El gobierno uruguayo prepara un proyecto para declarar inexistente la Ley de Caducidad que amnistió a represores de la dictadura (1973-85). La intención del presidente José Mujica es enviarlo en breve al Parlamento.
La iniciativa está a cargo del canciller Luis Almagro, y según informa Ultimas Noticias , fue en un encuentro con un grupo de legisladores y dirigentes de la coalición gobernante Frente Amplio (FA) que el responsable de las relaciones exteriores de Uruguay advirtió sobre las consecuencias que para el país puede tener el hecho de mantener la vigencia de esa norma. Por eso la legislación debe adaptarse a la normativa internacional. “Si no lo hacemos, nos van a condenar”, aseguró Almagro.
El canciller recordó que Uruguay fue demandado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) por las demoras en diligenciar la investigación del caso de María Claudia García de Gelman. La nuera del poeta Juan Gelman –en 1976, en el marco del Plan Cóndor– fue trasladada a Montevideo y, tras dar a luz en cautiverio, ejecutada sin que todavía se conozcan a los responsables del hecho ni tampoco dónde están sus restos.
Hace poco más de dos años Macarena, la hija de María Claudia que en el año 2000 conoció su verdadera historia, presentó su caso ante la CIDH que, tras analizar el tema, decidió presentarlo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por considerar que, con la Ley de Caducidad, Uruguay está violando obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
La ley 15.848 de la Pretensión Punitiva del Estado –más conocida como Ley de Caducidad– fue aprobada en Uruguay en 1986 , al año siguiente de la restauración de la democracia, y tres años después, en 1989, sometida a referéndum y confirmada por la mayoría de la ciudadanía .
Varias voces, en general provenientes de la izquierda, señalan desde hace tiempo que aquella consulta se realizó entre amenazas de desacato militar y de ruptura institucional, por lo que mucha gente, por temor, votó por no derogarla, y así evitó a que se juzgara a militares y a algunos policías autores de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.
De esa forma, militares y policías con causas pendientes evitaron ser enjuiciados y gozaron de plenos derechos como cualquier ciudadano hasta que en 2006, un año después de asumir Tabaré Vázquez, su gobierno anunció que los mandos militares con actuación en la dictadura no iban a estar más amparados por la Ley de Caducidad.
No obstante esta nueva etapa –la que abrió grandes expectativas en familiares de detenidos-desaparecidos– se creó hace tres años la Coordinadora Nacional por la Anulación de la Ley de Caducidad, conformada por el PIT-CNT (central gremial uruguaya) y otras organizaciones sociales que trabajaron con gran esfuerzo para juntar más de 300 mil firmas –se precisaban 257 mil, el 10% del padrón electoral– para pedir otra consulta y derogar la ley.
Fuente:CLARIN
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