Calderón termina su sexenio inmerso en una crisis migratoria: corrupción de altos funcionarios de migración, secuestros, masacres de centroamericanos supuestamente cometidas por grupos del crimen organizado, y leyes que no garantizan la protección de migrantes. A pesar de que se “normalizó” el flujo migratorio de mexicanos hacia Estados Unidos, según la Cámara de Diputados, el problema no está resuelto y se ha agudizado, señalan especialistas.
Rogelio Velázquez
Contralínea 30. septiembre, 2012
Huhuetoca, Estado de México. El reggaeton suena a altos decibeles en el improvisado campamento. El gusto que tienen en común por este ritmo los ha hermanado, los hace sentirse más cerca de su tierra: las letras –a veces sexualmente explícitas, otras románticas– les permiten olvidar, por momentos, el miedo que les causa atravesar por elinfierno, como ellos describen a México.
Son, en su mayoría, migrantes hondureños que se encuentran esperando la llegada del tren en el recién inaugurado albergue San José. El lugar fue fundado por la necesidad de dar alojo, alimento y cuidados médicos a los cientos de centroamericanos que diariamente pasan por la zona en su recorrido al Norte.
A lo lejos se alcanza a escuchar el sonido seco de disparos. Los migrantes, a pesar de que llegaron apenas hace 20 horas al lugar, parecen ya estar acostumbrados al ruido de las armas que se funde con la música: no se inmutan.
Darwin Ramos mira curioso la cámara fotográfica, susurra algo a su compañero de viaje, aventura, infortunio… Tiene casi un mes que salió de Villanueva, Honduras. Allá dejó aChabe, su esposa Isabel. A sus 18 años ya fue deportado una vez por los agentes migratorios estadunidenses. El mismo día que llegó a Houston fue descubierto en la calle y fue trasladado en avión a su país.
“Me tuvieron cuatro días en un cuarto frío por no querer revelar mi lugar de origen. Yo insistía en ser del Distrito Federal, pero cuando me preguntaron por la comida típica mexicana, tuve que decir que era de un ranchito: me descubrieron”, relata, entre risas.
El humor se interrumpe cuando habla de Steven Daniel, Andrea Juliet y Alexandra Juliet, sus hijos de cinco, tres y un año de edad, respectivamente. No quiso despedirse de ellos: “Si me despido, no me dejan venir… es muy fuerte”.
Centroamericanos en peligro
Al igual que Darwin Ramos, otros 859 mil 512 “transmigrantes”, como se les describe a las personas que pasan por algún país para llegar a otro, cruzaron de 2007 a junio de 2012 por algún punto del territorio nacional para llegar a su destino.
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Migración (INM), de enero a junio de este año han entrado 150 mil 33 personas en calidad de “transmigrantes” al país; en 2011 fueron 206 mil 738; en 2010 entraron 107 mil 732; en 2009 ingresaron 126 mil 625; en 2008, 132 mil 626; y al inicio del sexenio, en 2007, 135 mil 758.
De enero de 2007 a junio de 2012 han sido deportados 336 mil 212 “transmigrantes”: 42 mil 696, de enero a junio de este año; 61 mil 202, en 2011; 65 mil 802, en 2010; 64 mil 447, en 2009; 87 mil 386, en 2008, y 44 mil 679 en 2007, el año con el menor número de repatriados.
Andrea González, coordinadora del albergue San José, explica que la situación es terrible en materia de migración: “Las políticas migratorias aunque en el papel no se han endurecido, de facto sí. Hay cierres sistemáticos de las casas de migrantes, acoso a los defensores [de éstos], existe el referente de las amenazas contra el padre [Alejandro] Solalinde; todo esto trae como consecuencia mucha tensión y preocupación en los albergues.
“Lo que más inquieta es que la situación migratoria que se vive en el Estado de México: es el laboratorio de lo que podría suceder en el país; donde la política es dejar a los migrantes en la mayor indefensión posible: aislarlos de las comunidades, dejarlos en lugares muy desolados, donde son presa fácil del crimen organizado”, comenta.
