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miércoles, 19 de febrero de 2020

El escándalo de espionaje “destroza la neutralidad suiza”.

Medios políticos y de prensa suizos urgen una investigación exhaustiva sobre el caso en el que los servicios secretos de Estados Unidos y Alemania Occidental espiaron a un centenar de países durante décadas con la participación de la empresa suiza Crypto.



17 de febrero, 2020.- La revelación de que la CIA y los servicios de inteligencia alemanes (BND) utilizaron durante décadas la tecnología de cifrado de una empresa suiza para conocer los mensajes ultrasecretos de otras naciones es un duro golpe para la neutralidad, la credibilidad e incluso la soberanía de Suiza, advierte la prensa suiza.

“Entonces, los rumores de principios de la década de 1990 eran ciertos. La Suiza buena - neutral y no alineada - fue el hogar de una cuasi agencia de servicios de inteligencia aliados”, anota el editorial de este miércoles de los diarios 24heures y Tribune de Genève.

“Es muy probable que Crypto AG estuviera involucrada en dos tipos de actividades, algunas irreprochables y otras ultrasecretas respecto a las cuales las autoridades suizas hicieron la vista gorda en nombre de la neutralidad dependiente de la OTAN”, escriben bajo el título ‘El espía tolerado por Suiza’.

Crypto, una empresa de encriptado de comunicaciones con sede en Zug y que fue liquidada en 2018, vendió dispositivos de encriptado a Irán, India, Pakistán y docenas de otros países, incluidos latinoamericanos. La tecnología fue manipulada para permitir que la CIA y el BND vulneraran los códigos, informaron The Washington Post, la televisión pública suiza SRF y la televisión alemana ZDF.

Los autores de la investigación periodística precisaron que desde 1970, en tiempos de la Guerra Fría, los servicios estadounidenses y sus contrapartes de la entonces Alemania Occidental, fueron responsables de casi todas las operaciones de Crypto, desde las contrataciones y los despidos hasta las tácticas de venta.

Según la SRF, los principales funcionarios del Gobierno suizo estaban al tanto del asunto, pero no hicieron nada.

“Esta histórica operación solo fue posible porque EE UU y Alemania pudieron aprovechar la neutralidad y la buena reputación de Suiza. En Berna, representantes de la política, el poder judicial, la policía, los militares y los servicios de inteligencia se enteraron de ello”, afirman los diarios Tages-Anzeiger y Der Bund.

“Habrían tenido que usar todos los medios legales y diplomáticos posibles para detener la grave violación de la soberanía de nuestro Estado federal. Pero nada sucedió. Ya sea por incompetencia, porque querían encubrir a los agentes del servicio secreto extranjero o incluso porque se beneficiaron de sus hallazgos. Esto debe ser esclarecido ahora. Independientemente de los grandes nombres y poderes. Es la única forma de salir de este desastre”.

El Neue Zürcher Zeitung (NZZ) agrega que “la credibilidad de Suiza en la guerra de información actual se mide por eventos pasados”. Asienta que este caso “siembra dudas sobre la sinceridad de los líderes del Estado y, por lo tanto, sobre el orden liberal, al tiempo que pesa sobre la economía del país”.


Consulta parlamentaria

Tages-Anzeiger y Der Bund enfatizan que la neutralidad de Suiza ha sido “destrozada” y que la “ceguera colectiva” del país dañará su credibilidad en los años venideros.

“Por un lado, políticamente: ningún Estado que haya sido engañado volverá a confiar, y por otro, económicamente: ¿quién compra tecnología sensible de un gobierno que tolera tales maquinaciones?”, escriben.

24 heures puntualiza que el actual conflicto entre la empresa china Huawei y la administración Trump “se basa precisamente en la sospecha de que chips indeseables han sido ocultados en los equipos fabricados en China”.

El Gobierno suizo, que abrió una investigación, está reaccionando “con notable transparencia”, estima el NZZ. Pero aún queda mucho por hacer, concluyen la mayoría de los periódicos y piden al Parlamento iniciar también una investigación.

