Por Constanza Moreira (*)
Uruguay.
El viernes 9 de abril, el Centro de Investigación y Estudios Judiciales (CIEJ) de la Asociación de Funcionarios del Poder Judicial (AFPJ), realizó un Seminario llamado "Pensando en la Justicia: la Justicia de cara al futuro". La actividad contó con el auspicio del PITCNT y la Suprema Corte de Justicia, entre otros. Participaron varios panelistas, y entre otros, el titular de la cátedra de Filosofía del Derecho de la Udelar, Oscar Sarlo, y el ministro de la SCJ, Leslie Van Rompaey.
No es la primera vez que una actividad de este tipo tiene lugar. La AFPJ es muy actuante, y un ejemplo de un funcionariado público comprometido no sólo política sino técnica y académicamente con sus instituciones. Esta Asociación edita una revista llamada Espacio Abierto y ha sido, a través del CIEJ muy activa en todos los temas que han involucrado y desafiado a la justicia recientemente, como lo atestigua su participación e involucramiento, por ejemplo, en la implementación de la ley de violencia doméstica.
Más allá de que puedan o no compartirse opiniones o criterios, lo cierto es que la Asociación muestra hasta qué punto los funcionarios del Estado son quienes ostentan "el saber" sobre el Estado, en la misma, y probablemente en mayor medida, que los técnicos que muchas veces "desde fuera" digitan las intervenciones políticas.
Muestra también, el uso y abuso que se hace de la palabra burocracia por parte de los políticos. Porque esto también es burocracia, y un buen ejemplo de ello. Huelga dar la bienvenida entonces a estos diálogos entre poder político, academia, y justicia (entendiendo como tal todo el sistema de justicia, que incluye, entre otros al Poder Judicial) en momentos en que el rol de la justicia está llamado a ser debatido en la palestra pública.
Desde que el tema de derechos humanos entró en la lupa, con el gobierno anterior, el rol de la justicia quedó más de manifiesto que nunca. Hasta el momento, los estudios disponibles sobre opinión pública y justicia muestran que en general la opinión pública sobre la justicia tendió a ser "neutra"; esto es, tendían a compensarse las evaluaciones negativas con las positivas. Además, una quinta parte de la población no podía hacer una evaluación sobre el Poder Judicial, tan ajena les resultaba su institucionalidad.
Los estudios realizados por Henry Trujillo para el Informe de Desarrollo Humano en Uruguay 2008, llevado a cabo por las Naciones Unidas (PNUD), muestran que la opinión pública es sensible a la justicia cuando el tema de la seguridad aumenta en los medios masivos de comunicación.
Cuando aparecen señales de deterioro en la imagen del Poder Judicial, éstas parecen acotadas al desempeño del los jueces en el control de la criminalidad. Lo que afecta, parece ser el acento en la responsabilidad de los jueces al aplicar penas a delincuentes. Así, la cara visible del Poder Judicial ha sido (y tal vez siga siendo) la penal y la opinión pública parece estar determinada por su rendimiento en este aspecto.
Llama la atención, sin embargo, que la justicia no haya estado más en el tapete habida cuenta de la forma en que los procesos de recuperación de la democracia en el Cono Sur, han tenido que enfrentar el problema de solucionar los conflictos desatados por las múltiples violaciones de derechos humanos durante los gobiernos militares. A lo largo de estos veinte años, y a pesar de que hubo intensos debates sobre el tema, el papel de la justicia no ha sido un elemento central en los mismos, como si su rol no hubiera sido político.
Esa situación fue cambiando con la propia consolidación del proceso democrático en nuestras sociedades, y con el aumento de las demandas hacia la justicia, como correlato de una mayor conciencia sobre la recuperación (y ampliación) del Estado de derecho.
Como señala Trujillo, "la nueva centralidad de los tribunales en materia política una de las dimensiones de lo que se conoce como judicialización pone en evidencia que los jueces son actores políticos y que ni ellos ni otros actores están siempre preparados para asumirlo".