También señala que las extorsiones contra los grupos de centroamericanos que pasan por México continúan, a pesar de que las autoridades de los tres niveles de gobierno tienen ya identificado el problema. Además, “los migrantes casi no denuncian, por miedo o porque no conocen sus derechos. Para ellos, la frontera Sur en Chiapas es la primera frontera de Estados Unidos: somos un filtro”.
—¿México sigue las políticas migratorias que dicta Estados Unidos?
—Las mexicanas son peores debido al contexto de la “guerra” contra el narcotráfico: existen grupos armados que asaltan un tren entero sin que las autoridades hagan nada.
La violencia
El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados señala en su estudio La agenda binacional México-Estados Unidos del tema de migración: legislación y política pública que entre 2005 y 2010 migraron 1 millón 370 mil mexicanos a Estados Unidos; esto es más de 260 mil por año.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados señala que el desplazamiento de personas se debe, entre otras cosas, al aumento de la violencia en México, desatada por los cárteles de la droga y la militarización.
“Existen casos muy destacados de desplazamientos en Michoacán y Guerrero por la acción del grupo denominado La Familia, así como en Chihuahua (Ciudad Juárez), Sinaloa, Tamaulipas, Nuevo León y Durango”, señala el Alto Comisionado.
La Cámara Nacional de la Industria de Transformación reportó que durante 2011 cerraron 526 empresas en México, debido a la crisis económica mundial, pero también al clima de inseguridad que vive el país.
Guadalupe Correa-Cabrera, investigadora de la Universidad de Texas en Brownsville, explica a Contralínea que la migración se ha transformado a partir del surgimiento de grupos como Los Zetas y del “ataque frontal” a ellos por el gobierno federal. En esta transformación los grupos del crimen organizado han adquirido un papel central.
“En el Este del país, el cártel del Golfo y Los Zetas han encontrado nichos que les representan más ganancias que las drogas, uno de ellos es la migración ilegal. Los llamados coyotes operan ya para los grupos de la delincuencia organizada. En ese sentido, la guerra contra las drogas ha provocado que los cárteles diversifiquen sus negocios. No sólo es la droga, también la extorsión, el secuestro, el tráfico de personas y la piratería”, explica la especialista en narcotráfico.
Señala que “el Golfo de México es la zona más corta para llegar a Estados Unidos desde la frontera Sur, por eso los migrantes la utilizan a pesar de que es más peligrosa que la zona Oeste del país, donde opera el cártel de Sinaloa.”
Para Correa-Cabreara, en la masacre de San Fernando, Tamaulipas, atribuida a Los Zetas hay un mensaje de fondo: “El monopolio de la violencia –como lo describió Max Weber– ya no es exclusivo del Estado, el cual no tiene capacidad para proteger a 72 personas, por tanto, necesita negociar con estos grupos. Estas acciones podrían ser una herramienta de mercadotecnia funcional para los cárteles”.
Los secuestros
Darwin era operario de máquina en una fábrica de la trasnacional Pepsi, donde ganaba 1 mil 600 lempiras semanales (alrededor de 1 mil 60 pesos mexicanos). Comenta que tiene miedo de transitar por México: “Me dan temor los secuestros; he pensado regresarme a Honduras”.
Sus tíos que supuestamente le brindarían alojo, hace poco le hablaron para decirle que ya no lo querían allá. Darwin se desmoralizó pero aún así planea concluir el peligroso recorrido.
“Mi idea es estar unos cinco años en Estados Unidos para hacer mi casa, que mis hijos tengan buenos estudios. La clausura de los cursos escolares de Steven Daniel será en noviembre próximo y no podré estar ahí”, comenta, con una mirada que refleja más tristeza que miedo.
El Informe especial sobre secuestro de migrantes en México, publicado en febrero de 2011 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), explica que 11 mil 333 migrantes habrían sufrido algún secuestro, tan sólo de abril a septiembre de 2010.
“La violencia en perjuicio de este grupo [los migrantes] en especial situación de vulnerabilidad no presenta una disminución, y los grupos que comenten violaciones en su perjuicio se han especializado y diversificado en sus estrategias”, señala el Informe, y agrega que la cifra podría ser mayor porque no se denuncian todos los delitos.
La CNDH señala que faltan acciones de coordinación entre las instituciones encargadas de prevenir y combatir el delito a nivel federal, estatal y municipal, así como mecanismos y acciones suficientes para garantizar al migrante sus derechos a la seguridad pública, libertad, legalidad, seguridad jurídica, integridad, seguridad personal y trato digno.
