de cielo abierto, que es la que más problemas ambientales y destrucción causa. El año pasado, el Banco Mundial y la CEPAL destacaron que éste fue uno de los sectores con mayor recuperación y empuje en Latinoamérica. Como en el caso del petróleo, la crisis hace que se exploten yacimientos en espacios naturales, de difícil acceso o en malas condiciones, o con minerales de baja ley o poco concentrados.

A causa de nuestra capacidad tecnológica, del petróleo barato y sobre todo de mucha codicia y poca sensatez, se ha impuesto una forma de minería, la minería a cielo abierto –hoy por hoy la más utilizada en Latinoamérica–, que consiste en arrancar todo el terreno, horadando más y más, para luego triturar los materiales y seleccionar lo requerido. Se configuran así paisajes dantescos, con cráteres de kilómetros de diámetro.

La minería a cielo abierto, además de ser responsable de un impacto directo como el del cráter que produce haciendo desaparecer todo lo existente con anterioridad (bosques, hábitats, acuíferos, etc.), y de otros impactos indirectos relacionados con su dependencia energética, también causa contaminación por filtraciones o derrames (sobre todo en actividades asociadas a la minería de oro y plata), pues a menudo se separan los minerales con productos altamente tóxicos como mercurio y cianuro, que luego provocan graves contaminaciones y envenenamientos. Otro impacto asociado a esta minería es el gran consumo de agua para limpiar el mineral, y el gasto de energía por el gran volumen y masa de los materiales que se mueven.

Una de las minas más grandes del mundo, en Colombia, es la gran explotación de carbón de Cerrejón [2], en pleno territorio Wayúu. Ocupa una extensión de 650 kilómetros cuadrados, lo que hace que el pueblo wayúu esté totalmente condicionado por la actividad minera. En el Estado español importamos carbón colombiano para las centrales térmicas: 2,24 millones de toneladas en 2009 (casi el 17% del total importado) [3].



Nueva amenaza: la minería de frontera


Las transnacionales mineras se expanden en busca de nuevos territorios. No sólo hacia los más remotos e inhóspitos sino que también se actúa sobre otros que por legislación todavía se encontraban exentos de actividad minera. Éstos pueden ser espacios protegidos o también zonas como las fronterizas, en las que cada Estado mantiene franjas de no acceso o de seguridad junto a la frontera. En los últimos años, las grandes transnacionales mineras han conseguido que los gobiernos firmen tratados entre ellos y concedan permisos, poniendo con ello nuevas zonas en explotación. La Constitución de Perú prohíbe que se otorguen concesiones en un espacio de 50 kilómetros de la frontera, salvo que se considere de interés nacional. Entre 2002 y 2009 se emitieron 23 de estos decretos.




Quizás el caso más conocido sea el de Pascua Lama, en la frontera entre Argentina y Chile, de la canadiense Barrick Gold, una trasnacional demanda en nueve países de cuatro continentes por atentados contra el medio ambiente. Este proyecto pretende extraer oro bajo ese glacial de los Andes, amenazando un espacio declarado por UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Este junio también hubo movilizaciones en la República Dominicana contra esta compañía por otro proyecto en Cotuí. La Barrick ha conseguido un acuerdo con el Gobierno dominicano para embolsarse nada menos que el 95% de los beneficios.

El pasado 30 de septiembre se celebró en Chile, en la sede de la histórica CUT (Central Unitaria de Trabajadores), un Tribunal Ético específico contra la minería de frontera por el riesgo enorme que está suponiendo como nueva forma de extracción de recursos. Como otros tribunales de los pueblos, éste tenía como objetivo recopilar datos y poner todos estos casos en un mismo contexto, a la vez que servir de plataforma para que trascendiera una denuncia conjunta.

En las zonas limítrofes entre países, las mineras eliminan las restricciones creando territorios binacionales bajo su control. Hasta ahora se han planteado otros cuatro proyectos en la cordillera de Los Andes, amenazando los glaciares: El Pachón de Xstrata, las Flechas, Vicuña y Amos-Andrés, y en trámite está el proyecto Cerro Cuadrado, de otra empresa canadiense. Los proyectos transfronterizos entre Guatemala y El Salvador (Mina Cerro Blanco, de Goldcorp), Brasil y Bolivia (El Mutún en El Pantanal, el humedal más grande del mundo con función reguladora del clima para Bolivia, Paraguay y Brasil), o los de Perú y Ecuador (aquí las concesiones se han triplicado en 5 años), donde destacan dos casos simbólicos: la mina de oro Afrodita (canadiense) y la de cobre de Río Blanco. Entre Guatemala y México nos encontramos la mina Marlin de Montana (Goldcorp) que afecta a 18 comunidades indígenas, o la Blackfire Exploration de barita en Chiapas, donde fue asesinado el lider anti-mineroMariano Abarca.

Una oposición que no cesa

Sí, el activismo minero se castiga duramente.

Porque es un activismo de mucho nivel. Porque la actividad se multiplica como una epidemia y porque, como decimos, los impactos son drásticos y enormes los beneficios para las empresas. Pero las movilizaciones persisten pese a esa represión.

El 26 de octubre se realizó en Uspallata (Argentina) otro tribunal contra el proyecto megaminero de oro y cobre San Jorge. A mitad de noviembre (este artículo se escribe antes) se celebrará también en Andalgalá (Argentina) el 14º Encuentro Unión de Asambleas Ciudadanas por ser este lugar de resistencia de un pueblo que ha conseguido, tras batallas campales, la paralización del proyecto mega-minero Agua Rica, y que lucha contra otra existente en La Alumbrera.

En octubre se realizaron consultas en Guatemala, en Santa Cruz del Quiché y en San Miguel Uspantán. En ambos casos, como en otros antes (Huehuetenango, San Marcos y Alta Verapaz), se rechazó unánimemente la explotación minera y también las instalaciones petroleras e hidroeléctricas. En el primero participaron 87 comunidades y 186 en el segundo [4]. La consulta de San Miguel Uspantán se realizó pese a las coacciones, intentos de bloqueo por parte del mismo alcalde, y la intimidación con un gran contingente de policías antidisturbios, vuelo de aviones y helicópteros. Y eso que además de ser una práctica antigua y tradicional, la consulta está amparada por la legislación guatemalteca.

También se reunieron este octubre en Lima activistas organizados en la red CONACAMI (Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería), una de las redes más asentadas y constantes. Ahí declararon que “durante miles de años los pueblos originarios hemos protegido a la Pachamama, conscientes que es la única esperanza de vida para toda la humanidad. Es por ello que nos mantenemos firmes en nuestra decidida defensa de la Madre Tierra y todos los recursos que nos provee”, exigiendo el cese de “actividades extractivas como la minería, la explotación petrolera y otras que amenazan la existencia de la vida, y son la principal causa de contaminación en diversas partes de nuestro planeta”. En Perú la minería representa el 60% de sus exportaciones, pero, además, es el origen de la mayoría de sus conflictos sociales: según la Defensoría del Pueblo, de los 270 conflictos del pasado año, un 70% estuvo relacionado con esa industria.

En Ecuador la organización y coordinación de las afectadas por la minería continúa. El 9 de octubre se reunieron en Pallatanga (Chimborazo) convocados por el Comité de Defensa de la Vida y la Naturaleza de este cantón, representantes de comunidades, organizaciones y autoridades para continuar “la resistencia contra las transnacionales mineras a pesar de la represión, persecución y criminalización que implementa el Estado y el gobierno para proteger a las corporaciones saqueadoras de minerales”. La actividad de las grandes mineras ha sido objeto del mayor conflicto entre el gobierno de Rafael Correa y la ciudadanía ecuatoriana


Notas

Rebelion

Imágenes google
[4] www.noalamina.org/mineria-la...







Fuente: Chacatorex

jueves, 2 de agosto de 2012

Las falacias del neoextractivismo.


Imagen: Ecoportal.net
Por Martha Moncada
El potencial minero del Ecuador otorga al país la posibilidad de convertirse en un importante abastecedor de varios de los minerales que requiere el desarrollo industrial de las más ricas economías del planeta y cubrir algunos de los rubros de la demanda interna de minerales. La posibilidad de aprovechar este potencial ha dado paso al surgimiento de posiciones antagónicas dentro del país. Por un lado, el gobierno, sectores empresariales y población urbana y rural diversa, respaldan la tesis de explotar la riqueza minera del país como un medio para disponer de los ingresos que permitan superar la pobreza, expandir la cobertura de atención de servicios y corregir las asimetrías sociales y económicas existentes. 
Por otro lado, los pueblos y nacionalidades indígenas, sus organizaciones, sectores ambientalistas, así como población asentada en ciudades y en el campo, han manifestado su rechazo a la minería a gran escala por sus impactos sobre la naturaleza y por los efectos adversos sobre la continuidad histórica de pueblos indígenas que viven en territorios que podrían verse abruptamente modificados por la minería. Quienes se oponen a la explotación minera a gran escala cuestionan, adicionalmente, que la consecución del desarrollo suponga atravesar una única vía; por el contrario, afirman la existencia de concepciones culturalmente diversas que no necesariamente implican iguales condiciones de vida que aquellas que rigen en el occidente.
Estos últimos argumentos, lejos de ser incorporados como parte de una reflexión seria o de propiciar un debate democrático y transparente, han sido motivo de menosprecio y descalificación por parte de las autoridades gubernamentales quienes finalmente, y aún violentando disposiciones constitucionales expresas como la consulta previa informada, transparente y “de buena fe”, han impuesto el inicio de actividades extractivas de gran escala bajo la premisa de alcanzar el “bienestar colectivo”. Frente a esta imposición, merece la pena develar algunas de las afirmaciones en las que el gobierno ha sustentado su decisión.