Una de las formas de medir esto ha sido la llamada "judicialización de la política": esto es, llevar a los tribunales conflictos políticos, cuando el sistema no lo puede resolver. Hay varias formas de medirlo. Una de las medidas más frecuentes es a través de las sentencias de inconstitucionalidad pronunciadas por la Suprema Corte de Justicia frente a leyes emanadas del Parlamento, poniendo en evidencia el potencial conflicto entre poderes.
Los estudios disponibles sobre poderes judiciales en América Latina (como el Informe 2006 del BID: Progreso económico y social en América Latina) muestran que estos se han caracterizado por depender del Ejecutivo y carecer de activismo en la interpretación de la ley, en la impugnación de la legalidad de las acciones ejecutivas o en la revisión de la constitucionalidad de las leyes.
Nuestro país no es ajeno a esta tendencia general. Las sentencias por inconstitucionalidad han sido mínimas, y el activismo de los jueces, limitado, aunque todo esto ha tendido a revertirse en los años pasados, y especialmente, a partir de 2000.
La otra dimensión a la que se la prestado mucha atención es a la independencia del Poder Judicial; es decir, a la idea de que la única motivación del fallo está dada por las normas del derecho. Un estudio realizado por el Foro Económico Mundial, basado en una encuesta de ejecutivos de empresa que "evalúan" la independencia de la justicia en sus países, pone al Uruguay en el primer lugar en América Latina, seguido de Chile, y aunque a distancia de Brasil y Costa Rica (Feld y Voigt) como la duración efectiva del nombramiento de los magistrados, o el presupuesto, muestra a Uruguay en el promedio de América Latina, siendo superado por Costa Rica, Chile o México y otros.
La autonomía presupuestaria del Poder Judicial, que es parte de este concepto de "independencia" del mismo, ha estado en entredicho en nuestro país. En 1999 fue realizada una consulta plebiscitaria a este respecto, que tuvo como antecedente, el hecho de que en 1986, el gobierno de Sanguinetti vetó el presupuesto acordado entre el Parlamento y la SPC. El plebiscito se perdió, aunque obtuvo una votación muy importante (43.2%), que puso de manifiesto una cierta "simpatía" de la opinión pública en relación al tema.
A modo comparativo baste señalar que el gasto en el Poder Judicial es el 1,3% del presupuesto, y, por ejemplo, en Brasil es el 6%, y en Uruguay, Defensa gasta cuatro veces más (independientemente de que ese gasto no sea propiamente "militar", cosa que por demás sucede en la mayoría de las carteras del Estado).
Otras cosas afectan la independencia del Poder Judicial. El estudio de Henry Trujillo muestra que la informalidad del sistema de reclutamiento, la ausencia de criterios transparentes para ascenso y sanción de los jueces, la dependencia de la Policía para actuaciones en materia penal, la falta de recursos para investigar temas complejos (como los delitos de cuello blanco), limitan la independencia del Poder Judicial.
Ultimamente las presiones sobre los jueces se han hecho más visibles. Así, por ejemplo, el distinto fallo emitido por la SCJ habida cuenta del cambio en su composición, como por ejemplo, en relación al IRPF a las jubilaciones, ha puesto en el tapete la supuesta "neutralidad política" de la justicia. Lo mismo vale con las sentencias de inconstitucionalidad respecto a casos vinculados a derechos humanos.
Pensar la justicia de aquí en más, como sugirió el seminario del CIEAfju, es pensar que se evidenciará un mayor protagonismo el Poder Judicial en la vida política, y que estas presiones se traducirán hacia "dentro" del propio sistema. Es por ello que una reflexión sobre la justicia, hecha con el concierto de la academia, la política, y los propios recursos humanos del sistema de justicia, es bienvenida, deseable, y marca el camino de lo que deberían ser los esquemas de diálogo sobre los temas que importan, en los años que vienen. (PE/LR)
(*) Investigadora. Senadora de la República de Uruguay, Espacio 609, Frente Amplio.
El artículo fue publicado en el diario uruguayo La República en su edición del 12 de abril de 2010.