“El Parlamento necesita una investigación que sea lo más independiente posible”, precisan Tages-Anzeiger y Der Bund. “Necesitamos lo que ha faltado durante demasiado tiempo: soberanía y coraje”.
Políticos exigen llegar al fondo de las cosas

¿Quién sabía qué y cuándo? La confirmación de que los servicios de inteligencia de EE UU y Alemania espiaron a otros países con dispositivos de cifrado de la firma helvética Crypto manipulados provocó reacciones mixtas entre políticos suizos. Pero todos coinciden en la urgencia de que Suiza llegue al fondo del asunto.

Durante años circularon rumores en el sentido de que una compañía suiza estaba trabajando con la CIA, pero la revelación de los detalles en las 280 páginas de investigación difundidas el martes por la televisión pública suiza SRF, la televisión alemana ZDF y el diario estadounidense The Washington Post generaron reacciones de sorpresa e indignación entre políticos suizos.

“Es un asunto políticamente explosivo porque se trata de una operación que, según la información disponible, ocurrió hasta 2018, lo que significa que el servicio secreto suizo estaba al tanto”, subrayó Balthasar GlättliEnlace externo, diputado de los Verdes, en entrevista con la SRF.

Otros parlamentarios expresaron menos indignación por el hecho de que la CIA y Crypto estuvieran confabulados, pero se mostraron sorprendidos por la magnitud de la operación.

Christa MarkwalderEnlace externo del Partido Liberal Radical (PLR/derecha liberal), declaró a la SRF que ya sabía del tema. “Sin embargo, no tenía idea de cuán grande era realmente el nivel de espionaje y cuántos países recibieron estos dispositivos. Esto es una sorpresa”, enfatizó.

Miembros de la Unión Democrática de Centro (UDC/derecha conservadora) también manifestaron su alarma. “Este es un gigantesco caso de espionaje”, puntualizó el diputado Franz GrüterEnlace externo, al diario Tages Anzeiger.
¿Cómplices o ingenuos anfitriones?

Los políticos de izquierda, derecha y centro exigen que se revele la verdad sobre quién en el Gobierno y en el servicio de inteligencia helvéticos sabía qué y cuándo. “¿Autorizó el Gobierno esta operación conjunta entre los servicios secretos suizos y estadounidenses?”, inquirió Glättli.

Los políticos acogieron de manera uniforme el compromiso de una investigación completa por parte del Gobierno suizo, pero algunos dijeron que no era suficiente.

Glättli pidió una comisión parlamentaria de investigación si se demostraba la participación del Gobierno. Los socialistas dijeron que apoyarían tal investigación. La presidenta del PLR, Petra GössiEnlace externo, también dijo que era “una opción seria” para su partido, el cual examina la opción de proponerla en la sesión parlamentaria de primavera.

El presidente del Partido Socialista (PS), Christian Levrat, subrayó la urgencia de llegar al fondo del asunto e indicó que había preguntas que debían ser respondidas de inmediato. “El Consejo Federal (Gobierno) podría haber presentado cargos penales contra esas personas [que trabajan en Crypto] hace mucho tiempo”, dijo.
Control de daños

El caso conduce a cierta autorreflexión y a la necesidad de enviar una señal para tranquilizar a los países socios de Suiza sobre el compromiso helvético con la neutralidad.

Si las autoridades permitieron que Crypto se involucrara con servicios de inteligencia extranjeros, es posible que no hayan violado ninguna ley suiza tendiente a limitar actividades de espionaje “indeseadas” por parte de agentes extranjeros en su territorio. Sin embargo, advirtió Glättli, eso “socavaría los cimientos de nuestra identidad política”.

Gössi dijo que “si solamente el núcleo de estas revelaciones es correcto, [el asunto] pone en peligro nuestra neutralidad y la soberanía de nuestro país. En última instancia, también tiene que ver con la confianza en nuestras instituciones políticas”.

Si bien el escándalo es perjudicial, Markwalder puntualizó que gran parte del espionaje tuvo lugar durante la Guerra Fría y que Suiza tiene una sólida reputación. “Debemos dejar claro a nuestros países socios la vigencia de nuestra neutralidad y de nuestros acuerdos”.
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Traducido del inglés por Marcela Águila Rubín , swissinfo.ch

miércoles, 7 de junio de 2017

Campaña en favor de niños centroamericanos obligados a migrar.



