Venezuela tiene "la dictadura más destructiva de la historia latinoamericana"

El expresidente uruguayo, Julio María Sanguinetti, calificó al gobierno venezolano como "la dictadura más destructiva de toda la historia latinoamericana".

En una entrevista publicada hoy por Infobae, el primer presidente electo democráticamente en el país tras el régimen cívico-militar del período 1973-1985 consideró que "muchos (dictadores) podrán haber sido terribles desde los puntos de vista político, de las libertades y de los derechos humanos, pero ninguno llegó a este nivel de destrucción del aparato económico y del funcionamiento de la vida normal de la sociedad".

Sanguinetti dijo que en el país caribeño "el Poder Judicial está subordinado inequívocamente, tanto como que se arrogó en favor del gobierno la facultad de sustituir al Parlamento" y cuando "se armó un gran griterío, el presidente se reunió con su Consejo de Defensa y resolvió retrotraer la decisión de la Justicia, lo cual demuestra que eran empleados suyos".

El dos veces presidente señaló que se está ante "un poder omnímodo" en el que "el Congreso (parlamento) es desconocido (...) no hay separación de poderes, no hay Estado de Derecho".

Sobre el futuro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, dijo que "va a pelear hasta el último cartucho" porque no se ve "la voluntad de conciliar". "A la altura en que han llegado las cosas, creo que Maduro está pensando en su cuello y en la soga con la cual lo podrían colgar. Su horizonte hoy es un exilio en una Cuba donde Raúl Castro va a estar hasta marzo", indicó. Esto, según Sanguinetti, se debe a que "la carga de pasión, de enfrentamiento, de ilegalidad que le ha impuesto al país le va a generar una oleada que puede ir más allá de la justicia, de la venganza".

Según el exmandatario, el diálogo entre gobierno y oposición fracasó porque "no han partido de lo esencial: ¿Usted está dispuesto a hacer elecciones? Si me dice que no, no seguimos hablando. Si me dice que sí, vamos a discutir todo: cuándo, cómo, quién vota, quién no, qué partidos sí, qué partido no, que políticos sí. Pero es evidente que el gobierno no está dispuesto a afrontar el veredicto de las urnas porque ya lo hizo por medio de la Asamblea General y tiene un Congreso con dos tercios en contra".

Fuente: Elpais.com.uy

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¿Donald Trump ‘liquidará’ la justicia ambiental?

Después de 20 años de políticas federales que no pudieron abordar adecuadamente este tipos de asuntos, la Agencia de Protección del Medioambiente, (EPA, por sus siglas en inglés) bajo la administración del Presidente Obama empezaba a avanzar en la justicia ambiental. Ahora, tras la elección del Presidente Trump y el nombramiento de Scott Pruitt como jefe de la EPA, estos avances positivos corren el riesgo de ser revertidos.

Ecoticias.com, 11 de mayo, 2017.- 

La crisis del agua en Flint fue quizás el ejemplo más destacado de las desigualdades sociales vinculadas a los asuntos ambientales. Pero no es la primera crisis... para nada. Abunda la evidencia de que las instalaciones de residuos peligrosos, las fuentes de contaminación tóxica del aire y del agua y otras molestias ambientales son más propensas a estar ubicados en comunidades pobres y de minorías, y que estas comunidades enfrentan riesgos de salud desproporcionados como resultado.

Después de 20 años de políticas federales que no pudieron abordar adecuadamente este tipos de asuntos, la Agencia de Protección del Medioambiente, (EPA, por sus siglas en inglés) bajo la administración del Presidente Obama empezaba a avanzar en la justicia ambiental. Ahora, tras la elección del Presidente Trump y el nombramiento de Scott Pruitt como jefe de la EPA, estos avances positivos corren el riesgo de ser revertidos.

¿Qué es justicia ambiental?

En su sitio web oficial, la EPA define justicia ambiental como el “ trato justo y la participación significativade todas las personas independientemente de su raza, color, origen nacional, o ingresos, con respecto al desarrollo, la aplicación, y el cumplimiento de las leyes ambientales, las regulaciones y las políticas”.

