Servindi, 17 de junio, 2011.- En protesta a la decisión del Gobierno de construir varias hidroeléctricas en la Amazonía sin tener en cuenta la opinión de las comunidades originarias y la vulneración de sus derechos, los representantes de los pueblos indígenas abandonaron la Comisión Nacional de Política Indigenista (CNPI), el jueves 16.
Los líderes indígenas anunciaron la ruptura de sus relaciones con el Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff por la forma autoritaria con la que ha tratado a estos pueblos y la lentitud u omisión en la atención de sus demandas. Precisaron que existen resoluciones que aprobaron y que raramente siguieron su curso, quedando así sin efecto.
“La política indígena en el país está siendo destruido por el gobierno. Nos damos cuenta de que no es importante para el gobierno de Brasil, porque el crecimiento económico parece estar sobre los derechos indígenas “, dijo el cacique Xukuru Marcos, representante indígena en la CNPI.
“El gobierno está determinado a construir emprendimientos que impactarán directa o indirectamente en nuestras tierras, el medio ambiente, la vida y cultura de nuestros pueblos, como la hidroeléctrica Belo Monte”, en la Amazonia y la tercera mayor del mundo”, sostuvieron en un comunicado. Agregaron que retomarán el diálogo solo cuando sean recibidos por la propia jefa del Estado.
“Parece que Rousseff tiene un blindaje que le impide hablar. Queremos oír cuál es su política. Si quiere sacrificar a los indios en aras del desarrollo que nos lo diga. Ella tiene sensibilidad a nuestras demandas, pero estamos extremadamente preocupados porque no nos ha recibido desde su investidura, el pasado enero”, sostuvo Francisca Navantino, de la etnia parecí e integrante de la CNPI.
Los originarios están alarmados por la rapidez con la que se concedieron los permisos de obra a la central hidroeléctrica de Belo Monte, un proyecto impulsado por el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Señalaron que algunos indígenas se vieron forzados a firmar documentos “sin saber qué firmaban” para autorizar la construcción de esa, y otras represas, en la Amazonía.
Indican que la Fundación Nacional del Indio (Funai) otorgó su permiso muy rápido y sin consultar debidamente a los indígenas. Respecto a esa organización, denunciaron además que en los últimos años se ha reducido el personal de esa entidad en algunas reservas, donde se han quedado a merced de los madereros, hacendados y narcotraficantes.
Los líderes indígenas demandan más voz en la Funai y que el Gobierno les presente una agenda con compromisos concretos para mejorar áreas como la salud y la educación. Asimismo, explican que varios pueblos indígenas sufren amenazas de muerte y están siendo “criminalizados” en los conflictos por la tierra, al ser arrestados y juzgados sin las garantías exclusivas que la legislación brasileña dispone.
El gobierno de Dilma Rousseff aún no se pronunció sobre esta ruptura con los líderes indígenas en esta comisión. Cabe señalar, que la CNPI es el principal responsable de la organización de las actividades de varias agencias federales que trabajan con los pueblos indígenas. Reúne a representantes indígenas y del Gobierno.
Otras noticias:
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■Brasil: Indígenas acampan para detener obras en sus territorios
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■Brasil: Violencia y pocas tierras marcaron la era Lula.
Los líderes indígenas anunciaron la ruptura de sus relaciones con el Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff por la forma autoritaria con la que ha tratado a estos pueblos y la lentitud u omisión en la atención de sus demandas. Precisaron que existen resoluciones que aprobaron y que raramente siguieron su curso, quedando así sin efecto.
“La política indígena en el país está siendo destruido por el gobierno. Nos damos cuenta de que no es importante para el gobierno de Brasil, porque el crecimiento económico parece estar sobre los derechos indígenas “, dijo el cacique Xukuru Marcos, representante indígena en la CNPI.
“El gobierno está determinado a construir emprendimientos que impactarán directa o indirectamente en nuestras tierras, el medio ambiente, la vida y cultura de nuestros pueblos, como la hidroeléctrica Belo Monte”, en la Amazonia y la tercera mayor del mundo”, sostuvieron en un comunicado. Agregaron que retomarán el diálogo solo cuando sean recibidos por la propia jefa del Estado.
“Parece que Rousseff tiene un blindaje que le impide hablar. Queremos oír cuál es su política. Si quiere sacrificar a los indios en aras del desarrollo que nos lo diga. Ella tiene sensibilidad a nuestras demandas, pero estamos extremadamente preocupados porque no nos ha recibido desde su investidura, el pasado enero”, sostuvo Francisca Navantino, de la etnia parecí e integrante de la CNPI.
Los originarios están alarmados por la rapidez con la que se concedieron los permisos de obra a la central hidroeléctrica de Belo Monte, un proyecto impulsado por el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Señalaron que algunos indígenas se vieron forzados a firmar documentos “sin saber qué firmaban” para autorizar la construcción de esa, y otras represas, en la Amazonía.
Indican que la Fundación Nacional del Indio (Funai) otorgó su permiso muy rápido y sin consultar debidamente a los indígenas. Respecto a esa organización, denunciaron además que en los últimos años se ha reducido el personal de esa entidad en algunas reservas, donde se han quedado a merced de los madereros, hacendados y narcotraficantes.
Los líderes indígenas demandan más voz en la Funai y que el Gobierno les presente una agenda con compromisos concretos para mejorar áreas como la salud y la educación. Asimismo, explican que varios pueblos indígenas sufren amenazas de muerte y están siendo “criminalizados” en los conflictos por la tierra, al ser arrestados y juzgados sin las garantías exclusivas que la legislación brasileña dispone.
El gobierno de Dilma Rousseff aún no se pronunció sobre esta ruptura con los líderes indígenas en esta comisión. Cabe señalar, que la CNPI es el principal responsable de la organización de las actividades de varias agencias federales que trabajan con los pueblos indígenas. Reúne a representantes indígenas y del Gobierno.
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Fuente: Servindi
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