Por Sally Burch
ALAI, 21 de setiembre, 2013.- Con un llamado internacional a boicotear los productos de Chevron, el presidente ecuatoriano Rafael Correa lanzó la campaña “la mano sucia de Chevron”, el pasado 17 de septiembre, en rechazo a los intentos de la empresa petrolera norteamericana de evadir su responsabilidad por la contaminación petrolera en la cuenca amazónica.
Chevron está empeñada en evitar la ejecución de la sentencia de la corte de justicia de Lago Agrio (ciudad ubicada en el Oriente ecuatoriano), que le ordena pagar cerca de 19 mil millones de dólares para limpiar la zona afectada y prestar servicios de salud y agua potable a sus habitantes. Con este propósito, según Correa, Chevron ya ha gastado más de 400 millones de dólares en una campaña contra Ecuador y ha contratado decenas de empresas de lobistas y unos 900 abogados.
En una visita a una piscina tóxica cerca del pozo petrolero Aguarico 4, operado décadas atrás por Texaco, Correa dio a conocer que como ésta hay unas mil piscinas que esta empresa (que se fusionó con Chevron en 2001) dejó abiertas, en cerca de tres décadas de explotación petrolera en la selva amazónica, entre 1964 y 1992. Se estima que vertió en las piscinas unos 18 mil millones de galones de agua contaminada con petróleo, que sigue filtrándose en la tierra o se derrama durante los aguaceros, además de otros 17 millones de galones de petróleo que se derramó en accidentes; estas cantidades hacen que el daño total sea mucho mayor que el derrame de Exxon Valdez en Alaska, o por el provocado por British Petroleum en el Golfo de México. “Es uno de los desastres ambientales más graves de la humanidad “, aseveró Correa.
La filtración de elementos tóxicos en las tierras, arroyos y ríos, en un área de unas 480 mil hectáreas, contaminó el agua que usaba la población local, devastó la vida silvestre y afectó la producción agropecuaria. Se han registrado números casos de cáncer, con más de mil muertos, graves casos de afectación de la piel, muerte de animales, entre muchos otros problemas.
En la época ya existían normas y tecnologías más adecuadas para proteger el ambiente, por ejemplo con el uso de piscinas selladas y técnicas de limpieza de derrames, pero Texaco no las utilizó para ahorrar entre 2 y 3 dólares por barril en los costos de producción. Durante el juicio en Lago Agrio, se inspeccionaron 54 centros de producción donde se constató niveles de contaminación muy por encima de las normas ecuatorianas e internacionales de la época. En el momento en que Texaco operó, la norma ecuatoriana para el volumen de hidrocarburos totales de petróleo en el suelo y el agua era diez veces más blanda que la norma vigente en EE.UU., pero aun así, la contaminación hallada en los 54 sitios fue en promedio 20 veces mayor que la norma ecuatoriana, llegando, en algunos sitios, a un nivel hasta 900 veces mayor.(1)
Correa llamó a los accionistas de Chevron a no ser cómplices indirectos de una empresa que no sólo ha demostrado irresponsabilidad absoluta, sino que ahora quiere la impunidad.
Acciones ante las cortes
A partir de 1993, un grupo de ciudadanos afectados por la contaminación presentó una demanda privada en Nueva York por la contaminación y afectación a la salud, a nombre de unos 30.000 habitantes de la zona, en su mayoría indígenas. Durante nueve años, Chevron buscó bloquear el juicio, argumentando que éste debía presentarse en Ecuador; los demandantes presumen que la empresa consideró que la corte ecuatoriana sería más fácil de manipular. Finalmente logró su propósito; el juez de Nueva York desistió de conocer el caso pero dijo que Chevron debía aceptar el veredicto de la corte ecuatoriana. Cuando en 2011 y 2012, luego de casi dos décadas de litigios, el veredicto de Lago Agrio salió desfavorable a la empresa, ésta se negó a acatarlo y emprendió nuevas acciones legales para tratar de bloquearlo, junto con la campaña de desprestigio al gobierno, a la corte, y a los demandantes y sus abogados. Entre sus principales preocupaciones está la de impedir que sus bienes puedan ser embargados en otro país para cumplir con el pago, siendo que en Ecuador ya no tiene bienes.