Fue en 1994 que el Presidente Clinton emitió una orden ejecutiva en la que orientó a la EPA y otras agencias federales a integrar las consideraciones de justicia ambiental en sus políticas, programas y toma de decisiones. A pesar de esta directiva presidencial, la EPA fue lenta a la hora de actuar para tomar esta cuestión y la orden ejecutiva se convirtió en poco más que una política simbólica.

En el 2015 edité un libro llamado "Promesas Incumplidas" (Failed Promises), que reunió a un equipo de científicos sociales para evaluar la política de justicia ambiental federal. Mis colegas y yo encontramos que el gobierno federal se ha quedado corto en gran parte de sus compromisos de abordar las cargas ambientales desproporcionadas en las comunidades de bajos ingresos y de minorías.

La EPA durante la administración de Obama, sin embargo, drásticamente cambió el curso. La agencia no sólo le dio prioridad a la justicia ambiental, sino que también invirtió recursos importantes para asumir el tema con seriedad verdadera y rigor.

Respaldado por los fuertes compromisos personales de la Administradora, Lisa Jackson y su sucesora, Gina McCarthy, la agencia por primera vez elaboró las directrices, los procedimientos y las herramientas necesarias para adoptar acciones concretas para corregir las desigualdades de ingresos y las desigualdades basadas en la raza en la protección del medio ambiente. Por ejemplo, la EPA diseñó una nueva herramienta de análisis y mapeo, llamada EJSCREEN, para informar las decisiones de la agencia.

La EJSCREEN proporciona información acerca de la relación entre los riesgos ambientales y los factores socioeconómicos en las comunidades locales, proporcionando a los funcionarios (y al público) con una imagen clara de las vulnerabilidades en diferentes lugares de todo el país.

En el 2011, la EPA publicó su Plan EJ 2014, que fue seguido algunos años más tarde por el Programa de Acción EJ 2020, un plan estratégico quinquenal para el avance de la justicia ambiental. Estos esfuerzos comenzaron a pagar dividendos en los años finales de la administración de Obama, como la EPA consideró más habitualmente la justicia ambiental en sus actividades. Esto también entró en juego cuando, por ejemplo, los funcionarios evaluaron los costos y beneficios de nuevas regulaciones, monitorearon los contaminantes tóxicos fuera de las refinerías y establecieron las prioridades de la aplicación federal. El registro no era perfecto.

La Oficina de Derechos Civiles del EPA no resolvió su mala gestión histórica de reclamos del Título VI que son hechas por las comunidades cuando creen que los beneficiarios de fondos federales están violando sus derechos civiles (por ejemplo, una agencia estatal otorgando un permiso para una nueva central de energía en la vecindad minoritaria ya sobrecargada). Y la agencia no intervino eficazmente mientras la crisis de contaminación de plomo se desarrolló en Flint, Michigan. Sin embargo, una evaluación justa es que la agencia había empezado a hacer algún cambio en la justicia ambiental.

¿Qué pasa ahora?

El futuro de la política de justicia ambiental de la EPA durante la administración de Trump es vulnerable a la disminución, si no a la retirada completa. Desde que tomó las riendas en la EPA, Scott Pruitt ha centrado su atención en llegar a la industria manufacturera, la agricultura, la minería y otras industrias afectadas por el reglamento de EPA, así como a iniciar la reducción de reglamentos de alto perfil, como la ley del Plan de Energía Limpia y del reglamento de las Aguas de los Estados Unidos.

Los primeros indicios son que la reducción de la política será profunda, como lo ejemplifican los severos recortes presupuestarios propuestos por la EPA. El objetivo del 31% de recorte presupuestario a la agencia global significa amenazas directas e indirectas a los esfuerzos de la justicia ambiental de EPA.

Más directamente, la administración de Trump ha propuesto eliminar la Oficina de Justicia Ambiental. Esta pequeña oficina, creada en 1992, sirve para coordinar las actividades de justicia ambiental en toda la agencia 

Más directamente, la administración de Trump ha propuesto eliminar la Oficina de Justicia Ambiental. Esta pequeña oficina, creada en 1992, sirve para coordinar las actividades de justicia ambiental en toda la agencia.

