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miércoles, 20 de marzo de 2013

Desaparición de Pueblos Indígenas en Colombia: no es un riesgo, es una realidad.


Por Santiago Martínez Holguín*

El día 14 de marzo de 2013 se realizó la Audiencia sobre la situación de los pueblos indígenas en Colombia en sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La representante de la ONIC, Patricia Tobón, actuando en la calidad de peticionaria, evidenció ante la Comisión la situación que en la actualidad atraviesan los pueblos indígenas en Colombia.

En su intervención, se refirió a la grave situación en que se encuentran no solo los 35 pueblos que la Corte Constitucional en el Auto 004 declaró en riesgo de extinción física y cultural, sino adicionalmente otros 30 pueblos indígenas que están al borde de desaparecer.

La peticionaria fue clara en enfatizar que estos 30 pueblos no gozan de la protección jurídica que brinda el Auto 004, es decir, que no dispondrían de herramientas como los planes de salvaguarda, que buscan la pervivencia de estas comunidades.

El Gobierno en todo caso presenta cifras y estadísticas que evidencian la inversión del Estado en un sin numero de programas con resultados, que en la realidad son irrisorios, y no han alcanzado una verdadera protección de los derechos de los pueblos indígenas.

Respecto de este punto, Patricia Tobón afirma que CODHES, en seguimiento de los Autos 004 y 173, ha demostrado que el Estado colombiano ha reportado millones de pesos en inversión, pero que no existen avances en materia de protección a los pueblos indígenas, “la mayoría de la inversión se queda en la burocracia de la clase política de los contratos”.

Es aun más preocupante oír a la representante de la ONIC, cuando afirma que estas dificultades se presentan en su gran mayoría por intereses económicos, que obedecen a las necesidades del mercado y la presión de las industrias extractivistas al Gobierno, para que este les otorgue mas libertad –de la que ya gozan- en la explotación de recursos naturales, que en su gran mayoría se encuentran en territorios habitados por estas comunidades.

Esta situación de riesgo se intensifica cuando existe todo un accionar militar tanto legal como ilegal en estos territorios, ahondado con la celeridad en el otorgamiento de títulos mineros que han producido no solo desplazamiento y homicidios, sino que además deja a ciertas comunidades al borde de la extinción.

El gobierno a través del Viceministro para la Participación e Igualdad de derechos del Ministerio del Interior, Aníbal Fernández de Soto, evidenció que solo se ha podido adelantar 17 planes de salvaguarda, de 35 que obligó la Corte Constitucional.

Esto se agrava con las denuncias de la ONIC, que demuestran que en la mesa permanente de concertación, se han producido 160 acuerdos con el Gobierno, de los cuales no hay ningún avance significativo, quedando todo en el papel.

Todo lo anterior evidencia la situación actual de estos pueblos indígenas que están ad portas de desaparecer, debido a los intereses económicos de ciertos sectores, que han generado condiciones tan desfavorables para estas comunidades, que se requiere acudir a escenarios internacionales, para evidenciar una realidad que muchos colombianos han decidido no escuchar ni ver, pero que afecta gravemente a nuestro país.

Esto es solo un tema critico alrededor de estas poblaciones, que durante siglos de colonia y conquista, ven la desaparición cultural y física como una realidad cercana, ante los ojos indiferentes de la sociedad colombiana.

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*Santiago Martínez Holguín pertenece a Hemera Consultores SAS.
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Fuente: Servindi

miércoles, 6 de marzo de 2013

Brasil: Indígenas hacen justicia forestal por mano propia.


