Comisión Justicia y paz
Todo estas actuaciones contra derecho suceden a pesar del discurso oficial de respeto de los derechos humanos, del reconocimiento de la existencia de un conflicto armado en Colombia y de una aprobación de la ley de víctimas.
En abril, Gisela Cañas, una de las abogadas de la Comisión de Justicia y Paz, que desarrolla su labor a favor de los derechos de los pueblos indígenas Embera del cerro Sagrado Soa Biiudiria recibió amenazas de muerte.
La semana pasada fue requisada la residencia del Defensor de Derechos Humanos Danilo Rueda y se sustrajo información en memorias USB relacionado con la Operación “Génesis” relacionados con crímenes de lesa humanidad cometidos entre 2002 y 2010 así como documentos de mandos paramilitares extraditados a Estados Unidos, sobre procesos de paz e iniciativas humanitarias de las comunidades, entre otros. Como Comisión Ética nos hemos pronunciado en varias ocasiones en pro de la humanización de la guerra y la solución negociada al conflicto armado en Colombia, insistiendo en la legitimidad de la labor humanitaria necesaria para tal fin.
Este mismo defensor de derechos humanos recibió una reacción desproporcionada y sin fundamento en el anterior período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el Inspector General de la Policía Nacional, al denunciar la presencia paramilitar en medio de la presencia militar y policial en el municipio de Argelia, Cauca; municipio que fue visitado por la Comisión Ética en dos ocasiones escuchando testimonios contundentes acerca de la convivencia de grupos paramilitares y las fuerzas regulares y la comisión de decenas de crímenes, incluyendo desapariciones forzadas.
La Comisión Ética ha conocido en cinco visitas a la región del bajo Atrato y Urabá Antioqueño la situación de las comunidades acompañadas por la Comisión de Justicia y Paz. Hemos recogido la memoria de los crímenes cometidos en su contra por acciones militares y paramilitares desde la operación “Génesis” hasta hoy en día. Hemos conocido también la valentía de la resistencia pacífica y las propuestas de reparación integral de esas comunidades que buscan la realización de un proyecto de vida basado en el respeto al ser humano, la naturaleza, la implementación de un verdadero Estado de Derecho para que se ponga fin a la impunidad reinante.
Tomamos atenta nota de que a pesar de decisiones judiciales a favor de las comunidades en cuanto al derecho al territorio como en el caso del Curvaradó, la situación real no permite el ejercicio efectivo de sus derechos. O cómo debemos entender el hecho que las autoridades competentes no son dispuestas a acatar una orden de nivel nacional de desalojar los territorios ocupados de mala fe en el Curvaradó? Los intereses empresariales, militares y políticos en esta región se imponen a decisiones legales y administrativas.
Recientemente, el exjefe paramilitar del bloque bananero Raúl Hasbún alias Pedro Bonito nombró los nexos entre empresarios y paramilitares para los negocios con la palma en los territorios colectivos del Curvaradó y Jiguamiandó: el gerente comercial actual de Fedearroz, los jefes paramilitares Don Berna como dueño de la empresa Palmera S.A., Vicente Castaño de la empresa Urapalma, entre otros.
En este contexto de control militar con presencia y actuación paramilitar, de imposición empresarial en las regiones, de defensores y defensoras de derechos humanos y victimas amenazadas no habrá condiciones para la implementación eficaz de la ley de víctimas y la devolución de tierras de la cual el gobierno colombiano en cabeza del presidente Juan Manuel Santos habla en nuestros países como prueba de que en Colombia la situación de violación sistemática de derechos humanos, el paramilitarismo y la parapolítica son del pasado.
La persecución contra la Comisión de Justicia y Paz se desarrolla a través de una campaña sistemática de persecución, presión, amenazas, allanamiento a la sede en 1998, estigmatizaciones, intentos de judicialización y campañas de deslegitimación nacional e internacional, interceptaciones ilegales por parte del DAS, secuestros, intentos de desaparición forzada, robo de información sin que haya investigaciones oportunas y eficaces.
Así mismo tuvimos conocimiento de que cuatro integrantes de la Comisión Ética, el premio nobel de paz Adolfo Pérez Esquivel, el abogado Enrique Santiago, el obispo emérito Thomas Gumbleton, el sociólogo Francois Houtard y teólogo Pierluigi di Piazza hemos sido víctimas de órdenes de seguimiento dentro de los operaciones ilegales y ofensivas del Departamento Administrativo de Seguridad – DAS, relacionado con nuestro pronunciamiento público y crítico sobre violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno anterior del presidente Uribe. Exigimos que se dé una investigación exhaustiva al respecto sobre los móviles y alcances de los órdenes dados.
Nuestra labor como Comisión Ética se basa en el derecho de los pueblos victimizados a la Verdad, la Justicia, la Reparación Integral y el derecho a la memoria por tanto nos preocupa la falta de garantías para las comunidades y sus acompañantes como la Comisión de Justicia y Paz de la defensa de esos derechos y los derechos humanos en general.
3 de junio 2011
Firman: Asociación France Amerique Latine, Francia
Carlos Fazio, investigador y catedrático de la UNAM; periodista, Méjico
Centro Balducci, Pierluigi di Piazza, Italia
Comisión Ética contra la Tortura de Chile. – Chile, José Venturelli, vocero del Secretariado Europeo de la Comisión Etica Contra la Tortura deChile.
Coordinadora de Ex presos y Ex presas Políticos de Chile, Enrique Nuñez, Consejero Nacional del instituto nacional de derechos humanos, Chile
Comunidad Cristiana de Santo Tomas, España Eduard Nachmann, maestro, hijo de desaparecido, H.I.J.O.S capital; Carlos Alberto Rice, Red Nacional de Argentina Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el olvido y silencio, Argentina Enrique Santiago, abogado, Instituto de Estudios Políticos de América Latina y África, España
Espai Catalunya-Comissió Ética, Tica Font Gregori, Directora del Instituto Catalán Internacional para la Paz; Antoni Pigrau, profesor de derecho internacional, España
Gilberto Rivas y López, antropólogo, catedrático del Instituto de Antropología e Historia, Méjico
Libertad Sánchez, Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Mérida y Comarca, España
Mary Bricker-Jenkins, PhD, USA-Canada Alliance of Inhabitants (USACAI), EEUU Miguel Álvarez Gándara, presidente de Serapaz, México Mirta Acuña de Baravalle; Madres de la Plaza de Mayo - Línea Fundadora, Argentina
Camilo Da Silva, secretario de ddhh, Movimiento Sin Tierras, Brasil
Observatorio de la Escuela de las Américas (SOA WATCH), EEUU
Stephen Haymes, Universidad de dePAul, EEUU
Fuente: REDES CRISTIANAS
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