Amnistía dura con Trump por su "venenosa retórica"

PARÍS. REUTERS, AFP, 23 feb 2017

Desde hace meses que Donald Trump es el primer actor de la política internacional. Y como tal no podía escapar al informe 2016 de Amnistía Internacional divulgado ayer miércoles, que atribuye a la retórica "venenosa" del presidente de Estados Unidos que el mundo sea hoy un lugar más sombrío.

En su reporte anual que incluye a 159 países, el grupo de derechos humanos dijo que los principios de la dignidad y la igualdad de las personas están amenazados por las nuevas tendencias políticas, acentuadas a partir de la llegada de Trump al poder, el 20 de enero.

"La venenosa retórica de la campaña de Donald Trump ilustra la tendencia global hacia una forma más airada y divisiva de hacer política. En todo el mundo, líderes y políticos en busca de poder articularon discursos de miedo y desunión, culpando a los otros de los motivos de queja, reales o inventados, del electorado", sostiene Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional, en el prólogo del informe.

El mundo, sostuvo, se ha convertido en un "lugar más oscuro e inestable" con la aparición de discursos de odio contra refugiados en Europa y Estados Unidos.

Agrega que las primeras medidas de Trump "sugieren una política exterior que menoscabará significativamente la cooperación multilateral y señalará el inicio de una nueva era en la que habrá mayor inestabilidad y desconfianza mutua".

"En este contexto, se corre el riesgo de que los valores articulados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 no estén ya garantizados", afirma más adelante.

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El informe de Amnistía Internacional expresó especial inquietud respecto a Trump, quien fue elegido presidente "tras una campaña que causó consternación por su discurso discriminatorio, misógino y xenófobo", y que "ilustra la tendencia global más airada y divisiva de hacer política".

"Las decisiones que está tomando, ya sea la construcción de un muro en la frontera con México o la aceleración de las expulsión de inmigrantes ilegales, van a tener repercusiones sobre millones de personas", alertó Geneviève Garrigos, responsable de la región Américas de Amnistía.

Además de Trump, Amnistía arremetió contra el presidente filipino Rodrigo Duterte, el turco Recep Tayyip Erdogan y el primer ministro húngaro Viktor Orban, que "tienen una agenda tóxica que persigue, convierte en chivos expiatorios y deshumaniza a grupos enteros de personas".

El secretario general de Amnistía, Salil Shetty, advirtió además contra el "riesgo de efecto dominó" cuando países poderosos, como Estados Unidos, "dan marcha atrás en sus compromisos con los derechos humanos". Frente a este escenario, Amnistía llamó a todos a movilizarse. "El año 2017 será de resistencia", dijo Shetty a la AFP. "Nuestras esperanzas reposan en el pueblo".

En su informe, Amnistía alertó sobre la inquietante situación de los refugiados centroamericanos que huyen de la violencia "implacable" en sus países y que son "frecuentemente olvidados".

En 2016, estas personas fueron víctimas de expulsiones desde México y Estados Unidos, a pesar de los abrumadores indicios de que muchos regresaban a situaciones de peligro mortal, señaló AI.

Garrigos denunció, además, la detención de migrantes, incluso de menores no acompañados, en los meses pasados en la frontera sur de Estados Unidos, muchos de ellos sin acceso adecuado a atención médica ni a la asistencia de un abogado.

"Nos preocupa que esta situación se agrave con la gran cantidad de migrantes cubanos que han ido a Ecuador para luego tratar de subir a Estados Unidos, o de haitianos que se encuentran bloqueados en la frontera mexicana, sin ningún recurso, en condiciones muy difíciles", agregó.

Aunque con sede en Londres, Amnistía presentó excepcionalmente su informe 2016-2017 en Francia, para alertar sobre la situación en este país a dos meses de elecciones presidenciales.

"Francia está en un punto de inflexión en cuanto a los derechos humanos", advirtió Shetty, pidiendo a los ciudadanos "que no caigan en la trampa de los discursos de odio, miedo y aislamiento".

Presos políticos.

Argentina y Venezuela, bajo gobiernos de signos opuesto, tienen dos presos políticos que ensombrecen sus récords en materia de derechos humanos, la líder indígena Milagro Sala y el dirigente Leopoldo López, señaló Mariela Belski, directora de Amnistía en Buenos Aires. La organización volvió a configurar este año a América Latina como la región más desigual y violenta del planeta, con Venezuela, México, Brasil, El Salvador y Nicaragua liderando nuevamente los índices más altos de homicidios.

Eslogan del Post en defensa de la democracia.

El diario The Washington Post reveló un nuevo eslogan en su página web: "Democracy Dies in Darkness" ("La democracia muere en la oscuridad"). El eslogan apareció por primera vez el viernes y próximamente será integrado a la versión del diario en papel. "Es algo que siempre decimos en la interna al hablar de nuestra misión", explicó a la AFP la portavoz del periódico, Kristine Coratti, respecto al rol que quiere jugar The Washington Post en la defensa de la democracia estadounidense. La expresión "Democracy Dies in Darkness" es usada habitualmente por Bob Woodward, editorialista del The Washington Post y leyenda del periodismo por sus revelaciones en el escándalo de Watergate durante la presidencia de Richard Nixon.

Macri usa "chivos expiatorios" para justificar las políticas de seguridad.

Amnistía Internacional (AI) acusó ayer al Gobierno argentino de utilizar a los indígenas, los refugiados y los inmigrantes como "chivos expiatorios" para justificar políticas de seguridad y "mano dura", como un decreto con el que buscan endurecer las leyes migratorias.

Durante un encuentro con la prensa en Buenos Aires para desglosar el informe anual de la organización, la directora ejecutiva de AI Argentina, Mariela Belsk, denunció la retórica del "nosotros contra ellos" iniciada por Donald Trump con su llegada a la Presidencia estadounidense y que, a su juicio, la replica su par argentino, Mauricio Macri.

"No es llamativo que a los dos días de las órdenes ejecutivas (sobre control fronterizo y vigilancia interna) del presidente Trump, Macri presente un decreto de necesidad y urgencia para modificar una ley migratoria que fue debatida durante 10 años y que es modelo a nivel internacional", apuntó. Belsk se refirió así al decreto firmado por el mandatario argentino a principios de febrero que endurece la ley migratoria del país con el fin de prohibir la entrada a personas con antecedentes penales y acelerar la expulsión de los extranjeros que cometan delitos en territorio argentino.

Para ella, la decisión forma parte de un discurso que utiliza a los migrantes, a los refugiados y a los indígenas como los "chivos expiatorios" para "justificar una política de seguridad y mano dura" que el Gobierno quiere llevar adelante "en un contexto preelectoral", por los comicios legislativos de octubre.