Integrantes del pueblo pukobjê-gavião en su tierra indígena Governador. / Credit:Gilderlan Rodrigues – Cortesía CIMI
Por Fabíola Ortiz*
- El choque entre taladores e indígenas amazónicos de Brasil que capturaron un cargamento de madera ilegal puede escalar. Los nativos aseguran que ya tiene precio la cabeza de uno de sus líderes.
IPS, 6 de marzo, 2013.- Una comunidad indígena de Brasil decidió hacer cumplir la ley por su propia mano al enfrentar a taladores ilegales que penetran en sus tierras en busca de valiosas maderas.
Una nueva modalidad de tala se concentra en tierras indígenas, ricas en especies madereras y cuya población se vuelve blanco de madereros ilegales que apelan tanto al soborno como a la amenaza.
El episodio más reciente se registró a fines de enero en la tierra indígena Governador, en el sudoeste del estado de Maranhão, cerca de la ciudad de Amarante y a 900 kilómetros de la capital estadual, São Luís.
En ese rincón que marca el límite de la Amazonia oriental, nativos del pueblo pukobjê-gavião confiscaron cuatro camiones y un tractor con casi 20 metros cúbicos de troncos de ipê (Tabebuia chrysotricha), una especie de lapacho de madera excepcional, y sapucaia (árbol del género Lecythis).
“Nos cansamos de denunciar y entonces resolvimos tomar nuestras providencias. Veíamos los camiones dentro de la reserva. ¿Qué iba a pasar si no hacíamos nada?”, explicó el cacique Evandro Gavião, de la aldea Governador, una de las seis tribus pukobjê-gavião de esa tierra indígena.
El joven líder de 24 años dialogó por teléfono con Tierramérica mientras se encontraba reunido con jefes de otras aldeas para discutir un plan de monitoreo y protección de la reserva.
Según Gavião, la comunidad había denunciado en 2009 la tala en sus tierras, que abarcan un área de transición entre la Amazonia y el bioma Cerrado (sabana) y, por eso, son ricas en especies como el ipê y la sapucaia, la aroeira (Schinus terebinthifolius), la copaíba (Copaifera sp.), y la cerejeira (género Amburana).
“Pero los árboles se están acabando”, se lamentó Gavião.
Según el capítulo brasileño del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), la extracción ilegal de madera está íntimamente ligada a la construcción de carreteras y a los movimientos migratorios. El acceso vial facilita el ingreso al bosque.
Entre septiembre y noviembre de 2012, Interpol arrestó a 200 personas en 12 países de América Latina, en la primera operación internacional contra la tala y el comercio ilegal de madera. El operativo tuvo lugar en Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú y Venezuela, y se confiscaron 50.000 metros cúbicos de madera por valor de ocho millones de dólares.
En la tierra indígena de Governador, sus habitantes reclaman la presencia de la Fundación Nacional del Indio, del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de la Policía Federal para garantizar la seguridad de unas 1.000 personas distribuidas en las seis aldeas.
“Lo que hicimos fue peligroso, pero fue la única forma de llamar la atención de los órganos responsables”, dijo Gavião.
Desde la confiscación de los camiones, el retiro ilegal de madera no cesó, sino que cambió de ruta.
“La sensación es que puede empeorar y que las amenazas que sufrimos continuarán… Sabemos que ya están negociando la cabeza del cacique de la aldea Nova en 30.000 reales (más de 15.000 dólares) para matarlo. Pero el pueblo gavião no va a parar”, advirtió el cacique.
Los indígenas atribuyen el aumento de amenazas y presiones a la redefinición de los límites de la reserva. La tierra indígena Governador está en proceso de una nueva demarcación desde 1999, tras ser homologada en 1980.
Los límites de usufructo tradicional de los indígenas no se respetaron, y estos necesitaban salir de su territorio para acceder a recursos naturales para alimentarse y cumplir con sus rituales, explicó a Tierramérica Rosimeire Diniz, del católico Consejo Indigenista Misionero (CIMI) de Maranhão.
Partes del territorio antes utilizado por los pukobjê-gavião quedaron fuera de la demarcación y fueron ocupadas por hacendados. Durante años, los indígenas tuvieron “una relación más o menos amistosa” con esos ganaderos, pero cuando pidieron una revisión de los límites, los conflictos y la violencia se exacerbaron, describió Diniz.
La tierra indígena Governador tiene 42.000 hectáreas y la nueva demarcación podría ampliarla hasta 80.000. Según Evandro Gavião, el área actual no es “suficiente” pues la determinó el régimen militar de la época “a las apuradas”.
“Los lugares donde nuestros antepasados pescaban y cazaban están fuera de la tierra indígena. No consultaron a los indígenas para saber dónde pescaban, dónde cazaban, dónde cosechaban. Por eso pedimos la revisión. Estamos al tanto de que puede llevar mucho tiempo, pero tenemos una responsabilidad con nuestro pueblo. Por eso estamos luchando”, explicó.
Al menos desde la década de 1980 se desarrolla la tala ilegal en tierras originarias, pero antes se daba sin conocimiento de sus habitantes.
“Ahora es mucho más visible. A través del soborno, los madereros transfieren la autoría del delito ambiental a los indígenas. La situación era insostenible, los nativos resolvieron llevar a cabo una acción para protegerse. La tala era tan visible que los camiones pasaban por dentro de las aldeas”, señaló Diniz.
Fábio Teixeira, delegado de la Policía Federal de la ciudad de Imperatriz, la segunda más grande de Maranhão y a unos 100 kilómetros de Governador, dijo a Tierramérica que, a lo largo de los años, los taladores migraron hacia esa parte de la reserva y actualmente existen allí al menos siete grandes aserraderos.
“Deforestación hubo siempre, pero era puntual. Después de una gran operación de combate en otras localidades, muchos madereros se mudaron hacia Governador”, señaló.
Teixeira también admitió que la situación es “muy conflictiva” entre los indígenas y los hacendados y madereros que se están uniendo contra ellos.
Teixeira relató que en el incidente de los camiones, la propia población del pequeño municipio de Amarante, situado apenas a 20 minutos de automóvil de Governador, hizo una barricada con fuego y piedras en la carretera para bloquear el acceso de los indígenas a la ciudad, y la seguridad se reforzó con 20 agentes federales y 30 policías militares.
“No sabía que la ciudad estaba tan comprometida con la explotación ilegal”, reconoció el policía. “Su economía se sustenta en la madera y la actividad pecuaria. El propio poder municipal está implicado. No puedo dar detalles sobre nuestras operaciones, pero se intensificará la fiscalización”, aseguró.
Para Teixeira, la acción de los indígenas fue “un acto de desesperación” que pudo terminar en “un baño de sangre”. A partir de entonces, “los orientamos para que registren con fotos lo que vean como acciones ilegales dentro de la reserva, pues servirán como material de investigación”, aseguró.
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* Este artículo fue publicado originalmente el 2 de marzo por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
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Fuente: Inter Press Service (IPS): http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=102455
Importante: Esta nota ha sido reproducida previo acuerdo con la agencia de noticias IPS. En este sentido está prohibida su reproducción salvo acuerdo directo con la agencia IPS. Para este efecto dirigirse a: ventas@ipslatam.net

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Fuente: Servindi

sábado, 29 de diciembre de 2012

Guatemala: A 16 años de los acuerdos de paz, ¿cuáles son sus avances?


Por Ollantay Itzamná*
29 de diciembre, 2012.- Hace 16 años atrás, el 29 de diciembre de 1996, luego de más de tres décadas de dolorosa guerra interna, se suscribía los “Acuerdos de Paz”, entre el Estado/ejército y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), como “una solución política al enfrentamiento armado…, para superar las causas de dicho enfrentamiento y sentar las bases de un nuevo desarrollo”.Aquel promisorio Acuerdo generó exorbitantes expectativas en la comunidad internacional que impotente observó el asesinato de cerca de 250 mil guatemaltecos/as, cientos de miles de desplazados, y comunidades mayas completamente arrasadas por la política de “limpieza étnica”. Las y los guatemaltecos directa o indirectamente involucrados en el enfrentamiento armado asumieron dichos Acuerdos de Paz con diferentes ánimos, víctimas, en su gran mayoría, de la propaganda mediática político militar emprendido por el Ejército que criminalizaba a los cuatro grupos guerrilleros alzados en armas.
A 16 años de aquel Acuerdo de Paz, que en teoría finalizaría el derramamiento de sangre en Guatemala, ahora, cada 84 minutos se sigue asesinando a bala a un o una guatemalteca en algún rincón del país (un promedio de 17 asesinatos por día). Esto, sin contar las muertes por desnutrición o a falta de asistencia médica. Durante los 36 años de guerra interna se asesinaron un promedio de 19 guatemaltecas/os por día.