En el corto plazo, la oficina se esperaba desempeñar un papel clave en la aplicación de los objetivos del Programa de Acción del EJ 2020, incluyendo la coordinación de un alcance público más amplio para las comunidades vulnerables.

El presupuesto propuesto, si está promulgado por el Congreso, afectará también el programa de justicia ambiental de la EPA de otras maneras. Los planes de la administración de Trump para reducir los esfuerzos de ejecución mediante la reducción de recursos y personal son particularmente importantes.

La reducción de políticas en la EPA nos afectará a todos, así como a las generaciones futuras, pero son los pobres y las minorías los que están por perder más. 

Debido a que las principales fuentes de contaminación, como las plantas de energía y las refinerías de petróleo, tienden a situarse en zonas pobres y minoritarias, cualquier cambio que resulte en una aplicación poco estricta de las normas medio ambientales afectará desproporcionadamente a estas comunidades.

Por otra parte, a pesar de la insistencia de Scott Pruitt en que los gobiernos estatales tomen el relevo, hay razones para dudar que esto suceda, dadas las propias presiones presupuestarias de los estados. Al mismo tiempo, el presupuesto de Trump propone recortes a los programas de subvenciones de la EPA a los estados, lo que, a su vez, debilitarán sus capacidades de aplicación para vigilar la contaminación, llevar a cabo inspecciones o construir casos legales contra las empresas que violen las leyes ambientales.

Y, por supuesto, si la EPA reduce las regulaciones existentes que apuntan a las grandes fuentes de contaminación, son las comunidades de color y de bajos ingresos las que son propensas a lo peor. Las regulaciones diseñadas para mejorar la calidad del aire, la calidad del agua y la eliminación de sustancias peligrosas suelen beneficiar a estas comunidades en su mayoría, dado que tienden a vivir más cerca de tales riesgos de contaminación. La reducción de políticas en la EPA nos afectará a todos, así como a las generaciones futuras, pero son los pobres y las minorías los que están por perder más.

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Fuente: http://movil.ecoticias.com/eco-america/135817/iquest-Donald-Trump-liquidara-la-justicia-ambiental

Fuente: Servindi

La religión tiene su peligro

José M. Castillo, teólogo

La religión no es Dios. La religión es un conjunto de creencias y prácticas (ritos, observancias, rezos y ceremonias) que, según pensamos los creyentes, nos llevan a Dios. Por eso hay tantas personas convencidas de que, si su relación con la religión es correcta, su relación con Dios también es correcta. Y aquí es donde está el peligro que entraña la religión.

Este peligro consiste en que la religión nos puede engañar. Porque nos puede hacer pensar que estamos bien con Dios, si somos religiosos, si somos observantes de las cosas que manda la religión, defendemos sus intereses y promovemos su esplendor.

Esto es lo que explica – seguramente y entre otras cosas – por qué hay tantas personas, países y culturas, que son tan religiosas como corruptas. Es más, posiblemente no es ningún disparate afirmar que la tranquilidad de conciencia, que proporciona la religión, es (o puede ser) un factor que ayuda a que los corruptos cometan sus fechorías, pensando que ellos son religiosos y que los buenos servicios que le hacen a la Iglesia, al clero (o a la religión que sea), eso justifica sus conciencias. De forma que su fiel observancia religiosa es lo que explica por qué pueden decir que ellos tienen la “conciencia tranquila” y “las manos limpias”.

Por todo esto se comprende que los evangelios sean la hiriente y dura historia de aquel hombre de pueblo, un galileo, Jesús de Nazaret, que fue rechazado, condenado y asesinado por la religión. Porque puso al descubierto lo engañados que vivían los hombres más religiosos de su tiempo. No porque aquellos hombres fueran religiosos, sino porque su religiosidad les permitía despreciar a todo el que no pensaba como ellos. Y condenar a todo el que no hacía lo que hacían ellos.

Exactamente lo mismo que ocurre ahora con no pocos profesionales de la religión. Y con los observantes fanáticos. Los que le dan más importancia a “lo sagrado” que a “lo profano”. Hasta el extremo de pensar que, si “lo sagrado” está bien protegido y bien costeado, “lo profano” es asunto que corresponde a los poderes públicos, con los que hay que mantener buena relación, con tal que nos respeten y nos costeen lo más digno que hay en la vida: la seguridad y la dignidad de “lo sagrado”. De lo demás…, “se hará lo que se pueda”. ¿No acabamos de ver el peligro que entraña todo esto?

