Por Oscar Geymonat
“Contra del aborto estamos todos”, declaró el presidente José Mujica el lunes 22 de octubre al promulgar en el Consejo de Ministros la Ley de Salud Sexual y Reproductiva que despenaliza el aborto dentro de las primeras doce semanas de gestación con la debida fundamentación. “Pero es mejor reglamentar que prohibir”, “salvaremos más vidas por esta vía”, “si se le brinda apoyo a una mujer sola que toma esta decisión, hay quienes pensamos que muchas retrocederían", señaló.
La norma fue votada por la cámara de diputados el 25 de setiembre y por la de senadores el 17 de octubre. En ambos casos, y luego de largas negociaciones la norma fue aprobada por diferencia de un voto. Sin duda una muestra clara de que se trata de uno de los temas de mayor controversia que además no quedó sujeta a ninguna disciplina partidaria. En todos los partidos políticos con representación legislativa hubo votos a favor y en contra de la norma.
Uruguay es el tercer país, luego de Cuba y Puerto Rico, en América Latina que tiene una norma que despenaliza el aborto en determinadas condiciones. Las reacciones fueron inmediatas y anunciadas ya que hubo movimientos a favor y en contra de la normativa durante todo el proceso de discusión que lleva años. En 2008 el parlamento había llegado, por la misma exigua mayoría a aprobar el proyecto de ley que luego fue vetado por el entonces presidente Tabaré Vázquez, perteneciente al Frente Amplio, el mismo partido del que forma parte el actual José Mujica. Vázquez había anunciado su veto con anterioridad y lo sostuvo por razones de conciencia. Mujica en cambio ya había informado que fuera cual fuera el resultado parlamentario, no ejercería esa prerrogativa que la Constitución le otorga.
La voz contraria que ha sonado con mayor fuerza en este tema ha sido la de la Iglesia Católica. El arzobispo de Montevideo, monseñor Nicolás Cotugno sostuvo que el día de la aprobación fue para el país un día de luto y que quien ha salido perdiendo en esta discusión es la vida. El obispo de Melo y secretario de la Conferencia Episcopal, Heriberto Bodeant fue el encargado de informar de la excomunión que le cabe a todos los legisladores católicos que votaron a favor de la ley. “La excomunión es automática”, señaló. El diputado del Frente Amplio Víctor Semproni, católico practicante, calificó de “disparate” la postura de la Iglesia Católica y consultado sobre si seguiría asistiendo a Misa pregunto: “¿quién me lo va a prohibir?”
Dentro de las iglesias evangélicas no hay posturas unánimes. Están las que manifiestan un firme rechazo a la ley y otras, como la Iglesia Valdense que entiende que la prohibición absoluta no hace más que esconder el problema y ahondar la desigualdad entre quienes tienen el dinero para producir un aborto seguro a pesar de la ley y quienes deben afrontar este calvario en soledad y condena. A través de su Comisión de Bioética, hace años que la Iglesia Valdense viene trabajando este tema y también sostiene que una buena legislación contribuirá a disminuir el número de abortos que hoy ascienden a unos treinta mil por año según datos obviamente extraoficiales. Lo peor que le puede pasar a una sociedad es barrer debajo de la alfombra sus problemas más dolorosos, especialmente aquellos que caen con mayor peso sobre la población más vulnerable: mujeres, mayormente muy jóvenes, solas y pobres.
La ley prevé que la mujer que haya decidido abortar será atendida por un equipo interdisciplinario y habrá un plazo para repensar la decisión. La esperanza es que sintiéndose acompañada y sostenida, la mujer desista de su primera decisión tomada en la inmensa mayoría de los casos en un momento de desesperación, abandono y sin salida a la vista. Quienes defienden este proyecto señalan que pensar que el número de abortos se incrementará porque se despenalice es trivializar el tema y pensar que alegremente las mujeres toman esta decisión.
De todas maneras la posición del presidente Mujica ha sido de mucho respeto también a quienes se oponen a la ley habida cuenta de que parte de una situación no deseada por nadie y toca aspectos de la vida francamente desgarradores. La mejor solución seguramente es la que no existe, porque el aborto no debería existir, pero existe.
Hay médicos que han manifestado su negativa a practicar abortos y mutualistas como el Círculo Católico y el Hospital Evangélico han manifestado su negativa en forma institucional. Ambas posibilidades están contempladas en la ley.
La discusión sin duda está lejos de cerrarse y en cierta medida está bien que así sea. Toda solución será siempre perentoria. Lo que como sociedad debemos buscar es un buen enfoque del problema sin posturas dogmáticas ni declaraciones tendenciosas que lamentablemente han abundado. En ese sentido el presidente dio un buen paso al decir que “contra el aborto estamos todos”. Dividir la sociedad entre “abortistas” y “no abortistas” es una falacia tendiente a desacreditar a quienes buscan alternativas como la aprobada para disminuir el número de abortos, y sobre todo de abortos inseguros. Es igualmente falaz la oposición entre los defensores de valores por la vida y promotores de antivalores. Se habla de la “legalización del aborto” y también esto es falso. El aborto sigue siendo un delito. Lo que esta ley prevé es que en determinados casos, que deberán estar bien fundamentados, no es punible. "Desde el punto de vista de los principios sí puede ser condenable, pero desde el punto de vista de la praxis histórica, de lo que pasa, creo que se salvan muchas más vidas. Y esa es la razón por que me inclino por esta norma”, dijo el presiente. “Ahora, la gente que opina lo contrario tiene razones muy profundas y conmovedoras. No es una discusión baladí".
Hay ya movimientos políticos tendientes a promover un plebiscito, herramienta jurídica muy utilizada en Uruguay, lo cual tampoco seguramente cerrará una discusión que en primer lugar debemos poner sobre la mesa con absoluta honestidad y desprendida de cálculos sobre réditos a obtener. Difícil, pero absolutamente necesario.
Fuente: alcnoticias.net
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