La Asociación de Teólogos y Teólogas Juan XXIII no quiere permanecer impasible ante la crisis económica y la reforma laboral que está golpeando a los sectores más vulnerables de la sociedad, sino que desea ser sensible y solidaria con ellos. Por ello quiere tomar postura en torno a la situación a través de la siguiente declaración.
1. Creemos que la actual crisis económica ha servido para que los poderes financieros y empresariales se hayan enriquecido con los bienes naturales, los bienes públicos y los bienes de los ciudadanos, para explotar a los trabajadores, especialmente a las mujeres, inventarse burbujas inmobiliarias y ganar dinero especulando con el agua y los alimentos, hasta generar una grave crisis alimentaria.
2. Compartimos los planteamientos del documento de la JOC y la HOAC, donde se afirma que la reforma laboral constituye otra agresión más al trabajo humano, rompe el frágil equilibro conquistado históricamente entre capital y trabajo, se aleja del principio defendido por la Iglesia de la prioridad del trabajo frente al capital, representa un nuevo golpe al derecho laboral, quiebra el derecho constitucional a la negociación colectiva y a la capacidad organizativa de los trabajadores y las trabajadoras, facilita y abarata la expulsión del mercado de trabajo y dificulta, cuando no impide o precariza, el empleo juvenil. Compartimos igualmente su llamada a participar en cuantas movilizaciones sociales y sindicales vayan orientadas a frenar dicha reforma y sus funestas consecuencias.
3. Valoramos positivamente los pronunciamientos y los gestos individuales de solidaridad por parte de algunos eclesiásticos, que revelan sensibilidad humana y cristiana hacia los más desfavorecidos.
4. Consideramos, sin embargo, que la Iglesia católica como institución y la jerarquía en su conjunto se han mostrado insensibles hacia la crisis y la reforma laboral, no han levantado la voz profética para denunciar a los verdaderos responsables, ni han mostrado la necesaria solidaridad con quienes más las están sufriendo.
5. Observamos con tristeza y dolor que, mientras se reducen los salarios, se cierran hospitales, centros de salud, centros de acogida de mujeres, niños y niñas maltratadas y víctimas de violencia, se rebaja la inversión pública, se recortan los presupuestos generales del Estado, se reduce el personal docente de los centros públicos de enseñanza, la institución eclesiástica no solo no ha renunciado a ninguno de sus privilegios, sino que ha visto incrementados los ingresos provenientes del Estado. Más aún, parece vivir en un paraíso fiscal con todo tipo de exenciones y privilegios: fiscales, educativos, económicos, sociales, culturales, simbólicos, incluso militares. Tal actitud es contraria al principio evangélico: “No se puede servir a dos señores: a Dios y al Dinero”.
6. Los responsables eclesiásticos se niegan a pagar el IBI por su ingente patrimonio, situándose así al borde de la ilegalidad, si no instalados en ella, sin que los poderes públicos les exijan dicho pago, como lo hacen a otras organizaciones sin ánimo de lucro. Dicho pago supondría el ingreso de varios millones de euros en las arcas públicas, que podrían destinarse a poner remedio a las carencias sociales, sociales, urbanísticas, sanitarias, culturales, etc. en las zonas marginadas de la sociedad y a la mejora de la calidad de los servicios públicos.
7. Muestra de la insensibilidad ante la crisis y la reforma laboral es la desautorización de algunos obispos del documento antes citado de la HOAC y la JOC, dos movimientos apostólicos de la Acción Católica comprometidos desde hace más de medio siglo en la defensa de los derechos de la clase trabajadora Con dicha descalificación no sólo se da la espalda al Evangelio y a los principios de la Doctrina Social de la Iglesia, sino que se impide que otras organizaciones católicas ejerzan la denuncia profética.
8. Con este modo de proceder, creemos, un sector importante de la jerarquía eclesiástica demuestra sus buenas relaciones con el mercado, se pone del lado del Gobierno del Partido Popular y de la patronal. y en contra de la clase trabajadora y de las movilizaciones de ésta. De esa forma, la Iglesia se desacredita.
9. Para evitar ese descrédito y conseguir credibilidad entre la ciudadanía creemos que la Iglesia católica debe: a) autofinanciarse conforme al compromiso adquirido en el Acuerdo Económico de 1979; b) renunciar a cuantos privilegios disfruta en beneficio de los sectores marginados de la sociedad; c) pagar sus impuestos como cualquier otra institución; d) hacer públicas sus cuentas, dando testimonio de transparencia; e) poner su patrimonio y sus bienes al servicio de quienes se ven privados de sus derechos más elementales: cinco millones y medio de desempleados, hogares con todos sus activos en paro, familias desahuciadas, trabajadores y trabajadoras pobres, inmigrantes, mujeres maltratadas, jóvenes desempleados, personas sin hogar, etc.
10. Lejos de presentarnos como ejemplo, asumimos la responsabilidad no pequeña que nos corresponde por la incoherencia en nuestro estilo de vida y nos comprometemos a trabajar por un nuevo orden político, económico y social basado en la fraternidad-sororidad, y no en el lucro. A dicho compromiso nos impulsan la opción evangélica por los empobrecidos y la ética de la solidaridad.
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