Por Oscar J. Serrat. (*)
Buenos Aires.
La Argentina no ha avanzado lo suficiente en la implementación del Convenio de Diversidad Biológica, un acuerdo internacional que firmó junto a otros 192 países, asegura la abogada y docente universitaria Teodora Zamudio.
MERCOSUR Noticias entrevistó a Zamudio, profesora de Protección Jurídica de Biotecnología y titular de la Maestría de Derecho Aborigen en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), a pocas semanas de su viaje al Ecuador, donde desarrollará actividades propias de su especialidad.
“En nuestro país, de los recursos genéticos se ocupa la Secretaría de Medio Ambiente. También tenemos el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que ahora depende del Ministerio de Desarrollo. Pero no hemos avanzado lo suficiente en cuanto a concretar algún registro o alguna forma de contrato base para implementar el Convenio de Diversidad”, asegura, aclarando que tampoco hay progresos en la mayoría de los estados signatarios.
El Convenio de Diversidad Biológica fue firmado en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992, dentro del marco de las Naciones Unidas. Es el convenio internacional más ratificado, ya que lo han firmado 192 de los 197 países que conforman la ONU. Entre los países que no lo ratificaron figuran los Estados Unidos, Somalia y Andorra.
La Biodiversidad (o diversidad biológica) es el término adoptado para aludir a la amplia variedad de seres vivos sobre la Tierra y a los patrones naturales que la conforman como resultado de la evolución de nuestro planeta, según procesos naturales y a la creciente influencia de la actividad humana. El concepto abarca tanto la diversidad de ecosistemas como las diferencias genéticas dentro de cada especie.
La constante preocupación por el maltrato humano al medio ambiente impulsó la celebración de la “Cumbre de la Tierra” en Río de Janeiro, hace 17 años. Allí se firmó el Convenio Internacional sobre la Diversidad Biológica, fundado en la necesidad mundial de conciliar la preservación futura de la biodiversidad con el progreso humano, según criterios de sostenibilidad o sustentabilidad.
La profesora Zamudio explica que la Argentina y otros países propugnan la incorporación al Convenio Internacional de un artículo que disponga “la protección y aliento a la utilización consuetudinaria de los recursos biológicos, de conformidad con las prácticas culturales tradicionales. Lo que se intenta es la necesidad de recuperar usos y costumbres de las comunidades locales, no solamente indígenas, estrechamente relacionadas con su medio. Esas comunidades vienen dando respuestas inmediatas a las condiciones cambiantes del ecosistema”.
Uno de los aspectos principales de ese acervo cultural de los pueblos originarios se relaciona con la salud y es tema central de la actividad académica tanto de Teodora Zamudio como de otros colegas latinoamericanos, como los ecuatorianos Pablo Morales Males y su esposa Neida Andi Arimuya y el colombiano Jaime Bernal.
En el Ecuador, Morales encabeza un proyecto apoyado por el Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONCEP). Estudia no solamente la preservación de la salud de los pueblos indígenas sino su atención con medicinas y terapias ancestralmene utilizadas por las poblaciones originarias.
Zamudio considera que el Convenio Internacional firmado en 1992 trajo dos innovaciones realmente revolucionarias. “Reconoció el derecho de los estados sobre sus recursos genéticos, dejando de lado el concepto de ‘patrimonio de la humanidad’ Porque la naturaleza no es patrimonio apropiable para el primero que llega. A partir de ese reconocimiento, el Tratado regula un contrato de acceso con características muy específicas. Para ser válido, las partes deben dar su consentimiento informado previo. Es decir, acceder con conocimiento de las implicaciones. Se establece también una distribución equitativa de los beneficios y debe contener un intercambio de tecnologías”.
La otra innovación del Convenio, añade, “es el reconocimiento de que ese conocimiento tradicional tan valioso, está en manos de las comunidades indígenas, es decir de quienes se mantienen en contacto con la naturaleza. Les reconoce también su entidad jurídica y económica y las convierte en titulares, para dar fin a la biopiratería y la apropiación indebida”.
