Martín Mantxo
Ecologista
Latinoamérica es uno de los principales proveedores de recursos minerales para el metabolismo industrial mundial. Mientras algunas multinacionales obtienen grandes beneficios de esta explotación, los impactos ambientales y sociales no paran de aumentar. Pero también cada vez es más fuerte la oposición popular.
Este octubre hemos asistido a un fenómeno mediático alrededor del rescate de 33 mineros chilenos que permanecieron 70 días atrapados en una mina. No es de extrañar que un accidente así ocurra en un país que aún no ha ratificado el convenio 176 de la Organización Internacional del Trabajo sobre seguridad y salud en las minas. Antes del rescate, en Chile ya habían fallecido otros 32 mineros este mismo año, con los que el total de fallecidos en minas se eleva a 200 en toda Latinoamérica entre enero y octubre de 2010 [1].
Hoy día América Latina continúa siendo víctima de la leyenda del El Dorado y de aquella locura que empujó a los conquistadores a cometer tanta atrocidad. El continente sigue siendo origen de materias primas básicas y de buena parte de los minerales en los que se ha basado nuestro sistema económico.
Tras épocas de imperialismo, de neoliberalismo, de esporádicos intentos de nacionalización con resultados diversos… por ahora la extracción de minerales se mantiene mayoritariamente en manos extranjeras, más en concreto de grandes compañías estadounidenses, canadienses o chinas, junto a muchas europeas, y cómo no, españolas. Así se denunció y probó, por ejemplo, en el último Tribunal de los Pueblos celebrado en Madrid el pasado mayo.
Por toda Latinoamérica el pueblo se alza contra la minería, sobre todo contra la de cielo abierto, que es la que más problemas ambientales y destrucción causa. El año pasado, el Banco Mundial y la CEPAL destacaron que éste fue uno de los sectores con mayor recuperación y empuje en Latinoamérica. Como en el caso del petróleo, la crisis hace que se exploten yacimientos en espacios naturales, de difícil acceso o en malas condiciones, o con minerales de baja ley o poco concentrados.
A causa de nuestra capacidad tecnológica, del petróleo barato y sobre todo de mucha codicia y poca sensatez, se ha impuesto una forma de minería, la minería a cielo abierto –hoy por hoy la más utilizada en Latinoamérica–, que consiste en arrancar todo el terreno, horadando más y más, para luego triturar los materiales y seleccionar lo requerido. Se configuran así paisajes dantescos, con cráteres de kilómetros de diámetro.
La minería a cielo abierto, además de ser responsable de un impacto directo como el del cráter que produce haciendo desaparecer todo lo existente con anterioridad (bosques, hábitats, acuíferos, etc.), y de otros impactos indirectos relacionados con su dependencia energética, también causa contaminación por filtraciones o derrames (sobre todo en actividades asociadas a la minería de oro y plata), pues a menudo se separan los minerales con productos altamente tóxicos como mercurio y cianuro, que luego provocan graves contaminaciones y envenenamientos. Otro impacto asociado a esta minería es el gran consumo de agua para limpiar el mineral, y el gasto de energía por el gran volumen y masa de los materiales que se mueven.
Una de las minas más grandes del mundo, en Colombia, es la gran explotación de carbón de Cerrejón [2], en pleno territorio Wayúu. Ocupa una extensión de 650 kilómetros cuadrados, lo que hace que el pueblo wayúu esté totalmente condicionado por la actividad minera. En el Estado español importamos carbón colombiano para las centrales térmicas: 2,24 millones de toneladas en 2009 (casi el 17% del total importado) [3].
Nueva amenaza: la minería de frontera
Las transnacionales mineras se expanden en busca de nuevos territorios. No sólo hacia los más remotos e inhóspitos sino que también se actúa sobre otros que por legislación todavía se encontraban exentos de actividad minera. Éstos pueden ser espacios protegidos o también zonas como las fronterizas, en las que cada Estado mantiene franjas de no acceso o de seguridad junto a la frontera. En los últimos años, las grandes transnacionales mineras han conseguido que los gobiernos firmen tratados entre ellos y concedan permisos, poniendo con ello nuevas zonas en explotación. La Constitución de Perú prohíbe que se otorguen concesiones en un espacio de 50 kilómetros de la frontera, salvo que se considere de interés nacional. Entre 2002 y 2009 se emitieron 23 de estos decretos.
Quizás el caso más conocido sea el de Pascua Lama, en la frontera entre Argentina y Chile, de la canadiense Barrick Gold, una trasnacional demanda en nueve países de cuatro continentes por atentados contra el medio ambiente. Este proyecto pretende extraer oro bajo ese glacial de los Andes, amenazando un espacio declarado por UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Este junio también hubo movilizaciones en la República Dominicana contra esta compañía por otro proyecto en Cotuí. La Barrick ha conseguido un acuerdo con el Gobierno dominicano para embolsarse nada menos que el 95% de los beneficios.