Primera falacia: “Los ingresos económicos producto de la minería permitirán superar la pobreza y actuarán como un motor para el crecimiento económico”.

Esta afirmación es uno de los argumentos al que con mayor frecuencia recurren los promotores del neoextractivismo en el ánimo de legitimar el impulso de la minería y contener la conflictividad y la oposición de sectores sociales que advierten los impactos negativos de las actividades extractivas. El papel más activo del Estado que caracteriza al actual extractivismo posiblemente permitirá la obtención de mayores ingresos y la puesta en marcha de políticas redistributivas orientadas a cerrar las brechas de pobreza y las injusticias sociales que enfrentan los países poseedores de reservas minerales. No obstante, es una verdad a medias.
En los mayores ingresos que supuestamente podrían percibir nuestras economías no se contabiliza la pérdida de biodiversidad, el deterioro de ecosistemas y de los servicios y funciones ambientales que prestan, la eventual desestructuración de culturas ancestrales, ni los recursos económicos que será necesario destinar para descontaminar el agua y la tierra. En la medida en que no se ha realizado un balance objetivo que de cuenta de los activos y pasivos que provocarán las nuevas explotaciones extractivas, la afirmación sobre mayores ingresos debe al menos relativizarse.
La obtención de mayores ingresos como sinónimo de riqueza otorga a esta última una noción una acepción únicamente crematística, sin considerar que riqueza es también el patrimonio natural y cultural que poseemos, la mayoría sin valor económico en el mercado, a la vez que “naturaliza” el proceso de desarrollo seguido por las economías industriales y desconoce que existen otras vías y formas de vida para relacionarnos con el entorno. Por otro lado, desconoce o minimiza el hecho de que los sectores extractivos intensifican las presiones ambientales y profundizan las inequidades, pues, las perspectivas de crecimiento económico son limitadas por la capacidad de carga del ecosistema. Esta mirada parcial –más ingresos como condición para superar las dificultades actuales- eclipsa, finalmente, un análisis más riguroso sobre el estilo de desarrollo y el alcance y contenido del “buen vivir”.

Segunda falacia: “La incursión en actividades extractivas generará nuevos y numerosos empleos”.

Es probable que en las primeras fases de explotación de un nuevo proyecto extractivo sea necesaria la contratación de un número significativo de trabajadores, sobre todo para las labores de remoción de la cubierta vegetal, apertura de vías, construcción de facilidades, instalación de maquinaria, etc. El empleo temporal requerido para estas actividades disminuirá significativamente una vez que el proyecto extractivo entre en operación. En esta fase, el funcionamiento de maquinaria y equipo, supervisado por técnicos especializados generalmente provenientes de los países de origen de la empresa extractiva, sustituye la mano de obra local.
De acuerdo a estimaciones, una mina genera 0,9 empleos por hectárea, mientras que una arrocera produce 6 empleos por hectárea. A la luz de esta realidad, la promesa de generación de empleo resulta por tanto también una verdad a medias y tergiversa lo que ha sido la contribución de los proyectos extractivos en materia de generación de empleo.

Tercera falacia: “Los impactos ambientales que generarán las actividades mineras pueden ser revertidos”.

Este argumento magnifica las bondades de la tecnología para reparar los daños ocasionados a la naturaleza y desconoce que, aún existiendo los recursos económicos suficientes, existen daños que son irreversibles. Frente a la complejidad de la naturaleza, más aún en zonas de megadiversidad como las que serán afectadas por las actividades extractivas, una postura ajena al antropocentrismo y al optimismo en el progreso tecnológico debería apelar, al menos, al principio de precaución debido a la incertidumbre respecto a la magnitud e intensidad de los impactos que se ocasionarán sobre un bosque tropical y sus cuencas hidrográficas. No existen suficientes experiencias en el mundo como para valorar las implicaciones de ejecutar minería en medio de un área de concentración de valiosa biodiversidad como lo pretende hacer Ecuador al inaugurar la minería a cielo abierto.
La minería a cielo abierto supone la remoción de inmensas cantidades de tierra por cada gramo de mineral lo que es posible gracias a procesos químicos altamente demandantes de agua y la utilización de elementos de alta nocividad como el cianuro y el mercurio. Se calcula que, en el caso de la minería de metales, por cada tonelada de mineral crudo extraído se requieren entre 636 y 7.123 litros de agua y que para los minerales no metálicos, este requerimiento fluctúa entre 136 y 4.532 litros de agua por cada tonelada extraída (Delgado 2011).
La ilusión respecto a la reversión de los impactos ambientales generados por la minería regulaciones débiles y un control ambiental insuficiente

Cuarta falacia: “El horizonte de largo plazo es el post-extractivismo”.

Las economías atadas a la exportación de materias primas han demostrado una escasa posibilidad de diversificar su matriz productiva y reactivar la producción para el mercado interno. Más aún en un escenario como el actual, caracterizado por una demanda creciente de materias primas para mantener en funcionamiento a las economías industrializadas, es probable que el aumento de los precios y el mejoramiento relativo de los términos de intercambio, experimentado en las últimas décadas, se traduzca en una progresiva reprimarización de la economía.
En estas condiciones resulta ilusorio pensar que países como Ecuador abandonarán el neoextractivismo que actualmente impulsan. Lo más probable es que esta nueva estrategia resulte tan adictiva como lo ha sido el petróleo desde hace 40 años atrás. La “trampa de la especialización” como lo denomina la economía ecológica o la “maldición de la abundancia” en palabras de Alberto Acosta, poco han abonado en la diversificación de la matriz productiva o en un mayor dinamismo para fortalecer la producción orientada al mercado interno.
La historia de nuestros países ha demostrado que la dependencia de bienes primarios, una vez agotado el mercado del producto “estrella” –por la competencia del mismo producto proveniente de otros países, por la saturación de la demanda, por medidas proteccionistas o por la disminución de la productividad y de los volúmenes producción a raíz del deterioro de las condiciones de producción (como sucedió en Ecuador con el cacao o más recientemente con el camarón afectado por la denominada “mancha blanca”)-, en lugar de promover la diversificación económica, lo que hace es presionar por la explotación de un nuevo producto apetecido por los mercados internacionales y mantener la inserción subordinada de nuestros países a la economía mundial.

Quinta falacia. “Quienes se oponen a la minería no presentan opciones”.

El actual énfasis concedido a la minería y que, según sus promotores, luego permitiría transitar a una economía post-extractiva, desconoce o minimiza, finalmente, que las potencialidades del país no se circunscriben al sector extractivo; que existen alternativas que pueden desarrollarse hoy como la agricultura y dentro de este sector, ciertos nichos especializados como la agricultura orgánica que experimenta una demanda creciente; el turismo responsablemente gestionado; la propia industria, con énfasis en la incorporación de valor agregado a la producción primaria generada en el país y aún la realización de actividades mineras en un esfuerzo político consistente orientado a no atentar contra las bases de lo que podría ser una nueva economía, un modelo post-extractivo profundamente respetuoso de los derechos de la Naturaleza y el buen vivir de la población.
Este planteamiento contrariamente a bloquear el debate o negar toda forma de  extractivismo, se sustenta en la necesidad de estimular una discusión amplia, transparente y democrática respecto a las áreas que podría destinar un país para la realización de actividades mineras (dónde hacerlo), el tipo de asociaciones que deberíamos buscar (con quién hacerlo), los parámetros técnicos, ambientales y laborales que deberían caracterizar la ejecución de actividades extractivas (cómo hacerlo) y sobre todo, el destino de los procesos extractivos (para qué hacerlo), en la perspectiva de acordar no solo la distribución y el destino de la renta minera, sino también el sentido mismo de la explotación de minerales.
No deberían tener igual ponderación las actividades orientadas a la extracción de minerales que pueden redundar en el bienestar de los seres humanos, que aquellas cuya finalidad es alimentar a la industria armamentista o las que persiguen satisfacer los apetitos insaciables de la acumulación. El primer caso puede de justificar el daño a la naturaleza bajo determinadas condiciones; la extracción minera para propósitos armamentistas o para acumulación no pueden de ninguna manera socavar las bases para iniciar una transición hacia un “extractivismo indispensable” como lo proponen varios pensadores de la región (Gudynas 2009 y 2011, Escobar 2012).
Bibliografía consultada
  • Acosta, Alberto. La maldición de la abundancia. Swiss Aid, Comité Ecuménico de Proyectos. Abya Ayala. Quito, 2009.
  • Delgado R., Gian Carlo. Bienes comunes, metabolismo social y el futuro común de la humanidad: un análisis Norte-Sur. Fundación Rosa Luxemburgo. Documento temático de la conferencia sobre los bienes comunes en Roma. Roma, 2011.
  • Escobar, Arturo. ¿Transformaciones y/o transiciones? Post-extractivismo y pluriverso. En:América Latina en Movimiento. No. 473. Agencia Latinoamericana de Información –ALAI-. 2012. Pp.14-17
  • Gudynas, Eduardo. Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo. Contextos y demandas bajo el progresismo sudamericano actual. En: Extractivismo, Política y Sociedad. Varios autores. Centro Andino de Acción Popular (CAAP) y Centro Latinoamericano de Ecología Social (CLAES). Quito, 2009.
  • Gudynas, Eduardo. Más allá del nuevo extractivismo: transiciones sostenibles y alternativas al desarrollo. En: El desarrollo en cuestión. Reflexiones desde América Latina. F. Wanderley, ed. Oxfam y CIDES UMSA. La Paz, 2011. pp.379- 410.
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Fuente: Ecuachaski: http://ecuachaski.blogspot.com/

Otras noticias:


Fuente: Servindi

lunes, 16 de abril de 2012

México: Los guardianes de la montaña contra las mineras.


