viernes, 18 de marzo de 2016

En defensa de la persona humana.



Juan de Dios Regordán Domínguez

Parece que en los momentos actuales se recrudece aquello de “el hombre es un lobo para el hombre”. A veces da la impresión de que la vida humana vale poco. Se mata con crueldad y se pasa página como si nada hubiera pasado. Con el nombre de “refugiados” se dejan sufrir a miles de personas, abandonadas ante el precipicio de la muerte. ¿Dónde están los organismos defensores de la persona humana? ¿Para qué sirven los presupuestos que se libran para sus actuaciones? Impresiona ver reportajes en los que tigres, leones y otras fieras tienen gestos de caricias hacia niños o personas
desvalidas. ¿Por qué el hombre, muchas veces, mata sin piedad? A pesar de todo, sigue siendo prioritaria la defensa de la persona humana como tal, de su libertad, de su dignidad y de su derecho a la justicia.

Pero hay que reconocer que la libertad constituye una conquista que hay que ganar día a día. No basta con proclamarla a los cuatro vientos. Es preciso hacerla concreta y real para todos y cada uno. No obstante, esta libertad sólo alcanza su plenitud cuando se basa en los principios de igualdad y solidaridad. Las libertades y los derechos individuales tienen que ser ejercidos por todos los ciudadanos, sin que su situación económica o su pertenencia a una determinada clase social pueda ser un impedimento.

Hemos de aspirar a vivir en esta sociedad pluralista de una manera participativa en la que se garanticen todos los derechos y las libertades defendidos en la Declaración de los Derechos del Hombre. Sin embargo, nadie, en nombre de la libertad o de una pretendida eficacia, puede defender “la injusticia de privilegios”.

Un buen Gobierno debe corregir las desigualdades de partida y convertir las normales diferencias de la sociedad en factores que incrementen el bienestar de todos y, principalmente, el de los más desfavorecidos. Conviene recordar que la libertad, la igualdad de oportunidades, unidas a los objetivos de calidad de vida y eficacia económica, constituyen los principios esenciales de un proyecto político económico que conlleve una más justa redistribución de la riqueza. No basta con aspirar a un crecimiento económico general, es necesario arbitrar mecanismos correctores en la política económica para conseguir la justa redistribución de la riqueza generada.

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