Nuevamente un policía hizo uso del gatillo fácil asesinando a un chico de 15 años, Diego Bonefoi. Fue en un operativo llamado de “identificación” en un barrio pobre, de casillas, madera y chapa, de la ciudad de Bariloche, famosa por su nivel turístico invernal.
Un grupo de vecinos, indignados, atacaron la Comisaría 28. La represión policial agregó otros dos jóvenes muertos y una gran cantidad de heridos. Posteriormente los comerciantes de Bariloche y otras fuerzas sociales realizaron una manifestación pidiendo seguridad en un tácito apoyo a la policía. Es evidente que dos realidades son elocuentes en Bariloche.
Acuerdo para una política de Seguridad Democrática (ASD), un organismo dado a conocer el 29 de diciembre en el Congreso de la Nación, señala que “La represión estuvo a cargo de la Brigada de Operaciones, Rescate y Antitumulto (BORA), un grupo especial de la fuerza de seguridad provincial” ASD repudia “la violenta respuesta estatal” ocurrida en esas ocasiones y convoca “a las autoridades provinciales y nacionales a evitar toda acción represiva por parte del Estado para recuperar la concordia social en la ciudad”.
ASD interpreta que “los sucesos ocurridos son una consecuencia directa de delegar la gestión de la seguridad en funcionarios que ya estaban comprometidos con el funcionamiento irregular de las policías y ponen de manifiesto la necesidad de replantear por completo la gestión de este tema en la provincia”
Sobre el funcionamiento del BORA, ASD explicita que “es un grupo que ya cuenta con graves denuncias por hechos de violencia en otras localidades de la zona como El Bolsón” y que “tiene que ser revisado de manera urgente” sin dejar de lado que “La justicia deberá establecer además las sanciones que le caben, tanto a los miembros de este grupo, como a los efectivos de la policía provincial y a los responsables políticos de su accionar. Es necesario hallar a los culpables y garantizar que el asesinato de Bonefoi y las dos muertes ocurridas durante la represión no permanezcan impunes”
Los firmantes del comunicado del ASD también “reiteran su voluntad de comenzar a trabajar, tanto en la ciudad de Bariloche como en el resto del país, en soluciones integrales, basadas en políticas sociales y de seguridad, que apunten a la inclusión de los amplios sectores de la sociedad que se encuentran marginados y que padecen la violencia de las fuerzas policiales”.
El Acuerdo para una política de Seguridad Democrática está integrado por cientos de representantes del más amplio arco político y social del país, académicos y expertos en seguridad, referentes gremiales, religiosos, culturales y de los derechos humanos “El objetivo del ASD es sentar los principios básicos para la construcción de una política de Estado en materia de seguridad, que brinde soluciones a la sociedad respecto de este tema, sobre una base democrática y ajustada a criterios profesionales”.
El comunicado mencionado fue firmado por Gastón Chillier, Director Ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); Hugo Cañón, presidente de la Comisión Provincial por la Memoria; Carlos Arslanian, ex ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires; Marcelo Saín, ex interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA); Alberto Binder, vicepresidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP); Álvaro Herrero, Director Ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y Néstor Borri, Director de Formación, Centro Nueva Tierra. + (PE)
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Fuente: ECUPRES
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