Asimismo, Belsk criticó que la gestión de Macri haya vuelto a poner en la agenda temas de derechos humanos que ya fueron "zanjados" por la Justicia, la sociedad y "la propia historia" argentina, en referencia a la polémica causada por algunos funcionarios alrededor de la cifra de desaparecidos durante la última dictadura (1976-1983), que los organismos sitúan en 30.000. EFE

Fuente: elpais.com.uy

En toda América se pisotean los derechos de los pueblos indígenas.

- Amnistía Internacional publica informe en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

Servindi, 9 de agosto, 2014.- Intentos de asesinato y de secuestro, intimidaciones y agresiones y discriminación sufrida a diario, son algunos de los muchos abusos que sufren en toda América los pueblos indígenas por el simple hecho de defender sus derechos humanos.

Así lo sostiene la organización Amnistía Internacional (AI) en un nuevo informe titulado: La Larga lucha de los Pueblos Indígenas de América en defensa de sus derechos.

El documento pone de relieve las numerosas desigualdades y violaciones de derechos humanos que sufren los pueblos indígenas en todo el continente americano.

“Los pueblos indígenas de América continúan sufriendo toda una serie de abusos. A comunidades enteras se les niega el acceso a sus tierras ancestrales, mientras que otras son sometidas a represión violenta y a abusos por manifestarse pacíficamente en demanda de sus derechos humanos”.

Así lo sostiene Erika Guevara Rosas, directora del Programa de Amnistía Internacional para América.

Comparados con otros ciudadanos, los miembros de los pueblos indígenas tienen peores sueldos, reciben menos educación, tienen más probabilidades de morir al dar a luz, en el caso de las mujeres, y tienen menos esperanza de vida.

“Es hora de que los países de América se den cuenta de que no pueden decir que son libres y justos mientras las comunidades indígenas que viven en su seno continúan sufriendo tan graves injusticias y soportando discriminación sistemática”, añade Erika Guevara.

La organización documenta muchos casos de agresiones físicas y actos de intimidación cometidos contra comunidades indígenas y sus líderes en los últimos doce meses.

Por ejemplo, el 20 de mayo, hombres armados intentaron matar a Enrique Cabezas, quien había hecho campaña en favor del acceso a las tierras ancestrales de su comunidad en la cuenca del río Curvaradó, en el noroeste de Colombia.

Actualmente hay una base militar en las tierras, que son propiedad colectiva de las comunidades del Curvaradó y que éstas reclaman.

A pesar de las medidas provisionales de protección que solicitó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2003, las comunidades del Curvaradó consideran que los esfuerzos de las autoridades colombianas por garantizarles la seguridad tienen graves deficiencias.

Además, a pesar de las reiteradas órdenes de la Corte Constitucional de Colombia, no se han devuelto las tierras a las comunidades.

Pedido a los gobiernos de la región

Amnistía Internacional pide a los gobiernos de la región que creen y mantengan las condiciones necesarias para que los representantes y miembros de las comunidades indígenas defiendan pacíficamente sus derechos sin temor a represalias.

Asimismo, poner a disposición de las autoridades judiciales a los autores de actos de violencia contra defensores de los derechos humanos indígenas.

Además de violencia y falta de protección suficiente por parte de los gobiernos, los pueblos indígenas soportan también el sufrimiento diario de la discriminación y la injusticia.

Las mujeres indígenas, en particular, sufren múltiples formas de discriminación, por su cultura, su clase y su género.

Esterilizaciones impunes

Otro caso citado por AI es la decisión de la Fiscalía de Lima del 22 de enero de 2014 de cerrar el caso sobre más de dos mil mujeres indígenas y campesinas pobres, a quienes las autoridades estatales esterilizaron sin su consentimiento en la década de 1990.

Al cerrar el asunto el gobierno peruano deja de abordar los abusos contra los derechos humanos perpetrados sistemáticamente contra las mujeres indígenas y las mujeres que viven en la pobreza y les niega la justicia.

Resistencia y logros

A pesar de la discriminación generalizada y de las agresiones, los pueblos indígenas siguen adelante con su lucha por la justicia y los derechos humanos. El año pasado se observaron avances en el reconocimiento y la protección de sus derechos.

Tras vivir durante más de 20 años en condiciones lamentables junto a una carretera de primer orden, la comunidad indígena Sawhoyamaxa de Paraguay obtuvo una victoria precursora.

El 11 de junio, el presidente Horacio Cartes promulgó la ley que permitirá a los Sawhoyamaxa regresar a sus tierras ancestrales de la región de Chaco.

Carlos Marecos, líder de la comunidad Sawhoyamaxa, respondió así a la decisión: “Los indígenas lloran sólo cuando logran su libertad. Y hoy nos sentimos como si estuviéramos saliendo de una cárcel, por eso, muchos lloraron de la emoción”.

“Amnistía Internacional insta a todos los gobiernos de América a que promulguen legislación y creen infraestructura para garantizar que los pueblos indígenas pueden disfrutar de su derecho a la tierra, la alimentación, la educación, la salud y la ausencia de violencia y de pobreza”, concluyó Erika Guevara.

Descarga el informe de Amnistía Internacional sobre los pueblos indígenas en el siguiente enlace:

La Larga lucha de los Pueblos Indígenas de América en defensa de sus derechos (PDF, 39 páginas)

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Fuente: Servindi

Los aviones no pilotados, la violación más cobarde de los derechos humanos.

Vivimos en un mundo en el cual los derechos humanos son violados, prácticamente en todos los niveles, familiar, local, nacional y planetario. El Informe Anual de Amnistía Internacional de 2013 con referencia a 2012, que cubre 159 países, hace exactamente esta dolorosa constatación. En vez de avanzar en el respeto a la dignidad humana y a los derechos de las personas, de los pueblos y de los ecosistemas estamos retrocediendo a niveles de barbarie. Las violaciones no conocen fronteras y las formas de esta agresión se sofistican cada vez más.

La forma más cobarde es la acción de los «drones», aviones no pilotados que desde una base de Texas, dirigidos por un joven militar ante una pantalla de televisión, como si estuviera jugando, consigue identificar a un grupo de afganos que están celebrando un matrimonio, en el cual presumiblemente debe de haber algún guerrillero de Al Quaeda. Basta esta suposición para, con un pequeño clic, lanzar una bomba que aniquila a todo el grupo, con muchas madres y niños inocentes.