“Si bien es cierto que el Estado mexicano ha sido de los principales impulsores de instrumentos internacionales y regionales de protección a los derechos humanos de los migrantes, también lo es que en la operación de sus programas específicos no presenta resultados claros que indiquen una verdadera armonización con los compromisos internacionales adquiridos en esta materia”, señala el Informe.
Fueron 178 los testimonios recabados por la CNDH en 2010. De éstos, 44.3 por ciento fueron de migrantes hondureños, 16.2 por ciento de salvadoreños, 11.2 por ciento de guatemaltecos, 10.6 por ciento de mexicanos, 5 por ciento de cubanos, 4.4 por ciento de nicaragüenses, 1.6 por ciento de colombianos, y 0.5 por ciento de ecuatorianos.
Los migrantes señalaron que el 67.4 por ciento de los secuestros fueron en el Sureste del país, 29.2 por ciento en el Norte, y 2.2 por ciento en el centro. Veracruz resultó ser el estado con más testimonios, seguido de Tabasco, Tamaulipas, San Luis Potosí y Chiapas.
El 15.7 por ciento fueron experiencias relatadas por mujeres migrantes.
Inyección anti México
Elvira Arellano, representante del Movimiento Migrante Mesoamericano, declaró en marzo pasado que ocho de cada 10 mujeres centroamericanas que pasan por México rumbo a Estados Unidos son violadas sexualmente y ultrajadas. También mencionó que Tapachula se había convertido en un “paraíso sexual”.
En ese sentido, Hiroko Asakura, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, ha señalado que el 30 por ciento de las mujeres centroamericanas que emprendieron la travesía entre 2000 y 2007 fueron violadas. Incluso algunas de ellas habían aceptado ser parejas sexuales de desconocidos a cambio de protección durante el trayecto.
Ante el dantesco escenario, las mujeres centroamericanas que planean llegar a Estados Unidos vía México toman sus precauciones: antes de viajar se inyectan Depo-Provera, un anticonceptivo que contiene la hormona llamada medroxiprogesterona, la cual impide la liberación del óvulo durante tres meses, con una supuesta efectividad del 97 por ciento.
El medicamento –con un valor de aproximadamente 50 pesos– se vende sin necesidad de receta médica en cualquier farmacia centroamericana. Entre los migrantes se le conoce como la “inyección anti México”.
Tenosique, Apizaco, Lechería, San Luis Potosí y Piedras Negras son lugares que tienen muy presentes en su mente: cada uno es un objetivo que tienen que cumplir sorteando los riesgos que surgen en el camino. Para cruzar todo el territorio nacional invertirán por lo menos 1 mil pesos.
En la víspera de su llegada al Distrito Federal, Darwin se cayó del tren. Producto del cansancio de la travesía, se quedó dormido y resbaló. Despertó asustado en el suelo, inmediatamente se incorporó y corrió de nuevo hacia al tren; para entonces, sus amigos ya lo habían dado por muerto.
Su compañero de viaje, quien tiene 16 años de edad, indica: “En Honduras nos dicen que tengamos cuidado con Los Zetas, porque nos secuestran y nos matan”.
Corrupción en el INM
A pesar de que en mayo de 2011 habían sido cesados siete delegados regionales del INM en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Estado de México, San Luis Potosí y Quintana Roo; y en julio la Secretaría de Gobernación (Segob) había cesado a 61 funcionarios más del Instituto por presuntas irregularidades, el escándalo fue mayor tres meses después.
En octubre de 2011, la Segob cesaba a 121 funcionarios de migración que laboraban en el Distrito Federal, Chiapas, Sonora, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas.
La acción fue “parte del fortalecimiento institucional que lleva a cabo el INM”, explica en un comunicado dicha Secretaría.
Además, refiere que se realizó por la instrucción del ya fallecido José Francisco Blake Mora, entonces secretario de Gobernación, para fortalecer las instituciones del gobierno federal y con el propósito de que los servidores públicos realicen sus funciones con estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.