Al decir todo esto, no es que yo desprecie a “lo sagrado”. Lo que digo es que tan sagrado es un templo como el dolor de un enfermo, el hambre de un pobre o la vergüenza humillante del que tiene que vivir “de la caridad” de otros. Es más, si el Evangelio dice la verdad, el día del juicio final no nos van a preguntar si fuimos a visitar los templos, sino si estuvimos cerca del que sufre, ya sea por hambre, por estar enfermo, por ser extranjero o estar en la cárcel (Mt 25, 37-40).

Fuente: Redes Cristianas

Armas nucleares en Corea del Norte.

Alejandro Nadal

La amenaza de una confrontación militar en Corea se acompaña de un relato tan simple como engañoso. La narrativa más difundida es que un malintencionado régimen dictatorial en Pyongyang está decidido desde hace décadas a obtener armas nucleares. Los medios internacionales se han encargado de difundir y desarrollar las noticias sobre la irresponsabilidad de Corea del Norte. Como siempre, la historia que lleva a la crisis actual es más compleja.

Es cierto que el régimen de Pyongyang ha mantenido una postura militar belicosa como elemento de disuasión y su brazo castrense ha sido un elemento clave para perpetuar el régimen. En la actualidad tiene un poderoso ejército convencional y un programa de armamentos nucleares que incluye esfuerzos para miniaturizar bombas y el desarrollo de misiles de alcance intermedio. Éstos últimos componentes son el principal foco de atención de la administración Trump, quien vocifera con estridencia que la imprudencia de Pyongyang sólo puede detenerse con muestras de firmeza.

Sin embargo, la experiencia muestra que el proyecto nuclear de Corea del Norte pudo frenarse mediante esfuerzos diplomáticos. También enseña que los seguidores de la línea dura en Washington han entorpecido las posibilidades de un acercamiento y la normalización de relaciones.

En 1994 la administración Clinton firmó un Acuerdo marco con Pyongyang con el que Corea del Norte congelaría su incipiente proyecto nuclear a cambio de concesiones diplomáticas y económicas por parte de Estados Unidos. En particular, el acuerdo establecía que la planta nuclear de Yongbyon se cerraría y quedaría sujeta a inspecciones internacionales. Hoy se estima que sin ese acuerdo Corea del Norte tendría más de un centenar de bombas nucleares.

La implementación del acuerdo avanzó muy lentamente, pero en 2000 una delegación de Pyongyang visitó Washington y los dos países emitieron un comunicado conjunto en el que se comprometían recíprocamente a no mantener intenciones hostiles. Ese mismo año Clinton envió en visita oficial a Pyongyang a su secretaria de Estado, Madeleine Albright. Se estaba planeando una histórica visita del presidente estadunidense a Corea del Norte.

Las cosas cambiaron con la llegada de George W. Bush a Washington. La declaración sobre intenciones hostiles no fue confirmada y el Acuerdo marco fue relegado a un segundo plano. En 2002 Bush incluyó a Corea del Norte en la lista de países que formaban el eje del mal (junto con Irak e Irán). Además, Washington canceló el Acuerdo marco argumentando que Pyongyang continuaba embarcado en un programa para dotarse de armas nucleares.

La guerra en Irak y la doctrina de cambio de régimen que Bolton, Cheney y Rumsfeld promovieron convenció a los norcoreanos sobre el camino a seguir. Bolton sentenció que Pyongyang debería sacar las lecciones apropiadas de la guerra en Irak. Y, en efecto, la jerarquía norcoreana le hizo caso: la aceleración del programa nuclear sería el pilar de una política de disuasión.