Es la forma perversa de la guerra preventiva, inaugurada por Bush y llevada adelante criminalmente por el presidente Obama, que no ha cumplido las promesas de su campaña en lo referente a los derechos humanos, bien sea el cierre de Guantánamo o la supresión del «Acto Patriótico» (antipatriótico) por el cual cualquier persona en Estados Unidos puede ser detenida por terrorismo, sin necesidad de avisar a su familia. Esto significa secuestro ilegal que nosotros en América Latina conocemos de sobra. En términos económicos y también de derechos humanos se está produciendo una verdadera latinoamericanización de Estados Unidos en el estilo de nuestros peores momentos de la época de las dictaduras militares. Hoy, según dicho Informe de Amnistía Internacional, Estados Unidos es el país que más viola los derechos de las personas y de los pueblos.

Con la mayor indiferencia, como un emperador romano absoluto, Obama se niega a dar cualquier justificación sobre el espionaje mundial que lleva a cabo su gobierno con el pretexto de la seguridad nacional, cubriendo áreas que van desde el intercambio de emails amorosos entre dos enamorados hasta los negocios sigilosos y multimillonarios de Petrobrás, violando el derecho a la privacidad de las personas y a la soberanía de todo un país. La seguridad anula la validez de los derechos irrenunciables.

El continente que más violaciones sufre es África. Es el continente olvidado y vandalizado. Las grandes corporaciones y China compran tierras (land grabbing) para producir en ellas alimentos para sus poblaciones. Es una neocolonización más perversa que la anterior.

Los miles y miles de refugiados e inmigrantes por causa del hambre y de la erosión de sus tierras son los más vulnerables. Conforman una subclase de personas, rechazadas por casi todos los países, “en una globalización de la insensibilidad” como la llamó el Papa Francisco. La situación de muchas mujeres, dice el Informe de Amnistía Internacional, es dramática. Son más de la mitad de la humanidad, muchas de ellas sujetas a violencias de todo tipo y en varias partes de África y de Asia todavía sometidas obligatoriamente a la mutilación genital.

La situación de nuestro país es preocupante dado el nivel de violencia que campea por todas partes. Diría que no es violencia, sino que estamos montados sobre estructuras de violencia sistémica que pesa sobre más de la mitad de la población afrodescendiente, sobre los indígenas que luchan por preservar sus tierras contra la voracidad impune del agronegocio, sobre los pobres en general y sobre los LGBT, discriminados y hasta asesinados. Porque nunca hicimos una reforma agraria, ni política, ni tributaria, vemos que nuestras ciudades se llenan de cientos y cientos de «comunidades pobres» (favelas) donde los derechos a la salud, a la educación, a la infraestructura y a la seguridad están deficientemente garantizados.

El fundamento último del cultivo de los derechos humanos reside en la dignidad de cada persona humana y en el respeto que le es debido. Dignidad significa que ella es portadora de espíritu y de libertad que le permiten moldear su propia vida. El respeto es el reconocimiento de que cada ser humano posee un valor intrínseco, es un fin en sí mismo y jamás un medio para ninguna otra cosa. Delante de cada ser humano, por anónimo que sea, todo poder encuentra su límite, también el Estado.

El hecho es que vivimos en un tipo de sociedad mundial que ha puesto a la economía como su eje estructurador. La razón es solo utilitarista y todo, hasta la persona humana, como lo denuncia el Papa Francisco, es convertido en «un bien de consumo que una vez usado se puede descartar». En una sociedad así no hay lugar para derechos, sólo para intereses. Hasta el derecho sagrado a la comida y la bebida únicamente está garantizado para quien puede pagar. Si no puede, estará al pie de la mesa, junto a los perros, esperando alguna migaja que caiga de la mesa repleta de los epulones.

En este sistema económico, político y comercial se asientan las causas principales, no exclusivas, que llevan permanentemente a la violación de la dignidad humana. El sistema vigente no ama a las personas, solamente su capacidad de producir y de consumir. Del resto, son solamente resto, aceite gastado en la producción.

La tarea además de humanitaria y ética es principalmente política: cómo transformar este tipo de sociedad malvada en una sociedad donde los humanos puedan tratarse humanamente y gozar de derechos básicos. De lo contrario, la violencia es la norma.

Leonardo Boff

Fuente: koinonia

México: Padre Solalinde denuncia secuestro de 40 migrantes.

Secuestro de 40 migrantes reactiva el clima de terror en área de Veracruz: Solalinde

· Denuncia el religioso dos plagios en Medias Aguas; Amnistía Internacional exige pesquisa
Fernando Camacho Servín
La Jornada 06/10/2012

El pasado martes, un grupo de hombres armados secuestró en dos hechos por separado a unos 40 migrantes indocumentados en la localidad de Medias Aguas, Veracruz, lo que ha vuelto a desatar un clima de terror entre los viajeros que transitan por esa área, denunció Alejandro Solalinde, director del albergue Hermanos en el Camino.

Hace dos o tres semanas, tuvimos noticias de un secuestro masivo de migrantes en Orizaba, pero no había testigos presenciales directos con los que hubiéramos hablado, y todo se quedó en rumor. Pero el martes de esta semana sí supimos que en Medias Aguas habían secuestrado a varios indocumentados, señaló el religioso en entrevista conLa Jornada.

La gente de esa zona no tiene miedo, sino terror, y no estaba dispuesta a contarnos nada, pero sí logramos hablar con algunos migrantes que habían escapado, y nos dijeron que el martes un grupo de hombres encapuchados y con armas largas habían secuestrado a 40 migrantes cuando estaban cerca de las vías del tren, explicó.

El plagio ocurrió en dos hechos separados: el primero tuvo lugar a las 16 horas, y el segundo a las 19 horas. A medianoche, otro grupo de hombres armados también detuvo a migrantes que deambulaban por Medias Aguas, pero en esa ocasión sólo les robaron sus pertenencias y después los dejaron ir, añadió el sacerdote.

Aunque indicó que la Procuraduría General de la República ya está enterada de dicho secuestro y está avanzando en sus investigaciones al respecto, Solalinde lamentó que al mismo tiempo las autoridades de Veracruz están en la total negación de los hechos.

Le llamé en varias ocasiones al gobernador Javier Duarte pero nunca me contestó. También le llamé a uno de los miembros de su gabinete, porque el gobernador había prometido que iba a proteger a los migrantes e incluso los iba a escoltar y a llevar en camiones para que salieran sin problemas de Veracruz, pero no ha cumplido su palabra, denunció.

Se teme por su seguridad

Por su parte, Amnistía Internacional se hizo eco de las denuncias de Solalinde y emitió un comunicado en el que advierte que al menos 40 migrantes irregulares que cruzaban México fueron secuestrados de un tren de carga, se desconoce su paradero y se teme por su seguridad.