Panorama Nebuloso Los sheriffs de la Montaña luchan porque esta postal de Guerrero no desaparezca por las exploraciones mineras (FOTO: Luis Cortés)

El Cerro Bermejal está a punto de desaparecer, mientras que el Cerro Luna y el Cerro Borracho temen correr con el mismo destino debido a que compañías mineras ya acumulan casi 700 concesiones para sacar oro y plata de la Montaña de Guerrero, donde viven especies en peligro de extinción, como el venado de cola blanca y el jaguar. La Policía Comunitaria y activistas sociales advierten que no permitirán que exploten sus tierras.


Aquí los cerros tienen nombre. Y son sagrados. Cada fin de año, la población de 2 mil 800 habitantes asciende a la cumbre de Cerro Luna y ofrenda flores y veladoras para pedir abundancia en el ciclo siguiente. Ahora el cerro está en riesgo de ser aniquilado del paisaje. En sus entrañas guarda los tesoros que la minera inglesa Hochschild quiere extraer: oro, plata, cobre, hierro, zinc y plomo. Hochschild pretende dinamitarlo para sacar los minerales de sus restos pedregosos a través de un proceso realizado a la intemperie, llamado "a cielo abierto", en el que utilizaría millones de metros cúbicos de agua y toneladas de cianuro. La elevación cubierta de pinos arropa a la pequeña comunidad Tierra Colorada, que debe su nombre a la coloración de su suelo fértil en la región alta de la Montaña de Guerrero.
El pueblo tlapaneco ya salió en su defensa. Un treintañero moreno y robusto, de nombre Federico Isidro Solano, se planta en un balcón del pueblo, con Cerro Luna de fondo, y advierte: "La comunidad no cede ningún centímetro para que se explote".
A unos metros del secretario del Comisariado de Bienes Comunales está la explanada donde una veintena de adolescentes y niños ensayan la danza tradicional Doce pares de Francia, acompañados por la banda de música del pueblo. La epopeya de Carlomagno contra musulmanes medievales se escenifica en Semana Santa. Un anciano de cuerpo frágil guía el ensayo. Viste de manta blanca, huaraches y porta un sombrero de palma. Sus movimientos son elegantes y firmes. Su actitud, altiva. El maestro Ángel Oropeza Molinar es respetado en el pueblo. A su señal la banda deja de tocar y cristianos y moros cesan su esgrima con palos de madera. Entonces el maestro instruye a un niño de 13 años cómo debe batirse con enjundia contra su enemigo.
Cuando finaliza el duelo, Solano aprovecha para acercarme al maestro. Le pregunto sobre la llegada de Hochschild a la región. Acepta la breve interrupción y ambos frentes, sin distinción, nos rodean curiosos. "Puede haber sangre, ni modo. ¿Cuántos mártires puede haber? No lo sé. Pero aunque sea con piedra, o con onda como la que levantó el rey David, pero no nos vamos a dejar". Con un gesto el maestro da por terminada la conversación y dirige su atención a uno de los muchachos. Otro de ellos, alto y resuelto, de nombre Constantino, manifiesta: "Haremos lo que sea necesario, simplemente eso, no hay que decir más".
La representación de la danza tiene una duración de 12 horas. "Es una guerra grande, grandísima", me había alcanzado a explicar Constantino antes de asumir su rol de almirante musulmán. En la obra los cristianos vencen a los moros. A su entender, el bien triunfa contra el mal. La otra guerra que enfrentan en Tierra Colorada es de proporciones mayores, pues Hochschild, con más minas en México, Perú y Argentina, obtuvo una concesión federal por 50 años. El drama de Tierra Colorada se multiplica en México y Latinoamérica: poblaciones rurales e indígenas (como la huichola en San Luis Potosí y la Ngobe-Buglé en Panamá) luchan contra multinacionales mineras y gobiernos en defensa de sus territorios. La mega minería busca especialmente oro y plata a costos inimaginables: de una tonelada de cerro desintegrado extrae un promedio de .5 a 1 gramo de oro. Gian Carlo Delgado, coordinador del libro Ecología política de la minería en América Latina, dice que el escenario que esta deja "es de profundo saqueo, prácticamente nulos beneficios socioeconómicos a las comunidades y una devastación ambiental global creciente".
Sin embargo, aquí en la Montaña, considerada como una de las regiones más marginadas de Latinoamérica, hay un ingrediente de resistencia que no existe en otros lugares: Tierra Colorada, como otras 75 comunidades tlapanecas, mixtecas y nahuasdispersas en la serranía de la Montaña y la Costa Chica, conforman la estructura de laPolicía Comunitaria. Se trata de una red de 600 indígenas armados por sus pueblos para que los resguarden. Ellos hacen rondines a través de un ramal de caminos de terracería maltrechos que atraviesan el monumental bosque de niebla, algunos al borde de desfiladeros. Esta experiencia autónoma de seguridad e impartición de la justicia nació hace 17 años porque estas poblaciones padecían una serie de asesinatos, violaciones sexuales y robos sin que la policía estatal hiciera presencia. Entre los logros que dicha red indígena reivindica está reducir drásticamente la violencia en la zona, no maltratar a los detenidos y hacerlos trabajar en obras de construcción locales como parte de su sentencia. Los gobiernos estatal y federal no han querido legalizar su operación y en varias ocasiones han pretendido desarmarla sin éxito. Pero la experiencia se consolida y extiende. Y ahora, los policías comunitarios se asumen como los guardianes de sus montañas.
Desde hace más de un año la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), instancia de administración de la justicia a la que pertenece la Policía Comunitaria, se organiza con apoyo del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan para enfrentar cinco proyectos mineros en la Montaña y la Costa Chica: Hochschild está al frente de Corazón de Tinieblas, que abarca Tierra Colorada, y de otro conlindante en Zapotitlán de las Tablas; la canadiense Camsin encabeza los de La Diana y San Javier, y la mexicana Goliat maneja uno, llamado La Faraona/Goliat. La suma de los cinco involucraría un área aproximada de 1,272 kilómetros cuadrados, una extensión cercana a la superficie de la Ciudad de México, que es de 1,495 kilómetros cuadrados. El asesor jurídico de la CRAC, Valentín Hernández, dice que el gobierno federal incumplió el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que expresa el derecho de las comunidades indígenas a ser consultadas sobre las decisiones que los afectan: "No hay negociación, no se consultó a los pueblos al otorgarse las concesiones a las mineras".
El investigador Carlos Rodríguez Wallenius, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), estima que el gobierno federal ya concesionó la cuarta parte del territorio nacional a las mineras para labores de exploración y explotación. Leonel Lozano, asesor ambiental del gobierno de Guerrero, dice que tan sólo en el estado hay 697 concesiones, 90% con capital extranjero. De éstas, 100 están en explotación (tres a cielo abierto) y el resto en exploración. Piensa que cuando las mineras finalicen sus 600 procesos de exploración recurrirán a la explotación a cielo abierto. "Es la tendencia mundial, es la de mayor impacto ambiental pero la más rentable", dice. Los activistas sociales de Tlachinollan aseguran que sólo entre los años 2005 y 2010 el gobierno federal entregó concesiones de cincuenta años a un puñado de mineras, una decisión que afecta 200 mil hectáreas del territorio indígena de la Montaña y la Costa Chica.
Domingo buscó entrevistar a los responsables de la dirección general de minas de la Secretaría de Economía para conocer sobre el potencial minero del país y el procedimiento por el que otorgan las concesiones de explotación. El área de Comunicación Social de la dependencia nos informó que los funcionarios encargados de estos temas viajarían por más de una semana a Canadá, a la Feria Internacional de Minería. En un boletín se consignó que desde allá Bruno Ferrari, secretario de Economía, declaró que México es el primer país receptor de inversión extranjera minera en América Latina y el cuarto en la escala mundial. Terminado el viaje volvimos a solicitar una entrevista, pero de nuevo no hubo respuesta afirmativa. La representación de Hochschilden Monterrey tampoco quiso dar a conocer su posición sobre el asunto.
Las mineras que pretenden explotar las montañas de Guerrero están por ahora en fase de exploración, no de explotación, pero aún así ya está manifiesto el rechazo popular a su llegada. Una carretera estatal cruza la región de la Alta Montaña en donde el bosque de niebla despliega su majestuosidad entre cañadas y barrancas profundas. En bardas y peñascos de la carretera abundan pintas contra las mineras. Una dice: "Yo doy mi vida por la tierra ¿Y tú? Di no a las mineras". Algunas llevan las siluetas de los rostros delChe Guevara y de Genaro Vázquez, el maestro oriundo de San Luis Acatlán que encabezó una guerrilla en los años setenta.
Los guardianes de la Montaña dicen que la explotación de las cinco minas afectará el territorio de 25 de sus 75 comunidades y anuncian que recurrirán a las vías legales disponibles. Las comunidades tampoco descartan acciones de desobediencia civil o autodefensa. Tierra Colorada, Zitlaltepec y Colombia de Guadalupe, entre otras, se alistan para la guerra contra las mineras. Aunque sea larga. Y cruenta. Esta vez no se tratará de una escenificación. Josafat Mejía, al frente del Comisariado de Bienes Comunales de Colombia de Guadalupe, lo sabe: "Si el gobierno entra con fuerza armada, nos vamos a organizar como pueblo y no lo vamos a permitir".