Sergio Ferrari, desde la ONU, Ginebra, Suiza

ACNUR preocupada por migrantes menores
La FAO refuerza la seguridad alimentaria en Centroamérica

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) anunció el último miércoles de mayo el inicio de una campaña denominada la “Niñez que huye” que busca proporcionar refugio y condiciones de vida adecuadas para los menores afectados en la región centroamericana.

El organismo de las Naciones Unidas solicita a donantes y al público en general un apoyo activo. Espera recaudar 18 millones de dólares que serán destinados a ayudar a los niños migrantes que escapan de la violencia y abusos que sufren por parte de las pandillas en El Salvador, Guatemala y Honduras.

Actualmente, ACNUR les ofrece asistencia económica, refugio en albergues y servicios de asistencia legal y psicológica. Según el organismo de la ONU, sólo en México, más de 16.000 menores no acompañados fueron detenidos por las autoridades migratorias el año pasado.

Este masivo flujo migratorio supone un gran desafío para los países de acogida, en concreto México, que confronta una compleja situación dado que las solicitudes de asilo crecieron más de un 1.000% desde el año 2011 y un 152% durante 2016.

Por otra parte, otro organismo de la ONU, anticipó en las últimas horas iniciativas concretas para promover la seguridad alimentaria en Centroamérica.

La FAO (Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) acordó con El Salvador, en su calidad de presidente pro-tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), tres nuevos proyectos de cooperación técnica para impulsar la seguridad alimentaria en dicha región.

Entre esas iniciativas se cuenta la mejora de los espacios de diálogo para avanzar hacia sistemas alimentarios sensibles a la nutrición. También, fomentar la innovación y el desarrollo rural y generar sinergias entre el plan regional y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Además, respaldará la gestión de El Salvador en la promoción de la agricultura familiar.

Según la FAO, Bolivia, Chile, Guyana, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Venezuela ya han alineado sus políticas nacionales de lucha contra el hambre y la malnutrición con las orientaciones del Plan de Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre de la CELAC.

Dicho plan nació de la voluntad política de los treinta y tres países de la región y busca erradicar el hambre y la pobreza en el año 2025.
El Plan consta de cuatro pilares principales que para fortalecer todas las dimensiones de la seguridad alimentaria. Consta de diez líneas de acción principal orientadas a la generación de políticas, programas, estrategias y proyectos nacionales, subregionales y regionales para dar respuesta a los 34 millones de personas que aún padecen hambre a nivel regional.
El plan de CELAC recoge las principales políticas e iniciativas exitosas de seguridad alimentaria desarrolladas por los países de la región y se ha convertido en la principal hoja de ruta hacia hambre cero al año 2025.

sábado, 17 de agosto de 2013

Suiza: Amenaza de expulsión de Embajadora Mapuche ante Naciones Unidas.


Suiza: Existe una amenaza de inminente expulsión de Flor Calfunao Paillalef, Apo-Werken Embajadora de la Misión Permanente Mapuche ante las Naciones Unidas

Flor Calfunao Paillalef es una conocida luchadora por los derechos de su pueblo y es la representante legítima de su pueblo ante Naciones Unidas. Ella llegó a Chile pidiendo refugio político por los severos actos represivos hechos contra ella y su entera familia hace 7 años. Ella, desde entonces ha trabajado por los Derechos de su pueblo de acuerdo a los principios establecidos por Naciones Unidas y afirmados en los múltiples convenios que lo demuestran. 

Ella ha trabajado incansablemente por esos objetivos pero, en este momento, dado que el gobierno chileno insiste en que el pueblo mapuche es un pueblo terrorista, y a la influencia que ejerce por todos lados a todo tipo de autoridades, ella ha sido conminada a salir de Suiza o ser deportada. Es ampliamente conocido de que, por años, la familia Calfunao Paillalef ha sido reprimida en la forma más severa que pueda darse, con detenciones, torturas, incluso de menores, incendios de sus casas en la comunidad. La declaración adjunta indica detalles.