Luego de recordar que miles de trabajadores internacionales sin documentos han sido secuestrados y asesinados en su paso por México –muchas veces con la complicidad de servidores públicos–, la organización de derechos humanos urgió a las autoridades a emprender una investigación imparcial y exhaustiva, y encontrar a las posibles víctimas de este crimen.

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Reporta padre Solalinde plagio de 40 migrantes en Medias Aguas, Veracruz


Presume participación de Los Zetas, que buscan dinero por el rescate de los indocumentados.



Foto: Horacio Zamora



La Jornada 05/10/2012

México, DF. El sacerdote católico Alejandro Solalinde, fundador del Albergue Hermanos en el Camino, denunció un secuestro masivo de 40 migrantes centroamericanos en la localidad de Medias Aguas, en el estado de Veracruz hace tres días, en el que estarían implicados integrantes de Los Zetas.

En entrevista radiofónica señaló que el propósito de secuestro de los migrantes es para exigir dinero a sus familias por el rescate, pero en dado caso de no conseguirlo de manera rápida, les quitan todo lo que traen.

El sacerdote explicó que la información la recibió de una de las víctimas que logró escapar luego que los plagiarios lo abandonaran al pensar que había fallecido tras golpearlo con un machete en la cabeza.

El sobreviviente relató que los secuestradores viajaban a bordo de varias camionetas.

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Denuncia Solalinde secuestro de 40 migrantes en Veracruz

Denuncia Solalinde secuestro de 40 migrantes en Medias Aguas, Veracruz 

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Cobertura La ruta del migrante

Gráfico La Ruta de la Bestia

Acción urgente. Secuestran a 40 migrantes, se deconoce su paradero 

Amnistía Internacional

El 3 de octubre, al menos 40 migrantes irregulares que cruzaban México fueron secuestrados de un tren de carga. Se desconoce su paradero y se teme por su seguridad.

El 3 de octubre, al menos 40 migrantes irregulares que cruzaban México fueron secuestrados de un tren de carga. Se desconoce su paradero y se teme por su seguridad. Mientras tanto, en el vecino estado de Tabasco, otros migrantes irregulares fueron víctimas de maltratos y lesiones, resultado de operativos migratorios.

El 4 de octubre, Fray Tomás González, un cura que dirige el albergue de Tenosique y Rubén Figueroa, activista defensor de derechos humanos de las personas migrantes, se encadenaron a las puertas de la oficina del INM en el estado por 12 horas, como protesta contra las tácticas de los agentes del INM. Los defensores de derechos humanos también protestaban por el fracaso del INM en hacer rendir cuentas a los agentes implicados en un caso de abuso sexual en contra de una niña migrante. Leer más..

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Al resultar infructuosas las denuncias públicas y peticiones directas al Instituto Nacional de Migración (INM) para frenar operativos “violentos” contra la comunidad inmigrante, fray Tomás González Castillo, director de “La 72”, hogar-refugio para personas migrantes en este municipio fronterizo, decidió realizar un ayuno de 12 horas frente a la sede de la dependencia federal. Leer más..

Fuente: Chacatorex

En México se mata a migrantes y se amenaza a quienes los defienden: Alejandro Solalinde.

En entrevista desde Italia

En entrevista con Desinformémonos, el padre y defensor de derechos humanos Alejandro Solalinde habla desde Italia acerca de las razones que lo llevaron a salir temporalmente del país, tras recibir varias amenazas de muerte.

Miguel Ledesma / Desinformémonos 

Roma, Italia. Miembros de las Brigadas Internacionales de Paz (PBI), Amnistía International y voluntarios del centro social La citta dell’utopia, organizaron el encuentro público ¡Sin fronteras! Migración, derechos y represión en México, con el sacerdote y defensor de derechos humanos, Alejandro Solalinde, para hablar sobre la violencia que padecen los migrantes centroamericanos que cruzan por territorio mexicano en su camino hacia los Estados Unidos.

Solalinde estuvo en Italia con la idea de hablar con funcionarios del Vaticano sobre las recientes amenazas de muerte que ha recibido por su labor al frente del albergue Hermanos en el Camino, en Ixtepec, Oaxaca.

En la siguiente entrevista concedida a Desinformémonos, el padre Alejandro Solalinde habla de su percepción sobre los riesgos que entraña el trabajo de defensor de los derechos de los migrantes y, en particular, sobre sus impresiones acerca de las seis amenazas que ha sufrido desde mayo.

La situación de los defensores y defensoras de los migrantes se ha vuelto muy peligrosa en México, al igual que el trabajo de los periodistas que hablan sobre los altos niveles de corrupción relacionados al tráfico de personas, como los que han sido asesinados en Veracruz. Esto nos dice el alto grado de riesgo que implica la defensa de los migrantes. La ambición crece porque estás defendiendo la mercancía de los poderosos, y nosotros estamos resueltos a defender a las personas, entonces, obviamente hay una confrontación.

Durante su encuentro con el público italiano, Solalinde denunció la reducción del migrante a mercancía por parte de políticos, narcotraficantes y policías, señalando las diversas formas de extorsión y violencia que supone la trata de personas. A continuación el sacerdote detalla el caso de Oaxaca.

Oaxaca es un estado maravilloso con gente muy linda, pero ha sido corrompido durante muchos años por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Este partido se ha mantenido en la región a través del cacicazgo, no hay democracia. Los caciques, a la hora de elecciones, exigen a la gente que entregue sus credenciales de elector, de manera que estos personajes manejan carteras enteras de electores que al final terminan favoreciendo a los candidatos priistas.

Yo mismo, sin siquiera proponérmelo, desenmascaré a un cacique del ex gobernador Ulises Ruíz, un proveedor de votos como tantos, que también es surtidor y negociante de otras cosas, porque ahí en esa zona hay droga.

¿La zona de Ixtepec?

No, es la zona del Bajo Mixe, ahí donde está el pueblo de Nuevo Santiago Tuxtla, es propiamente donde termina la sierra oaxaqueña y comienza Veracruz. Es una zona altamente estratégica por tratarse de la puerta del Golfo, y ahí están los Zetas. También han habido muchos secuestros de migrantes. Además, en esta zona se siembra una gran cantidad de estupefacientes. Incluso se sospecha que podrían existir laboratorios, dada la alta concentración de amapola y marihuana.