Guadalupe Correa-Cabrera comenta que las autoridades que han sido vinculadas con casos de corrupción no se han enfrentado a la ley: “hay que hacer una limpia; desaparecer esa institución: no es posible que no haya ningún funcionario consignado por cargos de corrupción.
“Cecilia Romero, excomisionada del INM, ahora secretaría general del Partido Acción Nacional, tendría que rendir cuentas claras sobre lo que ha pasado en esa institución en crisis. Es irónico que las autoridades migratorias a cargo de la regulación de flujos migratorios que deberían actuar conforme a la ley para respetar los derechos humanos de esa población tan vulnerable, sean las que están vinculadas con los grupos del crimen organizado.”
El investigador Miguel Moctezuma, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, en entrevista con Contralínea, comenta que el actual sexenio ha sido “el más corrupto” en temas de migración: “en [el Instituto Nacional de] Migración se pudieron identificar a varios funcionarios de primer nivel, distribuidos principalmente en la zona Sureste de México, coludidos con el crimen organizado, los cuales estuvieron entregando a los migrantes a la delincuencia organizada.
“Esos funcionarios tuvieron que ser destituidos, lo cual significa que los delincuentes habían penetrado las instituciones de gobierno. Posiblemente, en el fondo, ellos son los responsables de las matanzas masivas de centroamericanos que hicieron los grupos de la delincuencia organizada. Hasta ahora no se les ha señalado como responsables, a pesar de que lo acontecido en San Fernando [Tamaulipas] y Cadereyta [Nuevo León] fue un genocidio”, señala el especialista en migración.
La crisis económica
De acuerdo con cifras del New Hispanic Center, de 2005 a 2010 regresaron 1 millón 390 mil mexicanos a su lugar de origen, lo que significó que Felipe Calderón declarara en abril de 2012 que la tasa de migración neta había llegado a cero, debido a las oportunidades de empleo, educación y salud que se crearon en el país.
No obstante, la institución señaló que la caída del empleo en Estados Unidos, la crisis del mercado de construcción de vivienda, el incremento de las deportaciones y los peligros de los cruces ilegales habían incrementado el regreso de connacionales.
El CESOP explica que la tasa cero no significa que se haya detenido la migración, sino que, en cifras, es la misma cantidad de personas que se van a Estados Unidos que las que regresan a México.
Miguel Moctezuma coincide con el New Hispanic Center: “la profunda crisis de la economía estadunidense hace innecesaria la oferta de trabajo migrante, a pesar de que ellos son un subsidio para la economía en Estados Unidos. No hay motivaciones económico-laborales para cruzar la frontera.
“En el ‘aparente equilibrio’ están los que entran [a Estados Unidos] y los que salen [de allá]; vemos que muchos de los que regresan a México es por motivo de las deportaciones. En México, hasta 2010, había cerca de 1 millón 400 mil menores nacidos en Estados Unidos que regresaron a México con sus padres; ellos no son migrantes, no deberían de entrar en las cifras de los que regresan”, explica el investigador.
Programas de atención
De acuerdo con el informe del CESOP, en 2012 se destinaron 1 mil 478 millones 773 mil pesos para los principales programas migratorios: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público destinó 23 millones para el Proyecto para la Atención de Indígenas Desplazados; la Secretaría de Educación Pública, 444 millones 91 mil 606 pesos para el Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes.
La que más dinero otorgó fue la Secretaría de Desarrollo Social, con 531 millones 681 mil 557 pesos para el Programa 3×1 para Migrantes. La Secretaría de Relaciones Exteriores destinó 10 millones para Atención a Migrantes; en 2011 esta dependencia había destinado para el mismo programa 75 millones.
Al Fondo de Apoyo a Migrantes se le otorgó un total de 450 millones de pesos. Sin embargo, al Fondo de Apoyo Social para Extrabajadores Migratorios Mexicanos que en 2011 había recibido 900 millones, en 2012 no se le asignó ningún monto. Finalmente, para Atención a Grupos Vulnerables en Chiapas se asignaron 20 millones.
Los Grupos Beta de protección a migrantes han rescatado a 22 mil 922 personas que migraban entre 2007 y 2011. En ese periodo han rescatado a 3 mil 477 migrantes heridos y a 82 mutilados.