Es inconcebible que esto suceda cuando, precisamente, Suiza es la sede de naciones Unidas y debe asegurar que todos los pueblos del mundo pueda asegurar el respeto de sus derechos. Estos, expresados en protección de sus tierras, mantención de su idioma y cultura, vivir en función de lo que es su visión nacional y derechos. Sin embargo, los derechos del pueblo Mapuche, en Chile, no son respetados. Son permanentemente asaltados con fuerzas militarizadas que detienen y condenan con montajes, torturan a los dirigentes y, cuando le parece, proceden al asesinato de ellos. Este es el caso de Rodrigo Melinao Lican, quien fuera asesinado el 8 de agosto, muy cerca de donde ocurriera el asesinato de Jaime Mendoza Collio, hace 4 años. Estos crímenes, y varios otros, han quedado impune por la justicia militar y civil chilena y por la acción constante del Gobierno de Chile de tratarlos como Terroristas. Esta visión mentirosa del Estado ha sido condenada mundialmente. Recientemente, Ben Emerson, Relator de Naciones Unidas que estuvo en el país este último mes, se ha sumado a la condena oficial de estos actos del gobierno chileno y pide que la Ley Anti-Terrorista sea derogada inmediatamente.

La eventual deportación que se haga de Flor Calfunao Paillalef es inaceptable bajo todo punto de vista. Pedimos a todos y todas que impidan este acto represivo. La denuncia de esta situación y la petición a las más altas autoridades de naciones Unidas, de otros grupos de Derechos Humanos internacionales, así como a las autoridades suizas y sus representantes debe ser llevada adelante. Deportar a Flor Calfunao Paillalef es mantener la persecución histórica contra el pueblo Mapuche para mantener el Despojo que sufre este pueblo hermano. Un acto que nos parece inconsecuente y un serio error de las autoridades suizas.
Solicito su respuesta y solidaridad. Quedo a la espera de su pronta respuesta.

José Venturelli, Pediatra
Miembro del Secretariado Exterior de la Comisión Ética Contra la Tortura (Chile)
Vocero Internacional del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico de Chile Profesor Emérito, Universidad de McMaster, Hamilton, Ontario CANADA.

DECLARACION recibida de Flor Calfunao Paillalef.

Fuente: ApiaVirtual

martes, 16 de abril de 2013

Los capitalistas lucran con la crisis capitalista.


Pablo Rieznik

Se acaba de conocer un nuevo archivo (“offshoreleaks”) sobre actividades ilegales y lavado de dinero, que contiene una mina de informaciones sobre el sistema financiero de los paraísos fiscales: los movimientos de dinero de 120 mil empresas y de alrededor de 130 mil personas o entidades en los llamados bancos “extraterritoriales” (offshore en inglés). Se estima que por esos canales circulan fondos gigantescos, del orden de los 20 a 30 billones de dólares.

Los datos fueron entregados por una fuente anónima hace quince meses al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, según la sigla en inglés), una red global de 160 periodistas de más de 60 países. El archivo contiene 2 millones y medio de archivos digitales, correos electrónicos y otros documentos. Su volumen es 160 veces mayor que el correspondiente a los cables diplomáticos y militares secretos que hizo público Wikileaks en 2010. El desciframiento de semejante “caja negra” llevará mucho tiempo.

Lo que se dio a conocer ya comenzó a provocar problemas políticos. El vapuleado gobierno francés ha sido golpeado por la revelación de que el jefe de finanzas de su campaña, Jean-Jacques Augier, era un activo operador de transacciones sucias en los paraísos fiscales. Un ex ministro de Hacienda, Jérôme Cahuzac, que defendía la política de “austeridad” del presidente “socialista”, manejaba una cuenta con dinero “non sancto” en Suiza. Se ha revelado también el manejo en negro de frondosos fondos vinculados con PVDSA por parte de empresarios del chavismo. Entre los “clientes” con tránsito fluido en el territorio “offshore” aparecen figuras tan disímiles como el presidente de Azerbaijan, la esposa del viceprimer ministro ruso, y empresas de su gobierno y de la oligarquía rusa; una baronesa española, viuda de uno de los capos de la industria del acero en Alemania; la hija del ex dictador filipino Ferdinando Marcos, banqueros de Wall Street, traficantes de armas; grandes capitalistas de la Unión Europea. A la fiesta no ha faltado nadie y la historia recién comienza.

El punto político crucial es que esta es la clase social que pretende imponer su salida al derrumbe capitalista.