Curiosamente es una zona muy cuidada y defendida por Ulises Ruíz. Ahí el ex gobernador tiene un rancho, y tiene a su compadre –al que ha defendido a capa y espada. Pero ese compadre ahorita está señalado ante la justicia por sus actividades, yo mismo le puse una denuncia, pero además de la mía hay doce más de gente desplazada de sus tierras por este señor, gente que antes no se animaba a denunciar, pero ahora sí. Y nosotros hemos estado presionando a las autoridades, especialmente a la Procuraduría de Justicia, para que se trabaje, porque si no hay presión no hacen nada. Por esa razón Ulises Ruíz me odia a muerte, porque yo nunca le he permitido que nos quiten el albergue, y entonces él no puede hacer sus negocios tranquilamente. El albergue le estorba. ¿Me explico?

¿O sea quela defensa de los migrantes que ustedes llevan a cabo les altera el negocio, por así decirlo?

Si, absolutamente, es un negocio el tráfico de migrantes y la presencia de un albergue de esta naturaleza es un obstáculo. Las amenazas de muerte las comencé a recibir desde abril y mayo.

¿Las amenazas coincidieron con el proceso legal que ustedes llevan adelante en contra del compadre del ex gobernador?

Claro, nosotros logramos concentrar en el albergue a los desplazados mixes e hicimos el centro jurídico para que llegaran los ministerios públicos y los procuradores a recibir las denuncias de los mixes. Y eso debe haberle dolido mucho a Ulises, porque le toqué a su encargado, a su incondicional. Ulises armó a este señor, le dio armas de alto poder, de manera que prácticamente tiene un grupo paramilitar en la zona. Este cacique, por otro lado, ha puesto columnas de cemento con cadenas, y es el único que puede decir quién pasa y quién no, no olvidemos que a través de esta zona se conecta la capital de Oaxaca con el estado de Veracruz, es un lugar estratégico.

A las personas que entran, las amenaza. A mí de hecho me detuvieron junto con mis escoltas, los desarmaron y uno de ellos fue golpeado. A mí me encañonaron con un arma larga, y esta persona ordenó que fuéramos llevados a la cárcel. Nos quitaron los celulares. Se contravinieron todas las medidas cautelares a la hora de nuestra detención. Y quién sabe si hubiéramos salido con vida de ese lugar, de no haber sido por la intervención de la madre de uno de mis escoltas, seguramente nos hubieran matado como lo han hecho ya con mucha gente.

Alejandro Solalinde se refiere al ataque que sufrió en el pueblo de Nuevo Santiago Tuxtla, el 30 de diciembre de 2011. El cacique local lo encarceló a él y a sus escoltas durante cinco horas en la prisión municipal; Solalinde visitaba a la familia de un migrante que vive ahí. El religioso y sus escoltas lograron escapar tras la intervención de policías armados enviados por el gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, luego de que la madre de uno de los escoltas se comunicara con el procurador del estado. Se cree que las amenazas de muerte están relacionadas con este incidente, pues el ejército comenzó a “peinar” la zona, encontrando varios sembradíos de droga, tal como afirmó Solalinde.

¿Cuál ha sido la respuesta de la gente a toda esta situación? ¿Ustedes han llevado a cabo labor de concientización?

Hemos tratado de hacerla, pero con pocos resultados. La repuesta de la comunidad católica ha sido muy triste, como en Ixtepec. La respuesta de las comunidades cristianas y evangélicas ha sido también de indiferencia, y sólo un pastor ha respondido. Los párrocos de la iglesia católica tampoco han respondido, ni siquiera han ido al albergue. No les interesan los migrantes y piensan que yo hago todo esto por protagonismo. El problema real no les importa, por eso nos hemos sentido solos. Cuando se juntaron las amenazas de muerte y vieron que el peligro venía de políticos mexicanos -sobre todo de Oaxaca-, entonces Amnistía Internacional y las Brigadas Internacionales de Paz me pidieron que saliera dos meses de Oaxaca.

¿Cuál fue la respuesta del Vaticano?

Tuve dos contactos con el Vaticano. Uno mediante PBI, ellos solicitaron el encuentro. Lo hicieron pensando que sería interesante plantear la situación de los migrantes, igual que la de las defensoras y los defensores. La cita la teníamos el lunes 4 de junio, era una reunión con el doctor Guzmán Carriquiry Lecour, secretario general de la Pontificia Comisión para América Latina. Llegué puntualmente pero no fui recibido.

Ls secretaria me dijo que el señor Carriquiry no podía recibirme porque estaba con alguien más importante, un obispo, según me dijo. Ella esperaba que yo entendiera la situación porque estábamos en el Vaticano, pero yo insistí. Entonces me mandaron a un sacerdote muy joven que no estaba enterado en absoluto de la cuestión que yo venía a tratar, y al que tuve que explicarle por qué era inútil plantearle la situación a él.

La “reunión” con el Vaticano no rindió frutos. Al margen de la negativa, el padre Solalinde habló de lo mucho que le impresionó el lujo de la capital de la iglesia católica. Estaba impresionado por la fastuosidad de las columnas de mármol y los amplios salones con sus ingresos custodiados por la guardia suiza. Al final de la entrevista, habló sobre su regreso a México.

¿Con qué garantías regresa? 

Con ninguna, con la garantía de nada. Pero no voy a regresar al albergue sino hasta el 3 de julio, porque prometí estar dos meses fuera para que se enfriara el asunto. El equipo del albergue me dice que “si tú estás el ambiente se calienta, es mejor que estés un tiempo fuera para que se enfríe”.

¿Y el albergue sigue funcionando? 

Sí. Gracias a dios tengo un excelente equipo. Pero además, estas tres semanas que faltan estaré haciendo ejercicios espirituales y, más que nada, escribiendo, pues no he tenido tiempo de hacerlo. Tengo muchas cosas que asimilar, muchas cosas que ordenar; voy a aprovechar que estaré en silencio y desconectado de la prensa y de los celulares. Pero yo le prometí a mi equipo una cosa: voy a hacer todo esto, lo voy a cumplir, pero si yo sé que hay algún problema o pasa algo grave en el albergue, entonces rompo mi palabra y voy para allá. Yo puse esa condición, y en eso quedamos.

Hasta ahorita el equipo está trabajando muy bien, son hombres y mujeres muy entregados. Ellos no están pidiendo nada, son voluntarios muy valerosos y muy jóvenes que quieren mucho a la gente.

Ligas 

Carta de Solalinde sobre su retención por un cacique  

Nota sobre amenazas contra Solalinde

Más información sobre Alejandro Solalinde

Fuente: Chacatorex

Molinos de viento: El soldado Manning.

Roberto Rodríguez Baños

(AMI) El centro de detención militar del Marine Corps Brig, en Quantico, Virginia, no es citado en el Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en América difundido el jueves por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, aun cuando sí el del campo de concentración que EU tiene en Guantánamo.

