(PUBLICO)
El patrimonio del 0,4% de la población supera en valor el 50% del PIB, mientras las rentas bajas se desploman y 5,4 millones de contribuyentes ingresan ya menos de 6.000 euros al año.
La crisis económica ha sido, y sigue siendo, un buen terreno de negocios para una minoría mientras amplias capas de la población sufren el desgarro social derivado de la cada vez más intensa tendencia a la concentración de la riqueza: la afloración de más de 58.000 nuevos ricos en los mismos cuatro años en los que más de 1,4 millones de personas han pasado a ingresar menos de 6.000 euros anuales da fe del ritmo al que se abre la brecha social en un país que está batiendo sus propios récords de desigualdad, con las cotas de creación de riqueza y de extensión de la pobreza en niveles máximos de manera simultánea .
Los datos del Impuesto de Patrimonio revelan cómo en solo cuatro años, de
2011 a 2015, la cifra de contribuyentes españoles que poseen entre 1,5 y seis millones de euros ha pasado de 39.810 a 50.738, mientras los que superan esa cifra, equivalente a mil millones de las antiguas pesetas, lo ha hecho a un ritmo más intenso al pasar de 4.717 a 6.480.
Suman 12.691, aunque, en realidad, la nómina de millonarios que declaran su fortuna al fisco ha aumentado más. Las estadísticas de la Agencia Tributaria oscurecen ese dato con su división por tramos, aunque la propia gestión del impuesto, que grava a quienes poseen un acervo mobiliario (acciones, seguros) e inmobiliario superior a los 700.000 euros, con una exención de hasta 300.000 por la vivienda habitual, revela que la cifra de ricos que lo declaran ha crecido un 44% en esos cuatro años, en los que ha pasado de 130.216 a 188.680; es decir, 58.464 más.
Ese aumento de los ricos ha ido paralelo con una mayor concentración de la riqueza. Los 130.216 declarantes de este tributo en 2011 suponían el 0,27% de la población estatal y poseían bienes por valor de 430.668 millones que equivalían al 40,2% del PIB. Los 188.680 registrados cuatro años después son el 0,4% del censo, mientras su patrimonio conjunto de 582.612 millones ya alcanza el 53,9% del Producto Interior Bruto.
Caen las rentas bajas, repuntan las medias y altas
Y esa concentración ha sido simultánea a un corrimiento a la baja de las rentas en los estratos menos pudientes del país, los que aglutinan a los más de doce millones de contribuyentes que perciben menos de 20.000 euros al cabo del año, y que suponen dos terceras partes del total. Son los mileuristas, ya que se trata de ingresos brutos en el caso de los salariales, y los inframileuristas. El efecto es especialmente intenso entre quienes ingresan menos de 6.000 euros al año, que entre 2011 y 2015 pasaron de manera progresiva de ser cuatro millones de personas a 5,4.
Ese aumento de 1,4 millones de contribuyentes en ese tramo indica una extensión todavía mayor de los niveles de pobreza, cuyos umbrales de 2015 estaban oficialmente fijados en 8.010 euros para los hogares unipersonales y en 16.823 para los de dos adultos y dos niños, en los que, llevan años cayendo ciudadanos de los escalones de renta inmediatamente superiores al anterior: 1,3 millones de personas han desaparecido del tramo de 6.000 a 12.000 euros y 479.119 han salido del siguiente, el que va de esa cifra a los 20.000.
Esos movimientos, que se producen mientras la cifra de contribuyentes permanece estabilizada en torno a los 19,4 millones, van paralelos a una leve recuperación de las clases medias, ya que las rentas de 20.000 a 60.000 euros han pasado de llegar a 5,9 millones de personas a alcanzar a 6,25 millones (un 5% más), mientras las más elevadas, las que superan esa cota, repuntaban un 0,34% para alcanzar las 687.904.
Este cuadro indica que la concentración de la riqueza se está produciendo de una manera simultánea al desplome de las rentas bajas, en las que cada vez más gente ingresa menos dinero, y a una mejora de las medias y altas. Y pone de manifiesto, como ya hicieron hace unos meses dos organismos tan antagónicos como el Consejo Económico y Social (CES) y la Airef (Autoridad Fiscal Inependiente), la escasa efectividad del sistema redistributivo español.
