Denise González Núñez / Desinformémonos
El territorio mexicano es un cementerio de cuerpos y de esperanzas para muchas personas migrantes que intentan llegar a Estados Unidos de manera indocumentada. La masacre de San Fernando en agosto de 2010, que fue conmemorada el pasado 19 de agosto por el capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos es una prueba de ello. Ahí, en el rancho San Fernando en Tamaulipas, quedaron sepultados no sólo los cuerpos de 72 hombres y mujeres centroamericanas, sino también sus sueños de una mejor vida para sus familias.
Lamentablemente no ha habido grandes cambios en la conciencia respecto a este tema, puesto que miles de migrantes siguen siendo víctimas de incontables abusos, entre los que se encuentran el secuestro, la tortura, la violencia sexual, la ejecución, la desaparición y, como lo revela el caso de Ángel Amílcar Colón Quevedo, el encarcelamiento injusto por delitos falsos.
Tal como señaló Felipe González, Relator sobre los Derechos de los Migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante la presentación del informe Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México, “observamos una persistencia de un cuadro de graves violaciones a derechos humanos de migrantes en México”.
Sin duda destaca el uso de la palabra “persistencia” por parte del Relator. Es decir, pese a las escandalosas violaciones contra derechos humanos que se han cometido y que se cometen a diario contra las personas migrantes y al llamado continuo de familiares y personas defensoras que exigen verdad y justicia, la situación de migrantes en México no ha sido adecuadamente atendida por el Estado mexicano hasta la fecha.
De acuerdo con el informe de la CIDH, que abarca del 2008 al 2013, enfatizó su visita a México en el año 2011, “[l]a gravedad de los hechos que se abordan […] indica que, antes que mejorar, la situación de las y los migrantes en situación irregular en México ha empeorado de forma grave con el paso de los años, sin que el Estado haya adoptado una política pública integral orientada a la prevención, protección, sanción y reparación de los actos de violencia y discriminación de los que son víctimas las personas migrantes en México”.
La contundencia de estas palabras es indiscutible y sus implicaciones son trágicas, por las vidas humanas que representa, y vergonzosas para un Estado que dice cumplir sus obligaciones internacionales y, más aún, que exige cierto comportamiento de otros Estados para con las y los migrantes indocumentados mexicanos.
En esta tesitura la CIDH reconoció en su informe lo que para defensoras y defensores de derechos humanos en México ya era claro: existe una “ruptura definitiva de la dicotomía de la protección que México pide a otros Estados para los migrantes mexicanos en el exterior y la protección que brindan las autoridades mexicanas a los migrantes de otros países que viven o transitan por México”.
La historia de Ángel Amílcar Colón Quevedo, sobre quien ya se ha escrito en este y otros espacios, es un ejemplo paradigmático precisamente de la “ruptura definitiva” entre la protección que exige el gobierno mexicano a migrantes mexicanos y la protección que brinda a migrantes de otros países. Su historia, como la de miles de migrantes que cruzan el territorio mexicano, es la historia de la tragedia sobre la tragedia. Pero, además, pone en evidencia una realidad que no ha sido considerada dentro del fenómeno de la migración en México y que requiere mayor visibilidad: la incriminación de migrantes por delitos falsos.
“Que no sufran otros migrantes lo que yo he sufrido” es una de las exigencias de Ángel Amílcar, quien, desde el Centro Federal de Readaptación Social No 4, donde se encuentra encarcelado injustamente, reafirma su convicción como defensor de derechos humanos. Acompañémoslo a él y a otros migrantes haciendo nuestra esta misma exigencia: que no sufran más migrantes lo mismo que las y los centroamericanos cuyos sueños yacen inertes a lo largo del territorio mexicano, ya sea en fosas clandestinas, como en el caso de las víctimas de la masacre de San Fernando, o en las cárceles, como en el caso de Ángel Amílcar. Que resuenen fuerte claro estas palabras en todos los rincones del país.
Fuente: Chacatorex
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