El informe dice textualmente: “la tortura… ha sido ampliamente documentada, tanto por la CIDH, como por otros mecanismos internacionales de monitoreo, en países como México, Paraguay, Ecuador, Brasil y de forma muy concreta en la base naval de Guantánamo en territorio de los Estados Unidos, entre otros.” Alguien debiera informar a la gente de la CIDH que Guantánamo es Cuba y los gringos están ahí contra todo derecho y contra la voluntad del pueblo cubano.

Bradley E. Manning está en la cárcel militar, la de Virginia, acusado de filtrar información de las atrocidades que Washington comete en el mundo, como el video del helicóptero militar cuya tripulación asesina civiles, entre ellos dos periodistas iraquíes, y los denominados Diarios de la Guerra de Afganistán, y de Irak, saturados como es natural de la inmundicia consustancial a la violación de las soberanías y el genocidio habituales del gobierno gringo.

Documenta la wikipedia: “Según David Coombs, su abogado. ‘Fue despojado de la ropa con la excepción de su ropa interior. Además, le quitaron las gafas que lleva por prescripción médica’… Manning había sido sacado del programa vigilancia de suicidas tras dos días en la sección, después de que lo ordenó el juez de la oficina del Estado Mayor del Ejército.

"Se vio obligado a sentarse a excepto cuando estaba leyendo o cuando se le permitió ver la televisión. En esos momentos, se le devolvieron las gafas".  Manning está encerrado en su celda 23 horas al día sin almohada, sábanas u objetos personales. Su único ejercicio, según ha escrito Coombs, es caminar en una habitación vacía. Cuando duerme debe quitarse toda la ropa excepto la ropa interior y entregarla a los guardas.

“El 1° de febrero de 2011 Amnistía Internacional pidió al gobierno del Reino Unido que interviniera a favor del soldado Manning, dado que según la ley británica es ciudadano británico por tener una madre galesa, y que exigiese que sus condiciones de detención se ajustarán a la legalidad internacional. El 3 de febrero del 2011 el abogado de Manning, David Coombs, descarta la doble nacionalidad de Manning: ‘Bradley Manning no tiene doble nacionalidad. El es gringo, y está orgulloso de servir a la armada de EU’. El 3 de marzo de 2011 Manning es acusado oficialmente de 22 cargos, entre ellos el de ‘ayudar al enemigo’ (civil o militar) que podría traer como consecuencia la pena de muerte. En torno al viernes 4 de marzo de 2011, el ejército endurece las condiciones de detención de Manning que es obligado a dormir desnudo por siete horas para evitar un posible riesgo de suicidio; su abogado recalca que esta nueva regla viola las normas militares y no tiene justificación dado que el psicólogo del centro había descartado tal riesgo.

El 13 de marzo de 2011, PJ Crowley, portavoz del Departamento de Estado, dimite de su cargo tres días después de haber afirmado en una conferencia que el trato dado a Manning por el Pentágono "es ridículo, contraproducente y estúpido". En un comunicado en el que explica sus motivos, reafirma su convicción de que un trato demasiado duro a Manning podría tener consecuencias negativas para el país en el exterior.

El 16 de marzo del 2011, Human Rights Watch dice a EU que debe explicar el por qué de las condiciones a las que Manning está sometido. Washington debería explicar públicamente las razones precisas detrás de la restricción extrema, posiblemente muy severa y tratamiento degradante en las que el soldado de primera clase Bradley Manning afirma que ha recibido durante su detención en la Base de Quantico en Virginia, dice HRW.

Tras nueve meses en la cárcel de Quantico, el 20 de abril del 2011 Bradley Manning es trasladado a la cárcel militar de Fort Leavenworth, en Kansas. A principios de mayo, su abogado informa de que sus condiciones de detención han sido aliviadas. Se le atribuye un grado "medio" de aislamiento: tiene una celda particular con una ventana por la que recibe luz del día, se le autoriza a tener su ropa y efectos personales así como a recibir correo, leer prensa y conectarse a internet. Comparte una zona común con otros 3 presos y puede salir a un patio durante 2 horas al día.

Fort Leavenworth, anote el lector el dato, es la cárcel donde murió Ricardo Flores Magón el 21 de noviembre de 1922 y según wikipedia: Existen tres versiones concernientes a su muerte. La primera (oficial) indica que murió por causa de un paro cardíaco; la segunda, según su compañero y amigo Librado Rivera, afirma que fue ahorcado. La tercera cuenta que fue apaleado hasta morir por los custodios de la prisión. Tradición no falta al sistema carcelario gringo. Lástima que la CIDH decida ignorarla.rrb@red-ami.com

Fuente: Análisis a fondo

Amnistía Internacional denuncia la censura en internet.

Amnistía Internacional (AI) ha aprovechado la celebración este jueves del Día Internacional de la Libertad de Prensa para denunciar la represión ejercida contra periodistas y blogueros que denuncian en internet abusos contra los Derechos Humanos. Ante esta herramienta, los gobiernos responden con bloqueos de motores de búsqueda, tasas, torturas e incluso asesinatos, señala Amnistía.

"Los Estados están atacando a los periodistas y activistas en línea porque saben que estas valientes personas saben aprovechar eficazmente internet para desafiarlos", afirma la directora general de Derecho Internacional de Amnistía Internacional, Widney Brown.

El grupo denuncia los bloqueos de motores de búsqueda, las tasas impuestas al acceso a Internet, las torturas a activistas para conseguir sus contraseñas de Facebook y Twitter o las leyes para controlar lo que la gente puede y no puede decir en la red. La expresión más dramática de estos métodos para silenciar a periodistas y activistas es el asesinato y recuerda que, según Reporteros Sin Fronteras, 2011 fue el año más mortífero para los ciberactivistas.

Amnistía cita los casos de países como México, donde recientemente fue asesinada Regina Martínez, periodista de la revista Proceso que apareció muerta el 28 de abril. Martín llevaba más de tres décadas informando sobre inseguridad, tráfico de drogas y corrupción.

El grupo recuerda que en Somalia "desde 2007 se ha dado muerte al menos a27 periodistas, tres de ellos en ataques selectivos perpetrados en la capital, Mogadiscio, en los últimos seis meses". También se han producido asesinatos en Pakistán, donde al menos 15 periodistas murieron en homicidios perpetrados durante 2011.

Amnistía señala que África "es uno de los territorios más peligrosos para ejercer el periodismo", ya que las fuerzas de seguridad de países como Gambia o Etiopía "están específicamente preparadas para reprimir la disidencia y someter a estrecha vigilancia a periódicos, sitios web, emisoras de radio y televisiones".