¿Cuáles fueron las causas que obligaron a guatemaltecos/as, indígenas y campesinos en su gran mayoría, a tomar las armas?

El prometido desarrollo que jamás llegaba. Por cerca de siglo y medio se prometió progreso y desarrollo que jamás llegaba para las grandes mayorías. Incluso la Revolución Liberal afianzó y legalizó el despojo de las tierras comunales indígenas. Para 1960, más del 50% de la población guatemalteca sobrevivía sin derechos a tener derechos: analfabetos, desnutridos, sin servicios básicos, aislados y sin caminos. Prácticamente subsistían como indeseados entenados para un Estado que jamás los asumió como ciudadanos plenos, sino como una incómoda carga.
Sistemático y violento despojo de las tierras. Las cuatro fuerzas insurgentes estaban conformadas, en su gran mayoría, por campesinos e indígenas indignados por el descarado robo, no sólo de sus tierras, sino también de sus fuerzas de trabajo. Si la Colonia pre republicana estuvo asentada en el despojo y en el trabajo servil de los originarios, la República fue aún mucho más brutal con campesinos e indígenas, porque, ahora, los herederos de la Colonia. “ley en mano”, se apropiaron de las tierras, utilizando al Estado nación como su policía privada.
De este modo, el Estado “independiente” se convirtió en el instrumento más eficaz para despojar, explotar (sin eliminar), criminalizar y empobrecer con “soberanía” a las grandes mayorías del país.
Permanente y violenta depredación de la democracia participativa. Todos los intentos de la democratización integral de Guatemala fueron violentamente interrumpidos por la intervención norteamericana, con la colaboración de la obtusa oligarquía nacional. El ejemplo más patético fue la depredación violenta de los intentos de la democratización de la tierra que impulsó el proceso revolucionario de 1945 al 1954.
El Gobierno de los EEUU implantó en América Latina la Doctrina de Seguridad para acelerar la ocupación de las tierras, y demás bienes naturales, por empresarios norteamericanos y aliados. Recurrió sistemáticamente a las dictaduras militares y masacres para aniquilar cualquier intento de consolidación de la democracia participativa (a esta democracia denominaban comunismo los capitalistas), y el fortalecimiento de estados dignos y soberanos en Latinoamérica.
De esta manera, la rústica y obnubilada oligarquía nacional, y los diferentes gobiernos norteamericanos, empujaron a campesinos, indígenas, obreros e intelectuales conscientes a la clandestinidad. Y en las montañas los persiguieron, los torturaron y masacraron. Familias y comunidades enteras fueron asesinados por los militares para aleccionar y escarmentar a los sobrevivientes del hambre para que nunca más desobedeciesen a los patrones.

¿Qué contenían los Acuerdos de Paz firmados en 1996, y qué fue lo que se cumplió?