Los canadienses van por un paraje
Las tardes en la costera de Acapulco, a unas siete horas de la región de la Montaña, son calurosas y movidas. En el Club de Golf Acapulco A.C. entran y salen jugadores, la mayoría hombres mayores de 60 años, que se saludan y charlan en los pasillos y el restaurante del lugar. Atrás de las instalaciones de uso múltiple quedan los campos de pasto recortado a los que sólo tienen acceso sus socios. Francisco Javier Larequi Radilla, el concesionario mexicano de las minas La Diana y San Javier, y director del Patrimonio Inmobiliario del Fideicomiso de Promoción Turística de Acapulco, termina su sesión de golf. El jugador canoso y de cuerpo macizo viene aquí todas las tardes después de su jornada como funcionario público. Se dirige a las duchas en playera, short y sandalias. Lo intercepto en las escaleras, camino al baño. Le pido una entrevista sobre las minas. "No quiero hablar porque esos indígenas de la Policía Comunitaria me tienen parado desde hace tres años", mueve la mano y la cabeza en señal de negativa.
Le digo que si después de ducharse lo puedo encontrar en el restaurante del Club. Acepta. Regresa fresco, luciendo ropa casual. Se sienta a la mesa que comparto con el videoreportero Arturo Vega y el fotógrafo Luis Cortés. Charla y se va como hilo de media. Opina que los indígenas son de naturaleza conflictiva porque entre ellos mismos se pelean, se ahorcan. Que dos o tres líderes de los guardianes de la Montaña manipulan al resto de las comunidades en contra de las mineras. Que atrás del movimiento inconforme está un sector de la iglesia y activistas italianos. Que el gobierno estatal intercede entre las partes para destrabar el asunto. Que Dios quiera finalmente todo ya se resuelva todo. Que si bien la explotación será a cielo abierto los corporativos tienen técnicas para rellenar con tierra el cráter que ocupa el sitio que antes fue un cerro. No quiso decir nada más.
Larequi aparece fugazmente en el video que el presidente de la compañía canadiense Camsim, Derek Sutherland, subió a Youtube de La Diana. El canadiense luce como un turista cuarentón, atractivo y relajado, vestido con guayabera azul y bermudas. Está sentado en una silla blanca de plástico en la terraza de un jardín en Acapulco. La escena da la sensación de que en cualquier momento alguien le servirá una margarita. Ante la cámara expresa en inglés que México es el país con más potencial minero en el mundo. Comparte sus sentimientos: "Ahora tenemos mucha inversión, y la región tiene la inversión que nunca ha tenido, y todos estamos entusiasmados, el gobierno está entusiasmado de lo que estamos preparando".
El padre de Larequi adquirió la mina San Francisco Javier con una extensión de 223 hectáreas después de la Segunda Guerra Mundial, la trabajó en los años setenta y ochenta y la cerró a principios de los noventa. Utilizó la "minería de socavón", la antigua que hacía túneles en los cerros. Era más tardada y menos productiva, pero drásticamente menos dañina. Larequi dice que su padre cerró la mina por no redituable. Los activistas de Tlachinollan dicen que la cerró porque los pobladores de Zitlaltepec se opusieron a que la siguiera trabajando y expulsaron a los mineros.
El activista del centro Tlachinollan Roberto Gamboa, dice que ahora las multinacionalesmineras van tras las minas pequeñas de socavón para explotarlas a cielo abierto. En su opinión los corporativos, con la complicidad gubernamental, ocultan información, corrompen líderes y autoridades locales, dividen a las comunidades y las amenazan con tal de entrar a sus territorios. También se asocian con empresarios nacionales, como Larequi. El hombre no quiso entrar en detalles legales sobre la mina que fue de su padre, cuyo nombre original se redujo a San Javier, pero la organización descubrió que él reactivó la concesión en 2005 por cuatro años. Y en 2009 la extendió a cincuenta años. Los defensores de la Montaña aseguran que el empresario es el representante legal de Camsim. Lo que no queda claro es si vendió la totalidad o una parte de la propiedad a la empresa. De La Diana, que tiene una extensión de 15 mil hectáreas, el golfista también aparece como concesionario. Ambas minas están a una distancia de cuatro kilómetros.

En 2009 y 2010 Larequi y gente de Camsim visitaron dos comunidades colindantes a sus minas: Paraje Montero, perteneciente a la red de guardianes de la Montaña, e Iliatenco, con el fin de obtener convenios temporales de permiso y apoyo logístico para sus trabajos de exploración. En ninguno de los dos casos a las comunidades se les consultó o se les informó de las concesiones por 50 años ya otorgadas por el gobierno federal. Gamboa me cuenta que en el caso de Paraje Montero, Larequi acudió también con los funcionarios de la Procuraduría Agraria e hizo creer que la documentación antigua de la mina de su padre seguía vigente y que había que regularizarla. "Pero nunca explicó que ese convenio de los años setenta no era aplicable, que cambiaron las leyes mineras, la Ley Agraria, y nunca explicó si la explotación iba a ser a cielo abierto o no", detalla Roberto Gamboa.
El activista precisa que Larequi presentó un contrato a Paraje Montero para tener anuencia en trabajos de exploración y explotación, cambiar el uso de suelo y aceptar el trato como irreversible. A cambio, Camsim entregaría 90 mil pesos el primer año de exploración que aumentarían hasta 170 mil pesos el primer año de explotación. El segundo año de explotación se establecería una nueva renta, y 15 personas del pueblo serían contratadas por 150 pesos diarios. El encargado del Comisariado de Bienes Comunales, José López, dice que Camsim entregó 60 mil pesos. Con ese dinero hicieron el segundo piso de sus instalaciones. Los guardianes de la Montaña notificaron al pueblo de su campaña contra las mineras en la región. "La información nos alarmó", externa López. Decidieron investigar más sobre el tema y lo discutirán en asamblea popular.
Larequi y gente de Camsim también acudieron a Iliatenco en el otoño de 2010. Recorrieron más de una hora del camino de terracería surcado en laderas pronunciadas para arribar a uno de los pueblos que cuida con más celo su bosque. Al titular del Comisariado de Bienes Comunales, Tomás García Evaristo, le llevaron un documento elaborado a su nombre en el que éste autorizaba labores de exploración y le solicitaban dos personas como guías a las que pagarían 150 pesos diarios. García no quiso firmarlo. Dice que le aseguraron que ellos llevarían empleo, construirían escuelas, clínicas de salud y llevarían programas gubernamentales. García refrendó su postura y les externó que decidiría una asamblea popular. Ésta se opuso a la petición. Días después García informó a Larequi y Camsim de la resolución. "Se enojaron, se regresaron muy molestos", recuerda. Desde ese momento Iliatenco creó una brigada de vigilancia que patrulla diariamente sus montañas tupidas de pinos para alertar de incursiones extrañas.