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Fuente: ECUPRES
Uruguay.
El viernes 9 de abril, el Centro de Investigación y Estudios Judiciales (CIEJ) de la Asociación de Funcionarios del Poder Judicial (AFPJ), realizó un Seminario llamado "Pensando en la Justicia: la Justicia de cara al futuro". La actividad contó con el auspicio del PITCNT y la Suprema Corte de Justicia, entre otros. Participaron varios panelistas, y entre otros, el titular de la cátedra de Filosofía del Derecho de la Udelar, Oscar Sarlo, y el ministro de la SCJ, Leslie Van Rompaey.
No es la primera vez que una actividad de este tipo tiene lugar. La AFPJ es muy actuante, y un ejemplo de un funcionariado público comprometido no sólo política sino técnica y académicamente con sus instituciones. Esta Asociación edita una revista llamada Espacio Abierto y ha sido, a través del CIEJ muy activa en todos los temas que han involucrado y desafiado a la justicia recientemente, como lo atestigua su participación e involucramiento, por ejemplo, en la implementación de la ley de violencia doméstica.
Más allá de que puedan o no compartirse opiniones o criterios, lo cierto es que la Asociación muestra hasta qué punto los funcionarios del Estado son quienes ostentan "el saber" sobre el Estado, en la misma, y probablemente en mayor medida, que los técnicos que muchas veces "desde fuera" digitan las intervenciones políticas.
Muestra también, el uso y abuso que se hace de la palabra burocracia por parte de los políticos. Porque esto también es burocracia, y un buen ejemplo de ello. Huelga dar la bienvenida entonces a estos diálogos entre poder político, academia, y justicia (entendiendo como tal todo el sistema de justicia, que incluye, entre otros al Poder Judicial) en momentos en que el rol de la justicia está llamado a ser debatido en la palestra pública.
Desde que el tema de derechos humanos entró en la lupa, con el gobierno anterior, el rol de la justicia quedó más de manifiesto que nunca. Hasta el momento, los estudios disponibles sobre opinión pública y justicia muestran que en general la opinión pública sobre la justicia tendió a ser "neutra"; esto es, tendían a compensarse las evaluaciones negativas con las positivas. Además, una quinta parte de la población no podía hacer una evaluación sobre el Poder Judicial, tan ajena les resultaba su institucionalidad.
Los estudios realizados por Henry Trujillo para el Informe de Desarrollo Humano en Uruguay 2008, llevado a cabo por las Naciones Unidas (PNUD), muestran que la opinión pública es sensible a la justicia cuando el tema de la seguridad aumenta en los medios masivos de comunicación.
Cuando aparecen señales de deterioro en la imagen del Poder Judicial, éstas parecen acotadas al desempeño del los jueces en el control de la criminalidad. Lo que afecta, parece ser el acento en la responsabilidad de los jueces al aplicar penas a delincuentes. Así, la cara visible del Poder Judicial ha sido (y tal vez siga siendo) la penal y la opinión pública parece estar determinada por su rendimiento en este aspecto.
Llama la atención, sin embargo, que la justicia no haya estado más en el tapete habida cuenta de la forma en que los procesos de recuperación de la democracia en el Cono Sur, han tenido que enfrentar el problema de solucionar los conflictos desatados por las múltiples violaciones de derechos humanos durante los gobiernos militares. A lo largo de estos veinte años, y a pesar de que hubo intensos debates sobre el tema, el papel de la justicia no ha sido un elemento central en los mismos, como si su rol no hubiera sido político.
Esa situación fue cambiando con la propia consolidación del proceso democrático en nuestras sociedades, y con el aumento de las demandas hacia la justicia, como correlato de una mayor conciencia sobre la recuperación (y ampliación) del Estado de derecho.
Como señala Trujillo, "la nueva centralidad de los tribunales en materia política una de las dimensiones de lo que se conoce como judicialización pone en evidencia que los jueces son actores políticos y que ni ellos ni otros actores están siempre preparados para asumirlo".