Crisis mundial

El informe pone de relieve que los bancos “más serios del mundo” trafican, formal e informalmente, con empresas “pantallas”. James S. Henry, un hombre de larga trayectoria en una de las consultoras financieras más grandes del mundo (McKinsey) señala que los fondos de los 50 mayores bancos privados del mundo que circulan por los centros “offshore” para preservar los intereses de sus “grandes cuentas”, pasaron de 5 a 12 billones de dólares entre 2005 y 2010.

La crisis mundial ha potenciado el lavaddo de dinero de la evasión fiscal, el narcotráfico, el contrabando de armas y el negocio de la trata. Han contribuido a garantizar la liquidez de los grandes bancos frente al derrumbe del mercado interbancario. Las multas que aplican los Estados, cuando descubren estas operaciones, apenas rozan las ganancias obtenidas. El Wells Fargo, el principal banco de Estados Unidos, fue obligado a pagar más de 100 millones de dólares por lavado de dinero del narcotráfico mexicano, que involucró más de 300 mil millones de dólares. Los fondos de las Islas Vírgenes británicas tienen la participación mayoritaria en el negocio inmobiliario de Londres. Papel similar juega la mafia rusa.

El “offshore leaks” está relacionado con el hecho de que los Estados han llegado a su límite último para rescatar a la banca con dinero público. Hay una gigantesca masa de capital privado que podría absorber el peso del rescate, pero que solamente lo haría en sus propios términos, previa desvalorización del capital afectado por la quiebra. Es, por ejemplo, lo que ocurre con el llamado ‘banco malo’ en España, que fue creado con los activos incobrables del fundido Bankia. El ‘banco malo’ es manejado, entre otros, por el Santander y el BBVA, que buscan vender esos activos (inmuebles, por ejemplo) a un precio mayor al reconocido por el gobierno cuando puso el dinero para compensar la parte ‘buena’ que dejó el Bankia. El rescate de los bancos con dinero del Estado ofrece a los capitales refugiados en los paraísos fiscales la posibilidad de lucrar, como lo hacen los ‘fondos buitres’, con la diferencia entre el precio al que compraron la entidad quebrada, por un lado, y la venta posterior de sus activos, por el otro.

Lo que corresponde es usar la denuncia del “offshoreleaks” para promocionar que la crisis la paguen los capitalistas, y por medio de esta lucha acercar el momento para instalar gobiernos de trabajadores.

Fuente: ApiaVirtual

miércoles, 28 de marzo de 2012

Sociedad civil colombiana se pronuncia a favor de la paz.



Por Sergio Ferrari. (*)
Lausana. Suiza.

Más de doscientos participantes se dieron cita entre el 23 y el 25 de marzo en Lausana en el “Encuentro Internacional por la paz y la solución política al conflicto colombiano”. Los organizadores evaluaron haber logrado todos los objetivos previstos al convocar el evento en Suiza. Fundamentalmente,  la unanimidad para ratificar la solución política como la única opción viable para Colombia.

“Constituye un primer paso de una serie de iniciativas que se realizarán en los próximos meses en Europa a favor de la paz”, anticipó André Roth, uno de los miembros del comité de organización. En los próximos meses hay eventos similares programados en Suecia e Irlanda.
Roth explicó que los promotores, en un esfuerzo amplio de convocatoria, habían enviado la invitación al Gobierno colombiano, a las insurgencias, a numerosas organizaciones sociales del país sudamericano, así como a  expertos internacionales.

El Gobierno colombiano no estuvo presente. En tanto los grupos insurgentes enviaron señales positivas sobre la iniciativa, explicaron los portavoces del evento.
El ELN (Ejército de Liberación Nacional) hizo llegar un video-mensaje analizando su punto de vista sobre la resolución del conflicto.

Por su parte, diversos representantes de la sociedad civil del país sudamericano participaron en los debates de Lausana. Hicieron el viaje de Colombia a Suiza, una decena de dirigentes de movimientos sociales y de derechos humanos.

“Que pongan las cartas sobre la mesa…”

 “El desafío de la paz es clave”, subrayó Boris Duarte, uno de los dirigentes de la Mesa Amplia Nacional de Estudiantes (MANE), coordinadora que dirigió manifestaciones multitudinarias en todo Colombia durante el segundo semestre del año pasado.