La desaparición del Cerro Bermejal
La tarde quema en la mina de oro más grande de México, la Filos/Bermejal, aledaña a Carrizalillo, en plena selva seca, a seis horas en auto al noroeste de la región de la alta Montaña. Decenas de camiones gigantes de la minera canadiense Goldcorp transportan en fila toneladas de piedras dinamitadas del Cerro Bermejal. Bueno, de lo que queda de él: una cazuela gigantesca con su interior escalonado, porque al cerro se le explota en rebanadas longitudinales. El líder más emblemático en la lucha contra las mineras en Guerrero, de nombre Valeriano Celso Solís, mira de lejos el horizonte alterado de su pueblo. Ya conoce las consecuencias de la explotación minera a cielo abierto y por intermediación de los activistas de Tlachinollan viajó el año pasado al bosque de niebla y la compartió con los guardianes de la Montaña. Moreno azabache, de talla corta y barriga pronunciada, escarba en sus recuerdos: el Bermejal era la mayor elevación de este paisaje agreste, así se le llamó por el tono rojo bermejo de su tierra, y en su cumbre, coronada por encinos, el ganado y los animales silvestres descansaban a la sombra. El cerro ya no existe. Huyeron los venados y los tejones y las chachalacas y las palomas.
Su mano señala la fila de camiones que viajan ininterrumpidamente. Suben. Bajan. Uno, otro, otro más. En tres turnos. Durante el día y la noche. Goldcorp no pierde tiempo: debe procesar cuatro toneladas para obtener 1 gramo de oro. Sí, cuatro toneladas por un gramo de oro. Para fundir una pieza de centenario deberá mover 200 toneladas de cerro. Los camiones descienden presurosos al valle en el que la familia Solís cultivó maíz. Ahora son los llamados patios de lixiviado: en una extensión donde caben tres canchas de fultbol y que presenta un leve declive, los restos pedregosos del Bermejal son esparcidos en capas sobrepuestas. Se les riega permanentemente con una solución de agua con cianuro que disuelve el oro, el mineral escurre por el declive y se le traslada por tuberías a piletas con agua donde se le separa del cianuro. Luego se funde. Conforme el Bermejal va disminuyendo en tamaño, en los patios emerge un cerro de material procesado. Al lado de los patios se ven milpas cenizas y marchitas que algún campesino se aventuró a sembrar. Como ya no hay quien cultive pastizales, la ganadería también pasó a la historia. Los magueyes de este pueblo productor de mezcal dejaron de nacer. Y Goldcorp cercó la única área en la que algunos agaves maduraron en las lomas. "Ya no hay vida, este es un valle de veneno", se lamenta Solís de la mina que empezó sus trabajos de extracción en el año 2007.
Goldcorp es la primera minera que en Guerrero introdujo la explotación a cielo abierto. Posee el toque de Midas: es el corporativo minero más grande en América y el segundo en el mundo. De 2010 a 2011 incrementó 43% sus utilidades internacionales, en parte porque los metales subieron 750% en la última década y en parte por su agresivo proceso de extracción en sus diez minas, algunas situadas en Guatemala, Chile y Argentina. 40% de su producción de oro la extrae de México, de dos minas colindantes: El Bermejal, en Carrizalillo, y Filos, en Mezcala; de otra en Zacatecas y una más en Chihuahua. En 2011 el corporativo aumentó 30% sus ingresos totales en México, produjo 2.5 millones de onzas de oro: 55% va para la joyería mundial, de 15 a 20% se usa parafundir lingotes de oro y el resto para respaldar inversiones.
¿Y cuánto ganó Solís? Al principio el luchador social y cada uno de los 174 ejidatarios recibieron 1,200 pesos al año por la renta de cada hectárea. Gamboa, el activista de Tlachinollan, explica que si bien la operación se hizo por renta de la tierra porque es de tenencia ejidal y el gobierno no puede venderla, la empresa hizo creer al ejido que tenía la autorización federal para comprarla y para pagarla en plazos anuales. El corporativo, con anuencia gubernamental, prácticamente se adueñó del 95% de las 1,400 hectáreas de extensión de la comunidad: construyó caminos, patios de lixiviado, y además erigió áreas cercadas con sus instalaciones, laboratorios, oficinas, viviendas para sus trabajadores foráneos y sus directivos.
El pueblo, cuenta el dirigente, de un día para otro se quedó sin tierras, posibilidad de ingresos y a los ejidatarios no se les contrataba en la minera. La desesperación brotó. Los ejidatarios se organizaron para exigir mejores beneficios, pero Goldcorp no los escuchó. El 2 de febrero del 2007 los ejidatarios pararon las labores de la minera por 84 días. Como respuesta, los amenazaron y la policía estatal los reprimió. El centro Tlachinollan asesoró jurídicamente al ejido y al analizar sus pérdidas productivas obtuvo un logro que marcó hito a nivel nacional: el pago más alto que una minera paga por la renta de una hectárea a una comunidad: 14 mil 800 pesos en 2008, que ascendieron a 32 mil pesos en onzas de oro en 2009. En suma, ahora Goldcorp debe pagar a nueve millones de dólares al año a 252 familias del ejido. Gamboa dice que de cualquier forma la cantidad revela una "inequidad enorme", porque la empresa obtuvo en el años 2010 unos ingresos por 371 millones de dólares, y si bien tuvo costos de producción por 121 millones de dólares, su ganancia libre fue de 250 millones de dólares.
Ahora el líder y su esposa reciben 500 mil pesos al año, alrededor de 40 mil pesos al mes. El dinero obtenido por las 252 familias de la comunidad se refleja en casas remodeladas y algunas camionetas de modelos recientes. En contraste, las calles del pueblo están en muy mal estado, no hay infraestructura adecuada de drenaje y agua potable, y la única obra visible donada por la empresa es una casita de salud con un par de habitaciones. Solís piensa que si bien antes vivían en la miseria y sufrían lamigración, poseían una cohesión comunitaria que se desgarra en pos del beneficio individual, particularmente entre los jóvenes. Tres de sus hijos trabajan en la empresa como choferes. Uno más no ha logrado ser contratado y está en el desempleo, como sucede con más jóvenes.
La crítica más álgida contra Goldcorp es por el uso de tóxicos. El activista Gamboa dice que si bien la minera usa un material plástico que impide que el cianuro se filtre a los mantos friáticos, su consumo desmedido de agua seca los ríos de la zona, además de que 30% del agua con cianuro de los patios de lixiviado se evapora y dispersa. El luchador agrario refiere que en época de secas hay polvaredas en el valle, por lo que hay vecinos que sufren dolores de cabeza, vómito y problemas bronquiales. Incluso menciona que una trabajadora murió por envenenamiento pero su familia no quiso poner demanda alguna. Piensa que la única esperanza de futuro para sus nietos es irse de Carrizalillo: "Todo está perdido, somos los dueños de las tierras, que son la herencia que podíamos dejar a nuestros hijos, y están destruidas. Cuando se vaya la mina ¿Quién va a querer sembrar? Nadie, es puro cianuro".
Adalberto Terrazas y Federico Villaseñor, directivos de Goldcorp México, en entrevista en sus oficinas de Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, rechazan cada una de las acusaciones contra el corporativo. Dicen que el pago de 1,200 pesos de renta anual por hectárea fue "el justo" en ese momento porque el precio del oro estaba a la baja. Explican que si bien tienen ganancias millonarias, su inversión en exploración y extracción también es gigante, pues Carrizalillo representa sólo 10% de la extensión territorial que tienen concesionada en la región, que es de 6,150 hectáreas. A su entender, Goldcorp mejoró la calidad de vida de Carrizalillo: "Ahora tienen carreteras, casas de dos pisos, pavimentado el pueblo, una infraestructura que nunca soñaron", dice Villaseñor.
Niegan que dañen el medio ambiente. Y que alguna trabajadora muriera por envenenamiento. En Carrizalillo los venados y los tejones y las chachalacas y las palomas se fueron, dice Villaseñor, porque "donde hay progreso y civilización obviamente los animales se retiran". Sobre el agua, expresa que su concesión es para consumir 4 millones de metros cúbicos al año (procedente del río Balsas). Apunta que en su proceso para lavar el oro de cianuro cuentan con un circuito cerrado que recicla permanentemente el agua sin desecharla, y que si bien 27% de ésta se evapora, está libre del tóxico y no contamina.
Los empresarios exponen que Goldcorp no tiene año de partida de Carrizalillo, pero que los planes tentativos son para el año 2026. Dicen que tienen un programa de restauración del entorno: en Mezcala cuentan con un vivero donde cultivan 350 mil árboles, en Zacatecas cuentan con un criadero de venado, y guardaron 2 millones de suelo vegetal del Bermejal. Terrazas dice que al irse dejarán el lugar casi como estaba antes: "Lo tenemos preciosamente planeado". Cuando ya no haya más oro que extraer de todo el ejido, el cerro rocoso en los patios de lixiviado entrará en un proceso largo, un número indeterminado de años. A ese cerro de desperdicios tóxicos lo regarán con agua limpia una y otra vez para eliminar la última gota de cianuro. Lo cubrirán con el suelo vegetal del Bermejal y encima le sembrarán especies endémicas de lugar. Nacerá un nuevo Cerro Bermejal.