Por un lado, la empresa inició un nuevo juicio en un tribunal federal de Nueva York, alegando que la sentencia ecuatoriana se obtuvo ilegítimamente, con actos de corrupción. Por otro, acudió al tribunal de arbitraje de La Haya por una supuesta violación del Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) entre Ecuador y EEUU, alegando que Ecuador no debía permitir que se lleve a cabo el juicio de Lago Agrio. Lo insólito es que el tribunal se haya declarado competente para juzgar el caso, lo que implica aplicar retroactivamente el TBI que entró en vigencia en 1997, cinco años después de que Texaco-Chevron ya había abandonado el país. También llama la atención que, entre sus primeros laudos, el tribunal haya ordenado al gobierno ecuatoriano tomar las medidas necesarias para suspender u obtener la suspensión de la ejecución de la sentencia de Lago Agrio, sea en Ecuador o en otros países, haciendo caso omiso de la independencia de las funciones del Estado.
“Es un caso emblemático que demuestra lo injusto y lo inmoral del orden internacional, donde existe la supremacía total del capital de las transnacionales sobre los pueblos, sobre las sociedades, las naciones”, denunció Correa.
Chevron alega que los acuerdos firmados con el gobierno de Ecuador en 1995 y 1998 -en el periodo de gobiernos neoliberales- que dan por finiquitados el contrato y las obligaciones de la empresa, liberan a ésta de enfrentar cualquier otro reclamo, con lo cual tratan de traspasar al Estado ecuatoriano la responsabilidad de cualquier consecuencia derivada del juicio de Lago Agrio. No obstante, el mismo día del lanzamiento de la campaña ecuatoriana, el Tribunal de La Haya emitió un veredicto parcial en el que concluye que dichos acuerdos no impiden que terceras personas puedan presentar reclamaciones en defensa de sus derechos individuales, aunque reconoce que podría impedir reclamos “colectivos” o “difusos”. No se pronunció sobre si esta caracterización se aplica al caso que fue ventilado en la corte de Lago Agrio. Las audiencias se reanudarán en enero.
Sin embargo, la petrolera, al día siguiente, declaró en un comunicado (2) que el “tribunal internacional de arbitraje encuentra que Chevron no es responsable ante los reclamos internacionales en Ecuador”; ante ello, el día 20, la procuraduría general del Estado ecuatoriano solicitó al tribunal medidas provisionales para impedir que la empresa prosiga con su campaña de desprestigio contra el país y distorsionando la realidad del laudo arbitral.
Más allá de esta coyuntura inmediata, Ecuador está planteando la necesidad de una reforma del sistema de tribunales de arbitraje de los tratados de inversión y ha propuesto la creación de un tribunal suramericano en el marco de UNASUR que operaría bajo reglas más justas. Se espera la decisión de UNASUR para fines de este año.
En el caso de que Chevron logre bloquear definitivamente la aplicación de la sentencia de Lago Agrio, o alcance una resolución para que sea el Estado ecuatoriano el que deba pagar los daños, esto sería catastrófico para la economía del país. “Chevron quiere quebrar al país”, reclamó Correa. El presupuesto anual del Estado ecuatoriano es de unos 26 mil millones de dólares, mientras que Chevron, en 2012, obtuvo ingresos por 230 mil millones de dólares (3), o sea, casi nueve veces el presupuesto del país suramericano.
Notas:
(1) Summary of Overwhelming Evidence Against Chevron in Ecuador Trial, Amazon Defense Coalition, http://chevrontoxico.com/assets/docs/2012-01-evidence-summary.pdf
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* Sally Burch es periodista de ALAI.
* Sally Burch es periodista de ALAI.
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Fuente: Agencia Latinoamericana de Información (ALAI): http://www.alainet.org/active/67519
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Fuente: Servindi
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