Servindi, 20 de agosto, 2011.- El Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA, por su sigla en inglés se sumó al pedido de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), filial Formosa, para solicitar la inmediata liberación del abogado Daniel Cabrera, detenido el jueves 18, mientras acompañaba a familias campesinas y de la etnia wichís.
Daniel Cabrera es miembro de la Asociación Argentina de Derecho Internacional (AADI) e integra el Servicio Jurídico de Pueblos Indígenas (SERVIJUPI) y hasta la mañana del viernes continuaba detenido en la Unidad Policial Nº4 de Las Lomitas.
En un mensaje dirigido al Ministro de Gobierno Jorge Abel González, el coordinador del Programa de IWGIA para América Latina Alejandro Parellada expresó su preocupación por la detención del abogado quién ejerce la defensa de los derechos humanos de las comunidades indígenas y campesinas.
La noche del martes, el abogado Daniel Cabrera denunció amenazas telefónicas contra su persona, presumiblemente realizadas por funcionarios policiales.
Las amenazas ocurrieron luego que el sábado 13 de agosto un grupo de cerca de 150 familias campesinas y wichís, ocuparan viviendas de los barrios San Cayetano y San Martín, de la localidad Ingeniero Juárez, distante unos 500 kilómetros de la capital formoseña.
El abogado acompañaba a cerca de 150 familias que ocuparon dichas viviendas y si bien se desconocen las circunstancias precisas de la detención del abogado Daniel Cabrera, se sabe que su arresto se efectuó bajo el cargo de instigación a cometer delito.
En su misiva Parellada recuerda que la represión del pueblo Qom ocasionó dos muertes el año pasado y la detención de Daniel Cabrera “es una clara violación de las normas constitucionales argentinas”.
IWGIA es una organización internacional independiente, fundada en 1968, que posee estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) y su secretaría general se encuentra en la ciudad de Copenhague, Dinamarca.
Repudian detención
Por su parte la APDH filial Formosa condenó la detención del abogado Cabrera, que es un reconocido defensor de los derechos de los más débiles y comprometido con la causa de los derechos humanos.
La APDH denunció que “atacar a los abogados es atacar a los ciudadanos que son defendidos por ellos, nos preguntamos: qué nos queda a los ciudadanos si un gobierno se ensaña con quienes constitucionalmente están habilitados para defenderlos”.
Voceros de la APDH afirmaron que esta situación es una clara muestra de autoritarismo y de no cumplimiento de los derechos, deberes y garantías expresados en la Constitución Provincial.
Atacar a los abogados: Una constante en Formosa
Gabriel Alcaráz, abogado de SERVIJUPI, denunció que es una constante de las autoridades de Formosa y de algunos medios de información intentar desacreditar las demandas de indígenas y campesin0s atribuyéndoselas a sus abogados a los que llaman “instigadores”, con la intención de negar los reclamos de las organizaciones.
Alcaráz declaró que la situación es muy grave pues según la Constitución provincial “un abogado goza de inmunidad para el ejercicio de su profesión, cuestión que no se respetó en este caso, considerando que Daniel estaba actuando como representante de las familias campesinas y wichís”.
Las viviendas ocupadas
Las viviendas ocupadas fueron construidas por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y se encuentran deshabitadas y sin terminar desde hace cerca de 18 años.
Los intentos de desalojo se producen a pesar que existen cerca de 25 viviendas habitadas por familias de policías, médicos y otros funcionarios, a quienes nunca se les pidió cuentas por una ocupación irregular.
Las viviendas de del IPV fueron construidas para la gente que no tiene como es el caso de las familias campesinas e indígenas indicó el abogado Cabrera antes de su arbitraria detención.
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