Otros de los programas que atienden a esa población son el Programa Paisano, encaminado a asegurar el trato digno para los mexicanos que entran o salen del país; el Programa Integral para la Frontera Sur, que funciona como una estrategia para atender a los 74 municipios que componen la región fronteriza del Sur de México, con la finalidad de mejorar su desarrollo humano sustentable; y el Programa Binacional de Educación Migrante, que busca atender las necesidades educativas de la población migratoria entre México y Estados Unidos.
Reforma migratoria
Darwin, a pesar de las miradas de sus compañeros, explica que cuando la selección mexicana de futbol juega contra la hondureña, él le va al equipo verde: “Sé que algún día voy a caer en México y por eso le tengo que ir”.
—¿A qué equipo mexicano le vas?
—A los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Mientras algunos lavan su ropa roída, surge la controversia:
—Yo le voy al Motagua, porque es el equipo humilde –explica Darwin.
—El mejor es el Olimpia. ¿Cómo al Motagua? –responden sus compañeros.
El único consenso es que el “mejor equipo del mundo” es el Futbol Club Barcelona y que la mayoría de hondureños le va a las Chivas Rayadas del Guadalajara. “Es nuestra tradición rayada”, comentan, sardónicamente, los que le van al Olimpia.
En Orizaba perdió a su primo Franklin. Arrancó el tren y su primo no estaba. No ha tenido noticias de él; sin embargo, no puede detenerse a buscarlo.
A pesar de que en las viejas bocinas colgadas de un árbol sigue sonando el reggaeton, Darwin contradice a sus compañeros por segunda vez: “A mí me gusta el rock”. Le agrada escuchar al grupo estadunidense Guns N’ Roses, al argentino Rata Blanca, al español Mago de Oz; pero su canción favorita es “Aún te amo” del grupo mexicano Coda.
Después rectifica: “Pero también me gusta Arcángel y Wisin y Yandel [autores de las canciones de reggaeton más famosas en Honduras]. También la bachata”.
—¿Te acuerdas de tu esposa con esas canciones?
—A ella le gustan Los Temerarios, pero me acuerdo de ella con las canciones de Franco de Vita. La de “No basta” me recuerda mi infancia: mis padres fueron bien duros conmigo –cuenta mientras saca de su cartera la fotografía de su esposa para mostrarla.
Finalmente Darwin comenta que los centroamericanos no vienen a robar a México, y sólo están de paso: “Si nosotros les pedimos una ayuda no es para que se molesten con nosotros ni para que nos discriminen, sólo buscamos un mejor futuro para nuestras familias”.
El 25 de mayo de 2011 se publicó la Ley de Migración, aprobada por la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios. Ésta tiene como objetivo “regular lo relativo al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros, el tránsito y la estancia de los extranjeros en el país teniendo como marco el respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, la contribución al desarrollo, preservación de la soberanía y de la seguridad nacionales”, según el CESOP.
Además, señala el Informe, la ley obliga a los servidores públicos del INM a certificarse con la finalidad de que realicen sus tareas bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos de los migrantes.
Sin embargo, “esa ley no ha entrado en funciones porque no está reglamentada; esto es el equivalente a decir que no existe nada, porque operativamente no se pueden hacer las cosas en términos reglamentarios. No hay documento que defina cómo y quién debe de hacer las cosas”, señala Miguel Moctezuma.
La ley, agrega el investigador, no recoge las propuestas de la sociedad civil: los legisladores aprobaron esta iniciativa sin recoger esas propuestas de los grupos que trabajan directamente con los migrantes y conocen perfectamente la problemática.
Finalmente, Guadalupe Correa-Cabrera señala que la nueva administración no se ha pronunciado sobre una estrategia integral para atender la problemática migratoria.
“El nuevo gobierno tiene la responsabilidad de fincar responsabilidades para que los funcionarios del INM den cuentas claras del desastre interno de la institución y a partir de ahí se empiece a avanzar. Se necesita hacer un diagnóstico para después poner en práctica lo que los legisladores han votado. Eso sólo sería el inicio.”
Para la elaboración de este trabajo se solicitó entrevista con Salvador Beltrán del Río, comisionado del INM, a través de Miguel Tirado Raso, director de Comunicación Social del Instituto. Al cierre de esta edición, no hubo respuesta.
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