“La paz firme y duradera” se lograría con los siguientes acuerdos:
Retorno de los exiliados. El Estado se comprometió a asegurar el retorno y reasentamiento seguro y digno de los desplazados por la guerra. Además, se comprometió a garantizar el esclarecimiento de la violación de los derechos humanos durante el conflicto armado.
A 16 años de aquella firma, los desplazados volvieron, pero, al ver que el Estado militar durante la guerra había repartido sus tierras a los nuevos patrones, se vieron obligados a migrar a las ciudades para sobremorir en la miseria y el hacinamiento. Más de un millón de guatemaltecos, luego del Acuerdo de Paz, fueron expulsados como “mojados” para los EEUU, y desde allí envían jugosas remesas, con sabor a esclavitud, para financiar al Estado que los expulsó. En cuanto a la investigación, pues, los militares inmunes mandaron a matar a muchos/s defensoras de derechos humanos que se atrevieron a investigar y a decir que “el 93% de las violaciones de derechos fue de responsabilidad del Ejército”.
Desarrollo socioeconómico para el bien común. “La paz firme y duradera debe cimentarse sobre un desarrollo socioeconómico participativo orientado al bien común…” “Lograr la justicia social y crecimiento económico con la participación efectiva de ciudadanos/as de todos los sectores… elevar la recaudación tributaria y priorizar el gasto público hacia la inversión social”, eran algunas de las promesas.
Desde la perspectiva de los excluidos, y sobrevivientes de la guerra, la firma de los Acuerdos de Paz, en buena medida sólo sirvió para acelerar y afianzar el sistema neoliberal recargado en Guatemala, impuesto después de dicho Acuerdo.
En estos 16 años, las magnitudes de las desigualdades socioeconómicas recrudecieron a niveles jamás antes vistas, a favor de los ricos. Casi la totalidad de los bienes comunes (naturales, empresariales y de servicio) fueron transferidos a  manos de los mega latifundistas de Guatemala.
Las y los empobrecidos, en la actualidad, bordean casi el 70% del total de la población, con la diferencia de que antes de los Acuerdos de Paz por lo menos había tierras para alquilar y hacer la milpa (cultivar maíz), playas y ríos para pescar. Ahora, los patrones no sólo acaparan las tierras, sino que ocupan playas, matan ríos, lagos y montañas. Lejos de elevar la recaudación tributaria, Guatemala se convirtió en un territorio de “zona franca” en la que la “inversión privada” está exenta de pagar impuestos como un estímulo para invertir, dejando para el país secuelas de sobre explotación laboral y masacre ambiental.
Redistribución de la tierra. “El Estado y los sectores organizados de la sociedad deben aunar esfuerzos para la resolución de la problemática agraria y el desarrollo rural…”, decía el Acuerdo. Pero, la Ley del Desarrollo Rural Integral sólo quedó en una promesa electoral incumplida por los diferentes gobiernos. Los mega latifundistas aglutinados en el CACIF (Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras) que manejan al Estado guatemalteco como su finca privada, lograron subordinar a sus intereses a todos los gobiernos y congresistas. Campesinos e indígenas post Acuerdos de Paz sostienen que “en Guatemala es mejor haber nacido como palma africana o caña de azúcar, porque estos monocultivos tienen tierra, agua y vida legalmente aseguradas”.
En la actualidad, más del 80% de las tierras de cultivo se encuentran en manos del 2% de los latifundistas. De este total de tierras, cerca del 70% es utilizada (destruida y contaminada) para el monocultivo de palma africana, caña de azúcar y el hule. En las zafras, las jornadas de trabajo no bajan de 12 y 14 horas diarias, con salarios por debajo del mínimo legalmente establecidos. A las organizaciones campesinas e indígenas movilizadas sencillamente se los expulsa de las tierras para perseguirlos, criminalizarlos, depredar a sus dirigentes, y finalmente masacrarlos delante de las cámaras fotográficas.
Lo más insólito es que estos monocultivos, depredadores de los derechos humanos, son financiados con fondos y préstamos de los países europeos que hace 16 aplaudieron la firma de los Acuerdos de Paz, pero que ahora, urgidos por las circunstancias, demandan agro combustibles para “bajarle” la temperatura a la Tierra e inyectar activos frescos a sus sistema financiero en crisis.
Derechos de los pueblos indígenas. Otro acuerdo fundamental fue el reconocimiento y el fortalecimiento de las identidades y derechos de los pueblos indígenas (mayas), xincas y garífunas. Estos pueblos, hoy, como ayer, continúan sobremuriendo en la servidumbre, tanto en el campo, como en  las ciudades, sin derecho a tener derechos, mucho menos a protestar. Si protestan, el Ejército no escatima balas para clavarles plomo como si se tratara de una política de “limpieza social”.  La propuesta de regulación de los derechos indígenas como Ley de la República no pasó de ser sólo un anteproyecto de Ley archivado.
El discurso multiculturalista del Estado post Acuerdos de Paz sólo sirvió para acopiar dinero de la “cooperación internacional” y comprar algunos dirigentes indígenas para “legitimar” la venta del país a las multinacionales”. Ni tan siquiera los idiomas indígenas fueron constitucionalizados como idiomas oficiales del país. La autodeterminación y autonomía indígena continúan siendo catalogadas como subversivos en el imaginario de los patrones políticos. La presencia indígena en el territorio guatemalteco continua siendo asumido por el Estado ladino monocultural como una desgracia y vergüenza milenaria.
Pero eso sí, el 13 B’aktún, fue comercializado y vendido por el gobierno mayafóbico como la pieza de museo maya folclórico más apetecido para los ingenuos turistas del mundo. Recuérdese que, según los indígenas sobrevivientes a la guerra interna, el Gral. Otto Pérez Molina (actual Presidente de Guatemala) es el principal responsable del crimen de “limpieza étnica” en el Triángulo Ixil, Quiché, ejecutado por el Ejército durante la guerra interna.

¿Por qué el Presidente Otto Pérez celebra el 16 aniversario de los Acuerdos de Paz?

Aprovechando la atención mundial sobre Guatemala, fruto de la folclorización del 13 B’aktún, el Presidente Otto Pérez (uno de los militares firmantes del Acuerdo de Paz) anuncia la festiva conmemoración del 16 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz. La finalidad es embaucar al mundo con que “dichos acuerdos están siendo cumplidos”, y simultáneamente liberar de la prisión a uno de los principales responsables de las masacres durante la guerra, ahora encarcelado, como es el ex presidente de Guatemala, Efraín Ríos Montt ¿Cómo podrán demostrar al mundo “la paz firme y duradera pos Acuerdo de Paz” en una Guatemala en la que se asesina a bala a 17 personas por día? ¿Qué harán para esconder el actual recrudecimiento social de las causas que empujaron al país a la guerra interna?
Además de intentar limpiar su imagen ensangrentada, los culpables, ahora impunes, sienten cargo de conciencia (en el fuero interno) por las atrocidades cometidas en contra de la humanidad. Por eso quieren celebrar con grandezas el incumplimiento de los Acuerdos de Paz. Lo triste es que muchos seudo indígenas mayas (supuestos guías espirituales y dirigentes) se prestan para este otro teatro/ritual nacional.
Así, legitimados por espectaculares ceremonias mayas quieren seguir convirtiendo el territorio y los bienes nacionales en agro combustible para el sistema. Ellos se sienten vencedores en esta lucha sangrienta, aunque su victoria anuncia la definitiva derrota de toda la humanidad, pero su limitada capacidad de compresión no les permite comprender la realidad suicida en su real magnitud.

Foto: Don Mauro Vay, Dirigente de CODECA

¿Cómo evalúa un ex integrante de la guerrilla, sobreviviente a la represión estatal/militar, los resultados del Acuerdo de Paz?