Si las reivindicaciones específicas de los estudiantes han constituido el eje principal de dichas protestas, “nunca dejamos de pronunciarnos, claramente, a favor de la necesidad de una solución política y negociada del conflicto que padece nuestro país”, explicó Duarte.  “Lo que explica nuestra  presencia en Lausana y en todos los escenarios nacionales o internacionales que “puedan aportar a la paz”, acotó.

Boris Duarte recordó que la consigna central que defiende la coordinadora estudiantil es “por un país con democracia, soberanía y paz”. Y en ese sentido “les decimos a todos los actores del conflicto que pongan las cartas sobre la mesa y se comprometan. Porque los principales afectados somos la ciudadanía en su conjunto”.

No se trata de la rendición de uno u otro, sino de un proceso coherente que “ponga las bases de otro modelo de país, con acceso  real a la democracia y a los derechos esenciales, con la vigencia de una verdadera justicia social”, concluyó.

“Apostar a la paz”

  “Nos preocupa enormemente  la situación conflictiva histórica de Colombia y la dimensión de violencia que vive nuestro país”, subrayó Diego Gómez, binacional suizo-colombiano, co-organizador del evento.

Nos estimula – sigue explicando-, el hecho que “todas las partes interesadas en el conflicto, sea el Gobierno, las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)  y el ELN, han expresado una y otra vez su interés por la paz. Sentimos que es un momento favorable para una salida política y negociada” evalúa.

En este marco, “percibimos que a diferencia de otros momentos, en la actualidad, importantes sectores de la sociedad se movilizan activamente a favor del fin del conflicto. Sean estas organizaciones indígenas, campesinas, sindicales, de mujeres, de afro-descendientes, de derechos humanos, ambientalistas, de la cooperación, del mundo de las iglesias”.

Y en ese contexto, “reflexionamos desde hace varios meses, nuestro aporte en tanto que diáspora colombiana a todo este proceso de construcción de la paz. Con una certeza: queremos ser sujetos políticos colectivos para participar, junto a otros sectores sociales, en ese proceso”, analiza Gómez.
De ahí la importancia de este encuentro, sostuvo. “Estamos convencidos que debemos dar y tomar la palabra. Facilitar que los enemigos se hablen y se escuchen. Que se empiece a acabar este diálogo de sordos y avancemos hacia soluciones negociadas.  Recordando el título del Manifiesto de Lausana: “Para alcanzar una paz justa y duradera, ¡solución política al conflicto ya!”

En el balance final, los organizadores del evento de Lausana, expresaron su satisfacción por el mismo, en especial por la diversidad y la amplitud de la participación.

Expresaron su solidaridad con los presos políticos colombianos, un gran número de los cuales se encuentra actualmente en huelga de hambre. Y ratificaron su convicción que la vía política es la única opción actual para resolver el conflicto armado en el país sudamericano.+ (PE)

(*) Sergio Ferrari, en colaboración con E-CHANGER  y SWISSINFO
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Fuente: Ecupres

martes, 28 de febrero de 2012

Colombia:las multinacionales atentan contra los derechos sindicales.



Por Sergio Ferrari. (*)
Ginebra. Suiza.

El afán insaciable de las multinacionales en Colombia por adquirir empresas estatales, controlar territorios y explotar recursos naturales, conlleva a una crisis creciente de los derechos laborales y de las garantías sindicales.
 
En la actual realidad colombiana, el apoyo de la comunidad internacional es esencial para “acompañar y reforzar la vigencia de los derechos humanos, laborales y sindicales”, enfatiza el dirigente sindical Alvaro Vega, durante su reciente estadía en Suiza.
 
Respetar convenios de la OIT.
Vega además denunció las prácticas de las multinacionales que priorizando sus intereses económicos, desconocen la legislación interna y convenios suscritos por el gobierno colombiano ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Como  el 87 y 98 referidos a los derechos de asociación y negociación colectiva.
 
“Queremos que se conozcan a nivel internacional situaciones que requieren de la solidaridad externa dada la falta de garantías en mi país”, expresó el dirigente sindical.
 
