Servindi, 13 de mayo, 2011.- El capítulo dedicado a Perú del Informe Anual 2011 sobre el estado de los derechos humanos en el mundo, de Amnistía Internacional, pone énfasis en las amenazas a los derechos de las comunidades campesinas y nativas del país.
“Se siguió negando a los pueblos indígenas su derecho a dar un consentimiento libre, previo e informado sobre los proyectos de desarrollo que les afectaban”, señala . En el caso de Bagua se mantiene la situación de impunidad que recae sobre los responsables políticos que dieron la orden para iniciar el desalojo en la Curva del Diablo.
Asimismo, la sección dedicada a América Latina del Informe presenta un estado de mayor amenaza para los pueblos indígenas de la región.
“El legado de abusos generalizados contra sus derechos humanos y la falta de rendición de cuentas de los perpetradores contribuyeron a perpetuar la discriminación y la pobreza inveteradas en comunidades indígenas de toda la región”, menciona.
“En Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú, los indígenas considerados un obstáculo para los intereses comerciales fueron objeto de amenazas, acoso, desalojos forzosos, desplazamientos y homicidios a medida que el afán de explotación de los recursos se intensificaba en las zonas que habitaban”.
En Chile, por ejemplo, los mapuches no son reconocidos por la Constitución, pese a una insistente campaña para que se respeten sus derechos. El informe consigna que hasta 34 presos mapuches estuvieron en huelga de hambre para protestar por el uso de la legislación antiterrorista sobre su comunidad.
En el caso de Brasil, el informe asegura que la población indígena continúa sufriendo discriminación, amenazas y violencia y que la situación fue especialmente grave en el estado de Mato Grosso do Sul. También se recuerda que las autoridades brasileñas concedieron una licencia medioambiental a la represa hidroeléctrica de Belo Monte en el estado de Pará.
El proyecto generó un fuerte rechazo de las comunidades indígenas y grupos ecologistas. El informe hace referencia también a la violencia policial, la cual profundiza las desigualdades en Brasil, junto con las bandas de delincuentes en barrios marginales. Según estadísticas oficiales, en 2010 la policía mató a 885 personas en situaciones calificadas como actos de resistencia.
En Ecuador se presentaron cargos penales falsos contra defensores de los derechos humanos, incluidos dirigentes indígenas. De acuerdo con la información recabada por la organización, se formularon cargos de sabotaje y terrorismo contra esos activistas, en un intento de silenciar su oposición a las políticas del gobierno.
Sobre la situación de los pueblos indígenas, Amnistía Internacional sostiene que hubo manifestaciones multitudinarias contra el gobierno ecuatoriano, encabezadas muchas de ellas por comunidades de pueblos originarios. Según el informe, en esas protestas se reprobaba la ausencia de un proceso claro para garantizar el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado sobre proyectos de desarrollo o políticas y leyes que les afectan.
Sobre Honduras se hace referencia a los diez periodistas asesinados en 2010 aunque, por ser muy reciente, excluye el homicidio de Héctor Francisco Medina Polanco, quien fue muerto a balazos a la salida del canal Omega Visión, en la noche del pasado martes. El informe consigna que entre enero y diciembre fueron asesinados al menos diez periodistas y que al finalizar el año nadie había respondido ante la Justicia por estos crímenes, en tanto que no se había implantado ningún programa efectivo de protección para periodistas en situación de riesgo.
Con respecto al golpe de Estado que derrocó al presidente electo constitucionalmente en 2009, el informe dice que hubo pocos avances en la reparación de los daños que habían sufrido la protección de los derechos humanos y el Estado de derecho, tras ese ataque al sistema democrático. El nuevo gobierno, que preside Porfirio Lobo, recibió críticas por no hacer rendir cuentas a los responsables de violaciones de derechos humanos cometidas durante el gobierno de facto de Roberto Micheletti.
Con respecto a Venezuela, criticó la “represión” de la disidencia y la “intimidación” de activistas de derechos humanos y denunció “abusos y crímenes” cometidos por fuerzas de seguridad. Amnistía Internacional también criticó al gobierno de Cuba por mantener “restricciones a la libertad de expresión, asociación y reunión”.
Con información de Página12
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