“En mi condición de abogada”, añade, “que ha realizado también estudios de biología molecular, sé del valor que esto tiene para el resto de la humanidad. Y la necesidad de que esos pueblos originarios, además de saber curarse, sepan cómo comunicar ese saber y ser debidamente retribuidos. Eso es ley para todo el planeta, salvo para los pocos países que no han ratificado el convenio de Diversidad. Ese conocimiento no solamente es reconocido, sino que acceder al mismo requiere de la autorización de los pueblos y de un compromiso eficiente y efectivo de retribuirlos, de compartir con ellos los resultados”.
Teodora Zamudio explica que “Morales ha tomado en cuenta mi experiencia en haber asesorado a otras comunidades indígenas y por enseñar, en la Universidad de Buenos Aires, no solamente el derecho de los pueblos indígenas, sino también la regulación de las biotecnologías. Morales quiere que yo asesore a las comunidades indígenas ecuatorianas en este aspecto de saber negociar esos contratos de acceso a sus conocimientos. Es mi aporte en esta tarea”.
La especialista argentina informa que el proyecto de su colega cuenta con el apoyo de la Universidad Central del Ecuador. “Tengo entendido que en diciembre yo iré a Tena, en la Amazonia ecuatoriana, para transmitir a las comunidades indígenas mis experiencias en cuanto a defender sus derechos”, añade Zamudio.+ (PE/MERCOSUR Noticias)
(*) De la Redacción de MERCOSUR Noticias
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02/12/2009 - PreNot 8590
Buenos Aires.
La Argentina no ha avanzado lo suficiente en la implementación del Convenio de Diversidad Biológica, un acuerdo internacional que firmó junto a otros 192 países, asegura la abogada y docente universitaria Teodora Zamudio.
MERCOSUR Noticias entrevistó a Zamudio, profesora de Protección Jurídica de Biotecnología y titular de la Maestría de Derecho Aborigen en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), a pocas semanas de su viaje al Ecuador, donde desarrollará actividades propias de su especialidad.
“En nuestro país, de los recursos genéticos se ocupa la Secretaría de Medio Ambiente. También tenemos el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que ahora depende del Ministerio de Desarrollo. Pero no hemos avanzado lo suficiente en cuanto a concretar algún registro o alguna forma de contrato base para implementar el Convenio de Diversidad”, asegura, aclarando que tampoco hay progresos en la mayoría de los estados signatarios.
El Convenio de Diversidad Biológica fue firmado en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992, dentro del marco de las Naciones Unidas. Es el convenio internacional más ratificado, ya que lo han firmado 192 de los 197 países que conforman la ONU. Entre los países que no lo ratificaron figuran los Estados Unidos, Somalia y Andorra.
La Biodiversidad (o diversidad biológica) es el término adoptado para aludir a la amplia variedad de seres vivos sobre la Tierra y a los patrones naturales que la conforman como resultado de la evolución de nuestro planeta, según procesos naturales y a la creciente influencia de la actividad humana. El concepto abarca tanto la diversidad de ecosistemas como las diferencias genéticas dentro de cada especie.
La constante preocupación por el maltrato humano al medio ambiente impulsó la celebración de la “Cumbre de la Tierra” en Río de Janeiro, hace 17 años. Allí se firmó el Convenio Internacional sobre la Diversidad Biológica, fundado en la necesidad mundial de conciliar la preservación futura de la biodiversidad con el progreso humano, según criterios de sostenibilidad o sustentabilidad.
La profesora Zamudio explica que la Argentina y otros países propugnan la incorporación al Convenio Internacional de un artículo que disponga “la protección y aliento a la utilización consuetudinaria de los recursos biológicos, de conformidad con las prácticas culturales tradicionales. Lo que se intenta es la necesidad de recuperar usos y costumbres de las comunidades locales, no solamente indígenas, estrechamente relacionadas con su medio. Esas comunidades vienen dando respuestas inmediatas a las condiciones cambiantes del ecosistema”.