El Cerro Borracho tiene miedo
En el bosque de niebla de la alta Montaña hay cuencas hidrológicas enormes. De sus aguas beben tejones, armadillos, coyotes, y especies en peligro de extinción como el venado de cola blanca y el jaguar. Uno de sus ríos, el Camotetenco, desciende de la sierra y desemboca en el mar. Su caudal ancho se desliza por un vado rocoso y en un punto se une a otra corriente hídrica. Ambos ríos sirven de líneas limítrofes entre los núcleos agrarios de Iliatenco, Paraje Montero y Zitlaltepec, justo donde bordean al Cerro Borracho. El cerro con forma de cono es nombrado así porque si uno lo sube se marea, pierde el sentido de orientación. Queda "como borracho".
Todo esto me lo cuenta García, el líder del Comisariado de Bienes Comunales de Iliatenco. El tlapaneco de estatura corta y complexión vigorosa nos lleva a las instalaciones abandonadas de la mina San Javier, colindante al Cerro Borracho. Si bien Iliatenco no pertenece a la red de guardianes de la Montaña, la aguerrida defensa del bosque por parte de García hizo que lo nombraran en una asamblea 2presidente regional en defensa del territorio: 'No a las empresas mineras'". Con el espíritu marcial que lo caracteriza, el indígena encabeza la pequeña expedición conformada por una brigada de sus hombres, guardianes de la Montaña y nosotros. García impone el ritmo y las rutas. "Mi gente tiene pie de venado", advierte. Y con pie de venado ellos cruzan los ríos saltando de roca en roca y suben y descienden laderas escarpadas. Nosotros, con paso capitalino atolondrado, resbalamos en el río y rodamos por la pendiente. "Son muy lentos", nos dice constantemente.
En un trecho del río Camotetenco quedan vestigios del funcionamiento de la mina San Javier: tubería oxidada y la huella de escurrimientos corrosivos en el terreno. En sus instalaciones hay maquinaria vieja, unas cuantas edificaciones y en un monte aledaño, un túnel inconcluso de 30 o 40 metros de profundidad. Ahora es la casa de una colonia de murciélagos. Camsim quiere reactivar la mina y explotar una veta de minerales en el Cerro Borracho. García piensa que el gobierno federal concesionó su territorio a las mineras porque históricamente atropella los derechos indígenas: "Pero resulta que ahora somos más despiertos, maduros, con sabiduría de que no se nos puede pisotear como antes".
El centro Tlachinollan ya desplegó la estrategia que busca la cancelación de las concesiones mineras en la Montaña y la Costa Chica. Pero reconoce que no tiene muchas armas para hacerlo por la desvalorización de la tierra comunitaria. El activista Gamboa responsabiliza del hecho al gobierno de Carlos Salinas de Gortari: reformó el Artículo 27 Constitucional que posibilitó el despojo de suelo ejidal y comunal, y con la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC) se facilitó el saqueo de los minerales de sus territorios. Legalmente las comunidades no pueden defenderlos sino sólo la tierra que pisan, pues el gobierno federal es dueño de las riquezas del subsuelo. "Nuestra batalla legal se libra entonces por el metro de tierra que las mineras tienen que pisar", dice.
Tlachinollan promueve que las comunidades se amparen en la Ley Agraria y certifiquen sus tierras en el Registro Agrario Nacional (RAN) para tener certidumbre jurídica. 16 de las 25 comunidades que serían afectadas por los cinco proyectos mineros ya lo hicieron y el resto está en proceso de hacerlo. En una segunda fase recurrirán a la nueva Ley de Amparo que permite a colectividades ampararse contra actos u omisiones de autoridades que los afectan. "Entrando la minera es casi imposible sacarla", dice Alejandro Ramos, asesor jurídico del centro Tlachinollan, "y la estrategia es que no entren, si lo hacen, estamos prácticamente perdidos".
El gobierno guerrerense intercede entre los guardianes de la Montaña y las mineras a través de Leonel Lozano, el asesor ambiental del gobierno de Guerrero, citado previamente. El agrónomo reconoce que no hay políticas de desarrollo minero que protejan a las comunidades e impulsa un acuerdo de voluntades en el que se obligue a las empresas a cumplir un sistema de regalías, financiamiento de programas sociales, garantizar los beneficios locales tras la partida de los corporativos, prevenir el impacto ambiental, e impulsar la explotación minera comunitaria a pequeña escala porque "la cosa no es sólo decir un 'no' rotundo, y ¿luego qué hacemos? ¿seguimos sentados en un tesoro sin posibilidad de usarlo?".
De acuerdo con el portal de Vendome/Camsim, las empresas analizan las vetas de La Diana/San Javier gracias a un programa satelital. Ya adquirieron otra propiedad aledaña, San Miguel, con extensión de 2 mil hectáreas. Holdschild se mantiene en la secrecía. Y Goldcorp realiza exploraciones en el poblado de Xochipala, vecino de Carrizalillo.
Los guardianes de la Montaña convocarán a una reunión regional de reagrupamiento y evaluación este mes de abril. Se mantienen en su postura de agotar las vías legales. Pero la indignación caldea en la región. Un tlapaneco alto y bigotón advierte: "Aquí lo que queda es la organización del pueblo, la resistencia, y a palo y hacha pelear hasta las últimas consecuencias".
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Ensayo Representación de los "Doce pares de Francia" en Tierra Colorada, Guerrero (FOTO: Luis Cortés)

Desapareciendo El Cerro Bermejal de Carrizalillo era el más alto de la zona pero cada vez está más chaparro por la exploración de una minera extranjera (FOTO: Luis Cortés)

Tradición En la escenificación los cristianos vencen a los moros. Al fondo de los actores se aprecia el Cerro Luna, lugar que podría desaparecer con la entrada de una minera inglesa (FOTO: Luis Cortés)
Lucha incansable El drama de Tierra Colorada se multiplica en México y Latinoamérica: poblaciones rurales e indígenas luchan contra multinacionales mineras y gobiernos en defensa de sus territorios (FOTO: Luis Cortés)
Preparados La policía comunitaria de Santa Cruz del Rincón, uno de los 75 lugares de la Montaña de Guerrero resguardados por sus propios pobladores, uniformados y armados (FOTO: Luis Cortés)

El nuevo paisaje Patios de lixiviados donde se disuelve el oro con agua y cianuro. Ante esto, Valeriano Celso Solís (derecha), el líder más emblemático de Carrizalillo, sigue luchando contra las mineras (FOTO: Luis Cortés)

Desapareciendo El Cerro Bermejal de Carrizalillo era el más alto de la zona pero cada vez está más chaparro por la exploración de una minera extranjera (FOTO: Luis Cortés)

Riqueza natural Los alrededores del Cerro Borracho están llenos de minerales que pretenden ser extraídos por una empresa canadiense (FOTO: Luis Cortés)