El pasado 30 de septiembre se celebró en Chile, en la sede de la histórica CUT (Central Unitaria de Trabajadores), un Tribunal Ético específico contra la minería de frontera por el riesgo enorme que está suponiendo como nueva forma de extracción de recursos. Como otros tribunales de los pueblos, éste tenía como objetivo recopilar datos y poner todos estos casos en un mismo contexto, a la vez que servir de plataforma para que trascendiera una denuncia conjunta.
En las zonas limítrofes entre países, las mineras eliminan las restricciones creando territorios binacionales bajo su control. Hasta ahora se han planteado otros cuatro proyectos en la cordillera de Los Andes, amenazando los glaciares: El Pachón de Xstrata, las Flechas, Vicuña y Amos-Andrés, y en trámite está el proyecto Cerro Cuadrado, de otra empresa canadiense. Los proyectos transfronterizos entre Guatemala y El Salvador (Mina Cerro Blanco, de Goldcorp), Brasil y Bolivia (El Mutún en El Pantanal, el humedal más grande del mundo con función reguladora del clima para Bolivia, Paraguay y Brasil), o los de Perú y Ecuador (aquí las concesiones se han triplicado en 5 años), donde destacan dos casos simbólicos: la mina de oro Afrodita (canadiense) y la de cobre de Río Blanco. Entre Guatemala y México nos encontramos la mina Marlin de Montana (Goldcorp) que afecta a 18 comunidades indígenas, o la Blackfire Exploration de barita en Chiapas, donde fue asesinado el lider anti-mineroMariano Abarca.
Una oposición que no cesa
Sí, el activismo minero se castiga duramente.
Porque es un activismo de mucho nivel. Porque la actividad se multiplica como una epidemia y porque, como decimos, los impactos son drásticos y enormes los beneficios para las empresas. Pero las movilizaciones persisten pese a esa represión.
El 26 de octubre se realizó en Uspallata (Argentina) otro tribunal contra el proyecto megaminero de oro y cobre San Jorge. A mitad de noviembre (este artículo se escribe antes) se celebrará también en Andalgalá (Argentina) el 14º Encuentro Unión de Asambleas Ciudadanas por ser este lugar de resistencia de un pueblo que ha conseguido, tras batallas campales, la paralización del proyecto mega-minero Agua Rica, y que lucha contra otra existente en La Alumbrera.
En octubre se realizaron consultas en Guatemala, en Santa Cruz del Quiché y en San Miguel Uspantán. En ambos casos, como en otros antes (Huehuetenango, San Marcos y Alta Verapaz), se rechazó unánimemente la explotación minera y también las instalaciones petroleras e hidroeléctricas. En el primero participaron 87 comunidades y 186 en el segundo [4]. La consulta de San Miguel Uspantán se realizó pese a las coacciones, intentos de bloqueo por parte del mismo alcalde, y la intimidación con un gran contingente de policías antidisturbios, vuelo de aviones y helicópteros. Y eso que además de ser una práctica antigua y tradicional, la consulta está amparada por la legislación guatemalteca.
También se reunieron este octubre en Lima activistas organizados en la red CONACAMI (Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería), una de las redes más asentadas y constantes. Ahí declararon que “durante miles de años los pueblos originarios hemos protegido a la Pachamama, conscientes que es la única esperanza de vida para toda la humanidad. Es por ello que nos mantenemos firmes en nuestra decidida defensa de la Madre Tierra y todos los recursos que nos provee”, exigiendo el cese de “actividades extractivas como la minería, la explotación petrolera y otras que amenazan la existencia de la vida, y son la principal causa de contaminación en diversas partes de nuestro planeta”. En Perú la minería representa el 60% de sus exportaciones, pero, además, es el origen de la mayoría de sus conflictos sociales: según la Defensoría del Pueblo, de los 270 conflictos del pasado año, un 70% estuvo relacionado con esa industria.
En Ecuador la organización y coordinación de las afectadas por la minería continúa. El 9 de octubre se reunieron en Pallatanga (Chimborazo) convocados por el Comité de Defensa de la Vida y la Naturaleza de este cantón, representantes de comunidades, organizaciones y autoridades para continuar “la resistencia contra las transnacionales mineras a pesar de la represión, persecución y criminalización que implementa el Estado y el gobierno para proteger a las corporaciones saqueadoras de minerales”. La actividad de las grandes mineras ha sido objeto del mayor conflicto entre el gobierno de Rafael Correa y la ciudadanía ecuatoriana
Notas
Rebelion
Imágenes google
[4] www.noalamina.org/mineria-la...
Fuente: Chacatorex
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