Uno de los aspectos principales de ese acervo cultural de los pueblos originarios se relaciona con la salud y es tema central de la actividad académica tanto de Teodora Zamudio como de otros colegas latinoamericanos, como los ecuatorianos Pablo Morales Males y su esposa Neida Andi Arimuya y el colombiano Jaime Bernal.
En el Ecuador, Morales encabeza un proyecto apoyado por el Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONCEP). Estudia no solamente la preservación de la salud de los pueblos indígenas sino su atención con medicinas y terapias ancestralmene utilizadas por las poblaciones originarias.
Zamudio considera que el Convenio Internacional firmado en 1992 trajo dos innovaciones realmente revolucionarias. “Reconoció el derecho de los estados sobre sus recursos genéticos, dejando de lado el concepto de ‘patrimonio de la humanidad’ Porque la naturaleza no es patrimonio apropiable para el primero que llega. A partir de ese reconocimiento, el Tratado regula un contrato de acceso con características muy específicas. Para ser válido, las partes deben dar su consentimiento informado previo. Es decir, acceder con conocimiento de las implicaciones. Se establece también una distribución equitativa de los beneficios y debe contener un intercambio de tecnologías”.
La otra innovación del Convenio, añade, “es el reconocimiento de que ese conocimiento tradicional tan valioso, está en manos de las comunidades indígenas, es decir de quienes se mantienen en contacto con la naturaleza. Les reconoce también su entidad jurídica y económica y las convierte en titulares, para dar fin a la biopiratería y la apropiación indebida”.
“En mi condición de abogada”, añade, “que ha realizado también estudios de biología molecular, sé del valor que esto tiene para el resto de la humanidad. Y la necesidad de que esos pueblos originarios, además de saber curarse, sepan cómo comunicar ese saber y ser debidamente retribuidos. Eso es ley para todo el planeta, salvo para los pocos países que no han ratificado el convenio de Diversidad. Ese conocimiento no solamente es reconocido, sino que acceder al mismo requiere de la autorización de los pueblos y de un compromiso eficiente y efectivo de retribuirlos, de compartir con ellos los resultados”.
Teodora Zamudio explica que “Morales ha tomado en cuenta mi experiencia en haber asesorado a otras comunidades indígenas y por enseñar, en la Universidad de Buenos Aires, no solamente el derecho de los pueblos indígenas, sino también la regulación de las biotecnologías. Morales quiere que yo asesore a las comunidades indígenas ecuatorianas en este aspecto de saber negociar esos contratos de acceso a sus conocimientos. Es mi aporte en esta tarea”.
La especialista argentina informa que el proyecto de su colega cuenta con el apoyo de la Universidad Central del Ecuador. “Tengo entendido que en diciembre yo iré a Tena, en la Amazonia ecuatoriana, para transmitir a las comunidades indígenas mis experiencias en cuanto a defender sus derechos”, añade Zamudio.+ (PE/MERCOSUR Noticias)
(*) De la Redacción de MERCOSUR Noticias
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02/12/2009 - PreNot 8590
FUENTE:
Agencia de Noticias Prensa Ecuménica
598 2 619 2518 Espinosa 1493.
Montevideo. Uruguay
www.ecupres.com.ar
asicardi@ecupres.com.ar
QUERIDOS HERMANOS EN CRISTO :PAZ Y BENDICIONES EN DIOS!! YO LES QUIERO CONTAR E INFORMAR QUE DESDE QUE CONOCI A ESTA MARAVILLOSA IGLESIA CATOLICA ANTIGUA DEL RÍO DE LA PLATA (ASOCIACÍON EPISCOPAL ECUMÉNICA )Y A SU BEATITUD MONSEÑOR +++SEBASTIAN CAMACHO BENTACUR Y A TODOS SUS INTEGRANTES E CONOSIDO EL VERDADERO MENSAJE DE JESUCRISTO EL CUAL ES MUY SENCILLO ,SOLO PIDE PAZ ,AMOR ,ABRAZO ,CONTENCION Y IGUALDAD PARA TODOS SUS HERMANOS Y HERMANAS Y CREAR EL REINO DE DIOS EN LA TIERRA AMEN
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