Fuente: Chacatorex

martes, 27 de diciembre de 2011

Argentina: Obispos Romanos Patagónicos contra la minería



27 de diciembre, 2011.- “La megaminería a cielo abierto no solucionará el problema del desempleo en la Línea Sur de la provincia de Río Negro” es el encabezado del documento emitido por los departamentos de Pastoral Social de las Diócesis de Alto Valle, Viedma y San Carlos de Bariloche. Reclaman un plan de desarrollo rural. Lea el texto completo.
Los Departamentos de Pastoral Social de las Diócesis de Alto Valle; Viedma y San Carlos de Bariloche manifiestan su profunda inquietud ante las declaraciones de autoridades electas para gobernar la Provincia de Río Negro que implicarían la derogación de la ley 3981 aprobada por amplia mayoría por la legislatura en julio del año 2005 por la cual se prohibía en el territorio de la provincia la utilización de cianuro y/o mercurio en el proceso de extracción, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos.
Esta ley fue recibida con gran beneplácito por los productores ganaderos de la Línea Sur; por varios municipios de esa zona, por vecinos, por el Parlamento Indígena y por el CODECI.
Desde hace años, los obispos patagónicos y sus equipos de Pastoral Aborigen y Social, se han manifestado recurrentemente respecto de la gran minería metálica a cielo abierto (megaminería) rechazando firmemente una política extractiva con uso de explosivos y de insumos tóxicos cuyo poder de contaminación y producción de desechos traen efectos devastadores hacia recursos como el agua, el suelo, el aire y la luz, que son bienes comunes y hacia los animales y las personas
No estamos en contra de la minería de rocas de aplicación tan cara a poblaciones de la Línea Sur, ni de la minería de Sierra Grande.
Nos preocupan:
1. El comportamiento que compañías mineras han tenido, en períodos recientes, especialmente en países pobres y/o en vías de desarrollo, dañando gravemente su biodiversidad y el equilibrio inscripto en la naturaleza, con la eliminación de bosques, la contaminación ambiental y la conversión de zonas explotadas en inmensos desiertos. Tenemos documentados muchos de estos comportamientos y no queremos que esto ocurra en nuestra Provincia.
2. Una minería que precisa el uso indiscriminado de millones de litros de agua.
El agua como un derecho humano básico y esencial, indispensable para el sostén de cualquier vida.
El agua como bien del cual están careciendo las poblaciones del interior y también las urbanas, afectando sus actividades y su misma vida.
La Línea Sur se caracteriza especialmente por los problemas de escasez de agua.
Esta escasez es sufrida, por ejemplo, por los pobladores y sus animales de El Cuy, 25 de Mayo, 9 de Julio y Valcheta.
También son conocidos los problemas con el agua potable en Jacobacci.
Adicionalmente y como producto de la actual sequía casi no tienen agua las lagunas de Carrilaufquen Grande y Chica, convertidas prácticamente en pantanos.
Hay pobladores de zonas aisladas que deben recorrer muchos kilómetros para abastecerse del agua que consumen.
En la zona de Lipetrén , donde se emplazaría el emprendimiento minero de oro a cielo abierto Calcatreu, el Consejo Federal de Inversiones , a pedido del Ente de la Región Sur , financió un estudio realizado por especialistas de la Universidad de Nacional de Buenos Aires . La conclusión del mismo fue que el caudal subterráneo era del orden de 2.500 m3/día (30 L/seg.) y que para no alterarlo no debían extraerse más de 1250 m3/día (15L/s), cuando los requerimientos del proyecto eran de 2000 m3/día. Suponiendo que reciclaran el 50 %, prácticamente no dejarían agua para otros usos y siempre necesitaría el suministro de agua fresca.
Precisamente el CODEMA cuando analizó el Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa que estaba dispuesta a explotar la mina de Calcatreu, cuestionó expresamente la parte de ese informe referida al recurso agua.
3. Una minería que afecta la salud humana y del resto de los seres vivos que son indispensables para mantener las fábricas naturales de agua, de suelo y de estabilidad ambiental.
Un Manual sobre el Impacto Ambiental de la minería, editado por el propio estado nacional para repartir en las escuelas menciona los impactos sobre la flora, fauna, suelo, agua y aire:
- sobre la flora y fauna.
“Deforestación de los suelos con la consiguiente eliminación de la vegetación (esto es más grave en los casos de mineras a cielo abierto y en las megaminerías). La deforestación no sólo afecta el hábitat de cientos de especies endémicas, sino el mantenimiento de un flujo constante de agua desde los bosques hacia los demás ecosistemas y centros urbanos. Causa una rápida y fluida escorrentía de las aguas provenientes de las precipitaciones, agravando las crecidas en los períodos de lluvia.
- sobre el suelo.
”Importantes modificaciones del relieve por excavación, desgaste de la superficie por erosión, generación de montones de residuos de roca sin valor económico que suelen formar enormes montañas”.
- sobre el agua.
”Alto consumo de agua que, generalmente, reduce la napa freática del lugar (agua subterránea), llegando a secar pozos de agua y manantiales. El agua suele terminar contaminada por el drenaje ácido de las minas. En la minería por lixiviación, contaminación del agua por movilización de metales y los productos químicos utilizados para disolver (lixiviar) los metales en cuestión del mineral que los contiene (por ejemplo ácido sulfúrico en el caso del cobre o una solución de cianuro y sodio en el caso del oro).”
- sobre el aire.
”La contaminación del aire puede producirse por el polvo que genera la actividad minera, que constituye una causa grave de enfermedad, trastornos respiratorios de las personas y asfixia de plantas y árboles. También por emanaciones de gases y vapores tóxicos (producción de dióxido de azufre por tratamiento de los metales, y de dióxido de carbono y metano)”.
4. Una minería que utilice la lixiviación con químicos tóxicos (cianuro, mercurio…) para hacer posible la recuperación de oro y plata extensamente diseminados en la superficie, triturando toneladas de piedra, dejando un pasivo ambiental de larga vida por su efecto contaminante, con su impacto destructor.
Sobre los efectos del Cianuro en minería un folleto del Consejo Asesor Productivo Minero (CASEPROM), dice lo siguiente:.
“La peligrosidad del cianuro está ligado a su concentración. En concentraciones altas provoca la muerte porque impide que las células del organismo usen el oxigeno presente en la sangre. Este proceso puede resultar en paro respiratorio y muerte””Por eso el transporte de cianuro hacia las minas se realiza en forma de cianuro de sólido” “Los mineros usan máscaras y se instalan alarmas en la áreas de la mina donde se trabaja con cianuro”” Estas precauciones son fundamentales, ya que la liberación accidental de soluciones con cianuro puede en los primeros momentos afectar la vida en las aguas dulces”. “Los peces son particularmente sensibles a la presencia de cianuro en el agua: niveles superiores a 0,1 mg/litro son fatales y una concentración 20 veces menor podría interferir con su reproducción”. “Los tanques que contienen soluciones de cianuro están cubiertos o provistos de alarmas con el fin de evitar que las aves los confundan con espejos de agua”.
Por supuesto el CASEPROM minimiza estos riesgos y dice que tiene soluciones previstas para todos los eventos, pero tenemos registros de accidentes y desastres ocurridos en el mundo donde el cianuro ha estado involucrado. Sólo citaremos uno el del año 2000 en la mina de recuperación de colas – Baja Mare, en Rumania donde falló el coronamiento de la presa de colas y 100000 metros cúbicos de líquido contaminado con cianuro, contaminaron el Arroyo Somes/Szamos tributario del río Tisza, matando toneladas de peces y envenenando las fuentes de agua potable de más de 2.000.000 millones de personas en Hungría. Esto llevó a que varios países de Europa prohibieran el uso del cianuro en minería.
5. Sobre todo nos preocupa la generación de agua ácida (DAM= Drenaje Ácido de las Minas) que atenta contra muchos organismos y cuyos efectos son difíciles de contrarrestar pues desencadena un mecanismo que se amplía y prolonga en el tiempo por décadas y siglos.
Qué dice el CASEPROM sobre este tema:
“Si bien el drenaje ácido es un proceso que sucede naturalmente en ciertas áreas. Las actividades mineras en dichas zonas pueden intensificarlo debido a que aumentan la superficie de minerales expuestos al agua y al aire y, por lo tanto la cantidad de ácido sulfúrico generado”.
“En los casos de drenaje ácido natural, el ambiente está perfectamente adaptado por lo que no implica ningún daño al ecosistema”.
“En cambio, el drenaje ácido provocado por las actividades industriales o mineras puede afectar la composición química de las aguas de un área lo que plantea impactos ambientales:
-Aumento de la acidez de los suelos y las aguas superficiales.
-Presencia anormal en las aguas superficiales y subterráneas de metales pesados provenientes de las rocas afectadas por el ácido sulfúrico.
- “Alteraciones en los ecosistemas acuáticos y ribereños”.
Muchos de estos metales en altas concentraciones son extremadamente dañinos para la vida animal y humana.
Por supuesto el CASEPROM minimiza estos riesgos y dice que tiene soluciones previstas para todos los eventos, pero tenemos registros de accidentes y desastres ocurridos en el mundo donde el drenaje ácido ha estado involucrado.
6. Una minería que afectará los derechos de las comunidades aborígenes alterando su hábitat, poniendo en riesgo la base de su subsistencia centrada en la ganadería ovina y caprina, agrediendo su cultura que se caracteriza por el “respeto a la naturaleza y el amor a la madre tierra como fuente de alimento, casa común y altar del compartir humano” (Aparecida. 472)
La Constitución Nacional (art 75, inc 17) establece “su participación en la gestión referida a los recursos naturales y en los demás intereses que los afecten”. Por su parte el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, aprobado por Ley Nacional Nº 24071/1992, protege su derecho a la existencia colectiva, a la identidad cultural, a la propia institucionalidad y a la participación. En sus arts. 6.1.a, 6.2, 15.2 y concordantes, impone a los Estados el deber de consultar previamente a los pueblos indígenas siempre que se estudie, planifique o aplique cualquier medida susceptible de afectarlos directamente. Ellos han de ser protagonistas del propio futuro y del destino de los campos que utilizan. Por eso, para que puedan decidir (elegir) libre y responsablemente al ser consultados, deben ser informados exhaustivamente acerca del alcance y riesgo de la actividad minera en el ejido de su comunidad o en territorios aledaños.
7. El escaso beneficio económico que la actividad minera aportaría a la provincia (y al país), mientras la despoja de bienes naturales no renovables que se ceden como materia prima, y que luego se compran industrializados. ¿Quién asume las consecuencias del impacto ambiental y la responsabilidad de privar a las generaciones futuras de recursos que les pertenecen? Por ejemplo las mineras paga como regalía el 3 % del precio de venta neto, de costos, y se benefician si exportan por puertos patagónicos con reintegros del 5% al 13 % (ley 23018)
8. Asimismo no es significativo el aumento de ocupación laboral, directa o indirecta, generada por la actividad minera. Tanto más que dicha actividad, regida siempre por el criterio de la máxima rentabilidad, es de corta duración, estando sujeta a procedimientos rápidos (intensos), muy tecnificados (con lo cual la población local queda excluida, o limitada a las tareas de menor importancia). Las obras de infraestructuras anexas (tendido de la energía, caminos, transportes, etc.) que benefician a la población, y también a las compañías extractivas, con frecuencia las paga el Estado.
Es sobradamente conocido que este tipo de minería es capital intensiva. Por ejemplo, en Calcatreu se debería invertir 417.000 dólares para crear un puesto de trabajo durante 7 años. En cambio la construcción de viviendas sólo requiere, para igual lapso, una inversión de 41.000 dólares es decir 10 veces menos y la construcción de rutas, como la 23, unos 14000 dólares por puesto de trabajo.
Sin contar los que emplea la minería de las rocas de aplicación por ejemplo en Los Menucos.
9. Las obras de carácter social que esas empresas favorecen durante su permanencia en el lugar constituyen sólo una mínima devolución de lo mucho que se llevan, sin una mayor significación humanitaria.
No quisiéramos que el resultado conclusivo sea la aparición de pueblos fantasmas y de lugares áridos, insalubres e inhóspitos.
10. La inadecuada legislación minera y las administraciones mineras en orden a la defensa de los derechos e intereses locales. En general el Código Minero, pese a sus actualizaciones, no responde a la instrumentación jurídica que hoy en ese rubro necesitaría el País. Protege y beneficia más a las compañías mineras que a los dueños del suelo y al Estado Argentino que entregan sus bienes y corren con los riesgos que se prolongan en el tiempo.
11. La ausencia de información completa, sin recortes y desde una óptica integral, que le proporcione a la población un panorama objetivo acerca de este tipo de actividades, sus beneficios reales, sus riesgos y sus consecuencias.
Asimismo nos preocupa la falta de debate público, que implique a los funcionarios y legisladores responsables de las decisiones que se toman, lo cual torna frágil y poco fiable el sistema de representación de la población.
Observamos con inquietud que alguien pueda creer o pensar que este tipo de emprendimientos sean la salvación para las poblaciones del interior.
Desconocemos si ha habido bienestar y logros sustentables en otros lugares del país a raíz de la actividad minera. Los testimonios conocidos inducen a pensar lo contrario como es notorio en el caso de Catamarca con la mina La Alumbrera.