Don Mauro Vay Gonon, de 58 años de edad, campesino indígena quiché, fundador y dirigente del movimiento Comité de Desarrollo Campesino (CODECA, en este momento, la organización campesina más numerosa en el país), en su humilde y acogedora vivienda nos dio la siguiente valoración sobre los resultados del Acuerdo de Paz firmados hace 16 años:
“Los Acuerdos de Paz sirvieron para que la gente se diera cuenta de cuáles eran los objetivos reales de la guerrilla. El Ejército, durante la guerra, tuvo la capacidad de desprestigiarnos a los guerrilleros como cubanos, barbudos extranjeros y canches (piel blanca). Pero, los Acuerdos de Paz demostró que los guerrilleros éramos guatemaltecos conscientes luchando por la reforma agraria, derechos laborales, derechos de los pueblos indígenas, reforma educativa y transformación del Estado. Eso fue lo que se peleó en la mesa de negociaciones, con el respaldo de la comunidad internacional y de la Iglesia.
La gente medianamente inteligente se dio cuenta que nosotros buscábamos soluciones a la problemática nacional, y que no habíamos sido cubanos, ni barbudos. Este tiempo sirve para que la gente se desengañe.
Lo triste fue que la población no supo, ni pudo legalizar, ni legitimar los objetivos del Acuerdo de Paz. Como pueblo no supimos manejar el contexto. Fue una oportunidad perdida para la maduración social. Muchos dirigentes de las organizaciones sociales se acomodaron al Estado y desmovilizaron a sus organizaciones.
En estos 16 años de los Acuerdos de Paz, la derecha aprovechó las circunstancias para legalizar todos sus intereses. Antes imponían sus caprichos fusil en mano, ahora, luego que entregamos las armas, el CACIF, legitimados con las leyes creadas por ellos mismos, se reparten las tierras de cultivo para sus monocultivos, criminalizando y persiguiendo a los movimientos sociales.
Esto es un error que ellos cometen, porque no se dan cuenta que con esta estrategia lo único que están logrando es que se levante nuevamente el pueblo, y allí sí que ya nadie podrá parar al pueblo. Ahora, ¿a quien está afectado los monocultivos, la política de “mano dura”, la violencia? Es a la misma gente, a la clase media y a los mismos empresarios.
Para nosotros, como movimiento social, los Acuerdos de Paz sirvieron para mitigar la persecución mortal a los dirigentes revolucionarios, aunque ahora seguimos perseguidos. Los Acuerdos de Paz están allí, engavetados, esperando el momento en que el pueblo se levante. Son herramientas que en su momento utilizaremos para implementarlos en el proceso constituyente.
Para mí, los Acuerdos de Paz sirvieron para el fortalecimiento de las organizaciones sociales. Mi frustración es que yo pensé que esos acuerdos se implementarían en un plazo más corto, pero algunos dirigentes de las organizaciones como Comité de Unidad Campesina (CUC), Coordinadora Nacional Indígena Campesina (CONIC) y Coordinadora Nacional de Pequeños Productores (CONAMPRO) se acomodaron, y no logramos tomar el poder a corto plazo.
Como fundador de CODECA veo que como organización tenemos que levantar al pueblo y refundar Guatemala. En eso estamos. Llevará su tiempo, pero llegará el momento.”
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*Ollantay Itzamná, indígena quechua. Acompaña a las organizaciones indígenas y sociales en la zona maya. Conoció el castellano a los diez años, cuando conoció la escuela, la carretera, la rueda, etc. Escribe desde hace 10 años no por dinero, sino a cambio de que sus reflexiones que son los aportes de muchos y muchas sin derecho a escribir “Solo nos dejen decir nuestra verdad”

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Fuente: Servindi

sábado, 17 de noviembre de 2012

FIMI publica informe sobre violencia estructural hacia mujeres indígenas.


El Foro Internacional de Mujeres Indígenas (FIMI) publicó el artículo: “Inequidades: manifestación de violencia estructural hacia las mujeres indígenas” en el cual reflexiona sobre la violencia estructural manifestada en la desigualdad de acceso a los servicios básicos, así como a las experiencias de discriminación experimentadas por las mujeres indígenas.
Las mujeres indígenas se encuentran en un contexto de colonización y militarización, racismo y exclusión social, políticas económicas y de “desarrollo” que aumentan la condición de pobreza señala el FIMI.
Desde tal perspectiva el FIMI promueve que sean las propias mujeres indígenas las que analicen cómo enfrentan la violencia desde la intersección de tres ámbitos interrelacionados: los derechos humanos, los derechos de los pueblos indígenas y los derechos humanos de las mujeres.
Desde el surgimiento del FIMI, el tema de la violencia contra las mujeres indígenas se posicionó como uno de los ejes de trabajo,  investigación e incidencia, siendo una problemática donde claramente se entrecruzan las desigualdades de género y de pertenencia étnica. El documento se plantea la construcción del análisis de la violencia desde la perspectiva de las propias mujeres indígenas.
Considera que toda acción de violencia transgrede directamente los derechos individuales de las mujeres indígenas pero también los derechos colectivos de los pueblos indígenas, primordialmente el derecho a la libre determinación y al consentimiento previo, libre e informado.
El Foro Internacional de Mujeres Indígenas (FIMI) es una red de mujeres indígenas líderes articulada a redes de organizaciones nacionales y regionales de Asia, África y América.
Su misión es reunir a mujeres indígenas activistas, líderes y promotoras de derechos humanos de diversas partes del mundo para articular sus agendas, fortalecer la unidad, desarrollar sus capacidades de liderazgo, y así avanzar en la garantía de los derechos humanos de las mujeres.
El artículo en mención de trece páginas, en formato PDF, puede ser descargado libremente desde la siguiente dirección:

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Fuente: Servindi

sábado, 3 de noviembre de 2012

Indígenas guatemaltecas convertidas en esclavas de militares.



Mujeres mayas q’eqchi’ vieron cómo militares torturaron y asesinaron a sus maridos. Luego fueron sometidas para servir como cocineras y afanadoras. A diario, las víctimas eran violadas sexualmente hasta por cinco soldados. Los hechos ocurrieron en las comunidades indígenas de Guatemala durante la guerra con la que los kaibiles exterminaron a la guerrilla.

Danilo Valladares/IPS
Contralínea 31/10/2012

Guatemala, Guatemala. “En el destacamento tenían cuartos donde nos violaban; a veces eran tres, cuatro o cinco soldados”, relata ante la justicia guatemalteca Rosa Pérez*, una de las mujeres que fueron esclavizadas sexual y laboralmente por las Fuerzas Armadas guatemaltecas durante la represión a la guerrilla izquierdista.