En 2004 la diplomacia china convenció a Estados Unidos, Japón, Rusia y las dos Coreas para iniciar negociaciones entre las seis partes. En septiembre 2005 se llegó a un acuerdo, pero ese mismo mes el Departamento del Tesoro anunció que un banco en Macao, el Banco Delta Asia, era culpable de operaciones de lavado de dinero y lo castigó con fuertes sanciones financieras. Ese banco tenía numerosas cuentas del régimen norcoreano y la irritación en Pyongyang llevó a terminar las pláticas entre los seis y proponer negociaciones para resolver la cuestión del Banco Delta Asia. Washington rechazó la propuesta y pidió a otros países intensificar las sanciones contra Pyongyang. En 2006 Corea del Norte llevó a cabo su primera prueba nuclear.

China trató de revivir las pláticas de los seis en 2007, para llegar a un nuevo acuerdo. Sin embargo, los halcones en Washington exigieron un severo régimen de inspecciones que Pyongyang rechazó. Hoy Corea del Norte considera que sus armas nucleares no son negociables y las ha elevado a rango constitucional. Quizás el proceso nuclear en Corea del Norte hubiera tomado otro derrotero si la vía diplomática se hubiera consolidado.

Trump señaló recientemente que estaría dispuesto a reunirse con Kim Jong-un, el líder norcoreano. Es posible que la táctica del presidente estadunidense incluya hoy una especie de apertura para medir la reacción de su adversario. Pero las condiciones para tal encuentro incluyen la aceptación por parte de Pyongyang de desmantelar su programa nuclear. Esa es una condición inaceptable para Corea del Norte.

Es recomendable no olvidar que durante la guerra de Corea el bombardeo de Corea del Norte llegó a extremos inauditos. Más de 635 mil toneladas de bombas fueron lanzadas sobre su territorio (en comparación con las 503 mil toneladas usadas por Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial en todo el teatro del Pacífico). La propia fuerza aérea estadunidense reconoce que la destrucción al norte del paralelo 38 fue peor que la de Japón al terminar 1945. Nadie en Corea del Norte ha olvidado ese bombardeo.

Twitter: @anadaloficial

Fuente: jornada.unam.mx

Nos sale carísimo mantener a los ricos.

Luis I. Prádanos 

(elsalmoncontracorriente, attacmadrid,4-5-2017)

El sistema legal, económico, político y cultural dominante que sufrimos promueve los comportamientos egoístas y predatorios. Se admira a quienes con más eficacia y de manera no recíproca vampirizan y acaparan la riqueza generada por ecosistemas o el trabajo de comunidades humanas. En un planeta finito y ecológicamente degradado, la acumulación de riqueza de unas personas es siempre a costa de la desposesión de otras.

Una sociedad sostenible y saludable debería, en cambio, dotarse de mecanismos que penalicen el abuso de lo común e incentiven aquellos comportamientos que mejoren la vida de toda la comunidad y regeneren el medio ambiente del que depende todo ser vivo (humano y no humano). Hasta que no comprendamos que la prosperidad, la seguridad y la felicidad solo se consiguen mediante colaboración, confianza y reciprocidad seguiremos atribuyendo la causa de la enfermedad a sus síntomas. Pensaremos, erróneamente, que las víctimas de un sistema perverso—y no el sistema en sí que funciona aplastando a cada vez más personas en beneficio de unos pocos privilegiados—son nuestro problema.

No conviene confundirse de enemigo: lo que resulta socialmente corrosivo y peligroso es la desigualdad y la asimetría de poder, no sus víctimas (las personas más vulnerables). Los que se apropian del bien común son los ricos y poderosos, no los pobres e inmigrantes. Solo hay que recordar que un puñado de personas que caben en un bar pequeño de barrio acaparan más riqueza que el 50% de la población mundial o que el 1% de los humanos dispone de tanta riqueza como el 99% restante. Con estas cifras en mente, nadie puede argumentar que a la sociedad le sale caro mantener a las personas en riesgo de exclusión social sin que suene a distorsión malintencionada de la realidad.

El dinero público y la riqueza generada por las personas trabajadoras no está subvencionando a los pobres, sino a los ricos. Los ricos se subvencionan devorando lo público y lo común (lo generado por la sociedad y por los ecosistemas) y reproducen su capital sin necesidad de trabajar (intereses, rentas, herencias, especulación). El trabajo y la riqueza, en cambio, lo crea la sociedad, no las macro-corporaciones o la adicción estructural al crecimiento económico (mucho menos la especulación financiera); dichos actores, de hecho, generan dinámicas que precarizan o destruyen tanto el empleo de calidad como el medioambiente del que depende todo ser vivo que habite nuestro planeta (incluidos los seres humanos millonarios).