Patrimonio, un tributo de ida y vuelta
El Impuesto de Patrimonio, reducido a cero en 2007, cuando la economía española y el Estado cabalgaban a lomos de una burbuja inmobiliaria a punto ya de estallar, recuperado por Rodríguez Zapatero en 2011 y mantenido por Mariano Rajoy, es un tributo que grava la tenencia de bienes muebles e inmuebles y que el Estado recauda junto con el IRPF para traspasar los fondos a las comunidades autónomas. Su recaudación, no obstante, cayó en picado con las rebajas aplicadas en la recuperación de 2011, cuando, con 739 millones, su aportación se quedó por debajo de la tercera parte de los 2.360 de 2007. Los 981.498 declarantes de entonces cayeron a 130.216, de los que 27.919 (21,4%) quedaron exentos de pagar.
Hoy, mientras comunidades como Madrid lo tienen en la práctica abolido con una cuota cero, solo tributan 163.499 de los 188.680 declarantes, mientras los otros 25.231 (13,3%) se libran de hacerlo. Y las exenciones reducen a la mitad las bases a liquidar. En algunas ocasiones se ha señalado el aumento de ricos que declaran en el Impuesto de Patrimonio como uno de los efectos de la amnistía fiscal de 2012 y el posterior goteo de bienes localizados en otros países que comenzaron a aflorar mediante el llamado “modelo 720”. Sin embargo, las cifras no cuadran: al proceso impulsado por el ministro Cristóbal Montoro se acogieron 31.500 evasores, y el aumento de contribuyentes alcanzó los 47.556 ese año, a los que se sumaron otros 4.589 en 2013. Y el crecimiento continuó en los dos siguientes, con 2.833 y 6.174.
¿Quién y qué paga?
El grueso de ese más de medio billón de propiedades de los ricos oficiales que tributan por serlo se concentra en los bienes de tipo mobiliario, con 442.447 millones de euros distribuidos entre 293.374 en acciones (50.774 en bolsa), 83.120 en sicav, 52.607en depósitos bancarios y 13.344 en deuda pública. Otros 102.565 son propiedades inmobiliarias, el 96,5 de ellas (98.705 millones) urbanas. Y el resto se reparte entre 11.309 bienes afectos a actividades económicas, 10.623 en seguros y rentas vitalicias y 1.176 en los llamados bienes suntuarios, en los que se suman 659,8 en joyas y 516,3 en obras de arte y antigüedades, mientras el capítulo de “otros” suma 14.491.
Más ricos en Catalunya, más barato en Madrid
Más de la tercera parte de los declarantes del Impuesto de Patrimonio (Navarra y País Vasco no entran en la estadística) tiene su domicilio fiscal en Catalunya, donde hay 72.716 que, con una media de 2,37 millones, suman 168.528, más de un tercio también de las propiedades. Le siguen por número la Comunitat Valenciana, con 18.509 y una media de 2,93, y Andalucía, con 15.888 y un patrimonio medio de 3,087 millones.
No obstante, es en Madrid, que aplica una cuota cero con la que en la práctica nadie paga, donde se concentran las mayores fortunas: 16.977 declarantes con un patrimonio medio de 8,54 millones que suma un total de 150.325. En 2015, los 15.790 a los que la declaración les habría salido a pagar en cualquier otra comunidad se ahorraron 796,7 millones, a 50.461 euros por cabeza.
Así, no es de extrañar que, mientras la competencia fiscal entre comunidades y los pleitos por ese motivo aumentan un año tras otro, el traslado de domicilios fiscales de potentados a Madrid sea constante: su censo aumentó en 2.092 en cuatro años.
Fosilización política, tijera legal. Un proyecto de recortes democráticos con la excusa catalana
“Que el Gobierno tenga que recurrir a herramientas como prohibiciones que afectan a derechos fundamentales, multas, imputaciones y suspensiones lo que revela no es su fuerza, sino su debilidad para imponer o negociar una solución política a un problema político”.