Con el rostro cubierto y apoyada por una traductora y una sicóloga, esta indígena maya q’eqchi’ dice, entre lágrimas, cómo efectivos del Ejército secuestraron a su esposo y a ella la convirtieron en esclava sexual y laboral del destacamento militar Sepur Zarco, situado en el municipio El Estor, en el Nororiental departamento de Izabal.

La declaración de esta mujer se concretó en la audiencia preliminar –que celebrara en la última semana de septiembre un tribunal de la capital de Guatemala– junto a otras 14 indígenas víctimas de esclavitud sexual y laboral entre 1982 y 1986, causas por las que están acusados 37 agentes militares.

“Se van al destacamento. Se necesita que se les lave la ropa, se les cocine el frijol y se les haga el café a los soldados”, les ordenó el comisionado militar Miguel Ángel Caal a Pérez y a otras mujeres, sin que imaginaran entonces los vejámenes que sufrirían durante meses dentro del cuartel, relata la testigo.

“Me decían que si no me dejaba me iban a matar y me ponían una pistola en el pecho”. Mientras, era sometida por varios militares después de lavarles la ropa, prepararles y servirles sus alimentos desde las seis de la mañana, añade.

“Una vez me armé de valor y me fui a quejar con el teniente y él me dijo que tal vez yo los había acostumbrado así”, narra Pérez, quien sufrió un aborto espontáneo a raíz de los constantes abusos sexuales de los que fue víctima.

También señala que antes de ser conducida al destacamento militar, los soldados habían secuestrado a su esposo, con quien tuvo tres hijos y del cual no supo nada hasta que aparecieron sus restos mortales.

En el conflicto armado interno en Guatemala, de 1960 a 1966, fueron detenidas y desaparecidas 45 mil personas y murieron unas 250 mil; muchas enterradas sin identificar en cementerios, fosas clandestinas y cuarteles, según la independiente Comisión para el Esclarecimiento Histórico.

Ese cuerpo especial señala, además, que la mayoría de los asesinados eran indígenas, que una de cada cuatro víctimas de violaciones a los derechos humanos era mujer y que el Ejército fue el responsable de más del 90 por ciento de esos crímenes.
El hambre mata en la montaña

Uno de los testimonios más desgarradores en la audiencia judicial de aquella semana fue el de Juana Morales, quien relata cómo huyó a la montaña en 1982 junto a sus tres hijos desde San Marcos, una comunidad situada entre Izabal y el vecino departamento de Alta Verapaz. 

Morales dijo que a su casa llegaron varios militares a secuestrar a su esposo, cuyo paradero aún desconoce, y luego comenzaron a abusar sexualmente de ella.

“Me pusieron un arma en el pecho y me tomaron por la fuerza. Fueron tres, y los demás sólo observaban. Uno de mis hijos, de cuatro años entonces, andaba conmigo y daba gritos al ver lo que me hacían”, relata.

Para intentar resguardar su vida y la de sus hijos, esta indígena q’eqchi’, como las demás declarantes, logró finalmente esconderse en la montaña próxima. “No teníamos nada que comer, ya no probábamos tortillas y mis hijos comenzaron a enfermarse” hasta morir, indica.

“Mi hija me decía que regresáramos a la casa, [porque] ahí hay huevos de las gallinas en la mesa’”, recuerda entre sollozos, mientras aclara que no lo pudo hacer. Uno a uno, sus hijos fueron muriendo de hambre en la montaña.

Tras seis años de permanecer aislada en el bosque, un día regresó a San Marcos, pero sus pertenencias y su vivienda habían desaparecido. “Tenía dos casas, pero las habían quemado. Me quedé sin nada”, asegura.

Lucía Morán, de la organización no gubernamental Mujeres Transformando el Mundo, dice a Inter Press Service (IPS) que con este caso “Guatemala está sentando un precedente histórico jurídico para la humanidad, pues nunca una corte nacional ha conocido hechos de violación y esclavitud sexual.

“La violencia sexual se ha usado como arma de guerra y no fue hasta la década de 1990 que los tribunales internacionales de lo que fue Yugoslavia y de Ruanda empezaron a hacer justicia en estos casos.”

La activista precisa que entre 1982 y 1988 no hubo enfrentamientos armados en la llamada Franja Transversal del Norte, donde se asentaban estas comunidades, pero el Ejército se instaló en el destacamento Sepur Zarco para proteger intereses económicos de grandes latifundios dedicados a la explotación de petróleo, minería y monocultivos.

“Así fue como procedieron a hacer listados para perseguir a los líderes campesinos que en ese momento procuraban la titulación supletoria de sus tierras”, una característica que comparten los hombres secuestrados y desaparecidos de estos 15 casos en proceso judicial, afirma Morán.

Otra de las víctimas que acudió al juzgado también da testimonio de cómo fue violada y sometida a servidumbre en Sepur Zarco.

“Fui abusada sexualmente por cinco soldados cada día. Estuve allí seis meses: un día sí y un día no”, relata Martha López, quien debía dejar solos a sus ocho hijos en la casa mientras acudía a la brigada.
Las “jornadas” tenían un horario de las ocho de la mañana a las cinco de la tarde.

Pero antes de todo esto, el Ejército había ido por su esposo. “En 1982, los militares llegaron a la casa y se lo llevaron, lo mataron y lo tiraron en un hoyo”, recuerda. 

Un sargento incrédulo

Mientras se suceden los testimonios, el militar Ricardo Méndez Ruiz admite que “el Ejército cometió abusos durante el conflicto”, pero “también la guerrilla”.