Las personas vulnerables no quitan el trabajo a nadie. Realmente, además de la creciente automatización que sustituye al trabajo humano, es la dinámica del capitalismo neoliberal la que condiciona que no florezcan empleos de calidad necesarios para la reproducción y el mantenimiento de una vida humana próspera (en agroecología, diseño sostenible y biomímesis, economía ecológica, construcción de casas pasivas, energías renovables, ecología urbana y un largo etcétera).

En lugar de dar más poder a las corporaciones y a los dueños del capital (la falacia de que desregulando y privatizando lo público y facilitando la vida a las macro-corporaciones se crea empleo) deberíamos, por el contrario, tasar intensamente los bienes inmuebles y el capital a partir de cierto umbral (pues se trata de la riqueza que se reproduce rápidamente no solo sin necesidad de contribuir al bien común, sino acaparándolo y destruyéndolo), no el trabajo (la contribución, monetarizada o no, al bien común y la sostenibilidad socioeconómica) para, de este modo, reducir la desigualdad y subvencionar con lo recaudado una disminución general de las horas semanales de trabajo con salarios mínimos más altos para acabar con el desempleo, el estrés y la explotación laboral y medioambiental.

Ahora bien, la deliberación sobre qué trabajos son necesarios para la reproducción social y cuáles son social y ecológicamente indeseables debería ser decidido por la sociedad en su conjunto, no por la dinámica, facilitada por el poder estatal, de crecimiento económico a toda costa o por las corporaciones transnacionales cuyo objetivo no coincide, en la mayoría de los casos, con el bien común.

Obviamente, si se generasen debates abiertos entre el conjunto de los habitantes de una ciudad para decidir qué empleos hay que fomentar y cómo diseñar el espacio urbano, muy poca gente defendería la necesidad de endeudar masivamente a la ciudad y buscar inversiones extranjeras millonarias para construir autopistas o aeropuertos innecesarios y obras faraónicas disfuncionales que dejan infraestructuras monstruosas carísimas de mantener, deudas eternas, corrupción urbanística y degradación ambiental (estadios olímpicos, macro-casinos, expos, rascacielos). Estos proyectos siempre subvencionan, con dinero público, una dinámica de acumulación que beneficia a los que ya son ricos y generan un espacio urbano deplorable para los demás.

La mayoría de vecinas y vecinos preferirían, sin duda, espacios públicos a escala humana para el disfrute común y cotidiano, mucho más asequibles y fáciles de mantener, y que mejoren la calidad del aire y el agua, reduzcan el ruido y el estrés, favorezcan las relaciones sociales, y no dejen una mella en las arcas públicas: parques, huertos urbanos, zonas verdes y peatonales, bibliotecas y centros sociales, etc. Espacios donde la comunidad pueda encontrarse, sin necesidad de gastar y consumir, para jugar, enamorarse, charlar, hacer ejercicio o aprender y enseñar taichí, yoga, permacultura, carpintería, reparación de electrodomésticos, etc. ¿Cuántos niños y ancianos necesitan o van a usar un estadio olímpico que cuesta millones? ¿De qué manera va a mejorar dicha construcción el día a día de la ciudad para las personas de a pie? Un parque agradable es mucho mejor para la vida cotidiana, la salud y el bienestar, cuesta muy poco si se planea bien, es positivo para el medio ambiente y cohesiona la comunidad.

No nos podemos permitir a los ricos alimentando sus excentricidades, megalomanías y porfolios financieros a costa del bienestar social y ecológico. Que no nos engañen, los que sufren las consecuencias más dolorosas de este sistema perverso no son la causa del problema, sino sus víctimas. Equivocarnos al identificar las causas de nuestro malestar tiene el contraproducente efecto de enfrentar a los oprimidos y, en consecuencia, fortalecer al opresor. Centrarnos en las causas de los problemas, y no solo en sus síntomas, es el primer paso para intentar crear un sistema socialmente deseable, económicamente estable y ecológicamente viable.

Fuente: Redes Cristianas