Llamado retomado por la organización helvética SOLIFONDS, que reúne en su seno a una decena de sindicatos, asociaciones de cooperación y solidaridad con los pueblos del sur, el Partido Socialista Suizo etc. SOLIFONDS invitó al sindicalista sudamericano para participar en actividades públicas en Ginebra y Zúrich.
 
“Es esencial hacer conocer en Europa la realidad cotidiana de las organizaciones sociales colombianas que sufren una enorme presión en detrimento de sus derechos”, enfatiza Yvonne Zimmermann, una de las responsables de SOLIFONDS.
 
Dos violencias superpuestas.
A pesar del discurso más político del nuevo gobierno encabezado por el presidente Juan Manuel Santos y su vicepresidente el ex sindicalista Angelino Garzón, “padecemos una realidad cotidiana cada vez más complicada para ejercer nuestros derechos sindicales”, afirma Alvaro Vega.
 
Vega, ingeniero mecánico de profesión , es el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) en la seccional del Valle del Cauca –con 38 mil afiliados-, una de las regiones más importantes del país y más afectadas por la acción de los distintos actores armados.
 
Un primer tipo de violencia, explica Vega, es el resultado de una “política global antisocial impuesta por muchas de las multinacionales instaladas en el país. Desconocen sistemáticamente el derecho a la sindicalización; cierran empresas nacionales para desarticular asociaciones gremiales y bajar costos;  promueven la criminalización de la protesta social”.
 
La segunda manifestación, “es la violencia social cotidiana en aumento, producto de la agudización de la crisis económica y el impacto de las políticas oficiales contra los sectores económicamente más frágiles del país, entre ellos los trabajadores”, explica.
 
Sobre su propia experiencia personal dice: “era trabajador de la multinacional de capital brasilero GERDAU. Fui afectado por el cierre arbitrario y posterior liquidación de su filial SIDELPA en el 2009”.
 
En el proceso contra la clausura del centro productivo, inicialmente, participaron 256 trabajadores. Pero debido a presiones de la multinacional y del Estado, “finalmente terminamos la lucha solo dos, que éramos los dirigentes sindicales en la firma”.
 
Luego de complicados procesos jurídicos y mediaciones internacionales, los dos delegados sindicales lograron obtener una pensión anticipada. “Pero lo que es más importante, que la empresa debió pagar una indemnización reparativa a los sindicatos que defendieron la causa. Fue una forma de reconocer su arbitrariedad y constituyó una victoria simbólica, aunque limitada, de los derechos laborales”, explica.
 
Realidad deteriorada.
Más de 50 dirigentes sindicales fueron asesinados en 2011 en toda Colombia. Cuatro de ellos en la región del Valle del Cauca.
 
En los últimos meses “se han disparado los índices de amenazas contra activistas y dirigentes sindicales en mi región”, explica Vega. Quien fue víctima de un hostigamiento a su residencia el 25 de noviembre pasado y de presiones crecientes en los últimos tres meses.
 
“Se trata de criminalizar al movimiento sindical, a las organizaciones sociales en general. Por eso, a pesar del discurso oficial del respeto de derechos humanos la realidad cotidiana contradice tal argumento”, enfatiza.
 
Para responder a tantas presiones, “tratamos de impulsar alianzas y apoyo mutuo entre los sindicatos, organizaciones sociales como la minga indígena, el sector de la cultura, el movimiento estudiantil que se ha movilizado fuertemente el segundo semestre del año pasado y algunas comunidades desplazadas de zonas marginales”.  
 
Solidaridad con las mujeres sindicalistas.
Minoritarias en las instancias dirigentes de los sindicatos colombianos las mujeres exigen mayores cuotas de participación.
 
SOLIFONDS apoyó un proyecto de seminarios de formación para las sindicalistas de la CUT Valle del Cauca. Aunque originalmente se preveía un centenar de inscritas, “finalmente participaron 130 mujeres de doce sindicatos sectoriales” explica Yvonne Zimmermann de la organización solidaria helvética.
 
Quien ratifica la necesidad de reforzar el apoyo a los sindicatos y organizaciones sociales del país sudamericano, “para asegurar un ejercicio real de los derechos sindicales”, a la base de todo derecho humano esencial.+ (PE)
 
(*) Sergio Ferrari, en colaboración con E-CHANGER y swissinfo.
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Fuente: Ecupres