"En Ruanda y Etiopía se procesa y condena a largas penas de prisión a periodistas por criticar políticas gubernamentales, informar sobre llamamientos a la protesta pacífica o denunciar corrupción entre altos cargos públicos", afirma Amnistía. Y en Sudán, asegura, "están inventando nuevas formas de actuar contra periodistas independientes, como tergiversar las leyes para impedir que se informe y multar a quienes critican a las autoridades".

En cuanto a China, la represión es más sutil, ya que, "las autoridades han tratado de establecer un control férreo sobre lo que la gente puede leer y decir en línea", denuncia Amnistía. "Las fuerzas de seguridad someten por sistema a vigilancia, interrogatorios y hostigamiento a los blogueros que escriben sobre asuntos que el gobierno considera delicados; en algunos casos, estas personas han desaparecido", sostiene.

Fuente: 233grados.lainformación.com

Perú: Informe 2011 de Amnistía Internacional expresa preocupación por pueblos indígenas.

Servindi, 13 de mayo, 2011.- El capítulo dedicado a Perú del Informe Anual 2011 sobre el estado de los derechos humanos en el mundo, de Amnistía Internacional, pone énfasis en las amenazas a los derechos de las comunidades campesinas y nativas del país.

“Se siguió negando a los pueblos indígenas su derecho a dar un consentimiento libre, previo e informado sobre los proyectos de desarrollo que les afectaban”, señala . En el caso de Bagua se mantiene la situación de impunidad que recae sobre los responsables políticos que dieron la orden para iniciar el desalojo en la Curva del Diablo.

Asimismo, la sección dedicada a América Latina del Informe presenta un estado de mayor amenaza para los pueblos indígenas de la región.

“El legado de abusos generalizados contra sus derechos humanos y la falta de rendición de cuentas de los perpetradores contribuyeron a perpetuar la discriminación y la pobreza inveteradas en comunidades indígenas de toda la región”, menciona.

“En Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú, los indígenas considerados un obstáculo para los intereses comerciales fueron objeto de amenazas, acoso, desalojos forzosos, desplazamientos y homicidios a medida que el afán de explotación de los recursos se intensificaba en las zonas que habitaban”.

En Chile, por ejemplo, los mapuches no son reconocidos por la Constitución, pese a una insistente campaña para que se respeten sus derechos. El informe consigna que hasta 34 presos mapuches estuvieron en huelga de hambre para protestar por el uso de la legislación antiterrorista sobre su comunidad.

En el caso de Brasil, el informe asegura que la población indígena continúa sufriendo discriminación, amenazas y violencia y que la situación fue especialmente grave en el estado de Mato Grosso do Sul. También se recuerda que las autoridades brasileñas concedieron una licencia medioambiental a la represa hidroeléctrica de Belo Monte en el estado de Pará.

El proyecto generó un fuerte rechazo de las comunidades indígenas y grupos ecologistas. El informe hace referencia también a la violencia policial, la cual profundiza las desigualdades en Brasil, junto con las bandas de delincuentes en barrios marginales. Según estadísticas oficiales, en 2010 la policía mató a 885 personas en situaciones calificadas como actos de resistencia.

En Ecuador se presentaron cargos penales falsos contra defensores de los derechos humanos, incluidos dirigentes indígenas. De acuerdo con la información recabada por la organización, se formularon cargos de sabotaje y terrorismo contra esos activistas, en un intento de silenciar su oposición a las políticas del gobierno.

Sobre la situación de los pueblos indígenas, Amnistía Internacional sostiene que hubo manifestaciones multitudinarias contra el gobierno ecuatoriano, encabezadas muchas de ellas por comunidades de pueblos originarios. Según el informe, en esas protestas se reprobaba la ausencia de un proceso claro para garantizar el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado sobre proyectos de desarrollo o políticas y leyes que les afectan.

Sobre Honduras se hace referencia a los diez periodistas asesinados en 2010 aunque, por ser muy reciente, excluye el homicidio de Héctor Francisco Medina Polanco, quien fue muerto a balazos a la salida del canal Omega Visión, en la noche del pasado martes. El informe consigna que entre enero y diciembre fueron asesinados al menos diez periodistas y que al finalizar el año nadie había respondido ante la Justicia por estos crímenes, en tanto que no se había implantado ningún programa efectivo de protección para periodistas en situación de riesgo.

Con respecto al golpe de Estado que derrocó al presidente electo constitucionalmente en 2009, el informe dice que hubo pocos avances en la reparación de los daños que habían sufrido la protección de los derechos humanos y el Estado de derecho, tras ese ataque al sistema democrático. El nuevo gobierno, que preside Porfirio Lobo, recibió críticas por no hacer rendir cuentas a los responsables de violaciones de derechos humanos cometidas durante el gobierno de facto de Roberto Micheletti.

Con respecto a Venezuela, criticó la “represión” de la disidencia y la “intimidación” de activistas de derechos humanos y denunció “abusos y crímenes” cometidos por fuerzas de seguridad. Amnistía Internacional también criticó al gobierno de Cuba por mantener “restricciones a la libertad de expresión, asociación y reunión”.

Con información de Página12

Ver Informe 2011 completo.

Informe Anual 2011. Perú

República del Perú

Jefe del Estado y del gobierno: Alan García Pérez

Pena de muerte: abolicionista para los delitos comunes

Población: 29,5 millones

Esperanza de vida: 73,7 años

Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 38/27 por cada 1.000

Población adulta alfabetizada: 89,6 por ciento

Se siguió negando a los pueblos indígenas su derecho a dar un consentimiento libre, previo e informado a los proyectos de desarrollo que les afectaban. Las autoridades no garantizaron justicia para las víctimas de los sucesos de Bagua de 2009. Pese a algunos avances, persistía la impunidad por violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado. Se continuaron negando los derechos sexuales y reproductivos a las mujeres, especialmente a las indígenas y a las mujeres de ingresos bajos.

Información general

Hubo protestas generalizadas contra el impacto social y ambiental de diversos proyectos de desarrollo en gran escala, como las realizadas en junio por un vertido de petróleo en el río Marañón, en la Amazonía peruana, y por otro de residuos tóxicos en el río Escalera, en la provincia de Huancavelica, así como las manifestaciones de septiembre por la construcción de una presa que afectaría al derecho al agua de la población del distrito de Espinar, en Cusco.

En respuesta, el presidente Alan García promulgó en septiembre un decreto ley que permitía el despliegue del ejército para controlar las protestas civiles, lo que suscitó preocupación por la posibilidad de que aumentara el número de incidentes de uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad.

Se recibieron informes de enfrentamientos armados en la región andina entre miembros del grupo armado de oposición Sendero Luminoso y el ejército y la policía.

