El debate sobre si el acceso a Internet debe ser un derecho fundamental en las sociedades democráticas viene ya de largo. En Europa, el país pionero en declarar ese derecho fue Finlandia. En América, países como Perú o Colombia –donde se propuso y luego se desestimó– también han contemplado la posibilidad de instaurarlo. Y la propia ONU ha declarado abiertamente que debiera serlo. El debate, pues, está abierto.
Razones para establecer ese derecho se han dado muchas. El blog de la revista Perspectiva las resume muy bien:
Internet es un concepto que revolucionó por completo la comunicación y al mundo entero. Una vez las personas acceden a ella, se rompe la barrera de espacio y tiempo. Internet se ha convertido en una condición para el desarrollo económico y social, y en una herramienta esencial para difundir y garantizar la democracia y la difusión del conocimiento, rompe barreras y facilita la toma de decisiones así como la ejecución de las mismas.
Aunque también se han esgrimido argumentos en sentido contrario, negando que el acceso a Internet debiera constituir un derecho en sí mismo. Las declaraciones más sorprendentes en este sentido han sido sin duda las deVint Cerf, co-creador del protocolo TCP/IP y conocido como uno de los “padres” de Internet, en un artículo cuyo título no deja espacio a la duda:“Internet Access Is Not a Human Right”.
Según Cerf, centrar el debate en el acceso a Internet como un derecho por sí mismo es un error. Para el ahora vicepresidente mundial y Chief Internet Evangelist de Google, la Red es sólo una herramienta tecnológica que habilita la posibilidad de que se ejerciten otros derechos fundamentales, como el derecho a la libertad de expresión o el derecho a la información. Y los derechos –expone– no debieran ser otorgados a las herramientas, sino a los fines que éstas nos permiten alcanzar:
La tecnología es un facilitador de derechos, no un derecho en sí misma. Existe es un gran obstáculo para que algo sea considerado un derecho humano. Puesto libremente, debe estar entre las cosas que los humanos necesitan para llevar una vida sana y plena, como el no ser sometidos a tortura o gozar de libertad de conciencia. Es un error poner ninguna tecnología en particular en esta categoría elevada, ya que con el tiempo terminaremos valorando las cosas equivocadas.
Se refiere Cerf a la declaración de la ONU, incluyendo el acceso a Internet entre los derechos humanos. Y quizá con razón opina que con los mismos argumentos se podría declarar ese acceso como derecho civil. Pero más allá de estas disquisiciones teóricas, en las que Cerf termina hablando de la responsabilidad de los agentes tecnológicos en la garantía y seguridad de ese acceso, existen razones políticas y económicas que en este caso quizá sí recomendaran declarar como derecho lo que Cerf identifica como herramienta.
Porque los derechos que Internet posibilita, como la libre expresión, sólo pueden ejercerse si se tiene acceso a la Red. El acceso es la primera garantía necesaria para el disfrute de esos otros derechos. Cuando gobiernos dictatoriales o no democráticos buscan alejar a sus ciudadanos de las libertades de expresión e información limitan o anulan el acceso a la Red o a parte de ella. No declarar el acceso como derecho sería descargar de responsabilidad a los censores.
Del lado de Cerf, pero valorando aspectos económicos que éste no contempla, se sitúa Adam Thierer, que en un artículo para The Technology Liberation Front expone que cualquiera que apoye el acceso a Internet como un derecho debería preguntarse quién paga los costes de ese derecho y cuáles serían las posibles desventajas para la competencia y la innovación derivadas de él.
En resumen, Thierer viene a decir que garantizar el acceso universal de banda ancha puede hacer quebrar económicamente a los gobiernos y que además sería ago que vendría a obstaculizar el progreso, ya que –asegura– “la competencia no se desarrolla habitualmente en instalaciones y servicios declarados como esenciales”.
Un punto exageradas estas valoraciones de Thierer, que parece presuponer que el derecho al acceso implique que conexiones de fibra óptica y alta velocidad deban llegar todos los rincones, y además de manera totalmente gratuita. Y no menos curioso resulta que, en esta era tecnológica, parezca opinar que favorecer la innovación sea, paradójicamente, no garantizar el derecho al acesso a Internet.
De otro lado, JD Rucker rebate en Techi.com los argumentos de Cerf, y se plantea tres cuestiones para reflexionar sobre la conveniencia del acceso como derecho:
- ¿Es posible en un futuro próximo crear una infraestructura que ponga el acceso a Internet al alcance de casi todos en el mundo?
- ¿Podría el acceso a Internet disponible en todo el mundo para la gran mayoría de la gente fomentar cambios positivos en cada cultura y cada sociedad?
- ¿Son los que no tienen acceso a Internet menos capaces de prosperar?
La respuesta al número 1 es definitivamente sí, aunque no sin dificultades. El número 2 es discutible, pero la historia reciente nos inclina hacia la respuesta afirmativa. El número 3 es una cuestión filosófica personal, pero una vez más la percepción general es también afirmativa.
Desde el punto de vista que aquí nos interesa, el del periodismo ciudadano, no cabe ninguna duda sobre la necesidad del derecho al acceso a Internet. Gran parte de la información ciudadana –y quizá la más interesante y necesaria– nos llega desde lugares donde el acceso a la Red no sólo es complicado, sino que además está supervisado por poderes políticos que pretenden mantener silenciada y en la ignorancia a la ciudadanía. De ahí que nos parezca digno de aplauso el que la ONU se manifieste en este asunto.
Como expone Mathew Ingram en GigaOM –inspirándonos para tratar este tema– ver el acceso a Internet como un derecho es un paso importante para hacer que esté disponible para tantas personas como sea posible. Que de eso, y no de otra cosa, se trata en definitiva.
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