Servindi, 29 de septiembre, 2010.- Madres mapuches y no indígenas saldrán a marchar desde la ciudad de Temuco, en la región de la Araucanía hasta la capital chilena Santiago en apoyo a los presos políticos mapuches, que ya suman 80 días en huelga de hambre.
Juana Calfunao, la lonko o autoridad indígena, explicó que el objetivo es expresar su “apoyo incondicional a las demandas de nuestros hijos que están exponiendo sus vidas por la libertad y por las reivindicaciones más sentidas de nuestro pueblo”.
Las madres mapuches prevén llegar hasta el Palacio de La Moneda, ellas afirman que no son terroristas sino un pueblo ancestral víctima desde hace 500 años por “los que pretenden invadirnos para apropiarse de nuestros recursos y nuestra dignidad”.
A la lucha iniciada por 34 mapuches el pasado 12 de julio, el día de ayer 28 de septiembre, se sumaron tres mapuches más. Ellos se encuentran recluidos en la cárcel de Temuco.
María Tralcal, vocera de los presos políticos mapuches, dio a conocer los nombres de los tres mapuches: Hugo Cristián Melinao Licán, Cristián Pablo Levinao Melinao y Sergio Alejandro Licán Levio.
Mientras, el día de ayer, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL), en Santiago de Chile, reconoció que la situación de los mapuches en Chile demuestra la “injusticia histórica” de la que son víctimas.
Estas injusticias son resultado “de la colonización y de haber sido desposeídos de sus tierras, territorios y recursos”, lo cual “les ha impedido ejercer, en particular, su derecho al desarrollo de conformidad con sus propias necesidades e intereses”.
Estas afirmaciones las dio CEPAL mediante un comunicado público emitido el 28 de septiembre en razón de la huelga de hambre de los presos políticos mapuche.
CEPAL afirma en el documento que pese a existir avances jurídicos y legislativos en materia de derechos de los pueblos indígenas “aún se observa una significativa brecha en la implementación de estos derechos, situación de la cual Chile no está exenta”.
Por ello, CEPAL sugiere seguir las recomendaciones realizadas por James Anaya, Relator Especial sobre los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, especialmente la declaración que realizó el pasado 24 de septiembre.
Fuente: SERVINDI
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