Derechos de los pueblos indígenas

En junio, el presidente García se negó a promulgar la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, histórica ley que se había redactado con la participación de las comunidades indígenas y que había sido aprobada por el Congreso en mayo. Las autoridades tampoco cumplieron una resolución dictada en junio por el Tribunal Constitucional en la que se pedía la creación de un marco para garantizar la consulta de los pueblos indígenas afectados por proyectos de desarrollo, con arreglo al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Se otorgaron decenas de nuevas concesiones a empresas para la explotación de petróleo sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas.

Impunidad

Centenares de personas heridas y las familias de las 33 personas que perdieron la vida –entre ellas 23 policías– en los enfrentamientos ocurridos en 2009 en un corte de carretera en Bagua, en la región amazónica, seguían esperando a que se hiciera justicia. Se formularon cargos contra 109 civiles, en su mayoría indígenas, y al menos 18 agentes de policía. Al concluir el año, los jueces aún no habían determinado si existían pruebas suficientes para iniciar procedimientos contra los agentes.

• El dirigente indígena Segundo Alberto Pizango Chota, acusado en relación con la protesta de Bagua, permaneció detenido durante un día a su regreso del exilio en mayo y luego fue puesto en libertad bajo fianza. Al finalizar el año seguían pendientes los cargos penales formulados contra él y otros cuatro dirigentes indígenas.

• Dos sacerdotes extranjeros corrían el riesgo de ser expulsados del país debido a su labor de defensa de los derechos de las comunidades locales frente a proyectos económicos en gran escala. Uno de ellos, el padre Bartolini, acusado de delitos contra la seguridad pública, fue absuelto en diciembre. En el mismo juicio, cinco dirigentes indígenas y comunitarios fueron declarados culpables y condenados a penas condicionales de cuatro años de prisión. Al parecer, todos los cargos se formularon para obstaculizar la labor de derechos humanos de los acusados. Al finalizar el año estaban pendientes los recursos contra las condenas.

Derechos laborales

Los sindicalistas Pedro Condori Laurente y Claudio Boza Huanhayo fueron puestos en libertad condicional en julio, después de permanecer siete meses en prisión en espera de juicio por el cargo aparentemente infundado de matar a un policía durante una huelga minera en 2008 en la provincia de Huaronchiri. Al finalizar el año estaba pendiente un recurso contra la decisión de liberarlos.

Uso excesivo de la fuerza

En abril, cinco manifestantes murieron en Chala, provincia de Caraveli, departamento de Arequipa, durante una operación policial para controlar una manifestación contra unas medidas legislativas sobre la minería informal que, según los manifestantes, limitarían sus actividades. Se formularon cargos contra el oficial al mando de la operación.

Derechos sexuales y reproductivos

Las mujeres, y especialmente las indígenas y las mujeres de ingresos bajos residentes en zonas rurales, siguieron teniendo obstáculos para ejercer sus derechos sexuales y reproductivos.

Aunque el Ministerio de Salud recurrió la sentencia de 2009 del Tribunal Constitucional por la que éste había resuelto que el Estado no debía suministrar la píldora del día siguiente, no se reanudó la distribución de dicho anticonceptivo. Las autoridades no facilitaron a los profesionales de la salud ningún protocolo sobre el aborto terapéutico, que era legal cuando corrían peligro la vida o la salud de la mujer.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó el hecho de que el Estado no aplicara un acuerdo de 2003 para garantizar la verdad, la justicia y la reparación a más de 2.000 mujeres sometidas a esterilización forzada durante el mandato del ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000).

Mortalidad materna

El Instituto Nacional de Estadística e Informática informó de un descenso significativo de la tasa de mortalidad materna, anteriormente una de las más elevadas de la región. Sin embargo, suscitó preocupación el hecho de que la tasa no hubiera disminuido en las zonas rurales. Las cifras oficiales mostraban también que no había mejorado la situación de las mujeres de las zonas rurales que tenían problemas de transporte para llegar a centros de salud distantes.

Impunidad: violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado

En septiembre se promulgaron varios decretos ley que, en la práctica, redujeron los avances para abordar la impunidad alcanzados los 10 años anteriores. El Congreso votó a favor de revocar el decreto ley 1097, que representaba una amnistía de hecho para los autores de violaciones de derechos humanos. Sin embargo, no fueron modificados otros dos decretos que permitían que los miembros de las fuerzas armadas acusados de violaciones de derechos humanos fueran juzgados por tribunales militares.

Siete años después de que se concluyera el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, y pese a que hubo algunos progresos, se avanzaba con lentitud en garantizar la verdad, la justicia y la reparación.

Al finalizar el año seguían pendientes las reparaciones individuales, incluida la formalización de la propiedad de las tierras concedidas a familiares y víctimas; esta última era una prioridad acordada por el gobierno en 2003 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En enero, la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena impuesta al ex presidente Alberto Fujimori en 2009. En octubre, un grupo de miembros del escuadrón de la muerte “Grupo Colina” y de ex altos cargos del gobierno de Alberto Fujimori fueron declarados culpables del homicidio de 15 personas en 1991, así como de la desaparición forzada de 9 campesinos en la provincia de Santa, en la región de Ancash, y de Pedro Yauri en la provincia de Huaura, región de Lima, en 1992. Sin embargo, millares de casos más seguían sin resolverse.

En noviembre comenzaron los juicios contra varios soldados acusados de matar a 69 personas en 1985 en Accomarca, provincia de Vilcashuamán. Se descubrió una nueva fosa situada en terrenos del cuartel Los Cabitos, provincia de Huamanga, y comenzaron las excavaciones en las fosas comunes de la provincia de Huanta, en el lugar donde se cometió la masacre de la Navidad de 1984 en la que murieron 25 miembros de la comunidad indígena de Putka.

Condiciones de reclusión

Seguía abierta la prisión de Challapalca, en la provincia de Puno, situada a 4.600 metros sobre el nivel del mar, que estuvo clausurada entre 2005 y 2007. Pese a las garantías de las autoridades de que se iba a clausurar, en octubre aún albergaba a 131 reclusos. La inaccesibilidad de la prisión limitaba la capacidad de los presos para ejercer su derecho a recibir visitas de abogados y médicos.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

• Una delegación de Amnistía Internacional encabezada por su secretario general visitó Perú en octubre y se reunió con autoridades de los Ministerios de Salud, Justicia y Relaciones Exteriores, así como con miembros del Congreso.

• Perú: Bagua. Hay promesa de celebrar consultas, falta que se haga justicia (AMR 46/010/2010)

Fuente: Servindi

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