Por eso, “la justicia debe ser igual para todos”, añade este sargento de reservas que en 2011 querelló a 26 personas por el secuestro del que fue víctima en 1982 a manos de la guerrilla. Hoy lidera las expresiones de defensa de los militares acusados de violar los derechos humanos durante la guerra civil.

“Es evidente que los testigos que está aportando el Ministerio Público y el querellante son personas de muy escasa formación, con muy poca educación. Incluso no tienen idea de fechas exactas, lo cual da lugar a pensar en que puedan ser manipulados”, dice a IPS, refiriéndose a las mujeres que narran los crímenes que soportaron.

Méndez Ruiz ha dicho reiteradamente que el trabajo de la fiscalía está “parcializado” y que es utilizado “para buscar venganza” contra el Ejército.

En este caso, además, sostiene que el interés de las mujeres que rinden testimonio “es por dinero. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado en otras oportunidades al Estado guatemalteco a pagar resarcimientos millonarios, que estoy seguro van a dar a los bolsillos de los querellantes”, acusa el militar.

*Los nombres de las víctimas son ficticios por razones de seguridad.

Fuente: Contralínea 308 / Octubre de 2012

jueves, 4 de octubre de 2012

Convocan a V Minga Global por la Madre Tierra.


Con un llamado a formar parte de movilizaciones, debates y elaboración de propuestas sobre la necesidad de incluir la diversidad cultural y los derechos de la Madre Tierra en las discusiones sobre el desarrollo, se convocó para este 12 de octubre a la V Minga Global por la Madre Tierra.
La convocatoria fue hecha por los pueblos indígenas del Abya Yala y del mundo que sienten que el actual modelo de desarrollo vulnera los derechos humanos y colectivos de los pueblos originarios y señalan así que desde una sola visión, desde una sola cultura, no es posible hallar soluciones.
El encuentro ocurre luego de la Conferencia sobre Desarrollo Sostenible Río+20, que se celebró en junio de este año, y en vísperas de la 18 Conferencia de Partes de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 18) que se llevará a cabo en noviembre en Doha, Qatar.
Las organizaciones indígenas hace un llamado a la elaboración de propuestas en defensa de la diversidad biológica, por el ejercicio de la libre determinación para decidir su propio modelo de vida y por la construcción de un nuevo modelo civilizatorio basado en el buen vivir.
A continuación presentamos el texto completo de la convocatoria.

V Minga Global por la Madre Tierra

12 de Octubre de 2012
¡En defensa de la diversidad biológica y cultural!
¡Por libre determinación para decidir nuestro propio modelo de vida!
¡Por la construcción de un nuevo paradigma civilizatorio alternativo al neoliberalismo extractivista!

Convocatoria

Luego de la Conferencia sobre Desarrollo Sostenible Río+20 y en vísperas de la 18 Conferencia de Partes de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 18), los movimientos indígenas y sociales del mundo estamos muy claros: a los poderosos que gobiernan el mundo, las multinacionales y los países del norte, no les interesa la vida, únicamente la acumulación desmedida, el híper-consumismo para los ricos y el despojo para los pobres.
Nuestro planeta, nuestro hogar, que nos brinda los bienes naturales para la subsistencia, es para los poderosos solo un depósito de recursos que hay que explotar sin límites, aunque desde hace cuarenta años científicos y académicos vengan advirtiendo que el capitalismo es insostenible.
Nuestro planeta es uno solo, es el hogar de todos, pero es múltiple, es diverso. Desde una sola visión, desde una sola cultura, no es posible hallar soluciones. Y menos desde una civilización construida para la conquista, el saqueo, la depredación y la acumulación. Que vulnera día a día los derechos humanos y colectivos para saciar su ambición ilimitada. Que antepone el capital sobre la vida.
Por eso los pueblos indígenas del Abya Yala y del mundo planteamos incorporar la diversidad cultural como eje de toda discusión sobre el desarrollo, junto con el reconocimiento de todos los modelos económicos y el reconocimiento de los derechos de la Madre Tierra.
Desde el Abya Yala, un continente que alberga la mayor diversidad biológica y cultural del planeta, llamamos a los movimientos indígenas y sociales de todo el mundo a movilizarse, debatir y construir propuestas el 12 de octubre en la Minga Global por la Madre Tierra, en defensa de la diversidad biológica y cultural, por el ejercicio de la libre determinación para decidir nuestro propio modelo de vida, por la construcción de un nuevo paradigma civilizatorio basado en el buen vivir y el reconocimiento de los derechos de la Madre Tierra.
El 12 de octubre, en la V Minga Global por la Madre Tierra, en cada rincón del planeta levantaremos nuestras voces y uniremos nuestras manos en defensa de la diversidad biológica y cultural, por los derechos de la Madre Tierra, por el pleno ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, contra la imposición de las actividades extractivas. Por la construcción colectiva de un nuevo paradigma civilizatorio basado en el  Buen Vivir.
Abya Yala, septiembre de 2012.
Adhesiones a:
Facebook: coordinadoracaoi
Twitter:@coordinadoracao

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Fuente: Servindi

miércoles, 29 de agosto de 2012

América: Jóvenes rechazan violencia contra indígenas en Chile y Colombia.


Durante un encuentro en Lima del 18 al 20 de agosto, jóvenes Indígenas de quince países de Sudamérica, Centroamérica y México se pronunciaron contra la violencia que enfrentan sus pares mapuche de Chile y a los afectados por la guerrilla en Colombia.
Por ello es que instaron al gobierno de Chile a promulgar una Ley de Protección Integral de Derechos de la Niñez y que esta se ajuste a los principios de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Señalaron además que en países como Colombia la militarización y el narcotráfico han generando el desplazamiento forzado de los pueblos indígenas, así como casos de homicidio y violación de niñas y adolescentes indígenas.
El encuentro “Construyendo Nuestro Plan Estratégico para la Articulación en América Latina” se celebró para construir las bases de una articulación de los jóvenes indígenas latinoamericanos.
Asimismo expresaron “preocupación ante los efectos que vienen ocasionando la presencia de empresas extractivas en territorios indígenas, así como su impacto en la vida comunitaria y el porvenir de las nuevas generaciones”.
Respecto a las políticas en salud sexual reproductiva para adolescentes y jóvenes, propusieron que tengan “enfoque intercultural y metodología apropiada a las realidades de los pueblos indígenas y que la elaboración de los proyectos y/o programas sean con participación activa e involucramiento de los adolescentes y jóvenes indígenas”.
Este proceso es impulsado por el Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas (ECMIA) y el Centro de Culturas Indígenas del Perú (CHIRAPAQ). El encuentro fue realizado gracias al apoyo del UNFPA, AECID, UNICEF y ONU Mujeres.