Proponemos:

• Fundamentalmente un Plan de Desarrollo Rural de la Región Sur de la provincia de Río Negro insertado en un Plan de Desarrollo provincial de largo plazo.
Este Plan de Desarrollo Rural debe ser elaborado y consensuado por todas las fuerzas productivas, organizaciones sociales y pobladores de la Línea Sur.
Pero para que no quede en un conjunto de buenas intenciones debe ser asumido como una prioridad política del gobierno y contar con los recursos necesarios para efectivizarse y revisarse periódicamente.
Debe incluir los aspectos productivos, sociales, educacionales, culturales, económicos respetando esencialmente el ambiente y los derechos de todos los habitantes en especial de los pueblos originarios.
No descuidando las características del medio y las aptitudes naturales de la población deben analizarse actividades que generen oportunidades de trabajo estable y duradero. Por ejemplo: el ecoturismo, la industrialización cooperativa y artesanal de la lana, la agricultura orgánica, la economía social, la reactivación del ferrocarril que daría trabajo a varios pueblos, los planes de vivienda social , la construcción de centros comunitarios , escuelas y hospitales, la construcción y mantenimiento de rutas, redes de gas, redes eléctricas, instalaciones de energía solar y eólica, etc.
Todo con el apoyo del INTA, INTI, la Universidad Nacional de Río Negro, la Universidad Nacional del Comahue y otras organizaciones de bien público.
Es decir, la gran minería a cielo abierto no va a solucionar el problema del desempleo en la Línea Sur de Río Negro y su pequeño aporte es contrarrestado por todos los impactos que hemos mencionado.
• Más información y debate público. Formación profunda en la materia de parte de las autoridades y legisladores, valorando los aportes que en distintas partes de la Provincia hacen los foros y los grupos interesados en la salvaguardia del medio ambiente y de la biodiversidad presente en nuestra Provincia.
• Una revisión total y reformulación de la legislación minera, de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y de los mecanismos de las audiencias públicas para su debate. Es la laxitud de la legislación actual, y no sólo el potencial de metales existentes, lo que hace apetecible la inversión minera en el país.
• Promover el diseño, la puesta en marcha y el funcionamiento continuo de una red de monitoreo ambiental que permita conocer la situación de los suelos, aguas, seres vivos y ecosistemas de la provincia, tanto de ambientes dedicados a la producción como de ambientes sin producción, de la cual participen como veedores ciudadanos, miembros de comunidades indígenas y organizaciones de la sociedad civil.
• Promover y sostener estudios epidemiológicos para averiguar las enfermedades y causas de muerte de las personas que permitan detectar, en cualquier lugar de la provincia, sobre todo en zonas mineras, cualquier anomalía o exceso de casos, y poder así aplicar las correcciones necesarias e incluso suspender actividades que amenazaran la salud y la vida de las personas.
• Velar, desde el gobierno, por la preservación de los modos de vida propios de las comunidades indígenas, en el respeto de su cultura, su cosmovisión y su íntima relación con la tierra. Garantizar su participación y consulta previa sobre cualquier actividad que incida sobre sus territorios.
• Formalizar el principio del agua como derecho de todo ciudadano, y por ende regular su utilización y defender las cuencas acuíferas superficiales y subterráneas, impidiendo el uso y derroche de agua dulce en emprendimientos mineros o afines.
• Promover actividades productivas que beneficien a la región, capaces de mantenerse en el tiempo, sin depredar la naturaleza. Creemos que la minería no es la única salida económica para la meseta patagónica, tanto más que es una solución no sostenible en el tiempo. Necesitamos promover actividades genuinas, legales, acordes al lugar, respetuosas del medio ambiente y de largo alcance.
• Reafirmar la vigencia de la Ley Provincial 3981 sobre la prohibición en Río Negro de actividades mineras de las características mencionadas.
• Ser inflexibles en asegurar la protección del ambiente para cualquier actividad minera posible (aún las que aparentemente no entrarían en el rubro cuestionado), en todas las etapas del proceso extractivo, desde su prospección, exploración, extracción, almacenamiento y cierre de la mina, como también en los procesos posteriores del tratamiento del mineral y el destino de los residuos.
La participación e implicación real de la población en la cuestión minera alejará el temor que los estudios de impacto ambiental abriguen vacíos técnicos o se transformen en meras formalidades.

Consideraciones ulteriores:

Creemos necesario instalar una visión ético- espiritual, de profunda raíz histórica, cultural y ancestral para acordar decisiones compartidas, de manera responsable y comunitaria, interpelando y oponiendo otro modelo distinto al provisto por el sistema donde el afán de lucro y de explotación hiere permanentemente a los recursos de nuestro planeta.
Juan Pablo II, en la Encíclica “La preocupación social de la Iglesia” (nro. 34) dice que “El carácter moral del desarrollo no puede prescindir del respeto por los seres que constituyen la naturaleza visible… en virtud de una triple toma de conciencia:
“de que no se pueden utilizar impunemente las diversas categorías de seres vivos o inanimados”. Sepamos ver la naturaleza de cada ser y su mutua conexión en un sistema ordenado que es el cosmos.
“de la limitación de los recursos naturales”. No son inagotables. No han de utilizarse con dominio absoluto pues pone en peligro su disponibilidad para las futuras generaciones.
“de las consecuencias de un cierto desarrollo sobre la calidad de vida en las zonas industrializadas”. Es cada vez mayor la contaminación ambiental con graves consecuencias para la salud del ser humano, de los animales, los vegetales y la misma naturaleza inanimada.
Río Negro, por su posicionamiento en el país y en la Patagonia, podría ser líder en la propuesta de un “desarrollo alternativo, integral y solidario, basado en una ética que incluya la responsabilidad por una ecología natural y humana, que se fundamenta en la Justicia, la solidaridad y el destino universal de los bienes, superando la lógica utilitarista e individualista, que no somete a criterios éticos los poderes económicos y tecnológicos” (Documento de Aparecida, nro. 474)
Es parte de este nuevo modelo el saber apostar por políticas públicas y participaciones ciudadanas, que difundan la cultura y promuevan la educación para garantizar el respeto, protección, conservación y restauración de la naturaleza.
El Señor creó el universo como espacio para la vida y la convivencia de todos sus hijos e hijas y nos lo dejó como signo de su bondad y de su belleza” (Aparecida. 125). El nos inspire a todos una nueva relación con toda la creación, como parte de la comunión que tenemos que tener con El y con todo ser humano.

Referencias bibliográficas:

Para elaborar este texto nos hemos basado:
  • Reflexiones Sobre la Megaminería del Obispo Virgilio D. Bressanelli-Octubre 2009.
  • “La Minería del Oro”, libro del Departamento de Pastoral Social de la Diócesis de San Carlos de Bariloche. 2005.
  • “Por un Desarrollo integral. Solidario y sustentable” de los Equipos de Pastoral Social y Pastoral Aborigen de la Diócesis de Comodoro Rivadavia, 2011.
  • “Una Tierra para Todos” , Conferencia Episcopal Argentina 2005.
  • “Recordando Desastres Mineros en el Mundo”-Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina. 2011.
  • Numerosas noticias sobre la Línea Sur aparecidas en distintos ejemplares del Diario Río Negro 2009/2010/2011.
  • “Estudio Hidrológico del Área de Lipetrén”, Consejo Federal de Inversiones Mayo 2006.
  • “Vivienda y Habitat Campesino en la Patagonia”. ICPH, julio 2010.
  • Aparecida. Documento Conclusivo mayo 2007.
  • “Danos el Agua de cada Día”: Carta Pastoral – Luis Infanti de la Mora Obispado de Aysen Chile. Abril 2008.
  • “Dinámicas Rurales. Una mirada acerca de la situación de los Pueblos de la Patagonia” – Norma Steinberg y Anaslía Kreite. Departamento de Geografía de la Universidad Nacional del Comahue.
  • “Nuevos desafios para la política Social. Tendencias en Río Negro”: José Antonio Gomiz y Hugo Villea.
  • INDEC, Censo de Población y Vivienda Argentina, resultados provisorios 2010 y Censo 2001.
Departamentos de Pastoral Social de las Diócesis de Alto Valle, Viedma y San Carlos de Bariloche
Viedma, diciembre de 2011
Tomado de Bariloche2000

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Fuente: Servindi