Una de las formas de medir esto ha sido la llamada "judicialización de la política": esto es, llevar a los tribunales conflictos políticos, cuando el sistema no lo puede resolver. Hay varias formas de medirlo. Una de las medidas más frecuentes es a través de las sentencias de inconstitucionalidad pronunciadas por la Suprema Corte de Justicia frente a leyes emanadas del Parlamento, poniendo en evidencia el potencial conflicto entre poderes.
Los estudios disponibles sobre poderes judiciales en América Latina (como el Informe 2006 del BID: Progreso económico y social en América Latina) muestran que estos se han caracterizado por depender del Ejecutivo y carecer de activismo en la interpretación de la ley, en la impugnación de la legalidad de las acciones ejecutivas o en la revisión de la constitucionalidad de las leyes.
Nuestro país no es ajeno a esta tendencia general. Las sentencias por inconstitucionalidad han sido mínimas, y el activismo de los jueces, limitado, aunque todo esto ha tendido a revertirse en los años pasados, y especialmente, a partir de 2000.
La otra dimensión a la que se la prestado mucha atención es a la independencia del Poder Judicial; es decir, a la idea de que la única motivación del fallo está dada por las normas del derecho. Un estudio realizado por el Foro Económico Mundial, basado en una encuesta de ejecutivos de empresa que "evalúan" la independencia de la justicia en sus países, pone al Uruguay en el primer lugar en América Latina, seguido de Chile, y aunque a distancia de Brasil y Costa Rica (Feld y Voigt) como la duración efectiva del nombramiento de los magistrados, o el presupuesto, muestra a Uruguay en el promedio de América Latina, siendo superado por Costa Rica, Chile o México y otros.
La autonomía presupuestaria del Poder Judicial, que es parte de este concepto de "independencia" del mismo, ha estado en entredicho en nuestro país. En 1999 fue realizada una consulta plebiscitaria a este respecto, que tuvo como antecedente, el hecho de que en 1986, el gobierno de Sanguinetti vetó el presupuesto acordado entre el Parlamento y la SPC. El plebiscito se perdió, aunque obtuvo una votación muy importante (43.2%), que puso de manifiesto una cierta "simpatía" de la opinión pública en relación al tema.
A modo comparativo baste señalar que el gasto en el Poder Judicial es el 1,3% del presupuesto, y, por ejemplo, en Brasil es el 6%, y en Uruguay, Defensa gasta cuatro veces más (independientemente de que ese gasto no sea propiamente "militar", cosa que por demás sucede en la mayoría de las carteras del Estado).
Otras cosas afectan la independencia del Poder Judicial. El estudio de Henry Trujillo muestra que la informalidad del sistema de reclutamiento, la ausencia de criterios transparentes para ascenso y sanción de los jueces, la dependencia de la Policía para actuaciones en materia penal, la falta de recursos para investigar temas complejos (como los delitos de cuello blanco), limitan la independencia del Poder Judicial.
Ultimamente las presiones sobre los jueces se han hecho más visibles. Así, por ejemplo, el distinto fallo emitido por la SCJ habida cuenta del cambio en su composición, como por ejemplo, en relación al IRPF a las jubilaciones, ha puesto en el tapete la supuesta "neutralidad política" de la justicia. Lo mismo vale con las sentencias de inconstitucionalidad respecto a casos vinculados a derechos humanos.
Pensar la justicia de aquí en más, como sugirió el seminario del CIEAfju, es pensar que se evidenciará un mayor protagonismo el Poder Judicial en la vida política, y que estas presiones se traducirán hacia "dentro" del propio sistema. Es por ello que una reflexión sobre la justicia, hecha con el concierto de la academia, la política, y los propios recursos humanos del sistema de justicia, es bienvenida, deseable, y marca el camino de lo que deberían ser los esquemas de diálogo sobre los temas que importan, en los años que vienen. (PE/LR)
(*) Investigadora. Senadora de la República de Uruguay, Espacio 609, Frente Amplio.
El artículo fue publicado en el diario uruguayo La República en su edición del 12 de abril de 2010.
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Fuente: ECUPRES
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