(Daniel Bernabé, la marea, 18-9-2017)
Cuando Rajoy compareció en rueda de prensa el pasado jueves 7 de septiembre, tras la aprobación de la ley catalana del referéndum, la situación parecía favorable para el presidente. Con el Tribunal Constitucional y el Gobierno funcionando a bloque sus palabras, de tono sereno y coartada sensata, le hicieron vencedor en la representación de la legitimidad frente a un Parlament que estaba atravesando unas sesiones confusas y atropelladas. Sin embargo, tras la multitudinaria Diada el escenario ha ido cambiando progresivamente, pasando la excepcionalidad del órgano legislador catalán al Gobierno central. “Nos van a obligar a lo que no queremos llegar”, dijo Rajoy el viernes 15 en la reunión de la directiva del PP de Cataluña, “no subestimen la fuerza de la democracia española”.
Este cambio de escenario no es más que el resultado de la postura inamovible del PP y sus socios, la de judicializar un problema político sin ofrecer ningún tipo de salida negociada a la situación, dejando el trabajo de despacho en manos de columnistas incendiarios, jueces salvapatrias y agentes del Instituto Armado. La legalidad, como es obvio, permanece a salvo, hermética al presente, mientras que la legitimidad se desliza hacia un referéndum, que aun teniendo una validez técnica simbólica, ya ha conseguido su objetivo: el de crear una crisis de Estado que sirva de contrapeso para una futura negociación. Al menos en teoría.
Como ya señalé en el artículo de hace un par de semanas, Defender el derecho a decidir en Cataluña es defender España, la cuestión catalana traspasaría sus límites geográficos llevando al resto del país debates en torno al Estado de derecho, a la naturaleza de la legalidad y los límites de la política institucionalizada. Pero también pondría de manifiesto, como así está siendo y así va a ser, el proyecto de restauración reaccionaria que la clase dirigente tiene para reformular España y barrer, definitivamente, el espíritu constituyente del periodo anterior, sus expresiones electorales y asociativas, así como el justo clima de ilegitimidad de un gobierno salpicado por la corrupción y que lo es, recordemos, gracias a un descabezamiento de la dirección, ya renacida, del PSOE. La lectura de la derecha es sencilla: la coyuntura catalana nos obligará a utilizar recortes democráticos, por lo tanto, ¿para qué quedarnos tan solo en un lugar y un momento concretos?
Ya estamos viendo los primeros resultados de tal operación. La casi segura intervención de las finanzas de la Generalitat, la amenaza de la fiscalía a los más de 700 alcaldes (de un total de 947) que van a colaborar con el referéndum, la ambigua advertencia del Constitucional a TV3 donde los límites entre información y apoyo al 1-O son poco claros y los registros de la Guardia Civil a publicaciones e imprentas sospechosas de imprimir cartelería y papeletas. El 155 planea como una guadaña sobre las espaldas de Puigdemont y Junqueras, pero sobre todo de una sociedad catalana que, si antes de este momento ya contaba con un sector notable que se declaraba independentista, favorable al derecho a decidir o simplemente dolido por lo que consideraban un reiterado menosprecio a su sentimiento nacional, ahora ve que sus miedos se convierten en certezas.
Fuera de Cataluña han sido dos, por el momento, los actos suspendidos por decisión judicial, uno en Madrid, el pasado día 12, y otro en Vitoria, el viernes 15. Este último fue interrumpido por la Policía Local de la capital vasca a instancias del juzgado tras la denuncia de Delegación del Gobierno cuando ya estaba en marcha, teniendo que abandonar la sala el público asistente y la ponente, Anna Gabriel, portavoz de la CUP, que declaró que “el derecho de libertad de expresión y de manifestación están amenazados”. El acto en Madrid, que tuvo lugar el pasado domingo en el Teatro del Barrio, iba a celebrarse en un principio en un local municipal. Esta fue una de las razones que el juez Yusty Bastarreche utilizó para obligar al consistorio madrileño a no ceder el espacio: la de que una dependendencia municipal debe servir a los intereses generales de la ciudadanía. El auto, además, interpretaba que si el referéndum había sido declarado ilegal por el Constitucional, un acto, supuestamente de apoyo al mismo, también lo era.
Podemos poner en duda la parcialidad de un juez declaradamente hostil a la alcaldía madrileña, a la que calificó de tropa de aspecto poco presentable, y al proceso soberanista catalán, ya que era firmante de un manifiesto contrario al mismo. Podemos volver a los debates circulares sobre el Estado de derecho como ente ideal. Incluso, hipotéticamente respetuosos con las leyes y contrarios a la independencia de Cataluña, mirar para otro lado considerando estas prohibiciones un mal necesario que se desprende de un conflicto mayor. O tener memoria.