Otras noticias:

Fuente: Servindi

miércoles, 15 de agosto de 2012

Los choles de Tila están en la ciudad de México y exigen justicia sobre su territorio.



Llega la Caravana por la Tierra y el Territorio, encabezada por cerca de 200 choles de Tila, Chiapas, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para exigir un fallo favorable sobre la restitución de 130 hectáreas de su territorio. Este jueves se conocerá el veredicto.

Ciudad de México. Llegaron, recorrieron el centro de la ciudad de México en una marcha digna, pacífica y combativa, y se plantaron frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a un costado del palacio nacional. Son, para ser exactos, 187 hombres y 27 mujeres, todos choles del ejido de Tila, ubicado al norte de Chiapas, pueblo que reclama una decisión favorable al recurso jurídico que interpuso por el despojo de 130 hectáreas por parte del gobierno del estado.

La Caravana por la Tierra y el Territorio fue recibida en esta ciudad por diversos colectivos de La Otra Campaña, iniciativa política de la que es parte el ejido de Tila. La Red Nacional Contra la Represión, los campesinos de San Salvador Atenco, un grupo de sindicalistas de Telmex, los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), el Frente de Pueblos, entre otras organizaciones, acompañaron la marcha que partió del monumento a la Revolución al zócalo capitalino.

El jueves 2 de agosto la SCJN deberá emitir el fallo sobre el amparo 259/1982 y el incidente de ejecución de la sentencia 1302/2010. Afuera del inmueble estarán los ejidatarios esperando la resolución, en silencio, durante todo el día.

La marcha de este 1 de agosto fue encabezada por los choles llegados el día anterior en cuatro autobuses. Están cansados y cansadas de tantos kilómetros recorridos. Llevan prácticamente cuatro días casi sin dormir, pero marchan con gritos combativos, uniformidad y disciplina. Todos traen paliacate al cuello, símbolo de la resistencia de los pueblos de Chiapas, y algunos portan machetes al igual que sus compañeros de Atenco.

“Estamos aquí porque queremos que se respete la legalidad y los derechos de los pueblos indígenas. Venimos a presentar nuestra lucha, que es en defensa de la tierra que trabajamos, que vivimos y nos da de comer”, afirma uno de los ejidatarios, micrófono en mano, desde el sonido instalado en una camioneta frente a la sede máxima de impartición de justicia en México.

Simultáneamente, en Tila, marcharon seis mil ejidatarios en defensa de sus tierras. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas reportó que la movilización se llevó a cabo por las calles de la cabecera municipal y que iniciaron un plantón frente a las oficinas del comisariado ejidal para exigir la restitución de las 130 hectáreas de las cuales fueron despojados en 1980, mediante un decreto emitido por el Congreso local.

Esta lucha no es nueva, como advierten los oradores frente al palacio de justicia. “Fue un sacrificio y un desgaste económico y físico para lograr la tierra desde 1922 y hasta 1961, cuando se aprobó el plano definitivo. Nuestros antepasados nos dejaron como herencia las 2 mil 938 hectáreas de terrenos nacionales y 2 mil 466 que estimamos como tierra recuperada que nos benefició la revolución de 1910, por lo que suman un total de 5 mil 405 hectáreas”.

“La expropiación de estas tierras”, explica en entrevista con Desinformémonos uno de los integrantes de la comisión de ejidatarios, ”es parte de un proceso de implantación de proyectos, pues quieren convertir a nuestro pueblo en atractivo por sus fachadas y sus costumbres, quieren utilizar el agua y la cuevas para estos fines”.

Por eso, indica, “venimos a pedir al gobierno una respuesta favorable a la expropiación. Nuestros abuelos y padres lucharon por estas tierras y venimos a la ciudad de México a defenderlas”.

De aquí, insiste uno de los voceros, “queremos llevarnos a nuestro pueblo una resolución favorable. Si así se diera pensaremos que si hay justicia para los pueblos. Si se da una resolución negativa la asamblea decidirá las acciones siguientes”.

A la Suprema Corte de Justicia llegó la marcha encabezada por los principales de la comunidad, quienes encendieron cuatro velas correspondientes a cada uno de los puntos cardinales, y bailaron la danza de la pluma, tradición de la cultura chol, con los acordes de los instrumentos musicales de la región. El copal y el incienso acompañaron los rezos con los que piden que su palabra sea escuchada.

Las 130 hectáreas de las que fueron despojados no son poca cosa. Ahí se impuso la zona urbana y el fundo legal, “pero esos terrenos son ejidales según la resolución presidencial correspondiente”. En la zona urbana “hay un mercado de lujo, edificios, centros comerciales de lujo y semi lujo, hoteles, jardines y centros colectivos y el templo que es patrimonio de los choles, utilizando los derechos de terceros para propiedad privada”, señalaron desde Tila.

La resolución de este jueves será decisiva no sólo para el pueblo chol de Tila, sino para el resto de los pueblos indígenas del país que luchan contra el despojo de su territorio y de su forma de vida. En silencio, reiteran, esperarán el veredicto, y después el pueblo decidirá lo que sigue.

por Gloria Muñoz Ramírez y Jaime Quintana Guerrero





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Fuente: Chacatorex