El cierre del periódico Egunkaria en 2003 y la acusación a su directiva de colaboración con banda armada pasaron de puntillas por la sociedad española, incluso por la más progresista, que atemorizada de criticar la medida para no ser tachada de simpatizante de ETA, calló en su mayor parte. En 2010, la propia Audiencia Nacional absolvió a los acusados sentenciando que: “La estrecha y errónea visión según la cual todo lo que tenga que ver con el euskera y la cultura en esa lengua tiene que estar fomentado y/o controlado por ETA conduce a una errónea valoración de datos y hechos y a la inconsistencia de la imputación”. Episodios de esta índole, si el camino no se corrige, van a volver a tener lugar no solo en Cataluña sino en cualquier parte del país, independientemente de tener que ver o no con el referéndum.
El poder, si es efectivo, no requiere de recordatorios. De hecho, el poder de un Estado es más notable cuanto menos tiene que utilizar sus sistemas coactivos, bien por la connivencia de sus gobernados, bien por el temor de estos a las consecuencias. Que el Gobierno tenga que recurrir a herramientas como prohibiciones que afectan a derechos fundamentales, multas, imputaciones y suspensiones lo que revela no es su fuerza, sino su debilidad para imponer o negociar una solución política a un problema político. Y en último término no ya la debilidad de este Gobierno concreto, sino del propio Régimen que se ha mostrado incapaz de articular una solución territorial definitiva, de defender la soberanía del tan citado pueblo español frente a la Troika o de funcionar sin una corrupción generalizada que, por cierto, afecta de igual forma al ya lejano oasis catalán.
Tratar la cuestión catalana como un simple problema de legalidad, de orden público, puede tener que ver con cierta ceguera táctica (la misma que creó esta situación en parte), pero sobre todo tiene que ver con un proyecto, con un modelo político regresivo que entiende las leyes desde una visión de clase, no confesable pero desacomplejada. Una visión que sabe que las leyes, más allá de su intencional espíritu de equidad, son producto de correlaciones de fuerza, de situaciones de poder cambiante entre actores sociales con intereses contrapuestos. Claro que existen normas que parten de una necesidad cotidiana y son de un uso común y casi lógico (como el ya terco ejemplo del semáforo), como hay otras muchas que son la plasmación de un interés ideológico o una necesidad de un grupo social con poder para imponerlas. Tratar de hacer pasar este tipo de leyes por una especie de tablas sagradas grabadas por Dios en el monte Sinaí es de una arbitrariedad pasmosa.
En general, en los momentos de la mal llamada paz social, es decir, las etapas en que las clases dirigentes imponen su políticas sin una oposición firme, son precisamente las leyes más cotidianas las que se ponen en cuestión (el botellón, la limitación de velocidad o alcohol en la conducción) en debates tan desesperantes como estériles. Es en los procesos de conflicto estructural cuando los que nunca ven su voluntad y necesidades reflejadas en las leyes buscan que así sea, provocando avances políticos que quedan plasmados en el cuerpo jurídico, no por la buena voluntad de los de arriba, sino por la irrefrenable demanda de los de abajo. No hace tanto divorciarse o abortar estaba prohibido en España y, efectivamente, las que luchaban para que así fuera estaban planteando algo, obviamente, ilegal. Que nuestra Constitución apellide al Estado de social responde a una correlación de fuerzas de un momento histórico, que se reformara esa Constitución para introducir el 135, una cláusula neoliberal, a otra.
Con la cuestión nacional ocurre lo mismo, pueden consultar cuál era el contexto en 1978, qué significaban los militares, el café para todos, el balancín de Suárez o las manifestaciones populares no solo en Cataluña, Euskadi o Galicia sino también en Andalucía. Utilizar la Constitución como un ariete y a los tribunales como mariscales de campo para resolver un problema político real en el que ya están inmiscuidas amplias capas sociales es una insensatez. A no ser que lo que se pretenda no sea solucionar el problema en Cataluña, sino eliminarlo, y de paso aprovechar la excepcionalidad para seguir un camino involucionista en España.
Lo que no es legal no es democrático, ha dicho Rajoy, a lo que el veterano exdiputado comunista Alcaraz ha contestado, lo que no es legal no es democrático: la institucionalización fosilizada de la política.
